malnutrición y emergencia alimentaria

Emergencia alimentaria y crecimiento de la malnutrición entre niños/as y adolescentes

Un informe completo del relevamiento realizado en 14 provincias se presentará detalladamente miércoles 18/09 en la sede Flores de la Defensoría del Pueblo de CABA a las 15 hs, con la presencia de Silvia Saravia -Coordinadora Nacional de Barrios de Pie, Laura Lonatti -Directora del Area de Salud-, e Isaac Rudnik (ISEPCi).

Durante el primer semestre del 2019  en el marco de una inflación que elevó el precio de los alimentos en porcentaje superior al 25%, con un descenso generalizado del consumo de productos esenciales,  como lácteos, carnes, frutas y verduras, que hizo indispensable la sanción de la Ley de Emergencia Alimentaria, desde la organización Barrios de Pie en conjunto con el Instituto de Investigación ISEPCI (Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana), hemos dado continuidad  a la construcción de la  iniciativa territorial INDICADOR BARRIAL DE SITUACION NUTRICIONAL.

24.647 niños/as y adolescentes de 0 a 19 años, fueron medidos y pesados en 14 provincias de nuestro país, registrando en las edades que van de 2 a 19 valores superiores al 43% en condiciones de malnutrición, mientras que entre los lactantes de 0 a 2 años la malnutrición supera el 29%.

Silvia Saravia, coordinadora nacional de Barrios de Pie, sostuvo que “nuestro informe pone de manifiesto que la malnutrición es un problema crónico y estructural, lo cual enfatiza la necesidad de declarar la Emergencia Alimentaria cuanto antes, así como los problemas que atraviesan nuestros comedores y merenderos al no recibir los alimentos que el Ministerio de Desarrollo Social almacena en sus galpones”.

Laura Lonatti, coordinadora del área de salud colectiva de Barrios de Pie y del área técnica del ISEPCI, resaltó que “la mitad de los chicos y chicas presentan altos valores de malnutrición. Esto es un grave riesgo nutricional que impacta en el déficits de crecimiento en los primeros años de vida (Ej: Talla y Peso) y también epidemiológico con potenciales enfermedades no transmisibles como síndromes metabólicos por malnutrición a edades tempranas (adolescentes y jóvenes) por una disponibilidad de alimentación de baja calidad nutricional (basada en harinas, carbohidratos, etc)”.

 

Silvia Saravia, por la Mesa Nacional del Movimiento Barrios de Pie.

Laura Lonatti, por el Area de Salud Colectiva de Barrios de Pie – Isepci

 Contacto:

Silvia Saravia: 1154089528

Laura Lonatti: 1156378714

Prensa: Javier Núñez: 1152207018

Escribe Jorge Taiana*

En un escenario mundial en el que algunas de las principales economías del mundo revisan sus políticas comerciales, la decisión de firmar un mal acuerdo -que sin duda impactará de manera negativa sobre importantes sectores industriales y algunas economías regionales- no es una buena decisión. Es el resultado de una política exterior que no tiene como eje principal la defensa del interés nacional ni del trabajo argentino.

El reciente anuncio del acuerdo “de principio” en el capítulo comercial del Acuerdo birregional entre la Unión Europea y Mercosur es el resultado de una negociación que en estos últimos años se desarrolló en el mayor de los hermetismos, opacidad, sin dar ningún tipo de información ni participación a los sectores productivos afectados ni a los parlamentos de cada uno de los países miembro del Mercosur.

Las negociaciones que comenzaron en 1995 sufrieron una serie de avances y retrocesos en función de las demandas y las concesiones que cada una de las partes estuviera dispuesta a ceder.

En el año 2010 los presidentes del Mercosur acordaron retomar las negociaciones que se habían paralizado en 2004. En el reinicio de las negociaciones las partes nos comprometimos a lograr un acuerdo equilibrado que contemplara las asimetrías entre ambas regiones, así como a respetar el principio de trato especial y diferenciado a los países en desarrollo. El Mercosur y la UE son dos bloques con importantes diferencias, no sólo en el tamaño de sus economías, sino también en el grado de desarrollo, en la productividad y con una marcada diferencia en la especialización de su producción, exportaciones y capacidades tecnológicas.

