Reinsertar a quienes no pudieron «conectarse»
*Editorial elaborada por el Observatorio Social de Juventudes (OSJU).
La pandemia dejo al desnudo que aún en la era de Internet, la brecha digital sigue siendo enorme. En niveles terciarios y universitarios (en algunos casos) se pudieron tomar clases y finalizar carreras a distancia sin la necesidad de mudarse de lugar o dejar de trabajar. Sin embargo, en otros niveles educativos la continuidad pedagógica estuvo en peligro y visibilizó aún más las desigualdades.
No podemos negar que la pandemia nos ha cambiado la vida, todo lo que hasta hace dos años dábamos por hecho, se vio puesto en jaque con la llegada del COVID-19. Las medidas de aislamiento tomadas por el gobierno, generaron cambios en la vida cotidiana de las personas y uno de los más importantes fue el de trastocar una de las bases fundamentales de la Educación: la presencialidad.
A continuación queremos reflexionar sobre lo que sucede en el ámbito educativo en Argentina; a fin de poder incentivar el debate y visibilizar las problemáticas que fueron surgiendo en estos dos años de pandemia.
Dos años de pandemia y los debates continúan
En 2020 sólo hubo una semana de clases presenciales debido al comienzo del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) decretado por el gobierno nacional a partir del 20 de marzo. En ese contexto de incertidumbre ante un escenario novedoso y por sobre todo inesperado, la alternativa encontrada para poder continuar con el ciclo lectivo fue a través de clases virtuales.
A partir de mediados de 2021, hubo una vuelta parcial a la presencialidad y los cursos se dividieron en lo que se denominaron burbujas, para poder cumplir con los protocolos requeridos entonces.
Este año las clases iniciaron con presencialidad plena, manteniendo los protocolos requeridos. Sin embargo, la vuelta a las aulas no se tradujo en el regreso a las mismas de toda la población estudiantil. Este retorno ha afectado de diferentes maneras a los distintos niveles educativos.
Les jóvenes de los barrios populares han atravesado algunas dificultades más que las que atravesó la media de les estudiantes, para poder continuar con sus estudios durante el período en donde primó la virtualidad como medio de aprendizaje. Siendo la tecnología la única respuesta inmediata que se tuvo frente a una situación de fuerza mayor como fueron los períodos de aislamiento de la pandemia, y si bien demostró ser una herramienta útil, considerando el contexto actual de nuestro país, también ha llevado a la exclusión de muches estudiantes. Y es que no todes cuentan con los dispositivos necesarios y el servicio de Internet adecuado para acceder a una educación planteada en esos términos. La gran deserción en las aulas a partir de la segunda mitad del año pasado confirma lo enunciado.
En 2021, un informe elaborado por Grover.com, arrojó que Argentina es el lugar más caro para comprar tecnología. En promedio, la Argentina es el país más caro del índice en el que comprar productos electrónicos, con una desviación total de 67,34% por encima del costo promedio de los productos electrónicos comunes. Este estudio causó gran revuelo en nuestro país, siendo tendencia en las redes sociales.
No hay discusión sobre qué método es mejor cuándo se habla de la educación escolar ya que la opinión mayoritaria se expresa positivamente sobre la presencialidad. Pero si hablamos de la educación universitaria, podemos ver que han surgido opiniones heterogéneas. Y es que parece que la virtualidad le ha brindado al cuerpo estudiantil la posibilidad de optimizar su tiempo y así dar frente a sus obligaciones diarias.
No obstante, hay que resaltar nuevamente que la educación pública en niveles primarios y secundarios a través de la virtualidad, por las dificultades de su acceso, ha implicado un medio de exclusión. Esto no quita su utilidad y el gran avance que reviste. Estamos frente a una sociedad cada vez más digitalizada y lamentablemente la pandemia no hizo más que recrudecer lo que antes ya se venía manifestando: la brecha digital.
Brecha digital y la vulneración de derechos
La educación es un derecho humano fundamental y, por ende, la equidad educativa es una meta deseable. Así se manifiesta en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, propuesto por los Estados miembros de Naciones Unidas en el 2015 para garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.
