Guernica

Toma de tierras, más allá de la propiedad privada.

Uno de los debates que en las últimas semanas ocupó la agenda fue la cuestión relativa a las tomas de tierras en territorios bonaerenses, como La Plata, La Matanza, Tres de Febrero, Merlo, José C. Paz, Partido de La Costa, Mar del Plata, Villa Gesell, Moreno, Presidente Perón –Guernica-, Malvinas Argentinas, Quilmes, Avellaneda, Pilar, Tigre, Cañuelas, Florencio Varela, Bahía Blanca, San Martín, Almirante Brown, Lanús, Ezeiza, Hurlingham, Ituzaingó, Zárate, Junín, San Fernando, donde se han producido procesos de este tipo.

Escribe: Simón Cluigt*

 

Varias opiniones, interpretaciones y visiones se han vertido acerca de este hecho tanto desde referencias políticas, medios de comunicación masiva e incluso han sido parte de la opinión pública cotidiana de los y las bonaerenses.

Sin pretender agotar el debate, sino más bien, como aporte  creo pertinente desarrollar aproximaciones reflexivas sobre el tema en cuestión. A continuación, desarrollaré algunos elementos que considero pertinentes como aportes para profundizar el debate.

Ocupación ilegal vs recuperación de tierras

Por un lado, nuestra Constitución Nacional incorpora como garantía la defensa de la propiedad privada en su artículo 17 que tiene como correlativo los artículos 10 y 31 de la Constitución de la provincia de Buenos Aires. Pero por otro lado, la mencionada carta magna nacional consagra el derecho de todos/as los/as ciudadanos/as a acceder a una vivienda digna en el artículo 14 bis, que tiene su correlato en el artículo 36 de la Constitución de la provincia de Buenos Aires.

 

 

A simple vista pareciera existir una colisión de normas constitucionales que en este punto tutelan bienes distintos. ¿Pero qué ocurre cuando se integra el concepto de tierra ociosa e improductiva? Aquí es donde entran en escena los conceptos de recuperación de tierras y de política pública deficitaria.

Hace unos días, el referente social de Barrios de Pie/Libres del Sur Isaac Quispe Rojas dijo al respecto: “Hablar de ocupantes ilegales o ilegalidad tiende a criminalizar y a estigmatizar a las personas que van a un lugar en busca de mejorar sus condiciones de vida en alguna tierra que recuperar (…) para no hablar de derechos vulnerados algunos sectores prefieren hablar de ilegalidad que es lo más simple y lo más fácil (…)ilegal es tener a las familias hace décadas en condiciones de vulnerabilidad (…) porque las familias que van a buscar una tierra es porque no están teniendo el derecho a la vivienda garantizada”.

“Los sectores populares son los sectores históricamente más vulnerados en sus derechos, y los planes de vivienda que hay como el PRO.CRE.AR o algún plan de compra de terrenos nunca están contemplados para los sectores más humildes porque los requisitos que se piden siempre son muy altos entonces es difícil que alguien de un sector trabajador humilde pueda acceder a lo que es un plan de vivienda hoy en Argentina (…) Hablamos de recuperación de tierras y no de tomas porque las familias justamente recuperan un lugar ocioso para poder tener una vivienda digna”.

Es claro, cómo con la integración de estos conceptos al debate se puede realizar una interpretación más compleja de la situación conflictiva, alejándonos de una simple y mera colisión de derechos, pasando a la necesidad de una política de estado integral que contemple la realidad de miles de bonaerenses, que desde hace décadas no están pudiendo acceder a una vivienda digna.

Instrumentos legales para la resolución del conflictos

Existen en nuestra provincia diversos instrumentos a través de los cuales el Estado puede intervenir de forma resolutoria y armónica en el conflicto. Nuestra provincia al igual que a nuestra Nación, tiene una Ley General de Expropiación de la Tierra con fines de utilidad pública (Ley N° 5708), una ley orientada a la regularización urbano dominial de villas y asentamientos populares como es la Ley de Acceso Justo al Hábitat (Ley N° 14449) y disposiciones legales orientadas a destinar tierras para la producción agrícola familiar como el régimen de colonización contemplado en el Código Rural de la provincia de Buenos Aires.

Las tres normativas contemplan mecanismos de reparación económica para quien sea vulnerado en la titularidad del dominio de la propiedad, ya que lo que se realiza en una transferencia de titularidad de la tierra a manos del Estado (se transforma la propiedad privada de una persona en propiedad privada del Estado), a los fines de lotearla y adjudicarla a los vecinos a través de un financiamiento del pago de la misma.

 

 

Antecedentes históricos en la provincia de Buenos Aires

En 1981 se produjeron tomas de tierras protagonizadas por 4.600 familias en la zona sur del Gran Buenos Aires (terreno de 5 km ubicado entre San Francisco Solano y Rafael Calzada) y en 1986 en La Matanza. A mediados de 1990 la toma de tierras más representativa fue en el barrio La Sarita de Quilmes, donde hoy nos encontramos con el barrio Agustín Ramírez que se encuentra a 700 mts de la estación de Claypole y cuenta con escuela secundaria, jardín y sociedad de fomento.

Según la revista Tierra para vivir en su primera edición, desde fines del 2006 hasta marzo del 2007 existieron más de 30 tomas de tierras y edificios que abarcaron a más de 10.000 familias. Más próximos a estas fechas y como ícono de estos procesos en 2015 se produjo la toma de Abasto (La Plata), un terreno de 56 hectáreas de propiedad privada, donde 1000 familias sin acceso a una vivienda digna llevaron adelante una recuperación de la tierra ociosa, resolviéndose el conflicto con la Ley Especial de Expropiación N° 14716.

Estos procesos, dan cuenta de una irrupción del Barrio como espacio de construcción de identidades, de resistencia al nuevo régimen de acumulación social y su proceso expropiatorio de relaciones sociales. Los asentamientos expresan la emergencia de una nueva configuración social que señala el proceso de inscripción territorial de las clases populares.

La clase trabajadora desocupada u ocupada informalmente y de forma precarizada, a través del proceso de segregación socio-espacial y acumulación (capitalista) por desposesión, es empujada a tomar posesión de terrenos privados de particulares o fiscales, para poder acceder al derecho de una vivienda y así poder reproducirse socialmente como fuerza de trabajo.

Especulación inmobiliaria y crecimiento urbano des-planificado

La especulación inmobiliaria que tiene raigambre en la existencia de tierras ociosas e improductivas es de larga data en nuestro país. Desde la huelga de inquilinos en 1907 (donde casi 2.000 inquilinatos aumentaron los precios de los alquileres por lo que sus inquilinos suspendieron los pagos) hasta las 138.328 viviendas ociosas en la Ciudad de Buenos Aires que registró el Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) en el 2019.

Esta situación de ociosidad e improductividad y la imposibilidad de acceso a una vivienda de una gran parte de la sociedad, genera procesos de crecimiento urbano des-planificado, mecanismo a través del cual fueron creciendo las grandes ciudades en los últimos tiempos. En cuanto a este aspecto Quispe Rojas comenta que: “…los sectores más humildes buscan mejorar su calidad de vida porque muchas veces viven en situaciones de hacinamiento como se puede ver en el gran Buenos Aires sobre todo en los cordones urbanos del conurbano bonaerense donde los asentamientos y los barrios tienen décadas y décadas de que nunca se hizo un plan de vivienda, mismo en el Gran La Plata, los barrios de esta ciudad en las últimas décadas han crecido de manera des-planificada con varios barrios que son producto de lo que se dice comúnmente ‘toma’”.

 

 

Aproximaciones finales

Habiendo transcurrido un desarrollo integral de la complejidad del debate, e intentando aportar al mismo, considero necesario recuperar las siguientes reflexiones.

