El Gobierno nacional y el Gobierno provincial de Buenos Aires, con el apoyo incondicional del kirchnerismo, optaron por el desalojo violento del predio de Guernica, cuando se avizoraban serias posibilidades de un retiro consensuado de las miles de familias que pedían un pedacito de tierra para construir su vivienda. El agravante no menor es que la opción por el desalojo fue acompañada de una dura represión directa sobre las familias.
Escribe: Isaac Rudnik
Indicadores socioeconómicos: Pablo Tiscornia
Algunos datos de la pobreza estructural realmente existente
Los datos del primer trimestre que provee la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC muestran que, si clasificamos a los hogares argentinos en diez partes (deciles) según los ingresos que reciben, el grupo de las familias más pobres contaba en promedio con $11.780 por mes, mientras que en los siguientes deciles llegaban a obtener $21.508, $28.235 y $42.886 respectivamente.
Teniendo en cuenta que según el INDEC, en marzo una familia de dos adultos y dos niños pequeños necesitaba $ 17.353.25 para comer adecuadamente, y $42.320,64 para cubrir sus gastos totales, podemos inferir que al terminar el primer trimestre de este año cerca del 10% de la población ya estaba en situación de indigencia, mientras que aproximadamente un 40% había caído por debajo del línea de pobreza.
Entre los sectores de menores recursos anclados en los deciles con más bajos ingresos, los porcentajes de desempleo no solo estaban por encima del promedio, sino que eran más del doble del nivel general.
En el primer trimestre, el promedio general de desocupación alcanzaba al 10,5%. Pero en el decil de más bajos ingresos llegaba al 25,9%, y en los dos siguientes deciles estaba en 15,2% y 11,2%. Recién en el cuarto decil la desocupación coincidía con el promedio del 10,5%.
Además, entre los que tenían posibilidad de tener trabajo, en los deciles de más bajos ingresos era notable la conformación de una estructura laboral dominada por la precariedad y la informalidad. Al final del primer trimestre encontramos que en el último decil, el 77,5% de los asalariados no tenían descuentos jubilatorios, por lo que se presume que estaban en condiciones de informalidad; en el siguiente –siempre clasificados por ingreso- el 61,3% estaba en la misma situación; recién en el tercero podemos ver que son menos de la mitad los asalariados que tienen trabajo informal sin la protección legal básica que les permite acceder a los derechos a jubilarse, tener vacaciones, reclamar salarios de convenio, y no ser despedido sin causas.
Sobre el trasfondo de una estructura injusta consolidada en las últimas décadas, la inercia de la profunda crisis heredada del gobierno anterior solo era posible de revertir desde el 10 de diciembre del año pasado, con un accionar redistributivo mucho más enérgico del que se puso en marcha.
A esto se le agregó el desembarco de la pandemia en la Argentina, y la instalación del aislamiento obligatorio desde el 20 de marzo, que produjeron consecuencias devastadoras para la economía nacional en general, y para los sectores de menores recursos en particular. Entre estos últimos, algunos datos duros que definen la pobreza estructural, tanto en el terreno de los ingresos como en el de los empleos a que pueden acceder, expresan claramente la situación a la que quedaron expuestos.
En muchos casos el trabajo informal se achicó hasta desaparecer, y las remuneraciones de la asistencia social del Estado no alcanzaron la magnitud necesaria para acompañar la inflación, y mucho menos para remplazar los ingresos de los empleos perdidos.
En un contexto en el que el descenso del PBI en el presente año llegaría al 12%, con un accionar gubernamental fuertemente condicionado por los sectores del poder económico más concentrado y extranjerizado que le impiden tomar medidas redistributivas, el crecimiento de la pobreza está prácticamente garantizado.
No hay ninguna proyección para nuestro país y/o para el panorama mundial, que afirme que la crisis económica que atravesamos se vaya a superar rápidamente. Esto significa que la estructura desigual que tenemos en la Argentina no solo se va consolidar, sino que seguramente en los próximos años se va profundizar. Lo que implica que los niveles de pobreza que desde hace ya varias décadas oscilan del 20 al 25% (en algunos semestres de crisis muy por encima), difícilmente desciendan por debajo del 35%, y en algunos momentos, como el que estamos atravesando, se mantenga en el orden del 40 a 45% del total de la población.
Las consecuencias de la extensión y posterior consolidación de situaciones de pobreza –e indigencia- son amplias y variadas. Aquí sólo queremos señalar su vinculación con algunas de las necesidades insatisfechas que se agravan y empujan visibles conflictos sociales que se han generado y multiplicado en los últimos meses.
