Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana (ISEPCi) es el resultado de la síntesis de diversas experiencias colectivas de construcción de conocimientos sociales que confluyen en un cuerpo de objetivos compartidos.
El 2020 fue un año que a lo largo sus doce meses nunca dejó de producir resultados negativos para la economía de la Argentina y el mundo, con consecuencias especialmente perjudiciales para los sectores de menores ingresos de nuestro país.
Reproducimos aquí evaluaciones y datos que arrojaron nuestros indicadores y otros procedentes de distintos institutos de investigación que analizaron el desarrollo general del proceso a lo largo del año, algunos con la mirada centrada efectos particulares de la Pandemia y el correlato de la abrupta disminución de la actividad económica que produjo.
Conclusiones finales de los datos obtenidos a partir de nuestro relevamiento de precios.
Conclusiones a las que llegamos a partir de la evaluación de los datos arrojados por nuestro Índice Barrial de Precios.
Conclusiones del Indicador Familiar de Acceso a la Alimentación.
El Instituto Oficial realizó este informe en base a los resultados obtenidos a partir del Estudio sobre el impacto de la COVID-19 en los hogares del Gran Buenos Aires y la CABA los meses de agosto y octubre de 2020. Aquí algunos de los párrafos más significativos:
El 49,3% de los hogares que participó de la encuesta manifestó haber tenido una caída en el monto total de sus ingresos (ingreso total familiar, ITF) respecto a la situación previa a la pandemia. Teniendo en cuenta el nivel educativo del jefe o jefa de hogar, se observa que en los hogares con menores niveles de instrucción la proporción que experimentó una reducción en sus ingresos fue mayor (57,1%). En los hogares con al menos una persona menor a 18 años (niño, niña o adolescente), la pérdida de ingresos alcanzó al 57,3%.
En el 40,3% de los hogares que respondieron la encuesta se registraron problemas de empleo para al menos uno de sus integrantes. El impacto en la situación laboral fue mayor en los partidos del conurbano bonaerense, donde los problemas de empleo alcanzaron al 42,6% de los hogares; mientras que en la CABA, se vio afectado el 33,6%. En los que reside al menos un niño, niña o adolescente, los problemas laborales alcanzaron al 48,3%.
33,8% declaró que se vio en la necesidad de reducir por razones económicas el consumo de, al menos, uno de los siguientes alimentos: carne vacuna, otras carnes, verduras frescas o leche.
Conclusiones del INDEC.
ANEXO
Cuadro comparativo: Variación anual de los precios de los alimentos en el conurbano bonaerense.
Cuadro comparativo: Variación mensual de precios de los alimentos en el conurbano bonaerense.
Por Isaac Rudnik, Juan Fresno y Carla Jenisse Coitiño Noble .
Nuestro relevamiento de los precios de la canasta navideña, en los barrios del conurbano bonaerense, ha arrojado datos preocupantes: el costo de la cena navideña se incrementó en un 52,40 % en comparación al año pasado.
En esta oportunidad y como en cada diciembre desde hace ya varios años, relevamos el costo que significa para una familia, compuesta por dos adultas/os y dos hijas/os pequeñas/os, la cena navideña. De acuerdo a los datos surgidos del relevamiento de 515 comercios ubicados en el conurbano bonaerense, dicha cena tiene un costo total de $2.123. Una clara diferencia en relación al año 2019, en donde la misma cantidad de productos tenían un valor $1.393.
Valor de una cena navideña en el conurbano en 2020.
¿Pero, cómo es la medición de esos precios? ¿Y qué productos componen la canasta navideña? Para relevar los valores de los productos utilizamos la misma metodología con la que construimos los datos estadísticos del Índice Barrial de Precios(IBP), que mide los productos de la Canasta Básica Total (CBT) y la Canasta Básica de Alimentos (CBA) en los barrios populares. Es decir, que son las mismas vecinas y vecinos quienes realizan dicha medición, lo que hace a esta iniciativa transparente, participativa e innovadora.
Los productos relevados (que componen la cena navideña para cuatro personas) son: un pollo, porciones de ensalada rusa, de lechuga y tomate, vino, gaseosa, ensalada de frutas, pan dulce, budín con frutas, garrapiñadas, turrón de maní, sidra y ananá fizz. Según nuestros datos, los productos que más aumentaron, en comparación al año anterior son: el pollo (70%), la zanahoria (75%), la manzana (100%), la naranja (100%), las garrapiñadas (71,42%), y el ananá fizz (68,75%).
Cena navideña para cuatro: dos adultas/os y dos menores.
Valores de una ensalada de frutas en diciembre 2020.
Valores de los productos de la canasta navideña en 2020.
Canasta navideña para pocos.
Las ayudas directas o indirectas recibidas en los barrios populares, originadas en varias medidas tomadas por el Gobierno Nacional, tan necesarias para paliar la situación de crisis y desempleo, se han tornado insuficientes, quedando muchas de ellas a mitad de camino. Un ejemplo de lo dicho es la canasta navideña de cinco productos, con un valor de $250, que no llega a los comercios de barrios populares, y solo puede encontrarse en algunas de las góndolas de las grandes cadenas de supermercados del país.
Reiteramos, como desde hace varios meses, que el aumento incesante de los precios de los alimentos, absorbe los magros ingresos de los hogares que dependen para vivir de la recuperación de las changas, del servicio doméstico, y otras formas de trabajo precario e informal.
En este momento de profunda emoción y aceleración de los tiempos no puedo dejar de acordarme todo lo que empujamos esa historia para llegar hasta acá. Siempre irreverentes, siempre corriendo el margen de lo posible.
Escribe: Betiana Cabrera Fasolis*
Y sobre todo fue así en un año que nos encontró sorprendidos ante lo desconocido, ante lo inesperado. Esa desolación e incertidumbre de una pandemia que nos mandó a nuestras casas, nos arrebató afectos, formas de vida y trabajo, desde el minuto cero fue cruzada por los feminismos. Siempre ansiosas, pensando antes de tiempo, sabíamos que nuestro rol iba a ser protagónico para la dignidad y las estrategias de vida, siempre en clave de lucha y además sosteniendo que, pese a este panorama tan complejo, teníamos que seguir conquistando derechos. A las prioridades y las oportunidades las íbamos también a escribir nosotres.
Y digo esto porque en este momento de profunda emoción y aceleración de los tiempos no puedo dejar de acordarme todo lo que empujamos esa historia para llegar hasta acá. Siempre irreverentes, siempre corriendo el margen de lo posible. Recuerdo que recién estaba aprendiendo fórmulas de química biológica allá por el 2001 cuando tuve que adelantarme 3 años a un capítulo de obstetricia porque una compañera de Barrios de pie se había colocado una sonda y yo al menos quería intervenir diciéndole cuando teníamos que salir corriendo. La responsabilidad era doble: tenia 4 hijes y no quería que nadie, absolutamente nadie se enterara. Recuerdo la importancia de tener una agenda: gente al alcance de un teléfono que te decía “en este turno de guardia No, porque la denuncian, estírala 8hs más”, “ya tenemos la eco, salió todo bien”. Los mejores ateneos eran así. También estaban las amenazas y las agresiones directas. Porque una cosa es que te putearan de frente cuando ponías la mesita de la Venceremos para juntar firmas, pero otra muy distinta cuando te señalaban con nombre y apellido. Después vino el misoprostol, siempre cuento que las brasileras que querían abortar lo descubrieron antes que la OMS. El problema es que vino sin guía sin protocolo. Era todo muy incierto, pero más seguro que una sonda o percha. Más barato que un legrado. En la misma época discutimos hasta el hartazgo los métodos anticonceptivos, increíble, pero eso también nos querían negar. Tuvimos ley, pero antes de festejar ya estábamos monitoreando y denunciando que no se aplicaba! Hoy sigue existiendo una provincia que no adhiere. Ni hablar de colocación de DIUs o de la ligadura de trompas: ahí aprendimos que la objeción de conciencia se resuelve pagando en un consultorio privado, porque en el sector público estos mismos objetores -literalmente- inventaban cosas tales como que hasta el marido tenía que firmar, y la psicóloga certificar que no podías con un niñe mas y la trabajadora social demostrar la absoluta vulnerabilidad, y tenías que estar embarazada para que te lo hagan en la cesárea y que te coincida el día y la hora con el colega que habías hecho todo el trámite.