Cuando desde el Estado en todas sus esferas –nacional, provincial y municipal- no se ejerce la planificación y configuración de políticas habitacionales integrales y progresivas que tiendan a intervenir en la vida de miles de familias sin acceso a una vivienda digna, que a su vez se ven envueltas en situaciones de desocupación o informalidad laboral, ¿no se están vulnerando garantías consagradas en la Constitución? ¿Qué vale más, el derecho al acceso de una vivienda digna o el absolutismo de la propiedad privada –ociosa- que puede ser reparada vía una indemnización? ¿Por qué el Estado siempre llega a la intervención a través de su poder de policía y no como garante habitacional de los sin tierra? ¿Cuál es la función del Estado: defender la propiedad privada absoluta o aportar a la integración socio-territorial de una gran parte de la sociedad?

Estas son todas preguntas que difícilmente encuentren un cauce único pero que sirven para replantearnos qué tipo de Estado queremos y qué tipo de futuro soñamos.

A días de que se produzcan desenlaces en las situaciones conflictivas que se están viviendo en nuestra provincia, es el Estado provincial quién tiene la decisión de lo que ocurrirá, los instrumentos legales existen, solo es decisión política ejecutarlos.

#Derecho a la vivienda #Toma de tierras

*Simón Cluigt es Director del ISEPCi de La Plata

Para realizar la presente nota, fue esclarecedor el testimonio realizado el 28/09/2020 al referente social –Isaac Quispe Rojas– quien es parte de una de las organizaciones sociales –Barrios de Pie/Libres del Sur– que están activas acompañando a los/as vecinos/as que son parte del conflicto.

Contactos: 1141882603/2214950771

 

25.09.20 IFAL

El acceso a la alimentación en época de pandemia

Trabajar en épocas de pandemia en los barrios donde lo común es que necesidades básicas como el derecho a la alimentación, no estén satisfechas durante muchos meses seguidos, y la excepción es encontrar hogares con ingresos suficientes para alimentarse adecuadamente todos los días cada mes.

Allí, numerosos grupos de vecinos y vecinas de todas las edades se organizan cada día para repartir los alimentos que llegan desde el Estado, para cocinar y distribuir almuerzos, cenas o meriendas, o realizar distintas encuestas en el barrio, para saber mejor cuáles son los problemas que siempre estuvieron pero en estos días son más urgentes: salud, educación de los hijos, ausencia de trabajo, precios de los alimentos, u otros.

“…Desde hace mucho tiempo estamos acostumbradas a que, para encarar nuestros problemas, sean los más grandes y los más chicos, los más viejos y los más nuevos, los urgentes y los que no son tanto, tenemos que organizarnos en el barrio, para resolverlos entre nosotros/as, para buscar solidaridad, o para reclamarle a las autoridades. Desde la semana pasada estamos haciendo una encuesta a las familias que vienen al comedor. Les preguntamos sobre los alimentos que consumen en sus hogares, si pueden comprar mejores o peores alimentos desde principios de este año, si reciben ayuda del gobierno, si lo que reciben de ayuda les alcanza para llegar a fin de mes, y otras preguntas parecidas…” De una vecina de Barrio Libertador, en el partido de San Martin, Buenos Aires.

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En el marco del “Observatorio de Lucha contra el hambre” el pasado miércoles 16 de septiembre se dio inicio, en diferentes centros urbanos del país, al relevamiento territorial que recabará información para la construcción del Índice Familiar de Acceso a la Alimentación (IFAL).

Conversamos con Laura Lonatti, Coordinadora Nacional del Área de Salud del ISEPCi

Laura, contanos en qué consiste esta nueva iniciativa…

Laura Lonatti: La iniciativa consiste en el desarrollo, durante los próximos seis meses, del proyecto denominado “Monitoreo Nacional sobre el Impacto de Políticas Públicas Desarrolladas por el Plan Nacional Argentina Contra el Hambre”, el cual busca construir información estadística significativa sobre diferentes aspectos vinculados con el acceso y goce del derecho a la alimentación y la salud de las familias que viven en barrios populares.

Vamos a registrar y dar cuenta de cómo se están configurando los patrones alimentarios en época de pandemia y las posibilidades de compra de alimentos de las familias en situación de vulnerabilidad socio sanitaria.

Los aspectos más significativos que indaga el IFAL son:

  • Cuáles son las posibilidades de compra de alimentos de las familias en los barrios populares
  • Cuáles son los alimentos a los que se accede en los hogares: tipo, calidad y cantidad
  • Qué mejoras tuvieron en la alimentación las familias que cobran la tarjeta ALIMENTAR
  • Qué alimentos pueden comprar las familias que NO cobran la tarjeta ALIMENTAR
  • Cuál ha sido el impacto de la pandemia en sus ingresos y como repercutió en su alimentación
  • Evaluar la calidad de la asistencia alimentaria que reciben las familias
  • Relevar los servicios y equipamiento con los que cuentan las viviendas
  • Conocer sobre la situación laboral y el trabajo

Se trata de conocer el impacto real en la situación alimentaria, de las medidas que se tomaron en el marco del Plan Nacional Argentina contra el Hambre, específicamente si aquellas como la tarjeta Alimentar y otras transferencias de recursos, generaron cambios en las familias que los reciben, comparándolas con la situación de las que no cuentan con esos ingresos.

El fin último no se agota en datos estadísticos, conocer fehacientemente la situación tiene la intención de que se fortalezcan las políticas públicas activas que limiten los efectos negativos de la malnutrición en las familias, sobre todo en Niños Niñas y Adolescentes (en adelante NNyA), como así también se pongan en movimiento acciones de acompañamiento y protección a las familias más afectadas por la inseguridad alimentaria.

¿Cuáles son los objetivos generales del monitoreo y la construcción de los indicadores?

L.N.: En primer lugar, con el Indicador Familiar de Acceso a la Alimentación (IFAL), vamos a registrar y dar cuenta de cómo se están configurando los patrones alimentarios en época de pandemia de coronavirus y las posibilidades de compra de alimentos de las familias en situación de vulnerabilidad socio sanitaria, esta tarea se implantará en lo que va del mes de septiembre y todo el de octubre, en veinte provincias de nuestro país.

Durante noviembre, si la situación sanitaria nos lo permite, daremos continuidad con el Indicador Barrial de Situación Nutricional (ISBN), para la detección de malnutrición en Niños, Niñas y Adolescentes de 0 a 18 años que viven en barrios vulnerables de todo el país, priorizando los que pertenecen a las familias encuestadas por el IFAL, a fin de vincular indicadores antropométricos con los de acceso a la alimentación.

Los aspectos que releva el Indicador Barrial de Situación Nutricional (IBSN): 

Consiste en la realización del relevamiento de talla y peso a les niñes y adolescentes de 0 a 18 años que viven en barrios vulnerables de todo el país para la detección precoz de malnutrición. Nos aporta:

  • Información estadística antropométrica con datos locales para dimensionar en el total del grupo la situación nutricional, magnitud e importancia de las diferentes variantes de malnutrición: por déficits y/o excesos.
  • Diseño de un mapa territorial que identifique zonas con alta presencia de malnutrición, acompañamiento de las familias para promover estrategias alternativas nutricionales que aporten a revertir la situación y la articulación con los efectores de salud para el acceso al turno temprano.

 Todo el proceso de trabajo territorial persigue fortalecer e instituir la conformación de Redes Barriales de Vigilancia Nutricional integradas por actores barriales significativos vinculados con iniciativas de asistencia alimentaria. Como así también propiciar procesos de construcción de ciudadanía, donde las vecinas y vecinos de los barrios sean parte activa en la generación de conocimientos que aporten en la planificación, acción y monitoreo de políticas públicas en su territorio.

¿Cuál es la metodología de trabajo implementada?

L.N.: Impulsamos experiencias de Investigación Acción Participativa como estrategia para la construcción de indicadores populares, asentados en  procesos de ciudadanía donde las vecinas y vecinos de los barrios populares intervienen en la formulación de nuevos conocimientos, realizan en tiempo real monitoreos, análisis y formulación de propuestas para mejorar las políticas públicas activas que  limiten los efectos negativos de la malnutrición en NNyA, para desnaturalizar situaciones de inequidad e injusta distribución de ingresos.

