29.11.20 CANABIS

CANNABIS MEDICIANAL: IMPORTANTE PASO ADELANTE.

 SE DA UN PASO, SE SALDAN MUCHOS DEBATES

El cannabis sigue enseñando que una planta puede estar llena de sentidos y de respuestas, aún con una historia llena de condenas y de prejuicios, sigue ofreciendo herramientas para paliar nuestro dolor (Marcelo Morante. “Sin Dolor, Historias íntimas del cannabis medicinal).

Escribe: Silvana Colman*

Argentina legalizó el autocultivo de cannabis con fines medicinales y terapéuticos. Este es uno de los principales logros dentro de la nueva reglamentación de la ley 27350 de investigación médica y científica del uso medicinal de la planta de cannabis y sus derivados. Si bien esta ley fue sancionada en marzo de 2017, su posterior reglamentación publicada seis meses después fue sumamente restrictiva, haciendo que la ley tan esperada no responda a la demanda social de tantas familias y usuaries que lucharon por su promulgación. Cabe destacar que el objetivo de la ley 27350 es “establecer un marco regulatorio para la investigación médica y científica del uso medicinal, terapéutico y/o paliativo del dolor de la planta de cannabis y sus derivados, así como para la producción de aceite en laboratorios públicos garantizando y promoviendo el cuidado integral de la salud”. En nada se refleja dicho objetivo en la anterior reglamentación, que en virtud de su decreto 738/17, el acceso al aceite de cannabis y sus derivados era engorroso y restrictivo porque solo podían acceder a su uso quienes se incorporaran a protocolos de investigación en epilepsia refractaria, también era económicamente excluyente, atento el alto costo que implica su importación.

Durante estos años usuaries de cannabis de todo el país y numerosas organizaciones civiles se han unido y trabajado para legitimar el uso terapéutico del cannabis, eliminar prejuicios y garantizar el pleno ejercicio del derecho a la salud. Estas organizaciones solidarias conformadas en su mayor parte por cannabicultores fueron las que respondieron frente a la ausencia del Estado para asistir a las personas que buscaban un alivio a sus dolencias en el cannabis. En nuestro país funcionan una veintena de asociaciones civiles dedicadas a cannabis que brindan asesoramiento a través de talleres de cultivo, de extracción de aceite, acompañamiento legal y en muchos casos entregan solidariamente plantines, semillas y aceite de cannabis. La lucha colectiva fue acompañada por personas de la comunidad científica, por ejemplo se formó la RACME de Conicet (Red de Cannabis y sus usos Medicinales); también participaron médicos, los cuales se organizaron y se capacitaron en la temática e investigadores de las universidades nacionales, que comenzaron a ofrecer el testeo de los aceites para conocer su composición y formaron grupos de extensión para trabajar colaborativamente con los distintos actores de la sociedad.

Durante estos años usuaries de cannabis de todo el país y numerosas organizaciones civiles se han unido y trabajado para legitimar el uso terapéutico del cannabis, eliminar prejuicios y garantizar el pleno ejercicio del derecho a la salud

Lo interesante es que las complicaciones que surgían tanto para acceder a un cannabis seguro así como también para poder hacer investigación en el tema hacían que la interacción y la lucha entre los diferentes sectores se fortalecieran.

Los principales puntos de la nueva reglamentación de la ley 27350

Esta problemática fue escuchada por Estado y desde el Ministerio de Salud de la Nación reconocieron que resultaba impostergable crear un marco reglamentario que permita un acceso oportuno, seguro e inclusivo y protector de quienes requieren utilizar el cannabis como herramienta terapéutica. Es por eso que en esta nueva reglamentación se incluye el autocultivo y el cultivo en red o comunitario a partir de la creación de un Registro en el Programa de Cannabis (REPROCANN) para emitir la autorización de cultivo con fines medicinal, terapéutico y/o paliativo del dolor. Se pueden inscribir pacientes, familiares, un tercero o una ONG. Para inscribirse hay que tener una indicación médica y no hay lista de patologías. Asimismo, con indicación médica se van a poder comprar productos elaborados en el país, importados o formulaciones magistrales elaboradas por farmacias. También contempla la entrega gratuita a las personas que no tengan cobertura de salud ni obra social (1).