El derecho a la educación está reconocido en nuestra Constitución Nacional en el artículo 14 y los tratados internacionales de derechos humanos que se incorporaron a la Constitución.
Específicamente la Ley de Educación Nacional N° 26.206 establece que es un bien público y un derecho personal y social, garantizados por el Estado (Artículo 2). También estipula que: “El Estado Nacional, las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen la responsabilidad principal e indelegable de proveer una educación integral, permanente y de calidad para todos/as los/as habitantes de la Nación, garantizando la igualdad, gratuidad y equidad en el ejercicio de este derecho, con la participación de las organizaciones sociales y las familias” (artículo 4°).
Mencionar el marco legal es fundamental para entender por qué el Estado Nacional, las provincias y la Ciudad de Buenos Aires son responsables de las falencias en materia de educación.
Ahora veamos qué pasa en materia de accesibilidad a Internet y a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC).
Las TIC son herramientas fundamentales, para promover, estimular, activar, facilitar y mediar los procesos de enseñanza y aprendizaje, que mostraron ser fundamentales durante la pandemia.
Además representan no sólo un portal de acceso al conocimiento, a la educación, a la información y al entretenimiento, sino que constituyen además un punto de referencia y un pilar fundamental para la construcción del desarrollo económico y social.
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU impulsó mediante la Resolución A/HRC/20/L13/2012; referida a la “Promoción y protección de todos los derechos humanos, civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, incluido el derecho al desarrollo”; a que los Estados promuevan y faciliten el acceso a Internet y la cooperación internacional encaminada al desarrollo de los medios de comunicación y los servicios de información y comunicación en todos los países.
En el 2014 mediante la Ley de “Argentina Digital” N° 27.078; se reconoció de interés público en el desarrollo de las TIC y el deber del Estado Nacional de posibilitar el acceso a la totalidad de los habitantes de la República Argentina a los servicios de la información y las comunicaciones en condiciones sociales y geográficas equitativas, con los más altos parámetros de calidad.
El artículo 15 de dicha norma reconocía el carácter de servicio público de las TIC. Pero, con el gobierno de Mauricio Macri por medio del DNU N° 267/2015 se derogó gran parte del andamiaje legalmente establecido en materia de servicios de comunicación audiovisual y de TIC, abandonando la idea del acceso a estos últimos como un derecho humano; dejándolos librados a ley de la oferta y demanda como una simple mercancía.
Posteriormente -en agosto del 2020 en plena pandemia de Coronavirus- a través del DNU N° 690/20 se volvió a reconocer el carácter de servicio público de las TIC y se agregó que el acceso a las redes de telecomunicaciones para y entre licenciatarios y licenciatarias de servicios TIC son servicios públicos esenciales y estratégicos en competencia.
Sin embargo, más allá de lo que prescribe nuestro ordenamiento jurídico; lo cierto es que las desigualdades en materia educativa y de acceso a las TIC se observan a las claras en cada institución educativa.
¿De qué hablamos cuándo hablamos de brecha digital? La “brecha digital” (digital divide) es definida, como el espacio que separa a quienes poseen acceso regular y efectivo a tecnologías digitales y quienes no lo tienen. El término fue acuñado en el año EEUU en la década de los ´90 e incluye el acceso a las TIC y dispositivos digitales, su habilidad de manejo y su uso.
Como es de público conocimiento, tener acceso, disponer de las habilidades digitales y hacer uso de una variedad de actividades en el mundo digital permite aprovecharse de las oportunidades que ofrece internet. De esta forma, la transformación digital puede tener un impacto positivo en el bienestar de las personas. Sin embargo, también puede profundizar las desigualdades sociales, en la medida que las personas vean limitada su participación en el mundo digital.
Algunos datos estadísticos en nuestro país son alarmantes, les niñes y adolescentes pertenecientes a los sectores socioeconómicos más bajos son quienes tienen mayores dificultades de acceso escolar, en especial en los niveles Inicial y Medio1 ; y de permanencia y terminalidad en el nivel Medio2. Asimismo, son quienes alcanzan menores niveles de aprendizajes cognitivos, según lo indican las pruebas estandarizadas nacionales e internacionales3.