Y el feminismo, sin nombrarnos como tal, ya nos abrazaba, nos interpelaba y nos formaba. En los encuentros nacionales de mujeres (que se llamaban así en esa época) se dirimían debates maratónicos porque el tema no tenía consenso. Después se lanzó la campaña política más disruptiva de la historia: la campaña nacional por el derecho al aborto legal seguro y gratuito, y ahí nos sumamos como Red de Mujeres Solidarias, posteriormente como Juanas, después como MuMaLa. Pusimos nombres: es el machismo y el patriarcado quien nos quiere sumisas y reproductoras, es un problema político y sistémico, no es una cuestión individual. La ciencia miró también para este lado y ya las organizaciones como la OMS, la FLASOG o la FIGO aportaron protocolos y seguridad, lesbianas y feministas se radicalizaron y lanzaron líneas para acompañar que continúan creciendo a hoy, les profesionales de la salud también hicimos publicas nuestras prácticas y nos articulamos.
Y ya todo fue una sinergia irreversible, y lo digo porque la emoción de la media sanción tiene que ver con que las feministas y militantes populares nunca le dimos la espalda a las mujeres y personas gestantes que necesitaban interrumpir, ni de denunciar la violencia que implica obligar a parir a nenas y adolescentes, ni la hipocresía de que no exista provisión de métodos anticonceptivos, ni la perversidad de negar una educación sexual integral que nos libere de violencias, ataduras y nos acerque al placer. Y esa praxis feminista que nos llevaba horas, teléfonos abiertos siempre, llamadas hasta los domingos, reuniones interminables, y por supuesto movilizaciones, está a punto de ser reconocida por el estado como política pública.
En Córdoba, desde donde escribo, tuvimos una vigilia ardiente: 38 grados sobre el pavimento y después ráfagas de viento que se querían llevar las pantallas gigantes, arriba del short y la musculosa aparecieron las frazadas. Las 2 vigilias anteriores fueron los días más gélidos y con lluvias permanente. En qué otros países se acompaña la gesta de leyes en hinchada, acompañadas, en la calle sin dormir? Es la intensidad con la que vivimos la política, pero sobretodo la politicidad feminista que nos marca que todo debe pasar por la vivencia y el cuerpo. Ese que históricamente fue tutelado y violentado, que el status quo ordena que tenga antes la vivencia de la sexualidad vinculada al miedo de quedar embarazade, que una sexualidad vinculada al placer y al deseo.
A esta historia le faltan al menos 80 años para atrás de personas, vivencias, hitos y luchas. Y le van a faltar muchos para adelante, pues las leyes solas no garantizan derechos y quienes nos quieren tuteladas tampoco descansan. Pero es la historia que estamos escribiendo, desde la insubordinación al machismo y al patriarcado, desde las vivencias propias y ajenas que acompañamos solidaria y amorosamente, desde la rebeldía y la inconformidad, y sobre todo desde la profunda generosidad de invitar y convocar a otres a ser parte de ella. Lo vamos a lograr, va a ser ley.
*Betiana Cabrera Fasolis. Médica especialista en medicina familiar y general. Profesora UNC. Coordinadora MuMaLa Córdoba. Integrante de la Campaña por el derecho al aborto legal seguro y gratuito regional Córdoba.
No hay que ser una persona feminista para estar a favor del aborto, pero si estas a favor del aborto somos compañeres, porque aunque nunca hayas abortado o pienses hacerlo, es porque sabes lo que significa la empatía, y a mi visión la empatía es uno de los pilares para comprender la igualdad y la equidad.
Escribe: Daniela Gasparini*
La vida con pañuelo verde
En el momento que nos enteramos que el proyecto por la legalización del aborto volvía al Congreso, una compañera de Mumalá me preguntaba sobre “mi primer pañuelo” y yo le expresaba mientras pensaba que no recordaba la fecha exacta, que fue hace varios años, antes de graduarme, cuando aún estudiaba la carrera de psicología y comenzaba mi participación política en la UBA. Le dije: “no recuerdo cuando fue con precisión, pero recuerdo que en ese entonces comenzaba mi identificación con los feminismos, porque yo también me deconstruí y me convertí en una mujer nueva, en una mujer feminista, y en ese momento recuerdo que el color feminista era el violeta. Recuerdo también que buscaba remeras o vestidos de color violeta cada vez que movilizaba para conquistar nuestros derechos, hasta que llegó el 2018 y a partir de ahí sentí fuertemente que en nuestro país empezaba a gestarse una nueva ola feminista que sería representada con el color verde. La sentí fuertemente, me invadió plenamente, y a partir de ese momento fue como renovar los votos con el feminismo. Fue una transición hacia algo muy grande, que pasaba de ser una bandera o una reivindicación a mi identidad definitiva, que no era sólo mía, era nuestra, de todas.
Hoy no concibo la vida sin ese distintivo pañuelo verde, ese pañuelo representa para mí el símbolo del feminismo nuestra Argentina. Y lo creo firmemente porque sea donde estemos y en la situación que estemos, no importa que no nos conozcamos o por donde caminemos, al ver un pañuelo verde colgando de la mochila, cartera, cuello o puño de alguien más, sabemos que ya no estamos solas, sabemos que a partir de ahora, siempre hay alguien más. Este hermoso y vibrante pañuelo verde es el indicio que vamos camino a una nueva construcción social, más colectiva y sorora, porque cuando transitamos los espacios públicos, ya no nos sentimos solas, ver una hermana con el pañuelo nos da tranquilidad, confianza, el pacto entre nosotras, seguridad, complicidad, fuerza, poder, fíjense como son todas características que se han asociado a los varones cis, pero ahora también empiezan a ser nuestros con más fuerza. Ese efecto subjetivo es colectivo, es multiplicador y tiene un gran impacto social. De eso es muy difícil volver, creo que se viene gestando un cambio de paradigma, hay un movimiento hacia la igualdad y la equidad, hacia nuestra libertad que nos supera como personas individuales, se va derribando el discurso hegemónico patriarcal y se va construyendo un nuevo imaginario colectivo.
No hay que ser una persona feminista para estar a favor del aborto, pero si estas a favor del aborto somos compañeres, porque aunque nunca hayas abortado o pienses hacerlo, es porque sabes lo que significa la empatía, y a mi visión la empatía es uno de los pilares para comprender la igualdad y la equidad.
Como parte de una organización política siempre que no hubo ley de acceso a nuestros derechos, el rol de las organizaciones políticas y sociales o de organizaciones y espacios militantes de acompañamiento feminista fueron y son imprescindibles. En ese momento tan difícil como transitar un aborto, estamos otras mujeres, las hermanas, las compañeras, las socorristas. DONDE NO HAY LEY, hay organizaciones, hay redes de contención y apoyo, y hay sobre todo compromiso desinteresado con el otre, lo que se resume en una palabra, columna vertebral para construir un país con igualdad de oportunidades, que es la SOLIDARIDAD.
Tantas brujas han matado por ser mujeres que luchan
Luchar por Aborto Legal para mi es una de las emociones más grandes que transité en mis 36 años, porque es luchar contra tantos años de injusticias sobre cuerpos oprimidos y moldeados por el patriarcado, cuerpos que cargaron nuestras madres y abuelas con tanta represión y culpa que es imperdonable no reaccionar, pero también porque no podemos permitir bajo ningún aspecto que eso le pase a las hijas de nuestra Matria.
Cuando discutimos ABORTO LEGAL lo discutimos con dolor y con pasión. Porque no queremos que en ningún rincón de nuestro país sigan obligando a parir a las niñas, porque las niñas tienen derecho a ser niñas y no la obligación de ser madres, porque no queremos maternar sin desearlo, y porque que el aborto sea legal significa sacarlo de la clandestinidad y lograr que no muera ni una más por abortos mal practicados. Los dolores que gritamos que tenemos, son inherentes a la grieta social porque quienes mueren por abortos clandestinos son las pobres. Ellas son quienes sufren las verdaderas consecuencias de los abortos clandestinos, y la mayoría de las personas pobres en nuestro país son mujeres cis y trans, y en un país donde se ha consolidado la pobreza y la feminización de la pobreza no podemos ignorar la realidad ni mirar para otro lado.
En nuestras vidas la ideología machista no puede tener cabida, tantas brujas han matado por solo ser mujeres que decidían por sí mismas, por el odio entendido como misoginia, en cambio permítanme decirles que el feminismo, por más radical que sea, jamás se ha valido de la vida de otres. El feminismo es una revolución sin odio. El Aborto Legal es el freno a la milenaria invasión que han hecho en nuestros territorios, nuestros cuerpos.
