*Por Julián Prósperi
En el marco del día de la niñez pasado, del día de la juventud de este 16 de septiembre, y continuando con la nota anterior sobre las niñeces (parte 1)”, buscaremos reflexionar sobre la situación de les niñes y adolescentes en nuestro país en cuanto a cumplimiento de derechos básicos y universales, en este caso, el acceso a una vivienda digna. Por eso entre otras fuentes, entrevistamos a Simón Cluigt, Licenciado en Trabajo Social y Director del ISEPCi de La Plata.
LES NIÑES Y LA POBREZA
Como ya hemos dicho en la nota anterior, según los datos relevados en el segundo semestre del 2021 por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), el 37,7% de la población argentina se encontraba debajo de la línea de la pobreza. Este porcentaje representa 10,8 millones de personas en el país y, dentro ese conjunto, casi 2,4 millones se ubicaban por debajo de la línea de indigencia
Estos números ya son de por sí alarmantes, pero empeoran cuando nos enfocamos en les niñes. El 51,4% de las personas entre 0 a 14 años son pobres y, dentro de este porcentaje, el 12,6% son indigentes. Esto quiere decir que más de la mitad de les niñes del país, más específicamente 5,5 millones, tienen alguna o muchas de las necesidades básicas insatisfechas.1
LA VIVIENDA DIGNA ES UN DERECHO
El derecho a la vivienda digna tiene reconocimiento constitucional expreso, precisamente en el articulo 14bis de nuestra Constitución Nacional. Además el artículo 75, inciso 22 de la carta magna incorpora y ratifica diversos instrumentos internacionales de derechos humanos donde este derecho es reconocido.
Por ejemplo, la vivienda adecuada figura como parte del derecho a un nivel de vida adecuado en la Declaración Universal de Derechos Humanos (art. 25), en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 17) y en la Convención sobre los Derechos del Niño (arts. 16, 1 y 27. 3).
Por esto es que Simón Cluigt, Licenciado en Trabajo Social y Director del ISEPCi de La Plata apunta al Estado como responsable: “el Estado tiene un rol fundamental en lo relativo a garantizar los derechos de las niñeces y juventudes. La vivienda digna, es un derecho humano básico, que debe ser garantizado por el aparato estatal”.
PERO ¿QUÉ ES UNA VIVIENDA DIGNA O ADECUADA?
Antes de continuar tengamos en claro a que nos referimos cuando hablamos de éstas vivienda. Según ONU-Habitat1 la vivienda debe contar, como mínimo, con los siguientes elementos:
- Seguridad en la tenencia: contar con medidas de seguridad que garanticen la protección jurídica frente a amenazas posibles (desalojo, hostigamiento, etc.). Por ejemplo, título de propiedad, contrato de alquiler, entre otros instrumentos.
- Disponibilidad de servicios, materiales, instalaciones e infraestructura: acceder a agua potable, cloacas, energía, así como a instalaciones para conservar alimentos y eliminar desechos.
- Asequibilidad: poder abonar el costo de la vivienda (alquiler, expensas, entre otros) sin poner en peligro o dificultar el disfrute de otros derechos.
- Habitabilidad: disponer de seguridad física, espacio suficiente, protección frente al clima, riesgos para la salud y peligros estructurales.
- Accesibilidad: considerar las necesidades específicas de los grupos desfavorecidos que habitan la vivienda (personas con alguna discapacidad, adultos mayores, entre otros).
- Ubicación: ofrecer acceso a oportunidades de empleo, servicios de salud y educación, instalaciones sociales y no estar ubicada en zonas contaminadas o próximas a fuentes de contaminación.
- Adecuación cultural: considerar y respetar la expresión de la identidad cultural de quienes la habitan.
¿POR QUÉ ES IMPORTANTE? ¿QUÉ CONSECUENCIAS PUEDE TRAER?
Cuando este derecho es vulnerado, sobre todo para les niñes y adolescentes, puede conllevar importantes riesgos para la salud. En nuestro país tenemos un gran porcentaje de menores de edad que enfrentan algún tipo de hacinamiento, déficit en el saneamiento o medio ambiente, viviendas precarias y/o condiciones insalubres. Además podemos decir que no hay una suficiente concientización sobre lo importante que es esto para la salud de les niñes.
En palabras del Simón Cluigt, que trabaja de cerca con estas problemáticas: “les niñes y las juventudes, son sujetos de derecho especialmente protegidos, porque no cuentan, en potencialidad, con las mismas herramientas que les adultes para hacer frente a las complejidades de la vida cotidiana, en un mundo caracterizado por la inequidad social”.
