el-ministro-berni-en-el___mm51reXLd_0x750__1

Desalojo violento en Guernica: el camino equivocado

El Gobierno nacional y el Gobierno provincial de Buenos Aires, con el apoyo incondicional del kirchnerismo, optaron por el desalojo violento del predio de Guernica, cuando se avizoraban serias posibilidades de un retiro consensuado de las miles de familias que pedían un pedacito de tierra para construir su vivienda. El agravante no menor es que la opción por el desalojo fue acompañada de una dura represión directa sobre las familias.

                         Escribe: Isaac Rudnik
               Indicadores socioeconómicos: Pablo Tiscornia

Algunos datos de la pobreza estructural realmente existente

Los datos del primer trimestre que provee la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC muestran que, si clasificamos a los hogares argentinos en diez partes (deciles) según los ingresos que reciben, el grupo de las familias más pobres contaba en promedio con $11.780 por mes, mientras que en los siguientes deciles llegaban a obtener $21.508, $28.235 y $42.886 respectivamente.

Teniendo en cuenta que según el INDEC, en marzo una familia de dos adultos y dos niños pequeños necesitaba $ 17.353.25 para comer adecuadamente, y $42.320,64 para cubrir sus gastos totales, podemos inferir que al terminar el primer trimestre de este año cerca del 10% de la población ya estaba en situación de indigencia, mientras que aproximadamente un 40% había caído por debajo del línea de pobreza.

Entre los sectores de menores recursos anclados en los deciles con más bajos ingresos, los porcentajes de desempleo no solo estaban por encima del promedio, sino que eran más del  doble del nivel general.

En el primer trimestre, el promedio general de desocupación alcanzaba al 10,5%. Pero en el decil de más bajos ingresos llegaba al 25,9%, y en los dos siguientes deciles estaba en 15,2% y 11,2%. Recién en el cuarto decil la desocupación coincidía con el promedio del 10,5%.

Además, entre los que tenían posibilidad de tener trabajo, en los deciles de más bajos ingresos era notable la conformación de una estructura laboral dominada por la precariedad y la informalidad. Al final del primer trimestre encontramos que en el último decil, el 77,5% de los asalariados no tenían descuentos jubilatorios, por lo que se presume que estaban en condiciones de informalidad; en el siguiente –siempre clasificados por ingreso- el 61,3% estaba en la misma situación; recién en el tercero podemos ver que son menos de la mitad los asalariados que tienen trabajo informal sin la protección legal básica que les permite acceder a los derechos a jubilarse, tener vacaciones, reclamar salarios de convenio, y no ser despedido sin causas.

Sobre el trasfondo de una estructura injusta consolidada en las últimas décadas, la inercia de la profunda crisis heredada del gobierno anterior solo era posible de revertir desde el 10 de diciembre del año pasado, con un accionar redistributivo mucho más enérgico del que se puso en marcha.

A esto se le agregó el desembarco de la pandemia en la Argentina, y la instalación del aislamiento obligatorio desde el 20 de marzo, que produjeron consecuencias devastadoras para la economía nacional en general, y para los sectores de menores recursos en particular. Entre estos últimos, algunos datos duros que definen la pobreza estructural, tanto en el terreno de los ingresos como en el de los empleos a que pueden acceder, expresan claramente la situación a la que quedaron expuestos.

En muchos casos el trabajo informal se achicó hasta desaparecer, y las remuneraciones de la asistencia social del Estado no alcanzaron la magnitud necesaria para acompañar la inflación, y mucho menos para remplazar los ingresos de los empleos perdidos.

En un contexto en el que el descenso del PBI en el presente año llegaría al 12%, con un accionar gubernamental fuertemente condicionado por los sectores del poder económico más concentrado y extranjerizado que le impiden tomar medidas redistributivas, el crecimiento de la pobreza está prácticamente garantizado.

No hay ninguna proyección para nuestro país y/o para el panorama mundial, que afirme que la crisis económica que atravesamos se vaya a superar rápidamente. Esto significa que la estructura desigual que tenemos en la Argentina no solo se va consolidar, sino que seguramente en los próximos años se va profundizar. Lo que implica que los niveles de pobreza que desde hace ya varias décadas oscilan del 20 al 25% (en algunos semestres de crisis muy por encima), difícilmente desciendan por debajo del 35%, y en algunos momentos, como el que estamos atravesando, se mantenga en el orden del 40 a 45% del total de la población.

Las consecuencias de la extensión y posterior consolidación de situaciones de pobreza –e indigencia- son amplias y variadas. Aquí sólo queremos señalar su vinculación con algunas de  las necesidades insatisfechas que se agravan y empujan visibles conflictos sociales que se han generado y multiplicado en los últimos meses.