Y en este punto quiero decir algo importante, nadie va feliz a abortar. La idea de abortar viene con muchas emociones y conflictos. Miedos, nervios, ansiedad, angustia, estrés. Todo esto no es un orden natural o biológico, porque todas estas emociones que transitamos cuando abortamos, es una construcción social y cultural, es decir, que en la historia nos han impuesto qué es ser una mujer o cual es nuestra función, y nos han ubicado en un lugar social de reproducción, como si fuera algo natural, biológico, como si naciéramos para maternar. Cuando abortamos todo esto entra en conflicto.
Estas intervenciones sobre nosotras, las mujeres y las disidencias, son políticas, económicas, sociales y por supuesto patriarcales. Son las que nos moldean para jugar a las muñecas y fantasear desde niñas con ser madres, y durante el trascurso de nuestro desarrollo psíquico evolutivo, nos han moldeado culturalmente el cuerpo para parir y criar hijes, nos han ubicado en el lugar de OBJETOS reproductores.
Llevamos ciclos de deseos y decisiones no propias sobre nuestras vidas y nuestros cuerpos, ¿Entonces cómo no se va a vivir un aborto sin conflictos emocionales? Entonces, no es casual, no es natural, es socio-cultural y patriarcal, y se instala fuertemente en nuestra vida, construyendo una subjetividad que es el resultado de procesos culturales donde los privilegiados son los otros con “o”.
Entonces, ante la ola verde que discute el fin del disciplinamiento a nuestros cuerpos, el fin al cuerpo del patriarcado, ¿cómo no va a haber tribuna de resistencia?
Mística, Amor, Compromiso, y… MAGIA!
Ante el avance de los movimientos feministas en la historia, el patriarcado ha reaccionado también. Y tras este movimiento conviven intereses económicos y políticos (Estados, Iglesias, sectores hegemónicos de la económica mundial que no están dispuestos a perder sus privilegios)
La resistencia de algunos sectores conservadores de la sociedad a que accedamos a más derechos, ya la vivimos, no nos sorprende, pero ¿Por qué resisten a una Ley que tiene como antesala la promoción y prevención de la salud con medidas de implementación de la Educación Sexual Integral y la provisión de métodos anticonceptivos?
Bueno, porque más allá de los intereses económicos de los abortos clandestinos y religiosos históricos, nos da el principal derecho que podemos tener las mujeres y es la de TOMAR DECISIONES SOBRE NUESTRO PROPIO CUERPO, el acceso a decidir sobre nuestro cuerpo viene a deconstruir lo aprendido, lo instalado, es el principio del fin del cuerpo del patriarcado. Decidir sobre nuestro cuerpo es poner fin a las violencias, a los abusos y acosos, a las violaciones y mercantilizaciones a nuestros cuerpos. Cuando decidimos avanzar con este derecho estábamos seguras que no había vuelta atrás, decididas festejamos, lloramos, nos abrazamos en esa jornada histórica que logró media sanción en la cámara de diputados allá por el 2018, y siempre supimos que sería duro, que habría resistencia, no lo conseguimos por ese entonces, también lloramos, también nos abrazamos, tuvimos bronca, impotencia e indignación, pero seguimos luchando hasta que llegó el 10 de diciembre de 2020, y luego de 40 horas sin dormir me siento a escribir esto que siento.
Fue un año duro, no estábamos preparades para recibir una pandemia, tuvimos miedo, ansiedad, sentimos frustrados muchos proyectos, perdimos personas queridas, aun no sabemos con precisión que va a pasar, pero lo que si sabemos que casi pisando fin de año, se reeditó el debate sobre Aborto en el Congreso, volvimos a las calles, ese lugar que me encanta porque es nuestro principal campo de batalla, nuestro piso para conquistar nuestros derechos. Llegó el momento, pasamos una vigilia algo distinta al 2018, no somos las mismas, somos mejores, no era igual a aquella vez, en esta oportunidad hacía mucho calor y usábamos barbijos, pero noté lo que no cambia, estaban intactas esas miradas cómplices, esa tranquilidad de compartir la vigilia con esas hermanas que no sabes ni como se llaman pero con quienes compartimos cosas muy importantes, esa indescriptible emoción de encontrarnos, la mística, el amor y el compromiso, y la magia! Esa magia que emanamos cuando cantamos y bailamos, cuando luchamos con amor y alegría por todo lo que nos han negado, esos aquelarres incomparables, por esa magia moriría en cualquier hoguera de cualquier tiempo que sea. Con el pañuelo verde y por nuestro futuro, no puede cerrar este año tan duro, sin que sea ley.
Como decimos con mis compañeras
“Nos mueve el deseo de ser libres”
#SeráLey!!
Daniela Gasparini es Psicóloga. Miembra de la Dirección Nacional y Responsable Política de CABA de Libres del Sur. Contacto: 1169271343
En los últimos tres meses la inflación de los alimentos se aceleró. En los primeros ocho meses del año la Canasta Básica de Alimentos subió un 25,66% a un promedio de 3,20% cada mes, y entre septiembre, octubre y noviembre tuvo un incremento del 14,55%, o sea 4,85% promedio mensual. Estos aumentos absorben las ayudas como el IFE y la Tarjeta Alimentar.
EL 2020 TERMINARÁ CON UNA INFLACIÓN SIMILAR AL AÑO PASADO
Escriben: Isaac Rudnik y Juan Fresno
Según el relevamiento realizado sobre los productos de la Canasta Básica de Alimentos (CBA) en 515 comercios del conurbano bonaerense en noviembre los precios aumentaron en un promedio del 5,5%. En octubre una familia de dos adultos/as y dos hijos/as pequeños/as necesitaba $19.840,57, para adquirir sus alimentos básicos, un mes después requería $1091 más para comprar lo mismo.
Por su parte, el valor de los productos de la Canasta Básica Total (CBT) superó los cincuenta y un mil pesos: $ 51.248,47 contra $48.248 del mes anterior.
En los últimos tres meses la inflación de los alimentos se aceleró significativamente. En los primeros ocho meses del año el valor de la CBA subió un 25,66% a un promedio de 3,20% cada mes, y entre septiembre, octubre y noviembre tuvo un incremento del 14,55%, o sea 4,85% promedio mensual. Si en diciembre se mantiene un promedio de aumentos de entre 3 y 4% terminaríamos 2020 con incremento cercano al 48% para todo el año. Lejos del objetivo del gobierno de contener la inflación de los alimentos muy por debajo de los resultados del 2019 que oscilaron entre 48,51% (Índice Barrial de Precios) y 52,8% (INDEC).
El Observatorio Social de la UCA que dirige Agustín Salvia, dio a conocer el resultado de su investigación en la que explicita que en el tercer trimestre de este año la pobreza en la Argentina llegó al 44%.
También demuestra que las ayudas directas implementadas por el estado nacional, durante la etapa que abarca el Aislamiento Social Obligatorio implementado por el advenimiento de la Pandemia -como el IFE- fueron una ayuda fundamental para impedir que la pobreza y la indigencia escalaran aún más.
En nuestra presentación del Indicador Familiar de Acceso a la Alimentación (IFAL) que realizamos la semana pasada, también mostramos que la Tarjeta Alimentar fue y es, un instrumento que mejoró y mejora las posibilidades de las familias que cuentan con ella para poder comprar mas y mejores alimentos.
Pero a la vez es muy relevante que tanto el IFE como la Tarjeta Alimentar son herramientas valiosas pero insuficientes, porque en los mismos momentos que están vigentes, la pobreza trepa a niveles históricos y la indigencia nunca deja de subir.
Si acercamos la mirada sobre los incrementos de los diferentes componentes de la Canasta Básica los resultados son más preocupantes aun, porque entre los que más aumentos concentran están las frutas, las verduras y las carnes, que son los productos indispensables para sostener una dieta familiar saludable.
En los primeros once meses las frutas y verduras aumentaron 64,98%, las carnes 48,35%, y los productos de almacén 34,10%.
Algunas cifras que se van dando a conocer desde el INDEC y diversas consultoras sobre la marcha de la economía, podrían indicar que se viene produciendo una lenta y trabajosa recuperación de la actividad económica. Daría la impresión que empieza a remontarse -no sin altibajos- la empinada pendiente de la recesión que llevará a una caída anual aproximada del 12% del PBI. Como sucede siempre, los resultados positivos llegan más tarde a la base de la pirámide.