Además sobre las posibles consecuencias de un déficit en la vivienda, agrega que: “en las situaciones más extremas, hasta pueden llevar a la muerte, como ocurre con varies niñes que mueren electrocutades porque en sus casas no cuentan con conexiones seguras de electricidad, o por esta misma situación, sus casillas se prenden fuego”.
Por su lado, desde el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina2 (UCA) señalan, que:
Este tipo de vivienda “condiciona la aparición de una mayor carga de enfermedades respiratorias, gastroentéricas, parasitarias, enfermedades trasmitidas por vectores como mosquitos y ratas” (…)
(…) La población infantil es la más vulnerable a los riesgos ambientales, que se ven incrementados por otros determinantes de la salud, como la pobreza, la inequidad, la falta de planificación de los espacios urbanos, y no tener garantizado el acceso a la salud y a la educación. Estos riesgos impactan sobre organismos en crecimiento y desarrollo con menor capacidad de respuestas, produciendo daños en épocas tempranas, y que se expresen tardíamente” (…)
(…) “Un medio ambiente sano es necesario para que los niños/as disfruten del derecho a la vida, el desarrollo y la salud. Según la ONU (2018) los daños ambientales contribuyen a la aparición de problemas de salud severos, como el asma y otras enfermedades respiratorias, enfermedades cardiovasculares, el cáncer y los trastornos neurológicos.”
ALGUNOS DATOS DE NUESTRO PAÍS – ¿QUÉ PASA CON LAS ESTADISTICAS EN ARGENTINA?
En Argentina cerca 3,5 millones de familias presentan un déficit en cuanto al acceso a una vivienda adecuada, lo que representa alrededor de un tercio de la población total. Aproximadamente el 60% son casas que necesita modificaciones ya que presentan condiciones que no son las adecuadas (hacinamiento, déficit de saneamiento, etc.), el resto ni si quiera logra acceder a una vivienda3.
Según los últimos datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH, 2021), el 49% de las personas relevadas en los 31 aglomerados urbanos más grandes del país no accede a, al menos, uno de los tres servicios básicos (agua corriente, gas de red y desagües cloacales)4.
Es difícil precisar más datos ya que otro problema en nuestro país es la falta de estadísticas detalladas de la situación. A la espera de los resultados del último censo hecho en 2022, los últimos números son estimaciones hechas por el INDEC, organismos sociales no oficiales o encuestas que no dan información completa y precisa de todo el territorio a nivel nacional.
Además de todas estas implicancias sobre la salud, otros aspectos también hacen a una vida digna. Por ejemplo, el acceso a internet es fundamental para la educación y el acceso a la información, situación que se vio claramente evidenciada durante la pandemia y el aislamiento obligatorio, que dejo a miles de niñes sin escolarización.
Según el Observatorio de la Deuda Social de la UCA, el 33,3% de los NNyA (niños, niñas y adolescente) no contaba con acceso a internet en el hogar durante el último semestre de 2021. Además los hogares con NNyA del estrato trabajador informal y de socioeconómico muy bajo (25% con menos ingresos) presentan los valores más altos de ausencia de acceso a internet, con el 54,8% y el 60,8% respectivamente.
Todos estos datos deben prender las alarmas sobre la situación que se presenta en nuestro país. La pobreza, la vivienda digna, los problemas de salud y alimentación golpean más duramente a las infancias que son las que se presentan más vulnerables. Por eso nos preguntamos qué se está haciendo al respecto, principalmente, de quien tiene que dar respuesta ante esto: el gobierno nacional. Pero también destacando el trabajo de las organizaciones sociales.
¿QUÉ SE HACE ACTUALMENTE POR EL ACCESO A LAS VIVIENDAS?
Frente a este gran déficit que enfrentamos en nuestro país, ¿Qué políticas se toman? ¿Son suficientes?
Podría decirse que el plan Pro.cre.ar es la política más importante en cuanto a creación y acceso a vivienda desde su creación en 2012. El problema es que como dice Cluigt “es de muy difícil acceso”. Ante una macroeconomía tan inestable como la que enfrentamos hace tantos años, el acceso al crédito, debido a los intereses y la inflación, es cada vez más difícil de abordar.
Durante este año el rubro Vivienda y Urbanismo, en el primer semestre, fue el que más incrementó en la inversión pública nacional, con un 40% de crecimiento en términos reales en relación del mismo periodo de 2021. Según un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) que se refleja en datos del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, muestra que hubo 52.096 viviendas entregadas desde diciembre de 2019 y 125.137 en ejecución5.