La pobreza y los conflictos sociales

Desde fines de marzo a la fecha transcurrieron siete meses sumergidos en la pandemia, que aun cuando se han ido alivianando y eliminando algunas de las limitaciones que se instalaron, muchas restricciones siguen vigentes. Como las que provienen de los cuidados que hay continuar manteniendo para evitar o contener –según la situación de cada provincia-  la extensión de los contagios del virus.

Más allá de declaraciones que intentan ser optimistas de parte de muchos funcionarios del oficialismo, lo cierto es que la economía no solo que no despega sino que ni siquiera arranca, aunque más no sea a un ritmo lento. Un mes se anuncian leves mejoras en algunas variables mientras en paralelo otras retroceden, y al mes siguiente sucede lo contrario, las que antes mejoraban ahora se caen, y las que habían empeorado ahora están algo mejor.

Todo en medio de diversos chantajes al Gobierno, y por carácter transitivo a toda la sociedad. En los primeros tiempos estuvimos pendientes de la reestructuración de la deuda. Si se incrementaban demasiado  los gastos sociales o se mandaba al congreso el proyecto de ley para el impuesto a las grandes fortunas, los acreedores endurecerían sus condiciones en la mesa de negociaciones, e íbamos a tener que pagar más cantidad de dólares y más pronto. Finalmente se llegó a un acuerdo y los primeros pagos se patearon para adelante.

Ahora está en curso la negociación con el FMI y “hay que presentar un plan para reducir el déficit fiscal”, nuevamente el impuesto a la riqueza quedó estancado por ahí, y la corrida sobre el dólar obliga al Gobierno a hacerle concesiones a los sectores financieros que la promueven. Concesiones que aun cuando logren estabilizar el tipo de cambio (está por verse) una vez más le va costar a toda la sociedad miles de millones de dólares que pagaremos en los próximos años.

Silvia Saravia, Coordinadora Nacional de Barrios de Pie viene señalando a propósito del conflicto en Guernica: “Mucha gente tiene que optar entre comer y pagar el alquiler, y obviamente elige comer”. Mucha gente son decenas de miles de familias que cada mes deben abandonar la viviendas que alquilaban; algunas pueden volver a su casa materna produciendo condiciones de hacinamiento, otras directamente van la calle o se ubican en terrenos que no están ocupados.

Como señalamos en una nota anterior aunque la crisis actual deja cada vez más gente sin techo, las ocupaciones vienen sucediendo desde hace décadas en el conurbano bonaerense, y todo indica que en paralelo a la extensión de la pobreza, mientras no haya soluciones de proporción, las ocupaciones de tierras por parte de personas que no tienen a donde ir, van a continuar y  crecer.

Con la consigna “la propiedad privada está amenazada por este gobierno“, la derecha convirtió las ocupaciones de tierras que se vienen dando desde tiempo atrás, en una disputa por el sentido común de una franja de la población que el 10 de diciembre pasado votó por el Frente de Todos.

El Gobierno nacional y el Gobierno provincial, con el apoyo incondicional del kirchnerismo, optaron por el desalojo violento cuando se avizoraban serias posibilidades de un retiro consensuado de las miles de familias que pedían un pedacito de tierra para construir su vivienda. El acuerdo estuvo a punto de ser firmado sobre la base de una propuesta del mismo Gobierno provincial aceptado en las asambleas de los ocupantes del predio. Primó la decisión de dar una señal de dureza y de inflexibilidad para los reclamos de las familias pobres que cargan con el sufrimiento de sus necesidades básicas insatisfechas.

El agravante no menor es que la opción por el desalojo fue acompañada de una dura represión directa sobre las familias. La imagen de las casas de nylon y cartón arrasadas por las topadoras y el fuego, con los juguetes de los niños y niñas esparcidas por todo el predio, como dice Nora Cortiñas “no puede tener justificación posible”. No hay explicación política válida para los que estamos comprometidos con la reivindicación de los derechos del pueblo, más cuando la solución estaba al alcance de las manos.

En un marco de consolidación y extensión de la pobreza, estos conflictos se van a multiplicar. La derecha no va bajar la intensidad de su ofensiva porque el oficialismo le haga concesiones de esta naturaleza. Va aminorar sus cargas si observa que el Gobierno se fortalece.

No cabe duda que el violento desalojo de Guernica lo debilitó.

#Guernica #Toma de tierras #Desocupación #Pobreza estructural #Desalojos

Contacto: 1141882603

20.10.20 SIN CONEXION

CONECTIVIDAD: SOLO 3 DE CADA 10 FAMILIAS CON INTEGRANTES ESCOLARIZADOS/AS TIENE ACCESO A UNA RED DE INTERNET ESTABLE

El presente informe, es un trabajo en conjunto 
con el Área de Educación de Barrios de Pie - Libres del Sur y el ISEPCi de Santiago del Estero.