En este contexto hay dos aspectos muy preocupantes para los próximos meses. El primero es que la suspensión del IFE es un mazazo a los ingresos de los más vulnerables, ya que la abrupta interrupción de ese recurso no va a ser cubierto por el regreso inmediato de la demanda del trabajo informal, que vuelve muy lentamente. El segundo aspecto es que el aumento incesante de los precios de los alimentos absorbe los pequeños incrementos de los ingresos los hogares que dependen de la recuperación de las changas, servicio doméstico, y otras formas de trabajo precario e informal.
Una vez más, los sectores de menores ingresos sufren en mayor medida las consecuencias de un ajuste sobre sus ingresos, que se instrumenta para aliviar las presiones de los sectores económicas mas poderosos.
ANEXO
Los productos que más aumentaron en lo que va del año 2020
El cannabis sigue enseñando que una planta puede estar llena de sentidos y de respuestas, aún con una historia llena de condenas y de prejuicios, sigue ofreciendo herramientas para paliar nuestro dolor (Marcelo Morante. “Sin Dolor, Historias íntimas del cannabis medicinal).
Escribe: Silvana Colman*
Argentina legalizó el autocultivo de cannabis con fines medicinales y terapéuticos. Este es uno de los principales logros dentro de la nueva reglamentación de la ley 27350 de investigación médica y científica del uso medicinal de la planta de cannabis y sus derivados. Si bien esta ley fue sancionada en marzo de 2017, su posterior reglamentación publicada seis meses después fue sumamente restrictiva, haciendo que la ley tan esperada no responda a la demanda social de tantas familias y usuaries que lucharon por su promulgación. Cabe destacar que el objetivo de la ley 27350 es “establecer un marco regulatorio para la investigación médica y científica del uso medicinal, terapéutico y/o paliativo del dolor de la planta de cannabis y sus derivados, así como para la producción de aceite en laboratorios públicos garantizando y promoviendo el cuidado integral de la salud”. En nada se refleja dicho objetivo en la anterior reglamentación, que en virtud de su decreto 738/17, el acceso al aceite de cannabis y sus derivados era engorroso y restrictivo porque solo podían acceder a su uso quienes se incorporaran a protocolos de investigación en epilepsia refractaria, también era económicamente excluyente, atento el alto costo que implica su importación.
Durante estos años usuaries de cannabis de todo el país y numerosas organizaciones civiles se han unido y trabajado para legitimar el uso terapéutico del cannabis, eliminar prejuicios y garantizar el pleno ejercicio del derecho a la salud. Estas organizaciones solidarias conformadas en su mayor parte por cannabicultores fueron las que respondieron frente a la ausencia del Estado para asistir a las personas que buscaban un alivio a sus dolencias en el cannabis. En nuestro país funcionan una veintena de asociaciones civiles dedicadas a cannabis que brindan asesoramiento a través de talleres de cultivo, de extracción de aceite, acompañamiento legal y en muchos casos entregan solidariamente plantines, semillas y aceite de cannabis. La lucha colectiva fue acompañada por personas de la comunidad científica, por ejemplo se formó la RACME de Conicet (Red de Cannabis y sus usos Medicinales); también participaron médicos, los cuales se organizaron y se capacitaron en la temática e investigadores de las universidades nacionales, que comenzaron a ofrecer el testeo de los aceites para conocer su composición y formaron grupos de extensión para trabajar colaborativamente con los distintos actores de la sociedad.
Durante estos años usuaries de cannabis de todo el país y numerosas organizaciones civiles se han unido y trabajado para legitimar el uso terapéutico del cannabis, eliminar prejuicios y garantizar el pleno ejercicio del derecho a la salud
Lo interesante es que las complicaciones que surgían tanto para acceder a un cannabis seguro así como también para poder hacer investigación en el tema hacían que la interacción y la lucha entre los diferentes sectores se fortalecieran.
Los principales puntos de la nueva reglamentación de la ley 27350
Esta problemática fue escuchada por Estado y desde el Ministerio de Salud de la Nación reconocieron que resultaba impostergable crear un marco reglamentario que permita un acceso oportuno, seguro e inclusivo y protector de quienes requieren utilizar el cannabis como herramienta terapéutica. Es por eso que en esta nueva reglamentación se incluye el autocultivo y el cultivo en red o comunitario a partir de la creación de un Registro en el Programa de Cannabis (REPROCANN) para emitir la autorización de cultivo con fines medicinal, terapéutico y/o paliativo del dolor. Se pueden inscribir pacientes, familiares, un tercero o una ONG. Para inscribirse hay que tener una indicación médica y no hay lista de patologías. Asimismo, con indicación médica se van a poder comprar productos elaborados en el país, importados o formulaciones magistrales elaboradas por farmacias. También contempla la entrega gratuita a las personas que no tengan cobertura de salud ni obra social (1).
Esta nueva reglamentación incluye a todos los actores que venían militando y trabajando en esta temática. Para la redacción del decreto fueron convocadas las instituciones del Estado pertinentes: las universidades, el Conicet, el INTA, la ANMAT, el INASE, la ANLAP, la CONETEC, la Defensoría del Pueblo de la Nación y las organizaciones civiles de la sociedad con el Ministerio de Salud donde todas las voces fueron escuchadas. En este marco quedó conformado un Consejo Consultivo con representantes de todas estas instituciones para continuar trabajando en la generación de políticas públicas que hagan operativa la reglamentación. En este contexto el Ministro de salud destacó la importancia de sacar el concepto delictivo y llevarlo a uno sanitario y social.
¿Desde dónde viene este concepto delictivo? ¿Cuál es la situación en Argentina?
Las raíces históricas más profundas de la prohibición del consumo de sustancias psicoactivas en la modernidad se encontraron primeramente en el terreno de la etnofobia. Luego, las razones se constituyeron basándose en argumentos morales y de seguridad, y por último se instaló el discurso sanitario (2). En 1925, La Liga de las Naciones aprobó y ratificó la Convención Internacional del Opio, en la que se incluía lenguaje prohibitivo del cannabis y sus derivados, a excepción de sus usos científicos y medicinales. Para mediados de la década de 1930, la prohibición alcanzó la totalidad de 38 estados de los Estados Unidos y aunque todavía figuraba como remedio en la Farmacopea de ese país, conseguirlo era prácticamente imposible (3). Finalmente, la piedra fundamental de la actual política prohibicionista la constituyo la Convención Única de estupefacientes de Las Naciones Unidad de 1961, que unificó el sistema de fiscalización internacional de estupefacientes – entre los que se encuentra el cannabis-El mismo quedó incluido en la lista IV, junto con sustancias como la heroína, es decir entre las calificadas como peligrosas y de escaso valor medicinal (4).
Las raíces históricas más profundas de la prohibición del consumo de sustancias psicoactivas en la modernidad se encontraron primeramente en el terreno de la etnofobia. Luego, las razones se constituyeron basándose en argumentos morales y de seguridad, y por último se instaló el discurso sanitario
Actualmente algunos países como Canadá, Uruguay, Estados Unidos, España y Chile han aplicado la despenalización del uso médico del cannabis o lo han legalizado, no sólo no es delito sino que está permitido y regulado. En nuestro país, la ley de cannabis medicinal convive con la ley de estupefacientes 23737 que pena la tenencia, el cultivo y producción de estupefacientes incluido el cannabis. Si bien existe el antecedente del fallo Arriola de 2009, reconociendo la inconstitucionalidad en el castigo a una persona adulta por la tenencia de marihuana para consumo personal en el ámbito privado, en el último tiempo han ocurrido injustamente allanamientos a cultivadores solidarios. Podemos citar el caso de la activista Adriana Funaro o del reconocido “Profesor Botánico” Daniel Loza, así como a otras personas que cultivaban cannabis para uso medicinal de su familia, como por ejemplo Marina Malnero en Mar del Plata. A esto se suman las incautaciones en la vía pública, denominadas “narcomenudeo”, que utilizan muchos recursos públicos, muchas horas de trabajo de los agentes de las fuerzas de seguridad en un combate que no tiene ningún resultado en términos de desincentivar el narcotráfico en Argentina. Por ejemplo en el periodo 2016-2019, los operativos de la policía federal crecieron a la par que bajaba la cantidad de drogas secuestrada. En el caso concreto de la marihuana, durante 2019 en el 93% de las incautaciones se secuestraron menos de 100 gramos de cannabis (5).
La nueva reglamentación de cannabis medicinal viene a acompañar el cambio de paradigma con respecto a la visión sobre el uso de la marihuana y a terminar con la persecución de les usuaries. Si bien se legaliza solo el cultivo con fines medicinales es un gran paso para continuar trabajando en políticas de reglamentación del uso adulto.