Esta nueva reglamentación incluye a todos los actores que venían militando y trabajando en esta temática. Para la redacción del decreto fueron convocadas las instituciones del Estado pertinentes: las universidades, el Conicet, el INTA, la ANMAT, el INASE, la ANLAP, la CONETEC, la Defensoría del Pueblo de la Nación y las organizaciones civiles de la sociedad con el Ministerio de Salud donde todas las voces fueron escuchadas. En este marco quedó conformado un Consejo Consultivo con representantes de todas estas instituciones para continuar trabajando en la generación de políticas públicas que hagan operativa la reglamentación. En este contexto el Ministro de salud destacó la importancia de sacar el concepto delictivo y llevarlo a uno sanitario y social.

¿Desde dónde viene este concepto delictivo? ¿Cuál es la situación en Argentina?

Las raíces históricas más profundas de la prohibición del consumo de sustancias psicoactivas en la modernidad se encontraron primeramente en el terreno de la etnofobia. Luego, las razones se constituyeron basándose en argumentos morales y de seguridad, y por último se instaló el discurso sanitario (2). En 1925, La Liga de las Naciones aprobó y ratificó la Convención Internacional del Opio, en la que se incluía lenguaje prohibitivo del cannabis y sus derivados, a excepción de sus usos científicos y medicinales. Para mediados de la década de 1930, la prohibición alcanzó la totalidad de 38 estados de los Estados Unidos y aunque todavía figuraba como remedio en la Farmacopea de ese país, conseguirlo era prácticamente imposible (3). Finalmente, la piedra fundamental de la actual política prohibicionista la constituyo la Convención Única de estupefacientes de Las Naciones Unidad de 1961, que unificó el sistema de fiscalización internacional de estupefacientes – entre los que se encuentra el cannabis-El mismo quedó incluido en la lista IV, junto con sustancias como la heroína, es decir entre las calificadas como peligrosas y de escaso valor medicinal (4).

Las raíces históricas más profundas de la prohibición del consumo de sustancias psicoactivas en la modernidad se encontraron primeramente en el terreno de la etnofobia. Luego, las razones se constituyeron basándose en argumentos morales y de seguridad, y por último se instaló el discurso sanitario

Actualmente algunos países como Canadá, Uruguay, Estados Unidos, España y Chile han aplicado la despenalización del uso médico del cannabis o lo han legalizado, no sólo no es delito sino que está permitido y regulado. En nuestro país, la ley de cannabis medicinal convive con la ley de estupefacientes 23737 que pena la tenencia, el cultivo y producción de estupefacientes incluido el cannabis. Si bien existe el antecedente del fallo Arriola de 2009, reconociendo la inconstitucionalidad en el castigo a una persona adulta por la tenencia de marihuana para consumo personal en el ámbito privado, en el último tiempo han ocurrido injustamente allanamientos a cultivadores solidarios. Podemos citar el caso de la activista Adriana Funaro o del reconocido “Profesor Botánico” Daniel Loza, así como a otras personas que cultivaban cannabis para uso medicinal de su familia, como por ejemplo Marina Malnero en Mar del Plata. A esto se suman las incautaciones en la vía pública, denominadas “narcomenudeo”, que utilizan muchos recursos públicos, muchas horas de trabajo de los agentes de las fuerzas de seguridad en un combate que no tiene ningún resultado en términos de desincentivar el narcotráfico en Argentina. Por ejemplo en el periodo 2016-2019, los operativos de la policía federal crecieron a la par que bajaba la cantidad de drogas secuestrada. En el caso concreto de la marihuana, durante 2019 en el 93% de las incautaciones se secuestraron menos de 100 gramos de cannabis (5).

La nueva reglamentación de cannabis medicinal viene a acompañar el cambio de paradigma con respecto a la visión sobre el uso de la marihuana y a terminar con la persecución de les usuaries. Si bien se legaliza solo el cultivo con fines medicinales es un gran paso para continuar trabajando en políticas de reglamentación del uso adulto.