El derecho a la educación de calidad se vio amenazado en tiempos de pandemia. Con el cierre de establecimientos, los esfuerzos se concentraron en mantener las clases a distancia. Sin embargo, las diferencias en el acceso tecnológico dificultaron el cumplimiento de las enseñanzas y aprendizajes bajo modalidad remota.

A principios de septiembre el Poder Ejecutivo emitió un decreto que considera a la telefonía móvil y fija, internet móvil y fijo, y TV por cable como servicios públicos que requieren un rol activo del Estado en su tutela; lo cual significa un gran paso a la hora de pensar políticas públicas que garanticen el acceso universal, independientemente del poder adquisitivo de cada familia y de cada persona.

Fue un gran paso, pero todavía queda mucho por hacer como lo demuestran los números del siguiente informe realizado en más de 11 barrios vulnerables[1] de la ciudad Capital, a más de 140 familias extensas” (aquellas familias que conviven en la misma vivienda y cuyo vínculo incluye a familiares directos e indirectos) dentro del territorio urbano.

El trabajo de recolección de datos, a través de encuestas, fue realizado en conjunto con el Área de Educación Popular y Cultura de la organización territorial Barrios de Pie-Libres del Sur.

Bajo esos parámetros de análisis obtuvimos el primer dato contundente: 9 de cada diez familias cuenta entre sus integrantes, al menos, a una persona en edad escolar que efectivamente se encuentran escolarizados (desde nivel inicial hasta nivel terciario). Dentro de las cuales el 87% corresponde a estudiantes en los niveles primarios (60%) y secundarios (27%).

Sobre las familias con estudiantes

Según la Secretaria de Innovación Pública de la Jefatura de Gabinete de Ministros, más del 68% de las familias argentinas tiene conectividad a internet (por red o WiFi), número que se reduce considerablemente si ponemos el foco en los barrios populares de nuestra ciudad capital: donde solo 3 de cada 10 familias tiene acceso a una red estable (31%) ya sea de internet por cable o inalámbrico (WiFi).

Esto nos lleva al interrogante de cómo se conectan aquellas familias que no tienen acceso a una red de internet. Aquí algunos datos en ese sentido: el 75% se ve obligado al uso de datos móviles para cumplir con obligaciones de enseñanza, trámites o comunicación a distancias en tiempos de Distanciamiento Social y Obligatorio.

Con respecto a las razones del limitado acceso a una red banda ancha, el 70% declara la imposibilidad debido, en primera instancia, a la falta de recursos económicos para poder hacerlo. Este dato se relaciona de forma directa con otro de los relevados en la presente encuestas: 9 de cada 10 familias (88%) de los barrios populares, solo percibe ingresos de trabajos informales y/o planes de trabajo estatal. En segunda instancia, y en menor medida (20%) no puede acceder a conectividad ya que la red de internet no llega hasta la zona donde se encuentra su vivienda. Y, por último, el restante 30% no lo encuentras necesario ya que solo cuenta con dispositivos móviles y los mismos se sustentan mediante datos móviles.

Dispositivos y educación

Según los resultados preliminares de la Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica, a nivel nacional el 53% de los estudiantes no tiene acceso a una computadora, lo que dificulta la fluidez en el cumplimiento de las obligaciones académicas; ese número se ve radicalmente amplificado en nuestra provincia, para los sectores populares, donde según el presente informe solo 1 de cada 10 familias con integrantes en edad escolar tiene acceso a una computadora.

Uno de los datos más relevantes en este punto es que, de las familias que tienen acceso a una computadora, el 70% fue distribuido por el programa nacional Conectar Igualdad. Programa que en 2018 fue disuelto por el presidente Mauricio Macri y colocado dentro de la plataforma Educ.ar, lo que significó una reducción presupuestaria casi total.

Esta decisión se tomó bajo el discurso de que la brecha digital estaba “saldada”, dejando por fuera la discusión acerca de la “cultura del uso y apropiaciones de la nueva tecnología”. Si bien este punto acerca del uso de los dispositivos fue uno de los menos desarrollados dentro del programa, su desaparición significó un daño notable al derecho a la conectividad, sobre todo en tiempos de pandemia como el presente.

Con respecto a los usos de los dispositivos, los datos fueron los siguientes:

El mayor uso de los dispositivos está relacionado al cumplimiento de las obligaciones académicas. Si analizamos este dato en relación a los datos sobre la falta de computadoras y de acceso a redes banda ancha, podemos concluir que 7 de cada 10 estudiantes de los barrios populares deben cumplir sus obligaciones de continuidad académica mediante el uso de datos en teléfonos móviles.