El cannabis como medicina
Si bien el cannabis es una planta milenaria que figuraba en la Farmacopea China hace 4700 años, la era moderna de las investigaciones científicas con respecto a este tema comenzó en 1964, con el descubrimiento del compuesto psicoactivo principal del cannabis: el delta-9-tetrahidrocannabinol o THC. Fue descubierto por Raphael Mechoulam, un investigador israelí, en Jerusalén. Sin embargo hoy se conoce que la planta de cannabis comprende decenas de sustancias activas para la medicina y el porcentaje de estos compuestos activos difieren según las variedades de las plantas. Además, la complejidad de las interacciones y de sus porcentajes resulta en un abanico de efectos medicinales. Pero ¿cómo funciona el cannabis en el cuerpo humano? Recién a finales de los 80 se lograron caracterizar los primeros receptores cannabinoides y resultó que formaban una serie de mecanismos regulatorios del cuerpo: el sistema endocannabinoide. Este sistema se encuentra en todos los animales complejos, desde los peces a los humanos y está involucrado en diversas funciones como la memoria, la digestión, la motricidad, la respuesta inmunológica, el apetito, el dolor, la presión sanguínea, el crecimiento de los huesos y la protección de los tejidos neuronales (3).
La principal función del sistema endocannabinoide es la regulación del equilibrio neuronal, lo cual abre numerosas posibilidades de intervención farmacológica por medio de cannabinoides en el tratamiento de enfermedades neuronales. Debido a las múltiples acciones mencionadas, los cannabinoides han sido aplicados en diversas condiciones clínicas: dolor crónico, náuseas y vómitos debido a quimioterapia, estimulación del apetito en infección HIV / SIDA, espasticidad debido a esclerosis múltiple o paraplejía, síndrome de Tourette, colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn, epilepsia refractaria y dolor neuropático. En el caso de este úlitmo el cannabis puede ser tanto un coadyuvante de los fármacos convencionales (opiáceos) para tratar el dolor, como una medicina sustitutiva de dichos fármacos (6). En nuestro país, el mayor porcentaje de usuaries son personas mayores que utilizan el cannabis para tratamientos paliativos de distintos tipos de dolor. Un relavamiento de consultas de la Agrupación Marplatense de Cannabicultores indicó que, de 800 consultas realizadas durante 2017-2019, el porcentaje de edad fue de 62 años, remarcando que el cannabis más allá de ser efectivo contra la epilepsia refractaria es utilizado por un alto porcentaje de personas mayores para distintas dolencias. Este es otro de los motivos por los cuales es tan importante que la nueva reglamentación amplíe el abanico de patologías.
La principal función del sistema endocannabinoide es la regulación del equilibrio neuronal, lo cual abre numerosas posibilidades de intervención farmacológica por medio de cannabinoides en el tratamiento de enfermedades neuronales.
La medicina cannábica en sus distintas formas, aceites, tinturas, vaporizado o fumado de flores y cremas, ha sido promovida por los pacientes, fenómeno que se repite en la mayor parte de los países de la región. Los pacientes, inicialmente preguntaron a sus médicos sobre la posibilidad de utilizar el cannabis como medicina y la respuesta fue “no hay evidencia suficiente”, lo que llevó a que decidieran utilizarlo sin el acompañamiento médico. De este modo, no se podía conocer el origen, como lo usan, la calidad del producto, ni los efectos positivos ni adversos. De esta manera, el gran ausente no fue la evidencia científica, sino un Estado presente que regule el uso de la misma (7). El reconocimiento de la planta como agente terapéutico para diversas patologías significó una nueva visión del cannabis por la sociedad y el Estado. Así, la la nueva reglamentación empodera a les usuaries, legitima sus conocimientos y reconoce sus derechos. El Estado deberá estar presente con políticas públicas para asegurar un uso seguro, con acompañamiento médico y al alcance de todes. Para esto hace falta seguir trabajando para hacer operativa esta nueva reglamentación acompañando a les usuaries, promoviendo la investigación y la producción nacional de cannabis.
El cannabis sigue enseñando que una planta puede estar llena de sentidos y de respuestas, aún con una historia llena de condenas y de prejuicios, sigue ofreciendo herramientas para paliar nuestro dolor (Marcelo Morante en su libro “Sin Dolor, Historias íntimas del cannabis medicinal).
(1) Boletin oficial de la República Argentina. DCTO-2020-883-APN-PTE – Ley Nº 27.350. Reglamentación.
(2) González P. (2017). Un libro sobre drogas, El Gato y la Caja Ed. Buenos Aires, 352 p
(3) Backes M. (2015). La farmacia cannábica. Ed. Pampa Books, 272 p
(4) Ruchansky E. (2015). Un mundo con drogas. Ed. Debate, 320 p
(5) Ministerio de Seguridad Argentina. Informe Incautaciones e Incautado 2016-2019.
(6) Peyraube R. y Bouso J. C (2015). ¿Marihuana como medicina? Usos médicos y terapeuticos del cannabis y los cannabinoides, 86 p.
(7) Morante M. y Morante M. (2017). Sin Dolor, Historias íntimas del cannabis medicinal. Ed. Paidós, 111 p
* Silvana Colman es Doctora en Ciencias Biológicas, UNMdP. Docente investigadora, laboratorio de genética, Depto de Biología, UNMdP. Integrante del Grupo de Extensión ConCiencia Cannabis de la UNMdP. OCA N° 1860/17. Personal de Apoyo Profesional de CONICET en UE-Instituto de Investigaciones Biológicas Universidad Nacional de Mar del Plata-CONICET Becaria Doctoral de Conicet (2009-2014) en el Laboratorio de Agrobiotecnología, UI EEA INTA Balcarce. Becaria Posdoctoral de Conicet (2017-2019) en el Instituto de Investigaciones Biológicas IIB UNMdP Conicet.
En el marco Observatorio de Lucha Contra el Hambre, convocado por el Gobierno Nacional para monitorear el impacto de las políticas públicas destinadas a resolver el problema del hambre en nuestro país, el Instituto de Investigación Social Económica y Política Ciudadana (ISEPCi) presentó los resultados del Indicador Familiar de Acceso a la Alimentación (IFAL). Dicho Indicador es el resultado de un proceso de relevamiento, en el que se realizaron 20.260 entrevistas presenciales a hogares en 22 provincias de nuestro país.
La actividad de presentación fue realizada mediante video conferencia y transmitida por Facebook Live desde la cuenta oficial del Instituto el viernes 20. Los principales oradores de la presentación fueron Isaac Rudnik (Director Nacional del ISEPCI), Laura Lonatti (Coordinadora Nacional del Equipo de Salud del ISEPCI), Daniel Arroyo (Ministro de Desarrollo Social de la Nación), Miryam Gorban (nutricionista, fundadora de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Facultad de Medicina de la UBA y Doctora Honoris Causa de esa Facultad), Hugo Marcer (sociólogo, Secretario de Investigación del Instituto de Ciencias de la Rehabilitación y el Movimiento -ICRM- en la Universidad Nacional de San Martín -UNSAM-) y Silvia Saravia (Coordinadora Nacional de Movimiento Barios de Pie).
En el inicio de la actividad Isaac Rudnik realizó una sucinta presentación del estudio destacando la importancia del proceso de construcción del Indicador en lo que hace al monitoreo en contexto de pandemia, subrayando algunos aspectos estructurales de los barrios populares donde se hizo donde se hizo la encuesta. Entre los más significativos: el 64% de los hogares encuestados manifestó ingresos que los ubican por debajo de la línea de indigencia, mientras que un 51% sufrió una reducción de esos ingresos.Respecto a la situación laboral Rudnik dijo que: “en el 27% de los hogares hay personas que perdieron su trabajo, y en 60% de ellos no cuentan con ningún programa de empleo del estado, hay que tener en cuenta que según datos del INDEC en los deciles de menores ingresos la desocupación llegó al 41%”.En relación a los servicios básicos (agua, cloacas, red eléctrica) sostuvo: “sólo un 3% de los hogares tiene estos tres servicios, un 36% tiene dos, a un 44% le llegan dos servicios, 12% no cuenta con ninguno”.
Por su parte Laura Lonatti, desarrolló los aspectos principales del impacto de la Tarjeta Alimentar, en ese sentido manifestó: “encuestamos a un 50% de hogares que tienen esta tarjeta y un porcentaje igual que no la reciben, entre los primeros sólo a un 5% esta ayuda le permite cubrir los gastos en alimentos durante todo el mes, un 18% llega a tres semanas, el 55% a dos, y 22% cubre sólo una semana”.