El cannabis como medicina

Si bien el cannabis es una planta milenaria que figuraba en la Farmacopea China hace 4700 años, la era moderna de las investigaciones científicas con respecto a este tema comenzó en 1964, con el descubrimiento del compuesto psicoactivo principal del cannabis: el delta-9-tetrahidrocannabinol o THC. Fue descubierto por Raphael Mechoulam, un investigador israelí, en Jerusalén. Sin embargo hoy se conoce que la planta de cannabis comprende decenas de sustancias activas para la medicina y el porcentaje de estos compuestos activos difieren según las variedades de las plantas. Además, la complejidad de las interacciones y de sus porcentajes resulta en un abanico de efectos medicinales. Pero ¿cómo funciona el cannabis en el cuerpo humano? Recién a finales de los 80 se lograron caracterizar los primeros receptores cannabinoides y resultó que formaban una serie de mecanismos regulatorios del cuerpo: el sistema endocannabinoide. Este sistema se encuentra en todos los animales complejos, desde los peces a los humanos y está involucrado en diversas funciones como la memoria, la digestión, la motricidad, la respuesta inmunológica, el apetito, el dolor, la presión sanguínea, el crecimiento de los huesos y la protección de los tejidos neuronales (3).

La principal función del sistema endocannabinoide es la regulación del equilibrio neuronal, lo cual abre numerosas posibilidades de intervención farmacológica por medio de cannabinoides en el tratamiento de enfermedades neuronales. Debido a las múltiples acciones mencionadas, los cannabinoides han sido aplicados en diversas condiciones clínicas: dolor crónico, náuseas y vómitos debido a quimioterapia, estimulación del apetito en infección HIV / SIDA, espasticidad debido a esclerosis múltiple o paraplejía, síndrome de Tourette, colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn, epilepsia refractaria y dolor neuropático. En el caso de este úlitmo el cannabis puede ser tanto un coadyuvante de los fármacos convencionales (opiáceos) para tratar el dolor, como una medicina sustitutiva de dichos fármacos (6). En nuestro país, el mayor porcentaje de usuaries son personas mayores que utilizan el cannabis para tratamientos paliativos de distintos tipos de dolor. Un relavamiento de consultas de la Agrupación Marplatense de Cannabicultores indicó que, de 800 consultas realizadas durante 2017-2019, el porcentaje de edad fue de 62 años, remarcando que el cannabis más allá de ser efectivo contra la epilepsia refractaria es utilizado por un alto porcentaje de personas mayores para distintas dolencias. Este es otro de los motivos por los cuales es tan importante que la nueva reglamentación amplíe el abanico de patologías.

La principal función del sistema endocannabinoide es la regulación del equilibrio neuronal, lo cual abre numerosas posibilidades de intervención farmacológica por medio de cannabinoides en el tratamiento de enfermedades neuronales.

La medicina cannábica en sus distintas formas, aceites, tinturas, vaporizado o fumado de flores y cremas, ha sido promovida por los pacientes, fenómeno que se repite en la mayor parte de los países de la región. Los pacientes, inicialmente preguntaron a sus médicos sobre la posibilidad de utilizar el cannabis como medicina y la respuesta fue “no hay evidencia suficiente”, lo que llevó a que decidieran utilizarlo sin el acompañamiento médico. De este modo, no se podía conocer el origen, como lo usan, la calidad del producto, ni los efectos positivos ni adversos. De esta manera, el gran ausente no fue la evidencia científica, sino un Estado presente que regule el uso de la misma (7). El reconocimiento de la planta como agente terapéutico para diversas patologías significó una nueva visión del cannabis por la sociedad y el Estado. Así, la la nueva reglamentación empodera a les usuaries, legitima sus conocimientos y reconoce sus derechos. El Estado deberá estar presente con políticas públicas para asegurar un uso seguro, con acompañamiento médico y al alcance de todes. Para esto hace falta seguir trabajando para hacer operativa esta nueva reglamentación acompañando a les usuaries, promoviendo la investigación y la producción nacional de cannabis.

El cannabis sigue enseñando que una planta puede estar llena de sentidos y de respuestas, aún con una historia llena de condenas y de prejuicios, sigue ofreciendo herramientas para paliar nuestro dolor (Marcelo Morante en su libro “Sin Dolor, Historias íntimas del cannabis medicinal).

(1) Boletin oficial de la República Argentina. DCTO-2020-883-APN-PTE – Ley Nº 27.350. Reglamentación.

https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/237208/20201112

(2) González P. (2017). Un libro sobre drogas, El Gato y la Caja Ed. Buenos Aires, 352 p

(3) Backes M. (2015). La farmacia cannábica. Ed. Pampa Books, 272 p

(4) Ruchansky E. (2015). Un mundo con drogas. Ed. Debate, 320 p

(5) Ministerio de Seguridad Argentina. Informe Incautaciones e Incautado 2016-2019.