El riesgo de abandono escolar afecta especialmente a los y las jóvenes de los sectores vulnerables. Según el informe de UNICEF, al finalizar la pandemia 6 de cada 10 niños, niñas y adolescentes van a ser pobres. Es en ese marco en que declarar las telecomunicaciones como un servicio público y congelar las tarifas hasta el próximo año, más la puesta en marcha nuevamente de programas nacionales como el Conectar Igualdad se vuelven necesarios y urgentes para facilitar e incrementar el acceso de los sectores populares a estos servicios. Y otorgarle a los niños, niñas y jóvenes la posibilidad de sostener sus estudios.

#Conectividad #Educación #Pandemia

[1] Consideramos barrios vulnerables como aquellos que no cuenta con acceso a los servicios básicos: red de agua, gas y/o electricidad, mantenimiento y limpieza urbano, y la presencia de UPAs y/o CAPs.

Contactos: ISEPCi Santiago del Estero: 3855985160/

Nota-de-humedales

Parar el ecocidio en el Delta: ¡Ley de Humedales ya!

Se calcula que en los últimos meses 300 mil hectáreas fueron arrasadas por incendios en el Delta del Paraná. En este contexto dialogamos con Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace Argentina, sobre la necesidad de la correcta aplicación de la Ley de Bosques y la sanción de la Ley de Humedales

Entrevista de Agustina Cadile*

Desde hace meses, a lo largo y ancho de nuestro país, diferentes ecosistemas y comunidades son víctimas de múltiples incendios. En lo que va del año, los incendios forestales arrasaron más de 430 mil hectáreas en todo el país.

Hace unos meses nos enteramos de la propagación del fuego en la zona del Delta del Rio Paraná. En la actualidad se calcula que unas 300 mil hectáreas fueron arrasadas por los incendios en las islas del Delta del Río Paraná y además de causar graves daños a la biodiversidad del humedal, las quemas devastaron a innumerables especies autóctonas de la flora y fauna. Aún así, no existe ninguna definición categórica por parte de la Justicia frente a la perpetuación de este ecocidio.

En Argentina, desde hace casi 13 años, está vigente la Ley 26331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos o Ley de Bosques, una herramienta imprescindible para planificar el uso de estos ecosistemas permitiendo equilibrar producción y conservación de la naturaleza ¿Qué pasa con la aplicación de esta Ley en nuestro país?

Hernán Giardini: Lo primero que hay que decir es que desde la sanción de la Ley hubo una disminución de la deforestación. Previo a la Ley de Bosques perdíamos 300 mil hectáreas anuales y en la actualidad son aproximadamente unas 180 mil las hectáreas deforestadas en el mismo período. Otra cosa positiva producto de esta Ley fue que cada una de las provincias hizo su ordenamiento territorial. En la actualidad, aproximadamente el 80% de los bosques del país fueron clasificados en las categorías I (rojo) y II (amarillo), esto en términos generales quiere decir que no está permitido su desmonte o transformación total.

Más allá de estas buenas noticias, todavía la mitad de la deforestación de nuestro país es sobre territorios en los que está prohibido deforestar. Casi un millón de hectáreas de las desforestadas post ordenamiento fueron en zonas amarrillas o rojas, es decir sobre bosques protegidos. Como causas de esto vemos que hubo provincias donde se realizaron recategorizaciones prediales violando el espíritu del ordenamiento nacional.

También, a causa de la ganadería intensiva, hay una gran cantidad de desmontes producidos en zonas amarillas autorizados por los estados competentes. Pero, por otra parte, está es la deforestación ilegal, motivada por la falta de multas a los responsables, y relacionada principalmente con los agronegocios, la especulación inmobiliaria y el lobby minero.

En términos generales, creemos que 180 mil hectáreas deforestadas sigue siendo un gran número y entendemos que la manera de reducirlas es avanzando hacia mayores restricciones en cuanto a las hectáreas que se pueden desmontar, y hacia la penalización del desmonte ilegal.

La emergencia climática y las organizaciones civiles y sociales han puesto nuevamente sobre la mesa la necesidad de avanzar en una Ley de Humedales. ¿Por qué hablamos de la necesidad urgente de una ley que regule las actividades humanas que se realizan en los humedales?