En el año 2016, con el cambio de gobierno en la Argentina y en Brasil, hubo un punto de inflexión en las negociaciones, que se manifestó en las importantes concesiones unilaterales realizadas por el Mercosur en detrimento del trabajo y de importantes sectores de la producción nacional, en particular de la industria y de las economías regionales.

La intención del gobierno de realizar un anuncio electoral “obligó” al Mercosur a resignar importantes decisiones soberanas sobre política económica y la subordinación de la legislación y jurisdicción nacionales en materias clave para alcanzar un desarrollo sostenible como país y como región.

La importancia sistémica del acuerdo

Un acuerdo comercial con un socio de la envergadura de la Unión Europea tendrá sin dudas un impacto sistémico en el comercio y en la economía. No alcanza con obtener un acuerdo, es fundamental lograr un buen acuerdo que preserve los intereses nacionales, ciertos instrumentos de políticas de desarrollo y a determinados sectores productivos.

El relanzamiento de las negociaciones en 2010, en el que participé como canciller de la República Argentina, se hizo bajo esos supuestos y con el objetivo de alcanzar un acuerdo ambicioso y equilibrado que beneficiara el trabajo y la producción nacional y regional.

El preacuerdo alcanzado por el gobierno de Macri, que fue cerrado a cualquier precio, ha violado importantes líneas rojas de la posición negociadora de los años anteriores, cediendo a las pretensiones cada vez más crecientes de la Unión Europea.

Si bien reconocemos el impacto positivo que un acuerdo bien negociado hubiera podido tener en materia de inversiones, institucionalidad y seguridad jurídica, a medida que se van conociendo los textos se puede apreciar que éste no es el caso. A modo de ejemplo, basta señalar que en 2014 los países del Mercosur aprobaron quince premisas que debían guiar la negociación para que fuera equilibrada.

La mayor parte de esas premisas no se han mantenido, y las pocas que se respetaron fueron porque significaban líneas rojas para otros socios, como es el régimen de draw back y admisión temporaria para el Uruguay. En cambio, aquellas premisas que eran fundamentales para nuestro país como son los derechos de exportación, las licencias de importación o el establecimiento de una cláusula de industria naciente para determinados sectores fueron dejadas de lado.

El preacuerdo alcanzado tampoco contempla medidas que aseguren un trato especial y diferenciado. Más aún, la dinámica de la negociación en esta última etapa fue “entre iguales”, lo que implicó un esfuerzo mucho mayor por parte del Mercosur respecto a lo que se cedió y se obtuvo en las diferentes disciplinas.


La asimétrica liberalización comercial y la pérdida de la pérdida de la preferencia regional 

El Mercosur desgravará por completo el 91 por ciento de sus importaciones provenientes de la UE en un plazo de diez años para la mayoría de los productos, incluyendo sectores sensibles como autos y autopartes, químicos, textiles y productos farmacéuticos. Además, la reducción será lineal y no con el sistema back loading –reducción inicial leve que se acelera en los últimos años de desgravación– como demandaba el Mercosur para sus productos sensibles. Por su parte, la UE liberalizará el 92 por ciento de su comercio, protegiendo en el 8 por ciento restante a su sector agrícola, pero como se trata de comercio efectivo y no potencial no toma en cuenta aquellos productos agrícolas que hoy no pueden ingresar a la UE por tener aranceles prohibitivos.

“En la actualidad casi dos tercios de las exportaciones del Mercosur a la UE ingresan sin pagar aranceles, mientras que sólo alrededor del 14 por ciento de los bienes europeos están libres de aranceles”

En 2004 la oferta europea implicaba una liberalización del 93,6 por ciento del comercio y la del Mercosur un 86 por ciento, similar al Acuerdo alcanzado con Sudáfrica. Después de quince años la UE terminó liberalizando menos y el Mercosur más, resultando una liberalización totalmente asimétrica a favor de la UE, que traerá aparejado un impacto muy desigual entre ambos bloques, debido al tamaño y competitividad relativa de las respectivas economías.