(6) Peyraube R. y Bouso J. C (2015). ¿Marihuana como medicina? Usos médicos y terapeuticos del cannabis y los cannabinoides, 86 p.

(7) Morante M. y Morante M. (2017). Sin Dolor, Historias íntimas del cannabis medicinal. Ed. Paidós, 111 p

* Silvana Colman es Doctora en Ciencias Biológicas, UNMdP.
Docente investigadora, laboratorio de genética, Depto de Biología, UNMdP.
Integrante del Grupo de Extensión ConCiencia Cannabis de la UNMdP. OCA N° 1860/17.
Personal de Apoyo Profesional de CONICET en UE-Instituto de Investigaciones Biológicas Universidad Nacional de Mar del Plata-CONICET
Becaria Doctoral de Conicet (2009-2014) en el Laboratorio de Agrobiotecnología, UI EEA INTA Balcarce.
Becaria Posdoctoral de Conicet (2017-2019) en el Instituto de Investigaciones Biológicas IIB UNMdP Conicet.

Contacto: 2236817536

20.11.20 IFAL

Tarjeta Alimentar: una ayuda necesaria pero insuficiente para resolver las necesidades básicas de alimentación de los hogares de menores ingresos

OBSERVATORIO DE LUCHA CONTRA EL HAMBRE

Presentación de los datos del IFAL

En el marco Observatorio de Lucha Contra el Hambre, convocado por el Gobierno Nacional para monitorear el impacto de las políticas públicas destinadas a resolver el problema del hambre en nuestro país, el Instituto de Investigación Social Económica y Política Ciudadana (ISEPCi) presentó los resultados del Indicador Familiar de Acceso a la Alimentación (IFAL). Dicho Indicador es el resultado de un proceso de relevamiento, en el que se realizaron 20.260 entrevistas presenciales a hogares en 22 provincias de nuestro país.

La actividad de presentación fue realizada mediante video conferencia y transmitida por Facebook Live desde la cuenta oficial del Instituto el viernes 20. Los principales oradores de la presentación fueron Isaac Rudnik (Director Nacional del ISEPCI), Laura Lonatti (Coordinadora Nacional del Equipo de Salud del ISEPCI), Daniel Arroyo (Ministro de Desarrollo Social de la Nación), Miryam Gorban (nutricionista, fundadora de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la  Facultad de Medicina de la UBA y Doctora Honoris Causa de esa Facultad), Hugo Marcer (sociólogo, Secretario de Investigación del Instituto de Ciencias de la Rehabilitación y el Movimiento -ICRM- en la Universidad Nacional de San Martín -UNSAM-) y Silvia Saravia (Coordinadora Nacional de Movimiento Barios de Pie).

En el inicio de la actividad Isaac Rudnik realizó una sucinta presentación del estudio destacando la importancia del proceso de construcción del Indicador en lo que hace al monitoreo en contexto de pandemia, subrayando algunos aspectos estructurales de los barrios populares donde se hizo donde se hizo la encuesta. Entre los más significativos: el 64% de los hogares encuestados manifestó ingresos que los ubican por debajo de la línea de indigencia, mientras que un 51% sufrió una reducción de esos ingresos.Respecto a la situación laboral Rudnik dijo que: “en el 27% de los hogares hay personas que perdieron su trabajo, y en 60% de ellos no cuentan con ningún programa de empleo del estado, hay que tener en cuenta que según datos del INDEC en los deciles de menores ingresos la desocupación llegó al 41%”.En relación a los servicios básicos (agua, cloacas, red eléctrica) sostuvo: “sólo un 3% de los hogares tiene estos tres servicios, un 36% tiene dos, a un 44% le llegan dos servicios, 12% no cuenta con ninguno”.

Por su parte Laura Lonatti, desarrolló los aspectos principales del impacto de la Tarjeta Alimentar, en ese sentido manifestó: “encuestamos a un 50% de hogares que tienen esta tarjeta y un porcentaje igual que no la reciben, entre los primeros sólo a un 5% esta ayuda le permite cubrir los gastos en alimentos durante todo el mes, un 18% llega a tres semanas, el 55% a dos, y 22% cubre sólo una semana”.