Desde el ISEPCI creemos que es prioritario generar producción teórica y científica en el campo de las Ciencias Sociales a través de instrumentos metodológicos, técnicos y procedimentales que fortalezcan propuestas y alternativas en políticas públicas en los distintos ámbitos de la sociedad; desarrollar proyectos de investigación sobre la sociedad conforme las disciplinas sociales, las necesidades del pueblo y las posibilidades que brinda el aporte de la ciencia y la tecnología. Promoviendo el trabajo transdisciplinario y la apertura de espacios de debate, la formación académica de investigadores y estudiantes pertenecientes a los distintos sectores de la sociedad.

La síntesis entre el conocimiento científico, los saberes populares y la realidad de nuestro territorio es el marco de trabajo en el que nos desenvolvemos, entendiendo la retroalimentación de estos tres campos como la posibilidad de construir saberes desde la realidad, para así poder transformarla.

¿Cómo surge el proyecto del monitoreo y la construcción de los índices?

Nuestras investigaciones surgieron como una respuesta a la falta de estadísticas confiables desde los ámbitos institucionales y ante lo limitado de las políticas públicas existentes que no dan respuestas integrales con soluciones efectivas a los problemas sociales. Los indicadores son el punto de partida para contar con información confiable y creíble para analizar nuestra realidad, interpelar y poner en discusión estrategias de intervención para modificar una realidad de inequidad que se naturaliza proponiendo soluciones a problemas concretos.

Nuestra organización, con extensión en todo el territorio argentino, trabaja en diferentes áreas del conocimiento que tienen implicancia directa en la vida de la población. Trabajos como el Índice Barrial de Precios (IBP), en el que desde el año 2011 en varias ciudades del país los vecinos y las vecinas de los diferentes barrios relevan los precios minoristas de todos los productos que componen la Canasta Básica de alimentos para conocer el costo de vida en cada lugar.

Por otro lado, el  Indicador Barrial de Salud Nutricional, este trabajo permite caracterizar, mediante la metodología censal, a NNyA que se encuentran en situación de vulnerabilidad y arrojar datos específicos que nos permiten no solo hacer un análisis nutricional sino pensar estrategias focalizadas según sus características específicas, para remover barreras que obstaculizan el acceso al sistema sanitario y por consecuencia a la intervención temprana y adecuada.

Finalmente queremos resaltar la gran ventaja de construir indicadores desde la comunidad, fundamentalmente desde el aporte de las organizaciones sociales porque así se potencian y se abren espacios de discusión y formación dentro de los sectores populares acerca de derechos humanos básicos a la Salud y la alimentación, lo cual   permite a la población apropiarse de saberes generalmente restringidos a la academia y de ser protagonistas en la construcción de propuestas que permitan transformar la realidad en la que habitan.

#IFAL #Malnutrición #Pandemia #Hambre

Contactos: Laura Lonatti 1156378714      Isaac Rudnik 1141882607

DESTACADA-DERECHA

La derecha busca romper la continuidad del sistema democrático

Días atrás Duhalde anunció la posibilidad cierta de un golpe de Estado en la Argentina para los próximos meses. Pareció un exabrupto fuera de contexto, tanto, que él mismo se desmintió diciendo que había tenido “un brote psicótico” cuando hizo esa declaración en un programa televisivo. A menos de un mes de ese hecho, que en aquel momento se veía como muy extraño, hoy pareciera que fue el punto de partida de una escalada en la confrontación entre modelos económicos que nos atraviesa desde hace más de una década, sin encontrar una definición que conduzca al predominio de uno u otro.

Escribe: Isaac Rudnik

Crisis estructural y empate catastrófico. Antecedentes y actualidades

Juan Carlos Portantiero analizaba la etapa posterior a la Revolución Libertadora desde mediados de los 50 hasta 1973 durante el siglo pasado, signada por una inestabilidad institucional recurrente, durante la que se produjeron golpes de Estado con la consecuente instalación de gobiernos dictatoriales, intercalados con breves períodos de gobiernos surgidos de procesos electorales.

En ese lapso hubo 12 (doce) diferentes gobiernos[1], cuando en realidad debieron pasar 4 (cuatro), si se hubieran respetado los mecanismos constitucionales. Lo llamativo es que en ese período, el PBI no dejó de crecer: solo entre 1963 y 1974 creció un 54%, a una tasa anual acumulativa de 5,8%, mientras que el PBI per cápita aumentó un 82% o sea a un promedio anual del 6%. Fue la década de crecimiento económico e industrial más acentuada de la historia argentina (Basualdo).

Junto a este importante crecimiento económico transitó una constante inestabilidad institucional originada en las permanentes confrontaciones entre los principales actores sociales, que no llegaban a coronar en el triunfo definitivo de unos sobre otros. Confrontaciones entre los propios grupos dominantes, así como entre éstos, los trabajadores y los sectores populares, que no aceptaban las condiciones de explotación que querían imponerles.

Las contradicciones al interior del bloque de poder motivaron que el sector de las multinacionales industriales, que tenían el predominio casi absoluto del crecimiento económico, no lograra instalar una propuesta que tradujera ese predominio en hegemonía, a través de una referencia política que ganara consenso. Por lo que una y otra vez echaron mano de alianzas, no exentas de contradicciones internas con los otros sectores de poder, para imponer gobiernos dictatoriales, que culminaron en sucesivos fracasos ante procesos de movilizaciones populares que lejos de amenguar, se fueron radicalizando.

En definitiva, durante dos décadas se configuró un escenario con la lógica de un ’empate’ entre fuerzas, alternativamente capaces de vetar los proyectos de las otras, pero sin recursos suficientes para imponer, de manera perdurable, los propios (Portantiero). Otros autores, como Guillermo O’Donell, analizan el mismo período con conclusiones parecidas.

Este largo proceso de empate hegemónico que abarcó dos décadas, durante las que la economía del país creció, pero en las que los grupos económicos más poderosos no pudieron instalar una representación capaz de sintetizar el liderazgo económico con la hegemonía política, finalmente terminó en la catástrofe genocida del 76.[2]

 

En un trabajo de junio de 2008, Álvaro García Linera, analizando la situación de Bolivia de la que va sacando conclusiones más generales, dice: “El empate catastrófico es una etapa de la crisis de Estado, si ustedes quieren, un segundo momento estructural que se caracteriza por tres cosas: confrontación de dos proyectos políticos nacionales de país, dos horizontes de país con capacidad de movilización, de atracción y de seducción de fuerzas sociales; confrontación en el ámbito institucional –puede ser en el ámbito parlamentario y también en el social– de dos bloques sociales conformados con voluntad y ambición de poder, el bloque dominante y el social ascendente; y, en tercer lugar, una parálisis del mando estatal y la irresolución de la parálisis”.

“Este empate puede durar semanas, meses, años; pero llega un momento en que tiene que producirse un desempate, una salida… Esta crisis, obligatoriamente, tiene que acabar en algún momento, ninguna sociedad vive permanentemente ni en movilizaciones (la creencia del anarquismo) ni permanentemente en estabilidad (la creencia del cristianismo). Puede haber inestabilidades, luchas, pero en algún momento tiene que consolidarse una estructura de orden que va a seguir teniendo conflictividades internas, por supuesto, pero luego se va a poder decir: ‘a partir de este momento, tenemos un neoliberalismo reconstituido o tenemos un Estado nacional, indígena, popular, revolucionario’”.

“A ese momento histórico, preciso, fechable, le hemos puesto el nombre de punto de bifurcación. El punto de bifurcación hace que, o haya una contrarrevolución exitosa y se regrese al viejo Estado en nuevas condiciones, o que se consolide el nuevo Estado, con conflictos todavía, pero en el contexto de su estabilización…”

 

Hace unos días en un debate organizado por Le Monde Diplomatique Cono Sur, bajo el título “América Latina después de la pandemia” García Linera vuelve a recurrir al concepto gramsciano de empate para caracterizar la situación actual de América Latina: “Estamos viviendo un momento de oleadas y contra oleadas, un empate catastrófico entre proyectos progresistas y neoliberales”

 La Argentina de hoy

En diciembre del año anterior asumió el Gobierno actual, después de ganar unas elecciones presidenciales que dejaron en el camino algunos antecedentes significativos que deberíamos tener presentes.