La pobreza y los conflictos sociales
Desde fines de marzo a la fecha transcurrieron siete meses sumergidos en la pandemia, que aun cuando se han ido alivianando y eliminando algunas de las limitaciones que se instalaron, muchas restricciones siguen vigentes. Como las que provienen de los cuidados que hay continuar manteniendo para evitar o contener –según la situación de cada provincia- la extensión de los contagios del virus.
Más allá de declaraciones que intentan ser optimistas de parte de muchos funcionarios del oficialismo, lo cierto es que la economía no solo que no despega sino que ni siquiera arranca, aunque más no sea a un ritmo lento. Un mes se anuncian leves mejoras en algunas variables mientras en paralelo otras retroceden, y al mes siguiente sucede lo contrario, las que antes mejoraban ahora se caen, y las que habían empeorado ahora están algo mejor.
Todo en medio de diversos chantajes al Gobierno, y por carácter transitivo a toda la sociedad. En los primeros tiempos estuvimos pendientes de la reestructuración de la deuda. Si se incrementaban demasiado los gastos sociales o se mandaba al congreso el proyecto de ley para el impuesto a las grandes fortunas, los acreedores endurecerían sus condiciones en la mesa de negociaciones, e íbamos a tener que pagar más cantidad de dólares y más pronto. Finalmente se llegó a un acuerdo y los primeros pagos se patearon para adelante.
Ahora está en curso la negociación con el FMI y “hay que presentar un plan para reducir el déficit fiscal”, nuevamente el impuesto a la riqueza quedó estancado por ahí, y la corrida sobre el dólar obliga al Gobierno a hacerle concesiones a los sectores financieros que la promueven. Concesiones que aun cuando logren estabilizar el tipo de cambio (está por verse) una vez más le va costar a toda la sociedad miles de millones de dólares que pagaremos en los próximos años.
Silvia Saravia, Coordinadora Nacional de Barrios de Pie viene señalando a propósito del conflicto en Guernica: “Mucha gente tiene que optar entre comer y pagar el alquiler, y obviamente elige comer”. Mucha gente son decenas de miles de familias que cada mes deben abandonar la viviendas que alquilaban; algunas pueden volver a su casa materna produciendo condiciones de hacinamiento, otras directamente van la calle o se ubican en terrenos que no están ocupados.
Como señalamos en una nota anterior aunque la crisis actual deja cada vez más gente sin techo, las ocupaciones vienen sucediendo desde hace décadas en el conurbano bonaerense, y todo indica que en paralelo a la extensión de la pobreza, mientras no haya soluciones de proporción, las ocupaciones de tierras por parte de personas que no tienen a donde ir, van a continuar y crecer.
Con la consigna «la propiedad privada está amenazada por este gobierno«, la derecha convirtió las ocupaciones de tierras que se vienen dando desde tiempo atrás, en una disputa por el sentido común de una franja de la población que el 10 de diciembre pasado votó por el Frente de Todos.
El Gobierno nacional y el Gobierno provincial, con el apoyo incondicional del kirchnerismo, optaron por el desalojo violento cuando se avizoraban serias posibilidades de un retiro consensuado de las miles de familias que pedían un pedacito de tierra para construir su vivienda. El acuerdo estuvo a punto de ser firmado sobre la base de una propuesta del mismo Gobierno provincial aceptado en las asambleas de los ocupantes del predio. Primó la decisión de dar una señal de dureza y de inflexibilidad para los reclamos de las familias pobres que cargan con el sufrimiento de sus necesidades básicas insatisfechas.
El agravante no menor es que la opción por el desalojo fue acompañada de una dura represión directa sobre las familias. La imagen de las casas de nylon y cartón arrasadas por las topadoras y el fuego, con los juguetes de los niños y niñas esparcidas por todo el predio, como dice Nora Cortiñas “no puede tener justificación posible”. No hay explicación política válida para los que estamos comprometidos con la reivindicación de los derechos del pueblo, más cuando la solución estaba al alcance de las manos.
En un marco de consolidación y extensión de la pobreza, estos conflictos se van a multiplicar. La derecha no va bajar la intensidad de su ofensiva porque el oficialismo le haga concesiones de esta naturaleza. Va aminorar sus cargas si observa que el Gobierno se fortalece.
No cabe duda que el violento desalojo de Guernica lo debilitó.
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