El PBI de la UE prácticamente sextuplica al de nuestro bloque regional y sus niveles de competitividad –particularmente en el sector industrial y en el de servicios– son significativamente más importantes. Mientras que para la UE el acuerdo implicará liberalizar sólo alrededor del 1 por ciento del total de sus importaciones, para el Mercosur la desgravación alcanzará aproximadamente al 20 por ciento.

Además, en la actualidad casi las dos terceras partes de las exportaciones del Mercosur a la UE ingresan sin pagar aranceles, mientras que sólo alrededor del 14 por ciento de los bienes europeos están libres de aranceles al Mercosur. Esto significa que solamente un dólar de cada cuatro que se exportan a la UE se verá beneficiado por el acuerdo, en tanto que el Mercosur liberará su comercio en alrededor de un 75 por ciento, desde un nivel de protección arancelaria, además, mucho más alto.

En efecto, el promedio aritmético de los aranceles aplicados por el Mercosur es del 11,5 por ciento, mientras que el promedio de la UE es de alrededor del 6 por ciento. Esto significa que el Mercosur debe realizar un esfuerzo de liberalización mucho mayor que la UE, tanto en términos del volumen de comercio como en la magnitud de la reducción arancelaria, con el agravante que el Mercosur desprotegerá lo sustancial de su producción industrial y la UE no abrirá el comercio de sus productos agrícolas sensibles.

El control del precio de los alimentos. la Junta Nacional de Granos y las experiencias vigentes en todo el mundo

En todo el mundo, los mecanismos de intervención y control del estado para garantizar la producción y la provisión de alimentos a la población de cada país están muy lejos de haber desaparecido.

Escribe: Rubén Ciani*

La suba del precio de los alimentos registrada en línea con  la devaluación post PASO 2019, puso nuevamente en debate la vigencia de la Junta Nacional de Granos (JNG),  un organismo que reguló el mercado argentino de granos durante casi sesenta años.

Los entes reguladores del mercado de granos existentes en el mundo  pre-globalización, tenían, como nuestra JNG múltiples funciones, varias de las cuales se vinculaban con el abastecimiento interno de alimentos. A diferencia de lo sucedido en Argentina,  que desarticuló todas las funciones de la JNG, en la mayoría del resto de los países se mantuvieron líneas de acción que en forma directa o indirecta apuntaban a la política alimentaria.

 

Los graves problemas  alimentarios que tiene Argentina, con un 35% de la población en condiciones de pobreza y un 12% de indigencia, ameritan repensar la estructuración de una política alimentaria que supere al asistencialismo y se vincule con el desarrollo socioeconómico. En ese marco, la seguridad de abastecimiento y la estabilidad del precio de los alimentos, juegan un rol central.

 

El punto de debate

En primer lugar debemos señalar que el debate relanzado luego de las PASO 2019, no estuvo dominado por  una postura nostálgica que reclamara el renacimiento de la JNG, sino que se planteo sólo una actividad de la misma, su programa de trigo,  como referencia a la falta de una política alimentaria consistente, que incluya la estabilización del precio interno alimentos en los procesos inflacionarios.

En el marco de ese programa de trigo, la JNG compraba a los productores un volumen establecido de trigo en la abundancia de la cosecha; dándole  sostén al precio que aquellos recibían por su producción; en tanto que  cuando se observaba escasez del cereal en el mercado interno, vendía ese trigo a los molinos harineros, poniéndolo de esta forma un techo al precio de alimentos  básicos, como lo son la harina y el pan.

En suma, estabilizaba el precio del trigo sosteniendo el ingreso de los productores agrícolas y, al mismo tiempo, limitando el gasto de los consumidores. Los costos del programa eran sólo financieros y de almacenaje.