La alianza de derecha que llegó al Gobierno Nacional en 2015, y que dos años después pudo ganar ampliamente las elecciones de medio término, no logró repetir en 2019 porque perdió una porción significativa de adherentes que había obtenido en los dos eventos electorales anteriores, y que estaban ahora muy afectados por el deterioro económico.

Pero también se quedó sin el sostén de una parte importante de los grupos económicos que la apoyaron fuertemente, primero para ganar las presidenciales en 2015, y después para sostener entre 2015 y 2017 un camino “gradualista”, que transitoriamente le permitiera dejar de lado las estrategias de shock, buscando aplicar escalonadamente las transformaciones estructurales regresivas con las que se habían comprometido.

Es que en definitiva, esta derecha “moderna” llegó al Gobierno Nacional por la vía electoral, y si bien en 2015 el consenso obtenido tuvo fuertes raíces en los errores del kirchnerismo, una vez en la Casa Rosada había que mantener y ampliar los apoyos de la población que los había votado. La aplicación de un ajuste sostenido pero gradual, acompañado de una estrategia comunicacional que hábilmente aprovechaba las fortalezas propias y explotaba las debilidades de la oposición, parecía inaugurar con el triunfo de las legislativas de octubre de 2017, un círculo virtuoso que se encaminaba a la conformación de un nuevo bloque hegemónico, apto para imponer por la vía del consenso mayoritario los cambios estructurales necesarios para consolidar una nueva versión del neoliberalismo argentino.

Solo dos meses después, cuando esta “marcha victoriosa” intentó apresurar el paso para sancionar rápidamente las leyes de reforma previsional y laboral, tropezó con masivas movilizaciones opositoras, que llevaron al macrismo a desacelerar el ritmo, postergando el envío al Congreso del proyecto de ley para la reforma laboral. Este regreso al gradualismo para sostener su consenso mayoritario, no fue del agrado de una parte sustancial del poder económico -principalmente los sectores financieros- que requerían precipitar los cambios estructurales prometidos, por lo que manifestó su disconformidad quitando las fuentes de renovación automática para el endeudamiento del Estado.

Desde el camino alfombrado de flores del 2017 al abismo del 2018 hubo unos pocos pasos. Ya en febrero/marzo llegaron las primeras tensiones financieras y cambiarias, seguidas del desbarajuste generalizado de las variables macroeconómicas, la debacle de la economía real, la imposibilidad de seguir renovando el endeudamiento, y la obligada corrida al FMI en condiciones de default, que mostraban el quiebre de un modelo económico que tenía su suerte totalmente atada a la voluntad del poder financiero. Esta nueva derecha, que había sido capaz de ganar las elecciones presidenciales sin necesidad de disfrazar sus intenciones y esencia neoliberal dentro de la identidad de alguno de los movimientos políticos tradicionales, sufrió un duro golpe político del que ya no pudo recuperarse -aunque recibiera una inestimable ayuda del FMI- con vistas a las presidenciales de 2019.

El proyecto de un nuevo bloque histórico hegemónico que reponga por consenso, un mayoritario sentido común con la insignia de los valores neoliberales, chocó con la pared de una fuerte resistencia social. El sueño de imponer por esa vía una nueva reforma intelectual e ideológica radical que acompañe las transformaciones regresivas quedó, sino clausurado, por lo menos postergado por unos años.

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Ya en 2019 el Frente de Todos constituyó un acuerdo electoral que pudo aglutinar a la mayoría del PJ, del progresismo peronista y no peronista, de los sindicatos y de los movimientos sociales, bajo la candidatura de Alberto Fernández. El objetivo fue mantener los votantes habituales del peronismo, ampliando hacia todos los sectores seriamente afectados por la crisis económica macrista.

Mientras tanto se reintrodujo al interior del poder económico el debate sobre si es posible producir cambios estructurales tan agresivos para con los intereses populares sin la anuencia de, por lo menos, un sector importante del peronismo. Por cierto, las transformaciones regresivas más profundas desde los años 70 a la fecha se produjeron en dos períodos: la dictadura del 76 y el menemismo de los 90. La primera se impuso por la vía del terror liso y llano; la segunda instaló un consenso hegemónico mayoritario que duró casi una década, y en el que la coerción represiva jugó un papel secundario.

Con la expectativa que al interior del Frente de Todos predominaran los sectores “razonables, democráticos, alejados del populismo, etc.”, una parte importante de los grupos económicos más fuertes, vieron con buenos ojos el triunfo electoral del Frente en agosto y noviembre del año pasado, entre otras cosas porque el gobierno de Macri había quedado absolutamente subordinado al predominio excluyente de los sectores financieros.

La instalación del gobierno frentista  sobre el escandaloso fracaso del Macrismo del PRO/UCR, se dio junto al desprestigio de sus principales consignas: estado chico, “apertura al mundo”, rebaja generalizada de los impuestos a los grupos económicos más fuertes (eliminación de las retenciones), apertura indiscriminada de la economía (eliminación de barreras arancelarias y para arancelarias, etc.), rebaja de los costos de la mano de obra mediante la flexibilización laboral para construir un modelo productivo mas eficiente, y otras falacias. Esta situación abrió la posibilidad de retomar rápidamente un camino de reconstrucción de la economía nacional, remontando por la escalera de la redistribución del ingreso.

Los primeros pasos estuvieron concentrados en el tratamiento de la problemática de la deuda externa, y la atención de la apremiante situación de los más vulnerables atravesados por el hambre y la pobreza. Hacia estos sectores se canalizaron rápidamente recursos destinados a fortalecer un amplio y extendido asistencialismo, mientras que para aumentar los ingresos del Estado se restablecieron porcentajes razonables de retenciones a las exportaciones, para reanimar la alicaída producción nacional se repusieron las barreras arancelarias y paraarancelarias en los niveles indispensables, etc.

Con las arcas del Estado exhaustas y la amenaza de la profundización del default rondando la Casa Rosada, se impuso la cautela que contuvo todo impulso hacia eventuales audacias encaminadas a aprovechar los iniciales tiempos políticos favorables para instalar cambios de fondo en algún sector de la estructura económica del país.

En esos primeros meses la consigna predominante fue, antes que nada, evitar una ampliación “excesiva” del estrechísimo déficit fiscal primario heredado del macrismo, por lo que los gastos principales se concentraron en fortalecer y extender la red de asistencialismo. A tres meses de asumido el nuevo Gobierno, llegaron las obligadas restricciones para enfrentar la pandemia, y el gasto del Estado y el déficit fiscal se ampliaron para reconstruir la red sanitaria y volcar recursos en un mercado interno cuasi paralizado. 

La economía tuvo -como en todo el mundo- una caída brutal, que afectó a los que más venían sufriendo en los años de anteriores. Los paliativos volcados entre estos sectores no alcanzaron ni para sostener los niveles de ingreso anteriores a diciembre de 2019. La perspectiva de poner en marcha cambios estructurales progresivos quedó para más adelante.

Un párrafo aparte merece el intento de intervención estatal en la vaciada Vicentín -que hubiera significado un paso progresivo importante- pero chocó con una feroz oposición del gran empresariado y de sus medios afines, que lograron instalar la idea que se venían las expropiaciones en masa. Una porción del Frente de Todos acompañó este rechazo y el Gobierno retrocedió abandonando el experimento.

La oposición fue radicalizando sus posturas girando a discursos cada vez más agresivos, respondiendo a medidas como el congelamiento de las tarifas de los medios de comunicación como si se tratara de una expropiación, mientras el debate sobre la imposición del “impuesto a la riqueza” por única vez como una contribución de las grandes fortunas en la emergencia económica y sanitaria, junto a la perspectiva de una modificación al regresivo sistema impositivo que nos gobierna, adquieren proporciones inusitadas.

