Actualmente, las ciudades latinoamericanas son mayoritariamente contenedoras de pobreza urbana. Las desigualdades sociales y económicas que atraviesan a la sociedad se traducen en áreas de la ciudad que presentan serias deficiencias en infraestructura de servicios, transporte público, equipamiento comunitario, accesibilidad universal y espacios verdes
Escribe: Federico Maigua*
Un poco de historia
Pasaron 44 años de la primera convocatoria mundial para tratar los temas-problemas referidos a los asentamientos humanos. En 1976 Vancouver era testigo de la confluencia de incipientes organizaciones, investigadores, dirigentes barriales y militantes con un interés común que, sin saberlo quizás, sentaban un precedente mundial con la Cumbre del Hábitat, cuya Declaración fue tomada por la Comisión de Hábitat de las Naciones Unidas y de la que surgen documentos estableciendo claramente el Derecho a una Vivienda Adecuada.
Un número importante de los y las participantes de esa conferencia provenía de países latinoamericanos, y es significativo el dato porque Chile, Uruguay, Paraguay, Brasil, Argentina, Bolivia y Perú estaban gobernados por feroces dictaduras militares que, entre otras cuestiones, imponían modelos económicos de desigualdad y exclusión social. En nuestro país, el gobierno de facto aplicó un modelo económico rentístico-financiero que afectó gravemente la industria nacional, dejando como consecuencia el incremento de la pobreza pasando de un 3% en 1974 al 25% en 1983.
Ya en democracia, una vez finalizado el gobierno de Alfonsín, en los 90 el modelo neoliberal del menemismo puso en práctica las recetas ordenadas por organismos de financiamiento como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial constituidos, en realidad, en verdaderos instrumentos políticos de dominación económica de los países emergentes endeudados. La apertura de las fronteras económicas en beneficio de los productos importados, el achicamiento del Estado, el ajuste estructural y la flexibilización laboral formaban un peligroso cóctel para el pueblo trabajador en detrimento del aparato productivo nacional.
Las consecuencias se reflejaban en la profundización de los índices de desocupación y, paralelamente, en aumento de la pobreza en sus múltiples dimensiones, empujando gran parte de la población a un deterioro social muy difícil de superar.
En la periferia de los centros urbanos de mayor densificación por la proximidad de industrias y fábricas, condenadas al cierre, la pobreza crecía exponencialmente. En las ciudades de menor envergadura donde se asentaban empresas anteriormente estatales, privatizadas por Menem, se repetían las mismas imágenes conmovedoras. De de ser generadoras seguras de fuentes de trabajo, de desarrollo económico local y regional, se transformaban de la noche a la mañana en “ciudades fantasmas” debido a la permanencia en el lugar de hogares enteros sin ingresos económicos y al éxodo de desocupados sin perspectivas de futuro.
Los nuevos migrantes, al menos una buena porción de ellos, se acercaban a los grandes aglomerados en busca de nuevas perspectivas, encontrándose, entre otras cosas, con una situación de difícil acceso a viviendas adecuadas. En ese contexto, la crisis existente comenzaba a traducirse también en el crecimiento del déficit habitacional hasta hoy vigente.
Los guetos voluntarios y la segregación urbana
Actualmente, las ciudades latinoamericanas son mayoritariamente contenedoras de pobreza urbana. Las desigualdades sociales y económicas que atraviesan a la sociedad se traducen en áreas de la ciudad que presentan serias deficiencias en infraestructura de servicios, transporte público, equipamiento comunitario, accesibilidad universal y espacios verdes. Mientras por otro lado, en menor proporción afloran grandes extensiones de tierra donde se asientan barrios privados en zonas privilegiadas por el entorno físico, por el paisaje natural, y por las fuentes de inversión.
Estos mal denominados “clubes de campo” nacidos en la década del 90 y que hoy tienen mayor vigencia, desnudan las desiguales formas de producción del hábitat que conviven en nuestras ciudades. Dejando de lado la realidad de la clase media o media baja, sectores sociales diametralmente opuestos definidos como populares o pobres por un lado, y media alta o alta por otro, habitan zonas urbanas atravesadas por factores bien dispares donde está demás indicar cuáles presentan mejores condiciones físicas.
Zigmunt Bauman sostiene que en ambos casos la forma de vivir en la ciudad deriva en guetos. Unos no tienen otra alternativa que vivir en las zonas más degradadas de la ciudad con todas las necesidades y condiciones de precariedad de barrios miserables que él denomina “guetos involuntarios” y otros deciden vivir en lugares económicamente poco accesibles debido a sus prestaciones, controlados y en comunidades cerradas llamadas “guetos voluntarios”.