Lonatti explicó además que: “el 46% de los hogares que reciben la Tarjeta dijeron que pudieron comprar más que antes de tenerla, un31% compra igual, y 23% menos. Entre los que no la tienen, el 63% compra menos, 23% compra igual, y 14% compra más”.
Respecto a la calidad de los alimentos dijo que “mientras que el 56% de los que tienen tarjeta alimentar mejoraron la calidad de alimentos, los que no la reciben solo un 4% lo logró; entre los primeros bajaron la calidad el 16% y entre los segundos el 52%”.
A modo de síntesis, Rudnik resaltó que: “si bien la Tarjeta Alimentar es una ayuda importante para las familias que la reciben, es claro que no soluciona sus necesidades básicas de alimentación, mientras que es importante saber que las familias que no la reciben igualmente sufren de serias deficiencias alimentarias por lo limitado de sus ingresos, por lo que es indispensable incrementar los montos de la tarjeta y ampliar el espectro de llegada a todas las familias que están en condiciones de pobreza o indigencia mediante el aumento de la edad tope de los hijos de las familias beneficiarias, que hoy está en seis años.”
El Ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo, señaló la importancia del estudio para repensar y mejorar políticas públicas dirigidas a los sectores poblaciones que están transitando en peores condiciones socio-económicas la presente crisis. Señaló que: “el IFAL va a servir durante mucho tiempo, en un contexto tan difícil en la Argentina, para repensar y encarar varias políticas públicas” y que la metodología de investigación- acción participativa es una herramienta que refleja con veracidad lo que está pasando en los barrios con situaciones más críticas.
Luego, la reconocida nutricionista Miryam Gorban remarcó la necesidad de garantizar el derecho a la alimentación mediante el desarrollo de políticas destinadas a monitorear los movimientos especulativos en la suba de precios de los alimentos y destacó la red de contención que constituyen los movimientos sociales y los comedores en nuestro país para paliar los efectos de una crisis agravada por la pandemia.
El sociólogo Hugo Mercer, en su intervención, expresó: “Estamos frente a un indicador alimentario de una muy alta calidad científico-técnica, ya que llega a una población a la que ninguna consultora puede llegar”. Además, destacó que el IFAL, por su metodología, da cuenta de la solidaridad de la población que es, a su vez, sujeto y objeto de estudio.
Finalmente Silvia Saravia, Coordinadora Nacional del Movimiento Barrios de Pie, felicitó el trabajo de los encuestadores que aún en contexto de pandemia pusieron todo su compromiso para llevar adelante la tarea de relevamiento junto con al ISEPCi con el fin de sumar elementos para transformar la realidad analizada.
*Más información:
Contacto:
Dir. Nacional: Isaac Rudnik (Tel. 11-1541882603)
Coord. Nacional Área de Salud Colectiva: Laura Lonatti (Tel.11-156378714)
La crisis heredada, a la que se agregaron los efectos impiadosos de la pandemia –muchos de los cuales persisten- puso en jaque la estabilidad económica general del país, y le da fuerza a los grupos económicos más poderosos para ejercer fuertes presiones para que sus intereses no sean afectados. El gobierno no debería ceder girando a una política económica que afecte aún más los ya castigados ingresos populares.
Escriben: Isaac Rudnik y Juan Fresno
PRECIOS Vs SALARIOS
Según el INDEC en su última publicación sobre la evolución de los salarios, en agosto pasado éstos habían aumentado en promedio un 32% respecto a igual mes del año 2019, y 18,6% en relación a diciembre pasado. En los mismos períodos la Canasta Básica de Alimentos (CAB) en el conurbano bonaerense aumentó 39,5% desde agosto de 2019, y 25,6% desde el final de 2019.
Por lo que ya en agosto pasado se verificaba una pérdida de poder adquisitivo de los salarios, de 7 puntos porcentuales respecto al mismo mes del año anterior, y de 7,5 puntos en relación a diciembre pasado.
En los dos meses siguientes esta situación se profundizó ya que los precios de los alimentos no dejaron de aumentar. Como explicamos en nuestro informe anterior, en septiembre la variación de precios de los alimentos en el conurbano bonaerense fue del 6,48%
LOS PRECIOS DE OCTUBRE
En el mismo aglomerado, una familia de dos adultos/as y dos hijos/as pequeños/as, que en septiembre necesitaba $19.178,07 para cubrir la CBA durante un mes y no caer debajo de la línea de indigencia, en octubre requirió $19.840,57 (+3,45%).
Nuevamente, como viene sucediendo desde hace meses, el rubro de frutas y verduras lideró las subas con un incremento del 10,42%, seguido por los productos de almacén: +2,38%, mientras que las carnes aumentaron 1,24%.
Durante este año 2020 la Canasta de Alimentos se incrementó 32,63%, mientras que en los últimos doce meses -desde octubre de 2019- el aumento fue del 43,53%. La misma familia necesitó durante el último mes para cubrir sus alimentos básicos $6.017,21 más que un año atrás, y $ 5.299.46 más que en diciembre pasado.
UN AJUSTE NEGADO
Altos funcionarios del gobierno, como el Jefe de Gabinete Santiago Cafiero, afirman que “en la Argentina no hay lugar para ajustes”, sin embargo las decisiones que se van haciendo conocer desde el Ministerio de Economía parecieran marchar en otra dirección.
Los anuncios del final de ayudas importantes como el IFE y el ATP, el regreso de los aumentos de las tarifas, los bajísimos incrementos otorgados a las jubilaciones, al salario mínimo y a la AUH (todos por debajo de la inflación), son de hecho medidas de ajuste que van bajando el poder adquisitivo de las remuneraciones de los sectores más pobres de la población.
Un párrafo especial para la nueva fórmula de movilidad jubilatoria que se envió al congreso para convertirla en ley. 1) Se elimina el factor inflacionario como componente de la fórmula. Este elemento que en el mediano y largo plazo podría ser positivo, en el corto plazo, como se ve al principio de esta nota, es claramente desfavorable. Difícilmente se revierta en lo inmediato la tendencia de una inflación que le está ganando a los salarios por goleada. 2) Se dice que se vuelve a la “fórmula Vudú” que es la que regía durante los gobiernos de Cristina Fernández. Sin embargo esto no es enteramente cierto, ya que aquella disposición contenía elementos que la hacían más favorable y que desaparecieron de esta propuesta. 3) La movilidad se regirá por una fórmula que contempla por mitades, por un lado el índice de aumento salarial, y por otro el valor de la recaudación tributaria. Además de que le pone un límite (hasta un 3%) a una posible suba de ésta última, lo cierto es que la manera de cuantificar la variación recaudatoria es oscura y engañosa.
La discusión sobre una nueva forma de calcular la movilidad jubilatoria se da en un contexto en el que de los seis millones de jubilados realmente existentes cuatro millones cobran la mínima. El incremento del 6% que recibirán en diciembre significa un agregado de mil pesos por mes, unos 33 (treinta y tres) pesos por día.
EL AJUSTE NO ES EL CAMINO DE SALIDA DE LA CRISIS
La crisis heredada, a la que se agregaron los efectos impiadosos de la pandemia –muchos de los cuales persisten- puso en jaque la estabilidad económica general del país, y le da fuerza a los grupos económicos más poderosos para ejercer fuertes presiones para que sus intereses no sean afectados. El gobierno no debería ceder girando a una política económica que afecte aún más los ya castigados ingresos populares. Algunas manifestaciones como el congelamiento de la implementación del impuesto a la riqueza parecen indicar que se están haciendo concesiones indebidas.
ANEXO
LOS PRECIOS QUE MAS AUMENTARON EN LO QUE VA DEL AÑO
Actualmente, las ciudades latinoamericanas son mayoritariamente contenedoras de pobreza urbana. Las desigualdades sociales y económicas que atraviesan a la sociedad se traducen en áreas de la ciudad que presentan serias deficiencias en infraestructura de servicios, transporte público, equipamiento comunitario, accesibilidad universal y espacios verdes
Escribe: Federico Maigua*
Un poco de historia
Pasaron 44 años de la primera convocatoria mundial para tratar los temas-problemas referidos a los asentamientos humanos. En 1976 Vancouver era testigo de la confluencia de incipientes organizaciones, investigadores, dirigentes barriales y militantes con un interés común que, sin saberlo quizás, sentaban un precedente mundial con la Cumbre del Hábitat, cuya Declaración fue tomada por la Comisión de Hábitat de las Naciones Unidas y de la que surgen documentos estableciendo claramente el Derecho a una Vivienda Adecuada.