Los grupos económicos nativos y extranjeros dominantes no quieren ceder ni un milímetro del terreno ganado en las últimas décadas, reafirmado y ampliado en los años de gobierno del PRO/UCR. La derecha va recuperando apoyos activos entre amplios sectores de la población que nunca dejaron de serle afines, que se moviliza por motivos que van desde el reclamo contra la cuarentena hasta el rechazo a la intervención a Vicentín y a la reforma judicial. De esta manera va levantando un muro de resistencia a cualquier cambio que ponga en cuestión la base de la estructura que alimenta la profunda desigualdad realmente existente. Muro que es cada vez más difícil de perforar por el Gobierno.

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Poco más de un año atrás, en junio de 2019 decíamos: “…Se configura así una situación de empate en la correlación de fuerzas, base de las crisis políticas y económicas recurrentes que atraviesan el país, desde el comienzo de la recesión global -2007/2008- a la fecha. Los resultados electorales fueron triunfos y derrotas efímeros que terminaron diluyéndose al calor de la incapacidad manifiesta de unos y otras para reiniciar un ciclo sustentable de crecimiento y desarrollo”.

“En 2007 el kirchnerismo gana las presidenciales con Cristina a la cabeza; pocos meses después a mediados de 2008 pierde en el Congreso Nacional la votación por la crucial ley de retenciones móviles a las exportaciones del agro; en 2009 pierde en las legislativas de medio término con Néstor Kirchner encabezando la boleta de la Provincia de Buenos Aires, a manos de una coalición de centro derecha encabezada por Mauricio Macri, Felipe Solá, y Francisco de Narváez. En 2011 Cristina es reelegida con el 54% de los votos, y en 2013 sufre una nueva derrota en las legislativas y se clausuran sus aspiraciones de ir por un tercer mandato. En 2015 gana la derecha con Macri, que vuelve triunfar en 2017, y hoy está ante la posibilidad de perder las presidenciales”.

“El estancamiento/retroceso de todas las variables económicas y sociales atraviesa este largo período de disputas sin vencedoras ni vencidas definitivos, y nos pone en el umbral de una crisis orgánica que comienza a tener consecuencias en el terreno institucional.”

https://lapiedraenelzapato.com/2019/06/05/argentina-2019-del-empate-hegemonico-a-la-crisis-organica/

En las últimas semanas, por la vía de la pérdida de reservas de divisas del Banco Central, se complica aún más el encaminamiento de las perspectivas económicas, mientras en el terreno político institucional se producen hechos que podrían alterar seriamente la estabilidad institucional del país.

El 25 de agosto Duhalde declara que “…entre 1930 y 1983 hubo 14 (catorce) dictaduras militares en la Argentina. En América Latina el que no ve es porque no sabe o no lo quiere ver, Brasil, Paraguay, Venezuela, Bolivia. En Chile los carabineros van al frente contra las movilizaciones de la sociedad. En Argentina no va haber elecciones el año próximo, para que haya elecciones tiene que haber un acuerdo que saque del medio todas estas cosas que no sirven. Esto es un desastre tan grande que no puede pasar nada bueno”.

Como es sabido ante las críticas generalizadas se desdijo, (“tuve un brote psicótico”) pero dejó plantado el huevo de la serpiente, que en pocos días empezó a dar sus frutos.

El fin de semana del 5 y 6 de setiembre en Misiones y el Chaco empezaron reclamos policiales por aumentos salariales, mientras se anunciaban por diferentes vías (redes, medios) que por el mismo motivo se estaban preparando movilizaciones policiales en la provincia de Buenos Aires.  El lunes se producen los primeros conatos y ya el martes 7 al medio día la policía se acantona con los patrulleros en el centro de varios distritos del conurbano y de ciudades del interior de la provincia.

A última hora decenas de vehículos policiales salen de sus actividades habituales de patrullaje junto a cientos de policías y se instalan rodeando la sede presidencial de Olivos, quedándose instalados allí durante todo el día, negándose a hablar con el presidente que los invita a dialogar. La respuesta de la oposición es débil y contradictoria. Todos/as sus voceros/as enfatizan sobre la legitimidad del reclamo policial, pero solo algunos/as rechazan la instalación de los patrulleros frente a la sede presidencial.

El Secretario de Seguridad de la provincia desaparece de la escena mediática – a la que habitualmente es tan afín- dejando al desnudo la sorpresa que invade tanto al Gobierno provincial como al nacional, que recién dieron una respuesta en la que, si bien rechazan la presencia policial en Olivos, confirman una negociación en curso. O sea, la policía que debe responder verticalmente al poder civil negocia con sus mandos con las armas en la mano.

Los patrulleros se retiran de la sede presidencial, pero se mantienen acantonados en varios puntos del conurbano, de los que se retiran recién al día siguiente cuando el gobernador hace los anuncios concretos de importantes aumentos otorgados. La policía de la provincia de Buenos Aires compuesta por cien mil hombres y mujeres armados/as queda instalada en el escenario político nacional como un actor independiente de los mandos del Gobierno provincial.

En el terreno económico, la pérdida de reservas del Banco Central pone al Gobierno ante la posibilidad de tener que afrontar una fuerte devaluación, que inevitablemente empujaría un incremento de la inflación, con las consecuencias políticas negativas que ello le traería. Hasta ahora las medidas que viene tomando para contener no garantizan estabilidad duradera en el mercado de cambios.

El 12 de setiembre Macri vuelve al país luego de unas buenas vacaciones en Francia y publica una dura carta contra el Gobierno llamando a luchar “por la libertad”. El día 15 dice que “El futuro institucional se dirime en los próximos tres meses”. El mismo día, Duhalde repuesto de su “brote psicótico” volvió a la escena diciendo que “Alberto Fernández está ‘groggy’ como De la Rúa”.

Los hechos y las declaraciones producidas por la oposición en las últimas semanas muestran claramente que va predominando entre su dirigencia una conducta cada vez más agresiva, que abiertamente pone en duda la fortaleza del gobierno para terminar su mandato en 2023. 

Las respuestas de este no son lo suficientemente firmes, quedando a la defensiva ante algunas situaciones muy complicadas como la rebelión policial de principios de este mes. Esta derecha que no es ni democrática ni republicana, busca generar un escenario de inestabilidad tal, que le permita como objetivo de máxima sacar al Gobierno actual en los próximos meses (“se dirime en los próximos tres meses”), y como mínimo debilitarlo al punto de obligarlo a tomar medidas que clausuren el camino de reconstrucción de un modelo económico inclusivo. Intenta romper mediante un golpe de fuerza el empate catastrófico que transitamos.

El único camino posible para defender lo que tenemos, y aspirar a mejorar las condiciones de millones de argentinos y argentinas que atraviesan situaciones cada vez más complicadas, es buscar construir un modelo económico y político opuesto por el vértice al que hoy tenemos.

Elegir continuar poniéndole parches sobre parches al que está vigente, es condenar a que se profundicen y extiendan las necesidades básicas insatisfechas de cada vez más habitantes de este país. A la vez que favorece la recuperación política de una derecha que se envalentona día a día.

Convocar a la movilización popular para defender el funcionamiento democrático y las reivindicaciones conquistadas que tenemos, es la única vía que nos queda. No sólo que siempre fue así, sino que se reafirmó en los últimos años a través de diversas experiencias, principalmente durante el gobierno de Macri.

Como cuando intentaron meternos por la ventana el perdón a los militares genocidas mediante la aplicación del 2 x 1 y centenares de miles de personas nos movilizamos en todo el país obligando a sancionar una ley que clausuró esa posibilidad para siempre; como cuando centenares de  miles de mujeres se movilizan en todo el país para denunciar su situación de opresión consiguiendo que se sancionen diversas normas que les son favorables; como cuando centenares de miles de trabajadores desocupados se movilizan permanentemente visibilizando la grave realidad de esa Argentina que siempre tratan de ocultar; como cuando decenas de miles nos manifestamos en contra de las reformas regresivas y logramos que se postergara sin fecha la reforma laboral.