HG: Los humedales no tienen una sección específica a nivel nacional. Si bien algunos pueden estar protegidos a nivel municipal o provincial, no hay un inventario nacional de humedales, no se sabe dónde están, y al ocupar el territorio de diferentes provincias, están amenazados por razones diferentes. Pero en líneas generales las tres amenazas más grandes son la inmobiliaria, la ganadera (o agropecuaria en algunos casos) y la minera. Por eso también la Ley de Humedales es difícil de sancionar: luchamos contra el lobby de tres sectores muy poderosos.

Con respecto a la Ley, entiendo que es fundamental que mientras se realice el inventario y la categorización de los humedales, hay que establecer una moratoria para que no pase lo mismo que pasó previo a la sanción de la Ley de Bosques: una carrera de destrucción de humedales producto de la especulación. También, aprendiendo de lo que no se pudo lograr con la Ley de Bosques, es fundamental que la Ley de Humedales avance en considerar a la destrucción de humedales como un delito penal.

El proyecto de ley de humedales se discutió en el Congreso Nacional en los años 2013 y 2016 y no avanzó. Entendiendo que este proyecto no avanzó por intereses económicos y políticos, como vos decís, la pregunta es: ¿Cuál es tu análisis de esta nueva discusión que se abre en el Congreso Nacional?

HG: El tema de los incendios suma dramatismo y emergencia a la situación, pero también abre la posibilidad de que se entienda la urgencia, de todas maneras, la decisión política esta complicada porque también hay decisiones políticas que apunta a que el sector agropecuario, fundamentalmente, puede expandirse más en post de la producción ganadera, sojera y el modelo agroexportador que va en contra, a mi ver, de la protección de algunos ecosistemas.

Chocan dos decisiones políticas fuertes. Aunque también no puedo dejar de mencionar que hay una sociedad cada vez más movilizada y, seguramente, cada vez habrá más rechazo a las consecuencias de este modelo.

Además de señalar a la especulación inmobiliaria y a productores agropecuarios como responsables del fuego, diferentes activistas y especialistas advierten sobre las consecuencias acumulativas de este ecocidio. Según tu perspectiva, ¿Cuáles son las consecuencias que pueden tener estos incendios en nuestros territorios, más aun de no aplicarse la Ley de Bosques y de no sancionarse la Ley de Humedales?

HG: Las consecuencias son directas en cuanto a biodiversidad y destrucción de ecosistemas. Se están perdiendo muchísimas especies de todo tipo, tanto en bosques como humedales. Y por otro lado también existe el riesgo de saturar los suelos y el peligro cada vez mas grande de inundaciones a futuro, ya que tanto bosques como humedales son fundamentales en la cuestión hídrica y cuanto más los destruyamos, el riesgo aumenta. Es el caso de Chaco o Salta.

Destruir bosques o humedales te genera cambio climático. El cambio climático te genera mayor niveles sequía e inundaciones. La pérdida de esos ecosistemas te vuelve más vulnerable a los efectos que vos mismo generaste. Es una especie de circulo vicioso. Lo que hay que entender es que ya no se trata de cuanto aportamos al cambio climático, si nos comparamos a China o Estados Unidos, sino más bien como nos vamos a acomodar a una situación climática que no es la misma. La sequía va en aumento y los efectos son duros, no solo para las personas, sino también para el modelo productivo.

#Ecocidio #Ley de Humedales #Desforestación #Incendios #Delta

*Agustina Cadile es del ISEPCi de San Luis.

Contacto: 2664276233

 

guernica-destacada-1-768x510

GUERNICA: el error de confrontar con los movimientos sociales.

 “El Polo Obrero, Libres del Sur, el FOL, MTD, están obturando

el diálogo…amenazan a las familias que si se van de la

toma le quitan los planes…” [1]

GUERNICA: afrontar los problemas o matar al mensajero 

Escribe: Isaac Rudnik


Las razones que motivan la toma de tierras en Guernica han sido y son profusamente desarrolladas en notas y crónicas periodísticas de distintas características y extensión, incluso abordadas desde diferentes ópticas ideológicas. Sin embargo, todas concuerdan en reflejar algunos elementos que son inocultables a la hora de reflejar la realidad que buscan analizar.