Lonatti explicó además que: “el 46% de los hogares que reciben la Tarjeta dijeron que pudieron comprar más que antes de tenerla, un31% compra igual, y 23% menos. Entre los que no la tienen, el 63% compra menos, 23% compra igual, y 14% compra más”.

Respecto a la calidad de los alimentos dijo que “mientras que el 56% de los que tienen tarjeta alimentar mejoraron la calidad de alimentos, los que no la reciben solo un 4%  lo logró; entre los primeros bajaron la calidad el 16% y entre los segundos el 52%”.

A modo de síntesis, Rudnik resaltó que: “si bien la Tarjeta Alimentar es una ayuda importante para las familias que la reciben, es claro que no soluciona sus necesidades básicas de alimentación, mientras que es importante saber que las familias que no la reciben igualmente sufren de serias deficiencias alimentarias por lo limitado de sus ingresos, por lo que es indispensable incrementar los montos de la tarjeta y ampliar el espectro de  llegada a todas las familias que están en condiciones de pobreza o indigencia mediante el aumento de la edad tope de los hijos de las familias beneficiarias, que hoy está en seis años.”

El Ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo, señaló la importancia del estudio para repensar y mejorar políticas públicas dirigidas a los sectores poblaciones que están transitando en peores condiciones socio-económicas la presente crisis. Señaló que: “el IFAL va a servir durante mucho tiempo, en un contexto tan difícil en la Argentina, para repensar y encarar varias políticas públicas” y que la metodología de investigación- acción participativa es una herramienta que refleja con veracidad lo que está pasando en los barrios con situaciones más críticas.

Luego, la reconocida nutricionista Miryam Gorban remarcó la necesidad de garantizar el derecho a la alimentación mediante el desarrollo de políticas destinadas a monitorear los movimientos especulativos en la suba de precios de los alimentos y destacó la red de contención que constituyen los movimientos sociales y los comedores en nuestro país para paliar los efectos de una crisis agravada por la pandemia.

El sociólogo Hugo Mercer, en su intervención, expresó: “Estamos frente a un indicador alimentario de una muy alta calidad científico-técnica, ya que llega a una población a la que ninguna consultora puede llegar”. Además, destacó que el IFAL, por su metodología, da cuenta de la solidaridad de la población que es, a su vez, sujeto y objeto de estudio.

Finalmente Silvia Saravia, Coordinadora Nacional del Movimiento Barrios de Pie, felicitó el trabajo de los encuestadores que aún en contexto de pandemia pusieron todo su compromiso para llevar adelante la tarea de relevamiento junto con al ISEPCi con el fin de sumar elementos para transformar la realidad analizada.

*Más información:

Contacto:

Dir. Nacional: Isaac Rudnik (Tel. 11-1541882603)

Coord. Nacional Área de Salud Colectiva: Laura Lonatti  (Tel.11-156378714)

11.11.20 IBP

LOS PRECIOS DE LOS ALIMENTOS SIGUEN SUBIENDO Y EL PODER ADQUISITIVO                          DE LOS SALARIOS SE CAE POR UN TOBOGÁN

La crisis heredada, a la que se agregaron los efectos impiadosos de la pandemia –muchos de los cuales persisten- puso en jaque la estabilidad económica general del país, y le da fuerza a los grupos económicos más poderosos para ejercer fuertes presiones para que sus intereses no sean afectados. El gobierno no debería ceder girando a una política económica que afecte aún más los ya castigados ingresos populares.

Escriben: Isaac Rudnik y Juan Fresno

PRECIOS Vs SALARIOS

Según el INDEC en su última publicación sobre la evolución de los salarios, en agosto pasado éstos habían aumentado en promedio un 32% respecto a igual mes del año 2019, y 18,6% en relación a diciembre pasado. En los mismos períodos la Canasta Básica de Alimentos (CAB) en el conurbano bonaerense aumentó 39,5% desde agosto de 2019, y 25,6% desde el final de 2019.

Por lo que ya en agosto pasado se verificaba una pérdida de poder adquisitivo de los salarios, de 7 puntos porcentuales respecto al mismo mes del año anterior, y de 7,5 puntos en relación a diciembre pasado.