Por otro lado, no hay que pasar por alto la grave situación económica por la que atraviesan muchas familias de nuestro país, ya que contamos con el 40,6% de personas bajo la línea de pobreza, pero ese porcentaje aumenta a casi un 60% en la población de 0 a 17 años según los últimos datos del INDEC.
Ésta situación tiene claros impactos negativos en las familias en el estado de salud, tanto física como emocional, de sus miembros. En les NNyA se agrava más aún; si consideramos que durante casi dos años, se redujeron al punto de prácticamente no existir las instancias de educación no formal o actividades extracurriculares en escuelas y clubes barrio. Lo cual no puede ser compensado de la misma forma en todos los hogares y ocasionó a una menor interacción con sus pares dentro y fuera de los colegios, especialmente para quienes no contaron con una adecuada conectividad.
Según datos del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), en el caso de les jóvenes de nivel secundario, durante el 2020, 4 de cada 10 tuvieron bajo o nulo vínculo con sus docentes: no recibían tareas o lo hacían una sola vez por semana y sin devolución. En el primer semestre de 2021, hubo semanas en las que 9 de cada 10 estudiantes no asistían a las aulas.
Un informe de UNICEF comunica que en Argentina “más de 1 millón de estudiantes no pudo regresar a las aulas desde el inicio del ciclo lectivo 2021”.
Es más, poco meses después (en septiembre del 2021), el Ministerio de Educación de la Nación informó que cerca de dos millones de estudiantes del país; mayormente secundarios, presentaron problemas de vinculación escolar y posible abandono por motivos pedagógicos, tecnológicos y personales y fueron incluidos en un programa de acompañamiento docente. De ese total de estudiantes, el 6% “está actualmente en situación crítica», y además durante los dos años de pandemia se incrementó casi dos puntos porcentuales la repitencia y abandono, que pasó del 8,7% al 10%.
De acuerdo a las investigaciones del CONICET, desde el Estado se han reconocido estas desigualdades e implementado las citadas medidas como la distribución de netbooks y tablets, o la gratuidad de la navegación en las plataformas educativas, pero reconocen que no se cuenta con información sistematizada para conocer su alcance y si las mismas alcanzaron para achicar la primera “brecha digital” vinculada al acceso de las TIC, lo que dicen que es difícil que así sea, ya que según los últimos datos de las pruebas Aprender uno de cada cinco estudiantes de nivel primario no tiene acceso a Internet, mientras que dicha proporción es del 15,9% en los estudiantes de nivel secundario (cabe mencionar que estos datos serán ratificados o rectificados luego del censo nacional de mayo del corriente año).
Agregan además que: “Aún si se lograra eliminar o disminuir esta primera brecha digital, quedaría por salvar la denominada segunda brecha digital, vinculada al uso de las TIC o a la capacidad de los estudiantes para beneficiarse de ellas (…) los hogares que no tienen acceso a TIC, lo tienen de manera deficiente o no realizan un uso adecuado de las mismas, se encuentran en una clara situación de desventaja que, más allá de los objetivos nobles de quienes utilizan estrategias alternativas (como la emisión de programas educativos por radio y televisión o el dictado de clases por radio) difícilmente pueda ser subsanada. En especial, resulta particularmente improbable que puedan suplir el contacto personal – aunque sea virtual- entre los docentes y sus alumnos.”
Por otro lado, el Centro Latam Digital (CLD) llego a la conclusión en un informe que realizó sobre desigualdades digitales en el ámbito educativo argentino que: “la distribución conectividad y acceso a tecnologías digitales evidencia diferencias significativas entre regiones geográficas y nivel socioeconómico.
Además, en relación a los contenidos, se observa que el nivel de digitalización es mayor entre los niveles socioeconómicos altos y medios altos mientras que para casi un 40% de los hogares de niveles socioeconómicos más desfavorecidos los contenidos principales para estudiar son de naturaleza analógica”.
