Editorial del Observatorio Social de Juventudes (OSJu).
Desde la Maldita Policía de Duhalde en los ´90, pasando por el asesinato de Kosteky y Santillán en 2002, hasta la actual violencia policial de “la Bonaerense” bancada por Berni y Kicillof, encontramos que el gatillo fácil ha resistido a toda reestructuración democrática en especial en la provincia de Buenos Aires.
Estamos terminando un difícil 2021 para les bonaerenses, que ha venido a coronarse en el último bimestre del año con nuevos casos de gatillo fácil.
Cada una de estas historias tiene un mismo denominador en común: la violencia policial y la impunidad de sus agentes.
Algunos casos ocurridos en la provincia de Buenos Aires
Thomás Ramos tiene a los 22 años; en la madrugada del 21 de noviembre, en Isidro Casanova- La Matanza, no solo fue atropellado, sino que además lejos de ser auxiliado, recibió tres disparos por parte de un efectivo de la policía bonaerense. Gustavo Pedrozo, el principal acusado, se excusó alegando que “se le escaparon tres tiros”. Hoy Tomás pelea por su vida. Recién cuando el caso de gatillo fácil cobró estado público – unas 3 semanas después del hecho- la causa empezó a moverse.
Luciano Olivera, un joven de 16 años, vecino de la localidad de Miramar; murió a consecuencia de un disparo en el pecho por parte de otro efectivo de la misma fuerza de seguridad provincial, quien en compañía de tres policías más lo interceptaron en la madrugada del jueves 9 de diciembre de 2021 cuando Luciano manejaba una moto, según los dichos del ex agente Maximiliano González “se le escapó un disparó”- vale aclarar que el disparó fue de frente; desde entonces, quedó alojado en la Unidad Penitenciaria 44 de Batán.
El 10 de diciembre, en la localidad bonaerense de General Rodríguez; Jonathan Silva y Yanina Rosales, policías del Comando de Patrulla, persiguieron una moto y para detenerla, la embistieron con el patrullero. Como consecuencia Fabián Agustín Méndez de 14 años, murió en el acto, y su acompañante, de 19 años, quedó herido.
La madrugada del 11, en Almirante Brown, el prefecto Hugo Ever Villanueva (estando de civil) mató a tiros a Lucas Ismael Galván, de 16 años, que salía de una fiesta de egresados. El perfecto hizo los disparos con un arma que no es la reglamentaria como integrante de la Prefectura Naval Argentina y las fuentes policiales manifestaron que fue un disparo.
Estos hechos sucedieron, a menos de un mes de otro caso de gatillo fácil, que se hizo tristemente popular, el de Lucas González.
Lucas de 17 años, jugador juvenil de Barracas Central, baleado por efectivos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.
Fue asesinado en un contexto de gran discriminación por parte de los efectivos que le dispararon, al considerarlo un delincuente sin seguir el protocolo acordado para esas situaciones, por el momento hay 16 policías detenidos.
Hace unos días atrás se conoció una conversación telefónica entre el comisario Fabián Du Santos y su par Rodolfo Ozan en el que entre otras cosas decían que se habían mandado “un moco”, que “el tiro está de atrás hacia delante” y que “le voló el frasco…” en referencia al disparo en la cabeza que asesinó a Lucas.
La impunidad está a la vista; en ese diálogo se escucha claramente que los policías dicen: “porque no lo llamas al perro y le decís que venga a para emprolijar esta cagada, si quiere” , en referencia a llamar al comisario inspector Daniel Santana jefe de la zona correspondiente al barrio porteño de Barracas.
Es importante mencionar que en el caso de la desaparición de Facundo Astudillo Castro se desplazó a la jueza por tener acciones que beneficiaron a los agentes investigados. Facundo desapareció el 30 de abril del año pasado, después de ser detenido por la Policía bonaerense, fue encontrado muerto 107 días después. La jueza y el gobierno de la Provincia de Buenos Aires avalaron ciegamente todas y cada una de las versiones de la policía, que supuestamente indicaban un accidente, desechando las múltiples pruebas que indican responsabilidad policial en la muerte de Facundo, aportadas por su familia.
¿Qué dicen los medios de comunicación?
La cobertura de los grandes medios de comunicación considera a estos hechos como aislados o bien los resume con un titular falaz del estilo: “joven delincuente abatido por la policía” o “muere un joven acusado de robar”.
Cada tanto se viraliza una noticia de estas características, en la que un miembro de las fuerzas de seguridad, es acusado de abusar de su poder. La instantaneidad de los medios de hoy le dedican solo un momento de su atención a esos casos antes de desterrarlos al olvido de la simple enumeración de alguna estadística, nombrada al pasar, sobre la violencia institucional, que nosotres entendemos como estructural.