En los dos meses siguientes esta situación se profundizó ya que los precios de los alimentos no dejaron de aumentar. Como explicamos en nuestro  informe anterior, en septiembre la variación de precios de los alimentos en el conurbano bonaerense fue del 6,48%

LOS PRECIOS DE OCTUBRE

En el mismo aglomerado, una familia de dos adultos/as y dos hijos/as pequeños/as, que en septiembre necesitaba $19.178,07 para cubrir la CBA durante un mes y no caer debajo de la línea de indigencia, en octubre requirió $19.840,57 (+3,45%).

Nuevamente, como viene sucediendo desde hace meses, el rubro de frutas y verduras lideró las subas con un incremento del 10,42%, seguido por los productos de almacén: +2,38%, mientras que las carnes aumentaron 1,24%.

Durante este año 2020 la Canasta de Alimentos se incrementó 32,63%, mientras que en los últimos doce meses -desde octubre de 2019- el aumento fue del 43,53%. La misma familia necesitó durante el último mes para cubrir sus alimentos básicos $6.017,21 más que un año atrás, y $ 5.299.46 más que en diciembre pasado.

UN AJUSTE NEGADO

Altos funcionarios del gobierno, como el Jefe de Gabinete Santiago Cafiero, afirman que “en la Argentina no hay lugar para ajustes”, sin embargo las decisiones que se van haciendo conocer desde el Ministerio de Economía parecieran marchar en otra dirección.

Los anuncios del final de ayudas importantes como el IFE y el ATP, el regreso de los aumentos de las tarifas, los bajísimos incrementos otorgados a las jubilaciones, al salario mínimo y a la AUH (todos por debajo de la inflación), son de hecho medidas de ajuste que van bajando el poder adquisitivo de las remuneraciones de los sectores más pobres de la población.

Un párrafo especial para la nueva fórmula de movilidad jubilatoria que se envió al congreso para convertirla en ley. 1) Se elimina el factor inflacionario como componente de la fórmula. Este elemento que en el mediano y largo plazo podría ser positivo, en el corto plazo, como se ve al principio de esta nota, es claramente desfavorable. Difícilmente se revierta en lo inmediato la tendencia de una inflación que le está ganando a los salarios por goleada. 2) Se dice que se vuelve a la “fórmula Vudú” que es la que regía durante los gobiernos de Cristina Fernández. Sin embargo esto no es enteramente cierto, ya que aquella disposición contenía elementos que la hacían más favorable y que desaparecieron de esta propuesta. 3) La movilidad se regirá por una fórmula que contempla por mitades, por un lado el índice de aumento salarial, y por otro el valor de la recaudación tributaria. Además de que le pone un límite (hasta un 3%) a una posible suba de ésta última, lo cierto es que  la manera de cuantificar la variación recaudatoria es oscura y engañosa.

La discusión sobre una nueva forma de calcular la movilidad jubilatoria se da en un contexto en el que de los seis millones de jubilados realmente existentes cuatro millones cobran la mínima. El incremento del 6% que recibirán en diciembre significa un agregado de mil pesos por mes, unos 33 (treinta y tres) pesos por día.

EL AJUSTE NO ES EL CAMINO DE SALIDA DE LA CRISIS

La crisis heredada, a la que se agregaron los efectos impiadosos de la pandemia –muchos de los cuales persisten- puso en jaque la estabilidad económica general del país, y le da fuerza a los grupos económicos más poderosos para ejercer fuertes presiones para que sus intereses no sean afectados. El gobierno no debería ceder girando a una política económica que afecte aún más los ya castigados ingresos populares. Algunas manifestaciones como el congelamiento de la implementación del impuesto a la riqueza parecen indicar que se están haciendo concesiones indebidas.

ANEXO

LOS PRECIOS QUE MAS AUMENTARON EN LO QUE VA DEL AÑO

Contacto: 114882603

desigualdades-urbanas-1

Las Desigualdades Urbanas como retrato de la pobreza

Actualmente, las ciudades latinoamericanas son mayoritariamente contenedoras de pobreza urbana. Las desigualdades sociales y económicas que atraviesan a la sociedad se traducen en áreas de la ciudad que presentan serias deficiencias en infraestructura de servicios, transporte público, equipamiento comunitario, accesibilidad universal y espacios verdes

Escribe: Federico Maigua*

Un poco de historia

Pasaron 44 años de la primera convocatoria mundial para tratar los temas-problemas referidos a los asentamientos humanos. En 1976 Vancouver era testigo de la confluencia de incipientes organizaciones, investigadores, dirigentes barriales y militantes con un interés común que, sin saberlo quizás, sentaban un precedente mundial con la Cumbre del Hábitat, cuya Declaración fue tomada por la Comisión de Hábitat de las Naciones Unidas y de la que surgen documentos estableciendo claramente el Derecho a una Vivienda Adecuada.