La pandemia obliga a restricciones y limitaciones muy estrictas, pero no puede ser un argumento para regalarle la calle a la derecha, ni para quedarnos inmovilizados ante sus ataques y maniobras claramente desestabilizantes. La foto de la policía rodeando la sede presidencial de Olivos fue un ataque directo a la democracia, cuya imagen quedó lesionada ante la falta de una respuesta movilizadora ejemplar.

Hay reservas en la memoria histórica a las que tenemos el deber de recurrir en momentos como los que estamos atravesando.

No hay que esperar que el agua nos cubra.

#Derecha #Sistema Democrático

Isaac Rudnik 1141882603

18/09/2020

[1] Doce gobiernos y once presidentes de la nación, porque Perón estuvo en el principio del ciclo: elegido en 1952 y derrocado en 1955, y en el final, reelegido por tercera vez en 1973 y fallecido en 1974.

[2] La dictadura del 76 ya tenía una configuración en la que predominaban los sectores financieros del poder económico.

Especie-cerdos

La producción de carne porcina para China: ¿Oportunidad o solo más depredación sanitario/ambiental?

La transformación de maíz en carne porcina que propone el convenio en debate, es una oportunidad en el marco de un modelo productivo propio, que priorice los efectos sanitarios y agroecológicos que implica este emprendimiento de alta magnitud. Pero, el tema principal que debe diferenciarlo de una visión rentista del agronegocio, es quien se queda con la renta que genera.

Escribe: Rubén Ciani*

La firma de un convenio con el gobierno chino, por el cual el país asiático promovería  inversiones en Argentina destinadas a la producción de carne porcina para abastecer su mercado de consumo, se presenta como una oportunidad de avanzar con agregado de valor en las cadenas agroalimentarias de origen local.

Sin embargo, también  abre un debate sobre los límites que deben darse en el desarrollo de un modelo productivo con fuerte presencia de la agroindustria, especialmente en países que detentan ventajas comparativas agrícolas (debate que se puede extender a la discusión de la construcción de valor desde todos los productos primarios).

Las posiciones críticas apuntan, con fundamentos ciertos, a los  problemas  medioambientales y sanitarios que podrían generar las producciones agroindustriales de gran escala.  Las mismas están asociadas al concepto de agronegocio, término que caracterizó en el presente siglo a la producción agropecuaria en Argentina y en la mayor parte del mundo.

Sin negar la validez de buena parte de las críticas realizadas, se presentan condiciones económicas y de mercado positivas, que deberían evaluarse en el diseño de un nuevo modelo de producción en Argentina. Estas condiciones económicas se pueden considerar como variables a maximizar sujetas al cumplimiento de reglas medioambientales y objetivos socioeconómicos de distribución de la renta e inclusión social.

Ciertamente, estas condiciones consideran  el contexto histórico actual de los mercados, sin avanzar en los cambios posibles para la postpandemia, que aún son difíciles de predecir.

La información disponible sobre los términos del posible convenio

La información disponible sobre el convenio da cuenta de una “asociación estratégica” bilateral destinada a la producción en Argentina  de 900 mil toneladas de carne porcina de alta calidad, para abastecer  la demanda de China, a partir de la inversión mixta entre empresas de ambos países.

En términos de inversiones, los cálculos previos son de un mínimo de 3700 millones de dólares en cuatro años, destinadas para el armado 25 unidades integradas de 12.000 madres cada una

“Se trata de unidades cerradas que comprenden plantas de elaboración de alimento balanceado, biodigestores (generación de energía y bio fertilizantes), criadero ciclo completo, frigorífico exportador, proceso sin laguna de efluentes”, reportan las oficinas de Senasa y Aduana.

La  firma del acuerdo se postergó hasta el mes de noviembre del presente año, con el objeto de incorporar normas que aseguren la protección ambiental, los recursos naturales y la bioseguridad.

Datos del mercado porcino

La carne porcina es la más consumida a nivel mundial,  por encima de  la carne aviar y la carne vacuna. Su producción  superó los 110 millones de toneladas en 2018, 10 millones más que la carne aviar y  muy por encima de los  65 millones de toneladas de carne bovina.

Los países productores de carne porcina son sus principales consumidores. China absorbe casi la mitad del consumo mundial de esta carne,  ocupando el segundo lugar la Unión Europea (UE) con el 20% y  siguiendo en orden Rusia, Brasil, Japón, etc. En términos de consumo per cápita, la UE se posiciona como el principal consumidor con registros superiores a los 40 kilogramos, mientras que Estados Unidos y China rondan los 34 kg.

El gigante asiático se abastecía mayoritariamente de su producción interna, pero la peste porcina africana (PPA) registrada en ese país en 2018, causó una caída del 40% (alrededor de 100 millones de cabezas) en la oferta domestica, determinando un cambio en su estructura de aprovisionamiento, que lo llevó a aumentar drásticamente sus importaciones del producto congelado.

Entre 2017 y 2019 las importaciones chinas de carne porcina se incrementaron desde 1.2 a 2.0 millones de toneladas, en tanto que en términos de valor se duplicaron  desde 2.200 a 4500  millones de dólares anuales.

Los países europeos, integrantes de la UE,  fueron en el año 2019 los  principales abastecedores mundiales de carne porcina a China,  con un total estimado en 1.2 millones de toneladas  (62%), seguidos de USA/Canadá con 417 mil toneladas (20%) y  América Latina y el Caribe con 317 mil toneladas (15%). En América Latina, los principales proveedores son Brasil y Chile.  Desde Argentina sólo se registraron exportaciones en 2019, con un volumen mínimo 1600 toneladas.

En relación a la producción porcina, Argentina en 2019 alcanzó las 629 mil toneladas, siendo destinada a la exportación sólo 25 mil toneladas. El sector observó una sostenida tendencia de crecimiento en el último decenio, asociada casi exclusivamente a la aceleración del consumo doméstico, como sustituto de otras carnes. No obstante, dicho consumo, sigue estando muy por debajo de los consumos tradicionales de carne vacuna y carne aviar: en 2019 alcanzó a 15 kg/hab./año, cifra que representa alrededor del 13/15% del consumo domestico de carne del país.

Como primer elemento de evaluación, debemos observar que uno de los alimentos esenciales a nivel mundial es precisamente la proteína porcina y que su consumo se realiza en un listado de países compuesto por grandes consumidores de alimentos de alta calidad, los denominados “países desarrollados”.

Por otra parte, es necesario destacar que los niveles de producción anual de los demás países consumidores, exceptuado china, son compatibles con modelos productivos de alta escala. Este es el caso de la UE que produce 24 millones de toneladas anuales y  consume 20; en tanto que Estados Unidos tiene una producción de 12.6 millones de toneladas anuales  y consume 10 millones (datos 2019).

Las cadenas agroalimentarias y el modelo productivo argentino

En una visión simplificada, se podría concluir que el modelo productivo argentino se compone esencialmente por un sector primario, con altas ventajas comparativas y bajo desarrollo en términos de cadena de valor, el que genera divisas pero tiene  baja demanda de mano de obra.  Y  por un sector industrial globalizado, con alta demanda de mano de obra, pero con saldos comerciales externos negativos y alta necesidad de divisas.

Siguiendo este razonamiento simplificado y conociendo el histórico “cuello de botella” que significa la escasez de divisas en la economía argentina, una visión estratégica de modelo productivo debería considerar, entre otros temas, avanzar en el valor de las exportaciones del sector primario y su potencial agroindustrial, con el objetivo de obtener como mínimo las divisas necesarias  que permitan sostener la demanda de mano de obra de los sectores industriales tradicionales.