De dicho informe surge que a mayor nivel socioeconómico prevalece ampliamente la utilización de computadoras (ya sea de escritorio, notebooks o netbooks); mientras que a menor nivel socioeconómico el principal dispositivo utilizado para estudiar es el teléfono celular.
Las contradicciones en el gobierno sobre cómo llevar adelante políticas públicas de inclusión educativa y continuidad pedagógica durante la pandemia fueron evidentes, desde la discusión sobre la presencialidad si o no, hasta las ambigüedades entre las frases pregonan lo fundamental que es que se logre el uso de la tecnología en los procesos de aprendizaje y la realidad concreta donde hay escuelas pobre para barrios pobres, docentes sin capacitación digital, estudiantes sin acceso libre a internet y escuelas en las que hablar de la existencia de un gabinete informático resulta algo surreal.
A esto hay que sumarle las condiciones en qué se hallan las escuelas públicas, puesto que volver a la presencialidad, no es volver a los tiempos donde el coronavirus no existe. Las instalaciones deben ser amplias, con correcta ventilación, organizándose además, que no haya conglomeración de personas. Y por supuesto contar con los servicios mínimos: electricidad, gas y agua. Garantizar estos requisitos durante todo el año escolar, sin duda será uno de los puntos clave que tendrá la Educación en el transcurso de este año.
Para más información sobre les jóvenes te invitamos a ver la Encuesta Nacional de Juventudes.
Reflexiones finales
Resta preguntarse por las estrategias que deberán ponerse en práctica para que aquelles jóvenes que por la virtualidad han quedado excluides de un derecho humano fundamental como es la educación, puedan volver a escolarizarse. Los datos son alarmantes y requieren con total urgencia de políticas públicas que tengan como objetivo recuperar la mayor cantidad de jóvenes que han desertado o bien han sido expulsads por parte del sistema educativo.
Será entonces, el mismo sistema que les ha excluido, el que deberá encontrar las alternativas para esta nueva reinserción.
Por lo pronto, ya sabemos que la educación virtual así como se estuvo practicando, no es viable, porque excluye. Hoy ni el Estado Nacional ni las provincias, pueden asegurar que mínimamente quienes están en edad escolar tengan acceso a un dispositivo informático con la correspondiente conexión a Internet.
No nos cansaremos de decir que la educación como bien público debe ser una prioridad y un requisito insoslayable para construir una sociedad más justa. Es indispensable incluir en los procesos educativos a las TIC, por lo que el Estado y los Estados provinciales deben afrontar el desafío de fomentar y acompañar de manera activa y orientar la apropiación de las tecnologías digitales en pos de reducirlas desigualdades sociales tanto previas como las post-pandemia.
1-Según datos de SEDLAC (CEDLAS y Banco Mundial) con base en la EPH del INDEC, la tasa de escolarización para el grupo etario de 3 a 5 años era en el 2016 del 95,6% para el quintil de menores ingresos y del 99,2% para el quintil de mayores ingresos; para el grupo de 13 a 17 años, las tasas respectivas eran del 89,8% y del 99,3%.
2-Según datos del SITEAL (IIPE-UNESCO) con base en la EPH del INDEC, la tasa de extraedad respecto al grado en el nivel Medio era en el 2014 del 35,3% para el grupo de menores ingresos y del 23,2% para el grupo de mayores ingresos (los grupos en este caso son definidos como aquellos en el 30% inferior y en el 40% superior de la distribución de ingresos).
A modo de ejemplo, los resultados del operativo Aprender 2018 indican que en el nivel Primario solo un 12,7% de los alumnos de NSE bajo en el sector estatal alcanzan un resultado Avanzado en Matemática, mientras que un 27,4% de aquellos con NSE alto lo hacen, estas brechas son incluso más amplias en el sector privado. El desempeño en Matemática en el nivel Medio es también muy desigual según los resultados de Aprender 2017: mientras que un 60,3% de los alumnos de NSE bajo obtienen un resultado por debajo del nivel básico, sólo un 21,5% de aquellos con NSE alto lo hacen.
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*Prensa: 11364-83667.