Estos mal denominados “clubes de campo” nacidos en la década del 90 y que hoy tienen mayor vigencia, desnudan las desiguales formas de producción del hábitat que conviven en nuestras ciudades.
De esa manera las villas, asentamientos o barrios informales, suponen el lugar indicado para ser habitado de manera involuntaria por miles de hogares que se encuentran por debajo de las líneas de indigencia y pobreza. La situación de segregación urbana en la que se encuentra sometida una buena parte de la población carece de presencia efectiva del estado en el territorio para comenzar a revertirla. Se exhiben en realidad como el resultado (y consecuencia) de políticas urbanas y sociales que se han desarrollado de manera disociada durante décadas En el mismo sentido, el crecimiento desordenado de un buen porcentaje de los asentamientos humanos en nuestro país se presenta como el escenario ideal para la irregularidad.
Cuando se analizan las tomas de tierra llevadas adelante por familias enteras, en forma organizada o espontánea, se pone en la agenda mediática la emergencia habitacional por la que atraviesa la Argentina, y a la vez, se deja en evidencia que el principal problema a resolver es la política de producción de suelo urbano. El fin último que persiguen los hogares afectados por el déficit es la Vivienda como derecho individual, pero yendo más allá, el Derecho a la Ciudad es colectivo e igualmente necesario, y como tal requiere de una mesa de trabajo serio que implique la participación de todos los sectores involucrados.
Cuando se analizan las tomas de tierra llevadas adelante por familias enteras, en forma organizada o espontánea, se pone en la agenda mediática la emergencia habitacional por la que atraviesa la Argentina
La manera óptima de generar terrenos urbanizados en nuestro país debería ser estatal porque se trata de un bien social, pero la realidad es que mayoritariamente esta actividad se encuentra acaparada por la inversión privada, y un lote con servicios se ha convertido en una mercancía a la que cada vez es más difícil acceder, sobre todo para los sectores populares.
Las políticas públicas
Tampoco existen políticas de prevención de asentamientos a través de políticas de abordaje integral, entonces el Estado llega tarde, cuando las tomas ya se han producido y las vías para destrabar los conflictos son la represión y el desalojo, o un largo, costoso y agotador camino a la regularización de las nuevas tierras a urbanizar debido a la presión social que implican las tomas.
De todas maneras, casos como el proceso de urbanización social de Medellín y el de Favela-Barrio en Brasil, donde el diseño participativo implicaba mucho más que compartir las decisiones en los proyectos, han demostrado que un nuevo paradigma en la solución habitacional de los sectores más humildes es posible y sustentable.
Desde Vancouver hasta la fecha, pasando por Hábitat II, la Segunda Conferencia de las Naciones Unidas sobre Asentamientos Humanos en Estambul (1996) y Hábitat III, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Vivienda y el Desarrollo Urbano Sostenible en Quito (2016), en la agenda de los gobiernos nacionales y provinciales, pero en mayor medida de los locales, la cuestión del Hábitat cobra cada vez más fuerza discursiva de consenso, pero también de disenso.
Tanto es así que, precisamente en la cumbre realizada hace 3 años se organizaron también en la capital ecuatoriana, y en paralelo, Resistencia Hábitat 3 en la Universidad Central del Ecuador y Hábitat 3 Alternativo en la FLACSO Sede Ecuador. Como respuesta al foro organizado por las Naciones Unidas, ambos eventos de discusión y debate plantean una mirada crítica a la Nueva Agenda Urbana y agrupan diferentes voces y visiones de las y los ciudadanos que producen colectivamente las ciudades.
Hay mucho por hacer en materia habitacional para mejorar sus índices en procura de una real mejora en la calidad de vida para más de 3 millones de hogares. Que el Gobierno nacional haya creado un Ministerio de Desarrollo Habitacional y Hábitat y lo dote de programas nacionales, como el de Integración Socio Urbana de Barrios Populares, es insuficiente si estos no se ejecutan en proporciones importantes.
Sin embargo, que la problemática trascienda agendas públicas y mediáticas, transformándose en una verdadera política de Estado es un paso, al menos en el concepto primero, y en la praxis después, verdaderamente innovador. Puede leerse como el principio del éxito de organizaciones sociales, colectivos de profesionales comprometidos con el hábitat, docentes universitarios empeñados en plantear soluciones desde la academia, voces de intelectuales y, finalmente, de las luchas populares por acceder a la ciudad y una vivienda digna.
#Vivienda #Emergencia habitacional #Urbanización #H´ábitat
Federico Maigua
*Arquitecto. Director de Hábitat y Economía - ISEPCi Salta