Es decir, pareciera haber un esfuerzo en la creación y acceso a viviendas, pero esto enfrenta varios problemas: la ubicación de las mismas, siguen sin ser suficientes, no existe un consenso sobre las políticas habitacionales que sea transversal a los partidos políticos, etc. pero principalmente la inestable situación económica.
Si cerca del 40% de la población está debajo de la línea de la pobreza y tiene problemas para acceder a derechos básicos como alimentación, educación y otros servicios, obviamente entrar a una cuota durante años queda pospuesto y relegado a cambio de intentar cubrir necesidades aun más básicas y urgentes.
LAS ORGANIZACIONES SOCIALES
Simón Cluigt indica que:
“En este contexto, de mucha crisis económica, política y social, las organizaciones sociales son imprescindibles. Son un faro organizativo de un montón de personas que la están pasando muy mal, y encuentran en estos espacios un lugar para poder organizarse y defender sus derechos de manera colectiva”.
Y agrega que “además las organizaciones también son espacios de canalización de reclamos y necesidades, en lugares donde el Estado con sus distintos dispositivos, evidentemente no está llegando”. Este tipo de espacios son fundamentales y necesarios ante un aparato estatal que se muestra evidentemente y, desde hace años, ineficiente para cubrir esta necesidad.
Este es un problema estructural difícil de afrontar. La oferta de viviendas y/o terrenos no puede estar anclada a una lógica de mercado y acumulación de capital. De esta manera quienes quedan excluidas y vulneradas son las mismas personas de siempre, aquellas que menos tienen.
EL APORTE DEL IFAD Y/O IBSN
En nuestro caso pretendemos aportar a este problema con nuestro Indicador de Acceso a Derechos (IFAD) que saldrá a la luz próximamente. Buscamos dar información de la situación actual de los sectores más vulnerables de la sociedad en cuanto a acceso o vulnerabilidad de múltiples dimensiones como ALIMENTACIÓN, SALUD, EDUCACIÓN, CONECTIVIDAD, TRABAJO E INGRESOS, VIVIENDA, INFRAESTRUCTURA y ENTORNO.
Para Cluigt este tipo de indicadores son importantes porque: “primero, son realizadas a través de la metodología de la IAP (Investigación – Acción – Participativa). Lo que permite que el proceso sea, por un lado dialéctico, y por el otro, que son les mismes vecines quienes lo realizan, a partir de capacitaciones permanentes”.
“Y segundo, permiten un monitoreo constante de determinadas variables de la situación nutricional de un montón de niñes y jóvenes, además de otras variables más integrales. Y, si desde el Estado se le diera la suficiente importancia a los resultados que arrojan estos indicadores, se podrían mejorar muchísimo las políticas públicas para que realmente incidan en la transformación de un montón de desigualdades que viven cotidianamente las familias de nuestro país”.
¿QUÉ SE PUEDE HACER?
No pensamos resolver algo tan complejo desde este lugar, pero para empezar es fundamental conocer exactamente cuál es el déficit, tanto cualitativamente como cuantitativamente. Tener una metodología de recolección de datos completa y oficial para la medición precisa de la situación habitacional es el comienzo para abordar el problema.
Intentar consensuar políticas que vayan más allá de la ideología y que logren respetarse con los cambios de gobierno. Que todos los niveles del Estado funcionen de manera organizada y fluida en un mismo sentido. Y que éstas políticas traten de atender la problemática enfocándose en quienes más la sufren, los sectores con menores ingresos.
Para Simón Cluigt “hay que pensar en la familia como un centro de apoyo de las niñeces y juventudes. Por lo que la intervención estatal, debe estar centrada en mejorar las condiciones habitacionales de les niñes y jóvenes viviendo con sus familias”.
“La cuestión habitacional debe estar enfocada más desde una integralidad, donde intervengan no solo los efectores estatales de niñez y adolescencia, si no, y sobre todo, los entes estatales de la vivienda, a partir de programas de acceso a créditos blandos y accesibles, o con políticas integrales de acceso a la vivienda o mejoramiento de las ya existentes” concluye.
La vivienda digna es un derecho básico reconocido en la Constitución Nacional y es deber del Estado hacerlo efectivo. La pandemia dejó en evidencia que el problema debe ser atendido con urgencia, sobre todo viendo que los principales afectados en esta situación son les niñes.
*Julián Prósperi, es Licenciado en Ciencias de la Comunicación Social e integra el equipo de comunicación nacional del ISEPCI.
1 https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/FS21_rev_1_Housing_sp.pdf
4 https://www.cippec.org/textual/el-derecho-a-la-vivienda-adecuada/
5 https://www.telam.com.ar/notas/202208/600960-vivienda-lidero-inversion-publica-primer-semestre.html