A modo de referencia, si analizamos los datos del Intercambio Comercial Argentina (ICA) por sección de la Nomenclatura Común del Mercosur (NCM) en el trienio 2016-2018, podemos observar que las secciones II y III, que incluyen a los productos agropecuarios y agroindustriales, reflejan un saldo positivo entre exportaciones e importaciones del orden de los 22 miles de millones de dólares anuales. En oposición,  las secciones XVI y XVII, que incluyen automotores y electrónicas, reflejan un saldo negativo que supera los 20 mil millones de dólares.

El avance en cadenas agroindustriales es un tema pendiente en la economía argentina. La evolución del agronegocio en el país, que se expresó en la sojización, avanzó muy poco en la generación de valor agregado agroindustrial.

Argentina participa en el 0.3% del valor de exportación mundial de bienes, pero dicha participación se eleva a 1.5% del correspondiente a productos agroindustriales.  En 2019 exportó por un valor total de 65 mil millones de dólares, de las cuales el 60% eran productos agroindustriales, e importó por 49.0 mil millones de dólares. Las exportaciones, que  se basan fuertemente en cantidades y no en precio,  se  concretaron a un valor unitario (precio implícito en términos FOB) de  511 dólares por toneladas, cifra que constituye sólo la tercera parte del valor unitario de las importaciones, el que ascendió a 1534 dólares por toneladas.

La estructura de las exportaciones argentinas se asienta en productos agroindustriales de bajo valor, cereales y complejos oleaginosos, estos últimos concentrados en la industria aceitera que presenta altas inversiones pero escaso valor agregado.

En 2019, el valor unitario de las exportaciones agroindustriales fue de 362 dólares por tonelada. Si desagregamos por producto dichas exportaciones, podemos observar que el 46% se concentraron en tres: pellets de soja, maíz y aceite de soja;  con un valor unitario para el conjunto de 376 dólares por tonelada. Si consideramos a los productos con un valor unitario mayor a 2000 dólares por tonelada, carnes bovinas, pesca, alimentos, etc.,  la participación en el total exportado alcanzo al 18%.

El mismo ejercicio realizado con las exportaciones de Brasil, país limítrofe y con condiciones agroeconómicas de cierta similitud, nos muestra resultados diferentes y un desarrollo potencial diferente. El valor de exportaciones agroalimentarias del país vecino ascendió en 2019 a 76 mil millones de dólares, cerca del doble que el registrado en Argentina. El valor unitario de estas exportaciones asciende a 450 dólares por toneladas y los productos con valores unitarios mayores a 2000 dólares comprenden el 23% del total. Cabe destacar que Brasil exportó en 2019  carne porcina por un valor total cercano a los 1.500 millones de dólares y un valor unitario de 2.266 dólares por tonelada.

En suma, si el valor unitario de las exportaciones agroindustriales desde Argentina se situara en el nivel de Brasil, el valor de exportaciones totales crecería, en base a volumen exportado en 2019, en 8 mil millones de dólares.

La potencial exportación de 900 mil toneladas consolida el desarrollo de la cadena maíz – carne porcina argentina, apuntando hacia un aumento del valor agregado. En términos de exportaciones, una aproximación al cálculo de valor agregado es aquella que relaciona los coeficientes de transformación de grano en proteína porcina con los diferenciales de precios entre el  producto básico y el producto procesado, en el mercado mundial.

Para  producir un kilogramo de carne porcina se necesitan 2.26 kg de maíz; en tanto que en el mercado mundial el precio de la carne porcina congelada multiplica en 12 veces al precio de maíz exportado como grano.  Estos dos vectores determinan, que el valor de  exportación de carne porcina supere en cinco veces al correspondiente en grano de maíz necesario para su producción. A precios de mercado para el 2020,  se puede estimar un incremento en el valor de exportaciones anuales cercano a los 2000 millones de dólares.

Por otra parte, el volumen acordado en el marco del convenio implica para el país una duplicación  de su producción y un potencial de demanda de trabajo de 20.000 nuevos puestos.

Como segundo elemento de evaluación, debemos analizar la conveniencia de avanzar en las cadenas agroalimentarias, considerando nuestras ventajas comparativas y el potencial incremento neto de divisa que nos asegure el desarrollo de un proceso de industrialización en diferentes sectores.

Bajo el supuesto de continuar insertos en la economía global, el desarrollo agroindustrial nos permite avanzar en cadenas de origen local, con baja participación relativa de bienes importados en los procesos de producción.

Asimismo, los efectos del avance en las cadenas de valor agroalimentarias no se limita solamente el ingreso por exportaciones, ya que alcanzan también a mayor demanda de mano de obra, inversiones de envergadura e incorporación de la agricultura familiar como un factor de relevancia económica, destacándose en este caso el desarrollo de la agro-ecología en un contexto integrado con sectores económicos de mayor escala, así como orientado tanto el comercio interno como la exportación.

La potencialidad de China

Con la culminación de la Ronda Uruguay del Acuerdo General Sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT ,por sus siglas en inglés) y la conformación de la Organización Mundial de Comercio (OMC), hechos registrados a mediados de los años noventa, se sentaron las bases para la globalización de la economía mundial y el inicio del crecimiento de la participación de China en el comercio mundial, hasta alcanzar su actual posición de liderazgo.

Acompañando este  ingreso al mercado mundial, el Partido Comunista Chino desarrolla en el siglo XXI un cambio en sus políticas, asentándose en las conquistas alcanzadas en el proceso revolucionario iniciado en 1950, pero con un objetivo distinto que tiene como uno de sus principales ejes, la ampliación de la  población urbana de la nación y, en consecuencia, un cambio de dieta alimentaria, la que se desplaza hacia alimentos más ricos en proteínas y con requerimiento importados. Asimismo, el gigante oriental promueve un amplio proceso industrial orientado al mercado interno y especialmente a la exportación.

Durante el nuevo siglo (2001-2019), el valor de las exportaciones de China aumentó en nueve veces y el correspondiente a importaciones en 8 veces.

Los productos agroindustriales no alcanzan al 10% de las importaciones. El principal producto importado es el grano de soja, que comprende el 30% del rubro agroindustrial  y sólo el 2% del  total. En 2019 el valor de importación de grano de soja alcanzó a 40 mil millones de dólares, frente a solo 3 mil millones en 2001.

Como puede observarse en los números presentados,  los productos agroindustriales no comprenden una porción relevante en las importaciones chinas. Se destaca el grano de soja como el de mayor importancia, el que es elaborado internamente para obtener pellet de soja que será utilizado como alimento forrajero de las producciones aviar, porcina y láctea.

Sin embargo, del análisis de los datos de importaciones agroindustriales chinas surge como elemento más relevante,  el incremento observado de las  importaciones de carnes procesadas, que se visualizaba con anterioridad a la PPA. Entre 2015 y 2019, el valor importado de carnes procesadas aumento en un 300%, alcanzado en 2019, con 18 mil millones de dólares, el segundo puesto en importancia de importaciones agroindustriales.

El tercer elemento de evaluación es como generar un flujo comercial con el principal mercado de consumo de alimentos, que es China, precisamente cuando enfrentamos indicios de una ampliación en volumen y productos de sus importaciones agroindustriales.

Como integrar esta posibilidad en el marco de una política de avance en el valor de las cadenas agroindustriales e incorporación de sectores populares como beneficiarios de esa renta adicional.

El tema de agro-negocio

El agro-negocio en Argentina hegemoniza su modelo productivo agrícola a partir del desarrollo de la biotecnología, del cual es pionero, y el fenómeno de sojización, que se caracteriza por el continuo aumento de la superficie cultivada con soja reemplazando otros cultivos agrícolas, desplazando a la producción ganadera hacia las zonas marginales y depredando bosques y montes naturales.

Este proceso mostró una fuerte aceleración durante el primer decenio del siglo XXI, en paralelo con el ingreso de China, actualmente el principal importador de soja, al mercado mundial. En dicho período, la siembra de soja en Argentina se elevó desde 8.8 millones de hectáreas en temporada 1999/00 a 18.8 millones de hectáreas en 2010/11. El 90 % del incremento observado en el decenio por la superficie cultivada con cereales y oleaginosas, corresponde a soja.