Un número importante de los y las participantes de esa conferencia provenía de países latinoamericanos, y es significativo el dato porque Chile, Uruguay, Paraguay, Brasil, Argentina, Bolivia y Perú estaban gobernados por feroces dictaduras militares que, entre otras cuestiones, imponían modelos económicos de desigualdad y exclusión social. En nuestro país, el gobierno de facto aplicó un modelo económico rentístico-financiero que afectó gravemente la industria nacional, dejando como consecuencia el incremento de la pobreza pasando de un 3% en 1974 al 25% en 1983.
Ya en democracia, una vez finalizado el gobierno de Alfonsín, en los 90 el modelo neoliberal del menemismo puso en práctica las recetas ordenadas por organismos de financiamiento como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial constituidos, en realidad, en verdaderos instrumentos políticos de dominación económica de los países emergentes endeudados. La apertura de las fronteras económicas en beneficio de los productos importados, el achicamiento del estado, el ajuste estructural y la flexibilización laboral formaban un peligroso cóctel para el pueblo trabajador en detrimento del aparato productivo nacional. Las consecuencias se reflejaban en la profundización de los índices de desocupación y, paralelamente, en aumento de la pobreza en sus múltiples dimensiones, empujando gran parte de la población a un deterioro social muy difícil de superar.
En la periferia de los centros urbanos de mayor densificación por la proximidad de industrias y fábricas, condenadas al cierre, la pobreza crecía exponencialmente. En las ciudades de menor envergadura donde se asentaban empresas anteriormente estatales, privatizadas por Menem, se repetían las mismas imágenes conmovedoras. De de ser generadoras seguras de fuentes de trabajo, de desarrollo económico local y regional, se transformaban de la noche a la mañana en “ciudades fantasmas” debido a la permanencia en el lugar de hogares enteros sin ingresos económicos y al éxodo de desocupados sin perspectivas de futuro. Los nuevos migrantes, al menos una buena porción de ellos, se acercaban a los grandes aglomerados en busca de nuevas perspectivas, encontrándose, entre otras cosas, con una situación de difícil acceso a viviendas adecuadas. En ese contexto, la crisis existente comenzaba a traducirse también en el crecimiento del déficit habitacional hasta hoy vigente.
Los guetos voluntarios y la segregación urbana
Actualmente, las ciudades latinoamericanas son mayoritariamente contenedoras de pobreza urbana. Las desigualdades sociales y económicas que atraviesan a la sociedad se traducen en áreas de la ciudad que presentan serias deficiencias en infraestructura de servicios, transporte público, equipamiento comunitario, accesibilidad universal y espacios verdes. Mientras por otro lado, en menor proporción afloran grandes extensiones de tierra donde se asientan barrios privados en zonas privilegiadas por el entorno físico, por el paisaje natural, y por las fuentes de inversión. Estos mal denominados “clubes de campo” nacidos en la década del 90 y que hoy tienen mayor vigencia, desnudan las desiguales formas de producción del hábitat que conviven en nuestras ciudades. Dejando de lado la realidad de la clase media o media baja, sectores sociales diametralmente opuestos definidos como populares o pobres por un lado, y media alta o alta por otro, habitan zonas urbanas atravesadas por factores bien dispares donde está demás indicar cuáles presentan mejores condiciones físicas.
Zigmunt Bauman sostiene que en ambos casos la forma de vivir en la ciudad deriva en guetos. Unos no tienen otra alternativa que vivir en las zonas más degradadas de la ciudad con todas las necesidades y condiciones de precariedad de barrios miserables que él denomina “guetos involuntarios” y otros deciden vivir en lugares económicamente poco accesibles debido a sus prestaciones, controlados y en comunidades cerradas llamadas “guetos voluntarios”.
Estos mal denominados “clubes de campo” nacidos en la década del 90 y que hoy tienen mayor vigencia, desnudan las desiguales formas de producción del hábitat que conviven en nuestras ciudades.
De esa manera las villas, asentamientos o barrios informales suponen el lugar indicado para ser habitado de manera involuntaria por miles de hogares que se encuentran por debajo de las líneas de indigencia y pobreza. La situación de segregación urbana en la que se encuentra sometida una buena parte de la población carece de presencia efectiva del estado en el territorio para comenzar a revertirla. Se exhiben en realidad como el resultado (y consecuencia) de políticas urbanas y sociales que se han desarrollado de manera disociada durante décadas En el mismo sentido, el crecimiento desordenado de un buen porcentaje de los asentamientos humanos en nuestro país se presenta como el escenario ideal para la irregularidad.
Cuando se analizan las tomas de tierra llevadas adelante por familias enteras, en forma organizada o espontánea, se pone en la agenda mediática la emergencia habitacional por la que atraviesa la Argentina, y a la vez, se deja en evidencia que el principal problema a resolver es la política de producción de suelo urbano. El fin último que persiguen los hogares afectados por el déficit es la Vivienda como derecho individual, pero yendo más allá, el Derecho a la Ciudad es colectivo e igualmente necesario, y como tal requiere de una mesa de trabajo serio que implique la participación de todos los sectores involucrados.
Cuando se analizan las tomas de tierra llevadas adelante por familias enteras, en forma organizada o espontánea, se pone en la agenda mediática la emergencia habitacional por la que atraviesa la Argentina
La manera óptima de generar terrenos urbanizados en nuestro país debería ser estatal porque se trata de un bien social, pero la realidad es que mayoritariamente esta actividad se encuentra acaparada por la inversión privada, y un lote con servicios se ha convertido en una mercancía a la que cada vez es más difícil acceder, sobre todo para los sectores populares.
Las políticas públicas
Tampoco existen políticas de prevención de asentamientos a través de políticas de abordaje integral, entonces el estado llega tarde, cuando las tomas ya se han producido y las vías para destrabar los conflictos son la represión y el desalojo, o un largo, costoso y agotador camino a la regularización de las nuevas tierras a urbanizar debido a la presión social que implican las tomas. De todas maneras, casos como el proceso de urbanización social de Medellín y el de Favela-Barrio en Brasil, donde el diseño participativo implicaba mucho más que compartir las decisiones en los proyectos, han demostrado que un nuevo paradigma en la solución habitacional de los sectores más humildes es posible y sustentable.
Desde Vancouver hasta la fecha, pasando por Hábitat II, la Segunda Conferencia de las Naciones Unidas sobre Asentamientos Humanos en Estambul (1996) y Hábitat III, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Vivienda y el Desarrollo Urbano Sostenible en Quito (2016), en la agenda de los gobiernos nacionales y provinciales, pero en mayor medida de los locales, la cuestión del Hábitat cobra cada vez más fuerza discursiva de consenso, pero también de disenso. Tanto es así que, precisamente en la cumbre realizada hace 3 años se organizaron también en la capital ecuatoriana, y en paralelo, Resistencia Hábitat 3 en la Universidad Central del Ecuador y Hábitat 3 Alternativo en la FLACSO Sede Ecuador. Como respuesta al foro organizado por las Naciones Unidas, ambos eventos de discusión y debate plantean una mirada crítica a la Nueva Agenda Urbana y agrupan diferentes voces y visiones de las y los ciudadanos que producen colectivamente las ciudades.
Hay mucho por hacer en materia habitacional para mejorar sus índices en procura de una real mejora en la calidad de vida para más de 3 millones de hogares. Que el gobierno nacional haya creado un Ministerio de Desarrollo Habitacional y Hábitat y lo dote de programas nacionales, como el de Integración Socio Urbana de Barrios Populares, es insuficiente si éstos no se ejecutan en proporciones importantes. Sin embargo, que la problemática trascienda agendas pública y mediática transformándose en una verdadera política de estado es un paso, al menos en el concepto primero, y en la praxis después, verdaderamente innovador. Puede leerse como el principio del éxito de organizaciones sociales, colectivos de profesionales comprometidos con el hábitat, docentes universitarios empeñados en plantear soluciones desde la academia, voces de intelectuales y, finalmente, de las luchas populares por acceder a la ciudad y una vivienda digna.
El gobierno nacional y el gobierno provincial de Buenos Aires, con el apoyo incondicional del kirchnerismo, optaron por el desalojo violento del predio de Guernica, cuando se avizoraban serias posibilidades de un retiro consensuado de las miles de familias que pedían un pedacito de tierra para construir su vivienda. El agravante no menor es que la opción por el desalojo fue acompañada de una dura represión directa sobre las familias.