Seguramente, no es necesario refundar la JNG ni su programa de trigo tal cual era en los años de su existencia. Si parece imprescindible estabilizar el precio de los alimentos, para lo cual dicha experiencia es una referencia importante.

Algunos aspectos históricos relevantes de la JNG

La JNG fue creada en 1933, en época de ideología liberal,  con el nombre de Junta Reguladora de Granos. Continuó su vigencia, con diferentes denominaciones, coexistiendo con regímenes militares o democráticos;  como con así también con tendencias económicas que iban desde aquellas mal denominadas de “intervencionismo populista”, hasta las que proponían “achicar el estado para agrandar la nación”.

Precisamente, durante el gobierno de la denominada “Revolución Libertadora”, asume el nombre de  Junta Nacional de Granos (JNG), el que mantiene   hasta 1992, cuando se concreta su disolución definitiva en el proceso de desregulación económica del gobierno de Menen.

Era un organismo que regulaba el comercio de granos, a partir de múltiples funciones entre las que se destacan, además de la ya comentada: a) Regular los contratos de compraventa; b) Garantizar la entrega de mercadería; c) Fijar estándar de calidad; d) Operar los elevadores portuarios de carga de granos, d) Efectuar ventas al exterior para sostener el precio a los productores, e) Cumplir los convenios bilaterales, etc.

La JNG coexistía a nivel mundial, con una  variedad de organismos y programas que participaban en el  mercado de granos mundial e interno de sus países. Estos surgieron durante la crisis del 30, con el objetivo de salvaguardar a los productores agrícolas (Las Juntas de Trigo en Australia y Canadá, el Farm Bill en Estados Unidos, etc.); pero luego de la segunda guerra mundial, cuando además se conforma la PAC en Europa, incorporaron a la seguridad alimentaria, como eje de sus actividades,

Si bien disolución de la JNG en los años noventa, estuvo en sintonía con la desregulación del comercio mundial de granos, que aconteció luego de la caída del bloque soviético y anticipando el proceso de globalización; a diferencia de lo registrado en otros países, aquí se dejó el movimiento del precio de los alimentos librado al mercado

En ese nuevo orden de mercado, se disolvió la emblemática AWB de Australia y parte de su operatoria pasó a una exportadora internacional, en tanto que la CWB de Canadá dejó de tener el monopolio del comercio. Sin embargo,  muchos   países mantuvieron programas con diferente grado de institucionalización, orientados a estabilizar el precio o participar en el mercado de alimentos para sus poblaciones. En Brasil dejó de existir la Junta Brasileña de Trigo, pero continuó la Comisión Nacional de Abastecimiento; en India sin ser monopólica sigue existiendo la Corporación Estatal de Comercio (STC), en China la Agencia Nacional de Granos, etc. Asimismo, el Farm Bill en Estados Unidos y la PAC en la Unión Europea, mantuvieron, en diferente grado, mecanismos asociados al movimiento de los precios, como base de su seguridad alimentaria.

Vale la pena explicar brevemente que el Farm Bill en Estados Unidos es un programa de subsidios que fue introducido en 1933 en el marco de la depresión económica de los años 30, que produjo una reducción generalizada de los precios agrícolas. El objetivo era garantizar precios adecuados a los productores y el abastecimiento de alimentos necesarios al país. A partir de mediados de los 70 el programa de subsidios incluyó cupones para alimentos destinados a las personas que se encuentran por debajo de la línea de pobreza. El Farm Bill tiene una cláusula por la que debe renovarse por aprobación legislativa cada cinco años, y cada vez que esto sucede se introducen actualizaciones. A partir de la crisis de 2008, los cupones para alimentos se fueron incrementando hasta cubrir el 80% del total del programa. La última renovación fue promulgada por Donald Trump en Diciembre pasado.