  • En un predio que alcanza una extensión de 100 hectáreas hay colocadas miles de precarias estructuras armadas con nylon, maderas, y/o chapas, piletas de lona usadas como techos, que fueron instaladas en los últimos 2/3 meses.
  • Son las viviendas de aproximadamente 3000 personas que llegaron allí desde el mismo partido de Presidente Perón, donde se ubica Guernica, y desde otras localidades y distritos colindantes.
  • La mayoría de ellas conforman familias que tienen hijos e hijas de diferentes edades, predominantemente menores de 10 años. En el tiempo que llevan instaladas en el predio vienen atravesando circunstancias muy duras: frío, con sus poquísimos enseres empapados y embarrados por las lluvias y tormentas, comiendo entre una y dos veces al día en las ollas comunes situadas en las cercanías, y otras situaciones similares.
  • Los múltiples testimonios recogidos a estas personas en el mismo predio, por medios gráficos y televisivos, muestran que todos y todas, sin matices ni diferencias, pertenecen a los sectores más vulnerables de la sociedad.
  • Entre las motivaciones que las llevaron a trasladarse al predio, son predominantes las que obedecen al hacinamiento por crecimiento de las familias con las que compartían sus casas, ya sea con madres, padres, abuelos/as, tíos/as, hermanos/as, etc.; o por la imposibilidad de seguir pagando el alquiler que aumentó, o por la pérdida del trabajo precario que se terminó con el advenimiento de la pandemia.
  • Ni en los censos realizados por el Gobierno, ni en las innumerables recorridas realizadas por diferentes medios periodísticos, se detectó presencia dominante de ocupantes de porciones de tierras que las toman con el fin de ser vendidas. El argumento de que la toma fue organizada y financiada por bandas delictivas para comerciar con las genuinas necesidades de gente con dificultades de hábitat, no tiene apoyo en elementos que se puedan comprobar en la realidad.
  • El accionar de la policía es desde el principio activamente hostil contra las personas que están viviendo en el predio cuando deben salir y entrar, y para aquellos/as que concurren para desarrollar acciones solidarias. Ejemplo: hace un par de semanas un camión de la organización Médicos del Mundo se hizo presente para realizar tareas de prevención de los habitantes que están en el predio, y cuando se retiraba al final del día, fue interceptado por la policía provincial y conducido a la comisaría para ser “identificados” los ocho médicos que transportaba.

Pasado y presente de las tomas en el conurbano bonaerense

La actual ocupación del predio de Guernica se inscribe en un proceso que en la Región Metropolitana de Buenos Aires (RMBA) lleva varias décadas. En una interesante nota publicada en el portal “Notas, Periodismo Popular” [2], les investigadores María Maneiro y Santiago Nardín [3] dicen que:

 “El hábitat popular en la Región Metropolitana de Buenos Aires (RMBA) -abarca la Ciudad de Buenos Aires y los 40 municipios que la rodean, incluyendo la capital provincial- condensa itinerarios de apropiación diferentes. Si bien la compra de terrenos por loteos fue la forma más extendida, muchas fracciones quedaron excluidas de este formato. Así, se instituyó una larga historia de organización. Esta constituye una respuesta frente a la imposibilidad de acceder al mercado inmobiliario formal y a la inconstancia de las políticas públicas de vivienda…En este marco, se desarrollaron desde la década de 1960 diversas estrategias individuales y colectivas de producción del hábitat en el contexto de la informalidad: loteos piratas -fraccionamientos en tierras realizados por personas que no poseen la titularidad y la comercializan a compradores de buena fe- y ocupaciones directas con diverso nivel de organización. Estas ocupaciones fueron promovidas por movimientos sociales, políticos o religiosos, en esta interacción entre la necesidad, la experiencia organizacional popular y la inscripción institucional. Si los loteos piratas y las ocupaciones organizadas son modalidades polares, entre ellas se ubican múltiples variantes que articulan elementos de ambas”. 

Barrios populares por década de ocupación y distribución por cordones. RMBA

Fuente: Elaboración de Maneiro y Nardín a partir de datos de RENABAP y Techo. N= Barrios con datos de fecha de creación. Obs. La Matanza se consigna separada por extenderse en los diversos cordones.

Como puede observarse en el cuadro precedente, las ocupaciones se vienen sucediendo de manera incesante desde hace más de cinco décadas, atravesando gobiernos nacionales y provinciales de distinto signo. Décadas durante las que –independientemente de las orientaciones políticas diferentes que gobernaron la provincia y la nación- se consolidó una estructura socioeconómica excluyente para una porción creciente de la población de nuestro país, que en los últimos meses vio agravada su crítica situación.

La indetenible depreciación de sus ingresos reales se reflejan en diversos indicadores como son: el incremento de los porcentajes de pobreza e indigencia que expresan las mismas estadísticas oficiales, en el acelerado aumento de la desocupación especialmente entre los deciles de menores ingresos, en los altos niveles de malnutrición entre niños, niñas y adolescentes que manifiestan los diferentes relevamientos que se realizan desde instituciones oficiales y desde Organizaciones No Gubernamentales.

Las condiciones del hábitat en que viven estos sectores, no pueden escapar a este proceso de desmejoramiento general de sus condiciones de vida, y se manifiesta en la cantidad de familias que viven situaciones de hacinamiento, y que buscan salidas urgentes para un problema que se agrava con la prolongación de la pandemia.