Escribe: Isaac Rudnik
Indicadores socioeconómicos: Pablo Tiscornia
Algunos datos de la pobreza estructural realmente existente
Los datos del primer trimestre que provee la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC muestran que, si clasificamos a los hogares argentinos en diez partes (deciles) según los ingresos que reciben, el grupo de las familias más pobres contaba en promedio con $11.780 por mes, mientras que en los siguientes deciles llegaban a obtener $21.508, $28.235 y $42.886 respectivamente. Teniendo en cuenta que según el INDEC, en marzo una familia de dos adultos y dos niños pequeños necesitaba $ 17.353.25 para comer adecuadamente, y $42.320,64 para cubrir sus gastos totales, podemos inferir que al terminar el primer trimestre de este año cerca del 10% de la población ya estaba en situación de indigencia, mientras que aproximadamente un 40% había caído por debajo del línea de pobreza.
Entre los sectores de menores recursos anclados en los deciles con más bajos ingresos, los porcentajes de desempleo no sólo estaban por encima del promedio, sino que eran más del doble del nivel general.
En el primer trimestre, el promedio general de desocupación alcanzaba al 10,5%. Pero en el decil de más bajos ingresos llegaba al 25,9%, y en los dos siguientes deciles estaba en 15,2% y 11,2%. Recién en el cuarto decil la desocupación coincidía con el promedio del 10,5%.
Además, entre los que tenían posibilidad de tener trabajo, en los deciles de más bajos ingresos era notable la conformación de una estructura laboral dominada por la precariedad y la informalidad. Al final del primer trimestre encontramos que en el último decil, el 77,5% de los asalariados no tenían descuentos jubilatorios, por lo que se presume que estaban en condiciones de informalidad; en el siguiente –siempre clasificados por ingreso- el 61,3% estaba en la misma situación; recién en el tercero podemos ver que son menos de la mitad los asalariados que tienen trabajo informal sin la protección legal básica que les permite acceder a los derechos a jubilarse, tener vacaciones, reclamar salarios de convenio, y no ser despedido sin causas.
obre el trasfondo de una estructura injusta consolidada en las últimas décadas, la inercia de la profunda crisis heredada del gobierno anterior sólo era posible de revertir desde el 10 de diciembre del año pasado, con un accionar redistributivo mucho más enérgico del que se puso en marcha.
A esto se le agregó el desembarco de la pandemia en la Argentina, y la instalación del aislamiento obligatorio desde el 20 de marzo, que produjeron consecuencias devastadoras para la economía nacional en general, y para los sectores de menores recursos en particular. Entre estos últimos, algunos datos duros que definen la pobreza estructural, tanto en el terreno de los ingresos como en el de los empleos a que pueden acceder, expresan claramente la situación a la que quedaron expuestos. En muchos casos el trabajo informal se achicó hasta desaparecer, y las remuneraciones de la asistencia social del estado no alcanzaron la magnitud necesaria para acompañar la inflación, y mucho menos para remplazar los ingresos de los empleos perdidos.
En un contexto en el que el descenso del PBI en el presente año llegaría al 12%, con un accionar gubernamental fuertemente condicionado por los sectores del poder económico más concentrado y extranjerizado que le impiden tomar medidas redistributivas, el crecimiento de la pobreza, está prácticamente garantizado.
No hay ninguna proyección para nuestro país y/o para el panorama mundial, que afirme que la crisis económica que atravesamos se vaya a superar rápidamente. Esto significa que la estructura desigual que tenemos en la Argentina no solo se va consolidar, sino que seguramente en los próximos años se va profundizar. Lo que implica que los niveles de pobreza que desde hace ya varias décadas oscilan del 20 al 25% (en algunos semestres de crisis muy por encima), difícilmente desciendan por debajo del 35%, y en algunos momentos, como el que estamos atravesando, se mantenga en el orden del 40 a 45% del total de la población.
Las consecuencias de la extensión y posterior consolidación de situaciones de pobreza –e indigencia- son amplias y variadas. Aquí sólo queremos señalar su vinculación con algunas de las necesidades insatisfechas que se agravan y empujan visibles conflictos sociales que se han generado y multiplicado en los últimos meses.
La pobreza y los conflictos sociales
Desde fines de marzo a la fecha transcurrieron siete meses sumergidos en la pandemia, que aun cuando se han ido alivianando y eliminando algunas de las limitaciones que se instalaron, muchas restricciones siguen vigentes. Las que provienen de los cuidados que hay continuar manteniendo para evitar o contener –según la situación de cada provincia- la extensión de los contagios del virus. Más allá de declaraciones que intentan ser optimistas de parte de muchos funcionarios del oficialismo, lo cierto es que la economía no solo que no despega sino que ni siquiera arranca, aunque más no sea a un ritmo lento. Un mes se anuncian leves mejoras en algunas variables mientras en paralelo otras retroceden, y al mes siguiente sucede lo contrario, las que antes mejoraban ahora se caen, y las que habían empeorado ahora están algo mejor.
Todo en medio de diversos chantajes al gobierno, y por carácter transitivo a toda la sociedad. En los primeros tiempos estuvimos pendientes de la reestructuración de la deuda. Si se incrementaban demasiado los gastos sociales o se mandaba al congreso el proyecto de ley para el impuesto a las grandes fortunas, los acreedores endurecerían sus condiciones en la mesa de negociaciones, e íbamos a tener que pagar más cantidad de dólares y más pronto. Finalmente se llegó a un acuerdo y los primeros pagos se patearon para adelante.
Ahora está en curso la negociación con el FMI y “hay que presentar un plan para reducir el déficit fiscal”, nuevamente el impuesto a la riqueza quedó estancado por ahí, y la corrida sobre el dólar obliga al gobierno a hacerle concesiones a los sectores financieros que la promueven. Concesiones que aun cuando logren estabilizar el tipo de cambio (está por verse) una vez más le va costar a toda la sociedad miles de millones de dólares que pagaremos en los próximos años.
Silvia Saravia, Coordinadora Nacional de Barrios de Pie viene señalando a propósito del conflicto en Guernica: “Mucha gente tiene que optar entre comer y pagar el alquiler, y obviamente elige comer”. Mucha gente son decenas de miles de familias que cada mes deben abandonar la viviendas que alquilaban; algunas pueden volver a su casa materna produciendo condiciones de hacinamiento, otras directamente van la calle o se ubican en terrenos que no están ocupados. Como señalamos en una nota anterior aunque la crisis actual deja cada vez más gente sin techo, las ocupaciones vienen sucediendo desde hace décadas en el conurbano bonaerense, [1] y todo indica que en paralelo a la extensión de la pobreza, mientras no haya soluciones de proporción, las ocupaciones de tierras por parte de personas que no tienen a donde ir, van a continuar y crecer.
Con la consigna lapropiedad privada está amenazadapor este gobierno, la derecha convirtió las ocupaciones de tierras que se vienen dando desde tiempo atrás, en una disputa por el sentido común de una franja de la población que el 10 de diciembre pasado votó por el Frente de Todos.
El gobierno nacional y el gobierno provincial, con el apoyo incondicional del kirchnerismo, optaron por el desalojo violento cuando se avizoraban serias posibilidades de un retiro consensuado de las miles de familias que pedían un pedacito de tierra para construir su vivienda. El acuerdo estuvo a punto de ser firmado sobre la base de una propuesta del mismo gobierno provincial aceptado en las asambleas de los ocupantes del predio. Primó la decisión de dar una señal de dureza y de inflexibilidad para los reclamos de las familias pobres que cargan con el sufrimiento de sus necesidades básicas insatisfechas.
El agravante no menor es que la opción por el desalojo fue acompañada de una dura represión directa sobre las familias. La imagen de las casas de nylon y cartón arrasadas por las topadoras y el fuego, con los juguetes de los niños y niñas esparcidas por todo el predio, como dice Nora Cortiñas “no puede tener justificación posible” [2] No hay explicación política válida para los que estamos comprometidos con la reivindicación de los derechos del pueblo, más cuando la solución estaba al alcance de las manos.
En un marco de consolidación y extensión de la pobreza, estos conflictos se van a multiplicar. La derecha no va bajar la intensidad de su ofensiva porque el oficialismo le haga concesiones de esta naturaleza. Va aminorar sus cargas si observa que el gobierno se fortalece.
No cabe duda que el violento desalojo de Guernica lo debilitó.