 

Por su lado la Política Agrícola Común de la Unión Europea (PAC) que sigue vigente, que está destinada a proporcionar alimentos accesibles a sus ciudadanos y precios justos a los agricultores, fue introducida en 1952. Desde sus inicios hasta los días que corren fue actualizada mediante diversas modificaciones en los años 80, en 1999, en 2003 y 2005, adquiriendo una importancia sustancial para la vida de la UE,  llegando a absorber hasta un 50% de su presupuesto común. Fue incorporando principios como la Seguridad Alimentaria, la gestión sostenible de los recursos naturales, la contemplación del cambio climático, el respeto a normas medioambientales, el control para la inocuidad de los alimentos, de la sanidad vegetal, y del bienestar de los animales, mientras impulsa un permanente incremento de la productividad y el abastecimiento de los alimentos a precios razonables.  O sea, que en ambas regiones los mecanismos de intervención y control del estado para garantizar la producción y la provisión de alimentos a la población de cada uno estos países están muy lejos de haber desaparecido.

 

La estabilidad del precio de los alimentos.

Por el contrario en la  Argentina actual, los instrumentos públicos de estabilización del precio de los alimentos son escasos o nulos.

La disolución de la JNG en 1992, no fue acompañada por la instrumentación de nuevos mecanismos de estabilización precios de alimentos al mercado interno.

En la década del 90 con un dólar fijo y precios de los granos en baja, su aplicación no apareció como necesaria. Pero en el nuevo siglo, con el estallido de la convertibilidad y la suba de los precios mundiales de productos primarios, los valores de los alimentos en Argentina aumentaron al ritmo de la variación del dólar y de los precios mundiales.

A partir de diciembre del 2015, con la aplicación de una política aperturista y de mercado, se eliminaron las retenciones (con excepción de la soja) y otros mecanismos de estabilización, que habían tenido un efecto relativo. La nueva  idea subyacente era que un mercado sin ninguna intervención  propendería una oferta amplia de alimentos, la que derivaría en una baja de los precios.

Esto último no sucedió, ya que las producciones aumentaron pero también los precios de los alimentos. La situación del trigo es un ejemplo. Su producción alcanzó volúmenes récord a partir del 2015, pero los precios de la harina y el pan se mantuvieron al tope de la escalada inflacionaria.

Lo que si se observó, es que los movimientos de dólar o de los precios internacionales  afectan sensiblemente al precio de los alimentos en nuestro mercado interno. Claramente internacionalizar el precio de los alimentos, en un país con un fuerte componente exportable, no genera estabilidad.

Argentina debe analizar la idea de disponer instrumentos de estabilización de precios, los que pueden ser arancelarios  o de cuotificación; de intervención permanente o como referencia testigo, de administración estatal o privada (cooperativas, productores, consumidores, etc); pero efectivos y orientados específicamente a mantener abastecimiento y estabilidad de precios. En este contexto, referenciarse en la JNG, así como en la experiencia mundial que está en curso, debe ser parte del análisis.

 *Lic Rubén Ciani es investigador del ISEPCi

Contacto: 11556167088


 

En los barrios del conurbano en agosto la Canasta de Alimentos aumentó 10,06%. En un año subió 63,87%


En los últimos doce meses el gobierno reemplazó el programa de “precios cuidados” por el de “precios esenciales”, eliminó el IVA de varios de estos productos de la Canasta Básica e indujo una fuerte caída  del consumo. El poder adquisitivo de salarios,  jubilaciones y asignaciones sociales y el consumo decayeron, pero los precios no dejaron de aumentar.

Escriben Isaac Rudnik y Juan Fresno

Según el relevamiento mensual de los 57 productos de la Canasta Básica de Alimentos (CBA) en 320 comercios del conurbano bonaerense, en agosto los precios aumentaron 10,06%. Una familia de dos adultos y dos niños/as pequeños/as, en julio precisaba para solventar sus gastos mínimos de alimentación $11.923,33 y en agosto para cubrir los mismos gastos requería $13.122,23 o sea unos $1200 más que treinta días antes.