La crisis y las luchas

En época de profunda crisis heredada y del azote de la pandemia, las marchas reclamando trabajo, aumentos en las remuneraciones mínimas de jubilaciones y salarios, en los valores de la AUH y otras asignaciones sociales, exigiendo el incremento en la entrega de alimentos directa a las familias y a los comedores comunitarios, son respuestas desesperadas contra la extensión de la mancha venosa del hambre y de otras necesidades básicas insatisfechas que no dejan de crecer.

En un contexto en el que a esas calamidades se añade la indispensable recomendación de que “hay que quedarse en casa” para evitar la enfermedad que no deja de contagiar a miles de personas, las situaciones de hacinamiento agregan un condimento que multiplican los padecimientos de cientos de miles de hogares.

Con el correr de los meses no solo fue aumentando la demanda de porciones de comida en los comedores comunitarios que venían funcionando, sino que fueron surgiendo más, muchos de manera espontánea, la mayoría de ellos convocados por las mujeres de los barrios que se organizan para darles de comer, primero a los niños y niñas, y después también a los/as adultos/a de las mismas familias. Es la respuesta de un cuerpo social vivo, que no se resigna, que se cae y se levanta como tantas veces.

La experiencia aportada desde los Movimientos Sociales, desde las iglesias, y los clubes de barrio, y de todas las organizaciones vecinales es invalorable a la hora de ayudar a optimizar los escasos recursos que hay para encontrar paliativos a los problemas más agudos. Cómo así también para canalizar los reclamos y organizar las luchas en el momento y los lugares más adecuados para conseguir lo indispensable para seguir viviendo.

Toma de tierras en  Los Hornos, cerca de La Plata (Foto Infobae)

Las tomas de tierras son la respuesta inevitable al escenario dramático de hacinamiento y de carencia de un techo mínimo bajo el cual construir presente y futuro, en que viven hoy miles de familias en todo el país.

Esta situación es generada por la profundización de una crisis socioeconómica agravada por la pandemia que no cede. No es la primera vez que se suceden ocupaciones y tomas, ni será la última, en la medida en que esta estructura económica que no deja de reproducir desigualdades ampliadas, siga excluyendo de la posibilidad de acceder a un pedazo de tierra donde construir un techo, a centenares de miles de ciudadanos/as argentinos/as.

Guernica y los movimientos sociales

La ocupación de Guernica y otras de menor envergadura y trascendencia que ahora mismo están ocurriendo en distintos puntos del país y en el propio conurbano bonaerense, son solo un eslabón de una larga cadena que sigue sumando otros similares  a una historia de luchas populares.

A medida que pasan los días los vecinos y vecinas construyen en el predio formas organizativas para defenderse de las agresiones que sufren día a día. Los movimientos sociales que están presentes aportan su experiencia de organización, mientras promueven y son parte del diálogo con el Gobierno en la búsqueda de soluciones.

El Gobierno tiene obvias dificultades para encontrar soluciones estructurales a los problemas urgentes de las personas que pisan, transitan, duermen sobre colchones mojados, le dan de comer a sus hijos e hijas bajo techos y paredes de nylon, en medio de un terreno embarrado y durante muchos días inundado. Los funcionarios que concurren y se enfrentan a la realidad de esos argentinos y argentinas desesperados/as, salen del terreno y después enfrentan el repiqueteo mediático reaccionario que califica a la toma de ilegal y a los ocupantes de delincuentes usurpadores. Deben lidiar también con la resolución de un juez que ordena el desalojo, mirando la realidad a través del ojo de la cerradura de la puerta que cierra su despacho. Surgen un par de preguntas obvias y simples.

¿El juez que resolvió el desalojo, no debió haber desembarcado allí por lo menos una vez, para ver y hablar con las personas sobre las que descarga una acción represiva de semejante magnitud? Seguramente no debe haber nada en el derecho procesal que lo obligue, pero quizás alguna norma ética o de sentido común podría haberlo impulsado a concurrir.

¿El equilibrio entre las presiones de los que reclaman el desalojo sin beneficio de inventario y los miles de ocupantes del predio, se encuentra empujándolos a estos con la policía a una puerta de salida que no lleva ninguna solución para las dramáticas necesidades que padecen?

Los movimientos sociales son parte del escenario, del debate, de la organización de los/as vecinos y vecinas, de la lucha por esa porción de vida que allí se está jugando. Al igual que en cada rincón del país son parte de los comedores comunitarios, de los reclamos por mas alimentos, por más comedores, por el aumento de las asignaciones sociales.