Un número importante de los y las participantes de esa conferencia provenía de países latinoamericanos, y es significativo el dato porque Chile, Uruguay, Paraguay, Brasil, Argentina, Bolivia y Perú estaban gobernados por feroces dictaduras militares que, entre otras cuestiones, imponían modelos económicos de desigualdad y exclusión social. En nuestro país, el gobierno de facto aplicó un modelo económico rentístico-financiero que afectó gravemente la industria nacional, dejando como consecuencia el incremento de la pobreza pasando de un 3% en 1974 al 25% en 1983.

Ya en democracia, una vez finalizado el gobierno de Alfonsín, en los 90 el modelo neoliberal del menemismo puso en práctica las recetas ordenadas por organismos de financiamiento como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial constituidos, en realidad, en verdaderos instrumentos políticos de dominación económica de los países emergentes endeudados. La apertura de las fronteras económicas en beneficio de los productos importados, el achicamiento del estado, el ajuste estructural y la flexibilización laboral formaban un peligroso cóctel para el pueblo trabajador en detrimento del aparato productivo nacional. Las consecuencias se reflejaban en la profundización de los índices de desocupación y, paralelamente, en aumento de la pobreza en sus múltiples dimensiones, empujando gran parte de la población a un deterioro social muy difícil de superar.

En la periferia de los centros urbanos de mayor densificación por la proximidad de industrias y fábricas, condenadas al cierre, la pobreza crecía exponencialmente. En las ciudades de menor envergadura donde se asentaban empresas anteriormente estatales, privatizadas por Menem, se repetían las mismas imágenes conmovedoras. De de ser generadoras seguras de fuentes de trabajo, de desarrollo económico local y regional, se transformaban de la noche a la mañana en “ciudades fantasmas” debido a la permanencia en el lugar de hogares enteros sin ingresos económicos y al éxodo de desocupados sin perspectivas de futuro. Los nuevos migrantes, al menos una buena porción de ellos, se acercaban a los grandes aglomerados en busca de nuevas perspectivas, encontrándose, entre otras cosas, con una situación de difícil acceso a viviendas adecuadas. En ese contexto, la crisis existente comenzaba a traducirse también en el crecimiento del déficit habitacional hasta hoy vigente.

Los guetos voluntarios y la segregación urbana

Actualmente, las ciudades latinoamericanas son mayoritariamente contenedoras de pobreza urbana. Las desigualdades sociales y económicas que atraviesan a la sociedad se traducen en áreas de la ciudad que presentan serias deficiencias en infraestructura de servicios, transporte público, equipamiento comunitario, accesibilidad universal y espacios verdes. Mientras por otro lado, en menor proporción afloran grandes extensiones de tierra donde se asientan barrios privados en zonas privilegiadas por el entorno físico, por el paisaje natural, y por las fuentes de inversión. Estos mal denominados “clubes de campo” nacidos en la década del 90 y que hoy tienen mayor vigencia, desnudan las desiguales formas de producción del hábitat que conviven en nuestras ciudades. Dejando de lado la realidad de la clase media o media baja, sectores sociales diametralmente opuestos definidos como populares o pobres por un lado, y media alta o alta por otro, habitan zonas urbanas atravesadas por factores bien dispares donde está demás indicar cuáles presentan mejores condiciones físicas.

Zigmunt Bauman sostiene que en ambos casos la forma de vivir en la ciudad deriva en guetos. Unos no tienen otra alternativa que vivir en las zonas más degradadas de la ciudad con todas las necesidades y condiciones de precariedad de barrios miserables que él denomina “guetos involuntarios” y otros deciden vivir en lugares económicamente poco accesibles debido a sus prestaciones, controlados y en comunidades cerradas llamadas “guetos voluntarios”.

Estos mal denominados “clubes de campo” nacidos en la década del 90 y que hoy tienen mayor vigencia, desnudan las desiguales formas de producción del hábitat que conviven en nuestras ciudades.