Pero, ¿Son verdaderamente aislados los casos de gatillo fácil? ¿Qué sabemos realmente sobre los abusos perpetrados por fuerzas de seguridad? Raspar la superficie y realizar una tarea de recopilación e investigación, rehumanizando a las víctimas, rescatándolas del olvido de los guarismos estadísticos, parecería indicar una tendencia hacia un sector de la sociedad de donde provendrían gran parte de las personas afectadas. Un desvío encubierto quizás del lema “proteger y servir” que podemos entender como histórica.
En consecuencia, desde el ISEPCI hemos realizado un relevamiento de medios, en los que se han tratado este tipo de delitos. Los resultados son esclarecedores y alarmantes. Entre marzo de 2020 y agosto de 2021, período marcado por la pandemia de Covid 19; se registraron 156 casos de abusos y violencia ejercida por fuerzas de seguridad, de los cuales el 28% fueron perpetrados en la provincia de Buenos Aires.
Hay otros datos relevantes al respecto:
La mayoría de las víctimas han sido hombres entre 22 y 25 años, en su mayoría empleados que viven en barrios populares.
El 25% de estos casos presentan disparos con armas de fuego o balas de goma, siendo este el principal tipo de abuso. El 66% de las víctimas fallecieron.
Las policías provinciales son las principales fuerzas de seguridad implicadas en estos delitos. En segundo lugar encontramos a la Policía de la Ciudad.
A raíz de estos sucesos, el Ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, dijo que dentro de las fuerzas de seguridad hay estúpidos que actúan como mafiosos y que “nadie está libre de que esas cosas puedan suceder”. ¿Cuánto hay de cierto en esta última declaración? ¿Realmente todes corremos el mismo peligro ante la violencia institucional que ejercen las fuerzas de seguridad?
Lo repudiable del testimonio del Ministro de Seguridad, es que quiera generalizar la vulnerabilidad de los particulares ante la violencia institucional que ejercen las fuerzas de seguridad. No todes corremos el mismo peligro, no todes tenemos el mismo factor de riesgo. La conducta represiva que ejerce el Estado se repite y va en aumento cada año, lo que no varía es justamente es quienes son las personas depositarias de tanta violencia y maltrato.
Discriminación, estereotipos y prejuicios de clase
De la recopilación de datos e información a la que ha podido acceder el ISEPCI en este último tiempo; se puede concluir que la mayoría de los casos en los que las fuerzas de seguridad cometen actos violentos contra la integridad física o la vida de les particulares, las víctimas suelen cumplir con ciertos rasgos en común: varones jóvenes, de barrios populares, con determinada vestimenta y apariencia, tono de piel, situación socioeconómica, etc. ¿Podría inferirse entonces que estas acciones estarían determinadas por estereotipos de clase?
Nos preguntamos: ¿Hasta cuándo nuestros jóvenes serán condenados por el simple hecho de provenir de un barrio popular? ¿Hasta cuándo van a ser víctimas de la discriminación que caracteriza a las fuerzas de seguridad? ¿Cuántos más debemos perder para que se tomen medidas para prevenir tantos asesinatos?
La labor de la policía es ser el brazo armado – parte del aparato punitivo- que tiene el Estado.
Un Estado que adopta una como forma de “vida” a la democracia neoliberal, en donde hablar de proteger y servir, significa cuidar la propiedad privada y servir a los grupos hegemónicos de la sociedad.
Los gobiernos que proponen un tipo de Estado que verdaderamente represente a los sectores populares, deberían idear políticas públicas que comiencen a revertir esta situación estructural. En primer lugar, no haciendo oídos sordos a las mandas legales y de protección de los derechos humanos; como por ejemplo: a lo establecido por la Corte Internacional de DDHH en el caso “BULACIO” (eliminación de todas las facultades y prácticas arbitrarias para interceptar, requisar y detener personas arbitrariamente). En segundo lugar prohibiendo la portación y uso de armas reglamentarias fuera de horario de servicio y de civil a todas las fuerzas.
La policía bonaerense ha resistido históricamente durante décadas los intentos de cambio- “Purga”- de varios gobiernos. Aunque ha sumado contenidos relacionados a los Derechos Humanos a la formación de sus agentes; les jóvenes siguen cayendo en los barrios populares víctimas del gatillo fácil de las fuerzas de seguridad.
En definitiva, los problemas estructurales no pueden resolverse con soluciones coyunturales. Es hora que las políticas públicas, no siempre suficientes se transformen en políticas de Estado.-