Paralelamente, en el plano internacional, las importaciones de grano de soja en China aumentaron desde 4 millones de toneladas anuales a 56 millones; en tanto que la producción mundial de soja lo hizo desde 160 a 264 millones; la correspondiente a Estados Unidos desde 72 a 90 millones y a Brasil desde 34 a 75 millones. Estados Unidos, Brasil y Argentina son los principales productores y exportadores mundiales, alcanzando una producción en el último ciclo  2019/20 de 97, 126 y 50 millones de toneladas respectivamente, en tanto que las importaciones de grano de soja desde China totalizan 98 millones de toneladas.

La evolución de la producción de soja fue diferente en cada uno de los países productores. En Estados Unidos los instrumentos de su Ley Agrícola (Farm Bill), que tienden mantener una diversidad productiva, dieron marco a un moderado crecimiento, limitado además por un programa de Conservación de Suelos (CPR) amplio y efectivo.

Brasil, que fue el último de los productores sojeros en autorizar el uso de biotecnología, desarrolló el cultivo con escasos límites medioambientales, pero manteniendo una oferta diversificada de productos agropecuarios, lo que lo ubica en posiciones de liderazgo en el mercado de exportaciones de otros granos, productos pecuarios y alimentos en general; además de abastecer un amplio consumo interno. En Argentina el agronegocio acotó la diversidad productiva y se desarrolló en un contexto medioambiental sin restricciones efectivas.

Ciertamente, para mantener el modelo del agronegocio, Argentina debe tener un Programa de Conservación de Suelos como Estados Unidos y una estructura institucional que fomente la diversidad productiva y asegure el abastecimiento interno como Brasil.  En este nuevo contexto, no debería excluirse la conformación de cadenas cortas y locales, como plantea la visión productiva agroecológica. Estas seguramente operarán bajo condiciones ambientales óptimas, pero con baja escala productiva, compartiendo el espacio productivo con el agronegocio.

Se deberán elaborar políticas que integren los dos modelos (productos diferenciados, denominación de origen, etc.), en un mercado que permitió la reversión de los “términos de intercambio” de productos agrícolas, abasteciendo una demanda creciente de alimentos a partir de una producción de gran escala.

La contradicción no tiene que ver con un producto agropecuario en particular, sino que es entre productivismo y ruralidad. La elección de retomar la ruralidad,  no debe  asociarse con un retroceso en el proceso  tecnológico, sino a una adecuación del mismo dentro de un modelo endógeno para el país, que ubique el bienestar del pueblo argentino en el centro de la escena y que asuma que el “derrame” de la acumulación de renta no existe.

La transformación de maíz en carne porcina que propone el convenio en debate, es una oportunidad en el marco de un modelo productivo propio, que priorice los efectos sanitarios y agroecológicos que implica este emprendimiento de alta magnitud. Pero, el tema principal que debe diferenciarlo de una visión rentista del agronegocio, es quien se queda con la renta que genera

El convenio tendría además de las ventajas ya enumeradas, un impacto adicional en creación de empleo, no solo por avanzar en la cadena de producción primaria-faena-frigorífico, sino además por promover otros sectores industriales vinculados en red, como por ejemplo construcción, transporte especial, congelado, etc. Asimismo, es importante considerar que la producción porcina no es extensiva y puede realizarse en regiones cerca de los las concentraciones urbanas, donde se localizan los sectores populares.

Estas condiciones, deberían ser la base para discutir también como se debe vincular con el desarrollo de la economía popular, considerando la participación en el mismo de cooperativas o granjas comunitarias, funcionales al proceso de inclusión social pendiente en Argentina.

#Carne Porcina #Producción

*Rubén Ciani  Economista. Investigador del ISEPCi  Contacto: 1156167088
7.9.20 IBP

LAS SUBAS DE LOS ALIMENTOS SIEMPRE SUPERAN A LOS AUMENTOS DE LAS REMUNERACIONES

Agosto fue un mes diferente en el conurbano bonaerense debido a la leve baja que experimentaron los precios de los alimentos. Los mismos habían sufrido durante el resto del año, subas que superaron siempre los aumentos de las jubilaciones, los salarios y asignaciones sociales.

Escriben: Isaac Rudnik y Juan Fresno

Según el relevamiento mensual en 450 negocios de cercanía en 20 distritos del conurbano bonaerense, el mes pasado los precios de los alimentos de la Canasta Básica, para una familia tipo (de dos adultos y dos hijos/as pequeños/as), tuvieron un descenso de 0,8%. En agosto el valor de los 57 productos que la componen estuvo en $18.272,46, mientras que en julio la misma canasta costaba $ 18.429,98 ($ 148 más que el mes siguiente).

Por otra parte, el valor de la Canasta Básica Total (CBT) acusó un descenso similar, por lo que pasó a costar de $ 45.129,98 en julio a $44.767,52 en agosto (o sea $362 menos).

Si contabilizamos los aumentos que se generaron en los primeros ocho meses de este año, los incrementos son más significativos ya que desde diciembre la CBT tuvo un aumento del 22,65% y la CBA subió un 25,66%.

Pero lo más preocupante es que continúa existiendo una brecha entre el valor de la Canasta de Alimentos y las remuneraciones mínimas, ya que estas últimas, en ningún caso alcanzan para cubrir la alimentación indispensable de una familia tipo.

Tanto la Jubilación Mínima -$16.864- que cobran varios millones de jubilados y jubiladas, como el salario mínimo  -$16.875- cuyo monto es referencia para los sueldos de muchas empresas, están por debajo del valor de la CBA.

Cierto es que tanto los/as jubilados/as, como las familias que cobran la Asignación Universal por Hijo recibieron entre diciembre y enero transferencias extraordinarias, mediante bonos destinados a reforzar sus deprimidos ingresos. Pero mientras estos bonos fueron por única vez, los precios de alimentos, medicamentos y otros productos esenciales para la vida cotidiana no dejaron de aumentar.

Entre los meses de enero a abril (según el orden de reparto a las diferentes provincias) las familias con hijos/as de hasta seis años, empezaron a recibir la Tarjeta Alimentar mediante la que perciben un monto de cuatro a seis mil pesos destinados exclusivamente a la adquisición de alimentos.

A fines de marzo se instauraron restricciones para paliar los efectos del coronavirus y el Gobierno puso en funcionamiento el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). El mismo fue destinado a trabajadores informales, de casas particulares y monotributistas sociales y se empezó a erogar a principios de abril, completándose sus pagos recién en los primeros días de junio.

El pago cada dos meses del IFE, en el mejor de los casos, implica una “ayuda” de cinco mil pesos por mes a los hogares que alcanzó. Todas estas transferencias son importantes para aliviar las carencias inmediatas de millones de personas que están pasando necesidades básicas como la alimentación, pero en todos los casos hasta ahora, están anunciadas como transitorias.

En la medida en que esas personas y sus familias vuelvan solo a tener los ingresos corrientes que obtienen -que desde hace mucho tiempo están siempre por debajo del valor de las Canastas Básicas- seguirá el proceso de consolidación de la pobreza y la indigencia estructural en que se encuentra sumida gran parte de la población.

En los días que corren, cuando se están discutiendo las medidas medulares que van a signar el rumbo económico del Gobierno para remontar la profunda crisis económica que nos atraviesa, anuncios como el incremento del 7,5% en las jubilaciones y asignaciones sociales no van en dirección de encarar la tan ansiada recuperación. No ayudan a construir un modelo productivo que tenga como uno de sus objetivos primordiales superar la pobreza estructural en que están sumidos millones argentinos y argentinas.

Como mínimo, las transferencias (como el IFE) de ingresos instauradas durante la emergencia sanitaria, deben convertirse en mensuales y permanentes, abriendo el camino para que se conviertan por ley en derecho adquirido.

#Aumentos #Alimentos #Canasta Básica #Remuneraciones

Contacto: 1141882603

ANEXO

En lo que va del 2020 los precios que mas aumentaron