De esa manera las villas, asentamientos o barrios informales suponen el lugar indicado para ser habitado de manera involuntaria por miles de hogares que se encuentran por debajo de las líneas de indigencia y pobreza. La situación de segregación urbana en la que se encuentra sometida una buena parte de la población carece de presencia efectiva del estado en el territorio para comenzar a revertirla. Se exhiben en realidad como el resultado (y consecuencia) de políticas urbanas y sociales que se han desarrollado de manera disociada durante décadas En el mismo sentido, el crecimiento desordenado de un buen porcentaje de los asentamientos humanos en nuestro país se presenta como el escenario ideal para la irregularidad.

Cuando se analizan las tomas de tierra llevadas adelante por familias enteras, en forma organizada o espontánea, se pone en la agenda mediática la emergencia habitacional por la que atraviesa la Argentina, y a la vez, se deja en evidencia que el principal problema a resolver es la política de producción de suelo urbano. El fin último que persiguen los hogares afectados por el déficit es la Vivienda como derecho individual, pero yendo más allá, el Derecho a la Ciudad es colectivo e igualmente necesario, y como tal requiere de una mesa de trabajo serio que implique la participación de todos los sectores involucrados.

Cuando se analizan las tomas de tierra llevadas adelante por familias enteras, en forma organizada o espontánea, se pone en la agenda mediática la emergencia habitacional por la que atraviesa la Argentina

La manera óptima de generar terrenos urbanizados en nuestro país debería ser estatal porque se trata de un bien social, pero la realidad es que mayoritariamente esta actividad se encuentra acaparada por la inversión privada, y un lote con servicios se ha convertido en una mercancía a la que cada vez es más difícil acceder, sobre todo para los sectores populares.

Las políticas públicas

Tampoco existen políticas de prevención de asentamientos a través de políticas de abordaje integral, entonces el estado llega tarde, cuando las tomas ya se han producido y las vías para destrabar los conflictos son la represión y el desalojo, o un largo, costoso y agotador camino a la regularización de las nuevas tierras a urbanizar debido a la presión social que implican las tomas. De todas maneras, casos como el proceso de urbanización social de Medellín y el de Favela-Barrio en Brasil, donde el diseño participativo implicaba mucho más que compartir las decisiones en los proyectos, han demostrado que un nuevo paradigma en la solución habitacional de los sectores más humildes es posible y sustentable.

Desde Vancouver hasta la fecha, pasando por Hábitat II, la Segunda Conferencia de las Naciones Unidas sobre Asentamientos Humanos en Estambul (1996) y Hábitat III, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Vivienda y el Desarrollo Urbano Sostenible en Quito (2016), en la agenda de los gobiernos nacionales y provinciales, pero en mayor medida de los locales, la cuestión del Hábitat cobra cada vez más fuerza discursiva de consenso, pero también de disenso. Tanto es así que, precisamente en la cumbre realizada hace 3 años se organizaron también en la capital ecuatoriana, y en paralelo, Resistencia Hábitat 3 en la Universidad Central del Ecuador y Hábitat 3 Alternativo en la FLACSO Sede Ecuador. Como respuesta al foro organizado por las Naciones Unidas, ambos eventos de discusión y debate plantean una mirada crítica a la Nueva Agenda Urbana y agrupan diferentes voces y visiones de las y los ciudadanos que producen colectivamente las ciudades.

Hay mucho por hacer en materia habitacional para mejorar sus índices en procura de una real mejora en la calidad de vida para más de 3 millones de hogares. Que el gobierno nacional haya creado un Ministerio de Desarrollo Habitacional y Hábitat y lo dote de programas nacionales, como el de Integración Socio Urbana de Barrios Populares, es insuficiente si éstos no se ejecutan en proporciones importantes. Sin embargo, que la problemática trascienda agendas pública y mediática transformándose en una verdadera política de estado es un paso, al menos en el concepto primero, y en la praxis después, verdaderamente innovador. Puede leerse como el principio del éxito de organizaciones sociales, colectivos de profesionales comprometidos con el hábitat, docentes universitarios empeñados en plantear soluciones desde la academia, voces de intelectuales y, finalmente, de las luchas populares por acceder a la ciudad y una vivienda digna.

 Federico Maigua

Arquitecto

Director de Hábitat y Economía – ISEPCi Salta