Para adquirir todos los productos que componen la Canasta Básica Total (además de alimentos, transporte, tarifas, salud, educación, indumentaria, etc) y no caer por debajo de la línea de pobreza, la misma familia necesitó en julio $29.927,56 y en agosto $32.936,80 (o sea tres mil pesos más).

En lo que va del año 2019 la Canasta de Alimentos se incrementó un 34%, pasando de valer $9.791,62 en diciembre pasado a $13.122,23 en agosto. Mientras que en doce meses (desde agosto de 2018) los precios de los alimentos básicos subieron 63,87%.

Desde agosto del año anterior los alimentos que más subieron están encabezados por los lácteos (leche fluida, quesos cuartirolo y rallar, yogurt) que aumentaron un 100%; verduras como la cebolla (116,67%), las papas (100%), lechuga (77,78%); frutas (bananas y manzanas (72%); yerba (95%) o aceite mezcla (72%).

En este período de un año el gobierno reemplazó el programa de “precios cuidados” por el de “precios esenciales”, eliminó el IVA de varios de estos productos de la Canasta Básica impulsó y sostuvo una brutal restricción monetaria de la mano de una fuerte caída de salarios, jubilaciones y asignaciones sociales, todo lo cual produjo una enorme caída del consumo que en el marco del “libre juego de oferta y demanda” debía producir un descenso de la inflación. El poder adquisitivo de salarios,  jubilaciones y asignaciones sociales y el consumo decayeron, pero los precios no dejaron de aumentar.

Contacto: 1141882603

 

Cosecha récord de cereales y oleaginosos con el más bajo ingreso de divisas al país en diez años

Escribe: Rubén Ciani

La liquidación de divisas por exportaciones de los industriales oleaginosos y los exportadores de cereales, se ubicaba en el mes de julio,  con un valor cercano a los 13 mil millones de dólares, en el nivel más bajo de los últimos diez años.

Esto surge del análisis comparativo entre los valores acumulados en el período enero – julio  de 2010 a 2019, difundidos por CIARA-CEC,  cámara que agrupa a la mayor parte del sector de exportadores de cereales y oleaginosos. Cabe destacar, que los productos involucrados –cereales y oleaginosos- aportan más del 40% del valor de exportaciones del país.

 

Si bien como señalan los comunicados mensuales de CIARA-CEC, la liquidación de divisas “está fuertemente influida por el ciclo comercial de los granos, que depende de diversos y cambiantes factores exógenos”, su evolución es un indicador relevante en las coyunturas de fuerte demanda de dólares en el mercado local.

En la comparación con el promedio de lo  ingresado hasta el mes julio  en los años precedentes, se puede medir un retraso en el ingreso de 2019 del orden de los 1300 millones de dólares, que podríamos extenderlo para todo el sector al orden de 1500/1600 millones de dólares. Se supone que las cifras de  CIARA-CEC reflejan entre el 85/90% del valor total exportado por el sector.

Cabe destacar, que en 2019 la cosecha de cereales y oleaginosos totaliza un volumen récord estimado en 145 millones de toneladas, cifra que supera en un 25% al registro de la temporada previa. Asimismo los precios, no observan grandes cambios con respecto a lo observado en los últimos años. En suma, no existen condicionamientos de volumen o precios que expliquen una menor liquidación de divisas que la registrada a igual fecha del 2018.

En términos relativos al total anual, los datos de los últimos diez años muestran que habitualmente para fines de julio se liquida entre el 60% y el 70% del total del año.

Si consideramos un ingreso a julio del 60% -que es el mínimo observado en el período 2010-2018- en lo que resta del año 2019 deberían ingresar por lo menos 10 mil millones de dólares adicionales. Dicha cifra puede ampliarse hasta en 3.000 millones, en base a las proyecciones de ingreso del orden de los 27 mil millones de dólares que realiza el mercado para toda la campaña 2018/19.

*Rubén Ciani, es investigador del Isepci

Contactos: 1156167088/ 1141882603