Es un grave error de los funcionarios del Gobierno de la provincia de Buenos Aires acusar a los movimientos sociales de obstaculizar las soluciones. Los vecinos rechazan las propuestas porque les están proponiendo que se retiren del predio, con la promesa de que una posible solución llegará en seis meses. Es que la inmensa mayoría está ahí desde hace varios meses chapoteando en el barro, porque no tienen a donde volver.

Los vecinos y vecinas propusieron esquemas de urbanización dentro de las porciones de los terrenos fiscales que componen el predio. Estas y otras propuestas están en la mesa de discusión y negociación a la que el Gobierno y el juez convocan espasmódicamente, sin buscar canales de diálogo permanentes para construir un trabajo conjunto en busca de una salida superadora.

Hay una larga experiencia de relaciones de gobiernos de distinto signo con los movimientos sociales en Argentina y Latinoamérica. El presidente Alberto Fernández ha hecho reiteradas declaraciones afirmando la relación del gobierno con los movimientos sociales. En enhorabuena.

Seguramente hay mucho que aprender de la experiencia que hicimos en las últimas dos décadas. Será una relación enriquecedora en la medida que los movimientos nunca dejen de expresar las necesidades de los sectores de los que provienen, mientras el Gobierno sea capaz de escuchar y comprender en un marco de respeto mutuo, que no siempre implica que habrá acuerdo pleno en cada tema en cuestión.

Si bien a  nadie del Gobierno, desde el presidente a todos sus funcionarios, nunca se les ocurrió ocultar el problema del hambre que aqueja a millones de argentinos, tampoco pasa por tratar de meter bajo la alfombra el gravísimo problema del hábitat que afecta a los sectores más vulnerables de nuestra Argentina, intentando sacar los más rápido posible –sin ninguna solución- a las personas que están en el predio de Guernica.

Tampoco es solución ni aporta al encaminamiento del problema intentar matar al mensajero, descalificando a los movimientos sociales.

#Guernica #Toma de tierras #Desalojos

Contacto: 1141882603

[1] Andrés Larroque, Ministro de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires en INFOBAE. https://www.infobae.com/politica/2020/10/10/andres-larroque-hay-organizaciones-dentro-de-la-toma-de-guernica-que-amenazan-a-las-familias-con-quitarles-los-planes-sociales-si-se-van/?outputType=amp-type

[2] https://notasperiodismopopular.com.ar/2020/08/18/tomas-de-tierras-en-pandemia-la-crisis-habitacional-en-el-gran-buenos-aires-y-la-plata/

[3] Santiago Nardín es Sociólogo y Magíster en Estudios Urbanos (UNGS). Doctorando en Ciencias Sociales (UBA). María Maneiro es investigadora del Conicet/Instituto de Investigaciones “Gino Germani”, Facultad de Ciencias Sociales (UBA)

femicidios-1-jujuy-edit-tapa

FEMICIDIOS EN JUJUY CON EL ESTADO AUSENTE

La violencia y la corrupción atacan la vida de mujeres y jóvenes 

Escribe: Giovana Martínez 
(MUMALÁ Jujuy)

Que tiemble el Estado, los cielos, las calles

Que tiemblen los jueces y los judiciales

Hoy a las mujeres nos quitan la calma

Nos sembraron miedo, nos crecieron alas.

A cada minuto de cada semana

nos roban amigas, nos matan hermanas

destrozan sus cuerpos, los desaparecen

No olvide sus nombres, por favor, el ESTADO AUSENTE.

 Soy Cesia, soy Roxana y soy Teresa

Soy Iara, soy Nahir y soy Valeria

Soy la niña que subiste por la fuerza

Soy la madre que ahora llora por sus muertas

Y soy ésta que te hará pagar las cuentas.  

En las últimas semanas, en toda la provincia de Jujuy, se realizaron una serie de manifestaciones y marchas en distintas localidades, desde la puna y quebrada hasta los valles y yungas. Esta serie de acontecimientos surgieron a raíz de cuatro femicidios que sucedieron en el mes de septiembre,  tres de ellos salieron a la luz en tan solo una semana.

En lo que va del año se registraron nueve  femicidios y dos más están en proceso de investigación. De esta manera Jujuy alcanza la tasa más alta del país, con dos casos cada 100.000 mujeres. (Observatorio MuMaLa; datos relevados entre el 1 enero al 30 de septiembre del 2020).

Cesia Reinaga (20 años), en la localidad de Abra Pampa, fue el primer femicidio que se conoció el 8 de septiembre. Luego de estar 10 días desaparecida, su cuerpo fue hallado por un vecino en un pozo de aguas servidas del matadero municipal, atada a un pedazo de cemento. Hasta el momento hay tres detenidos y se sospecha que estamos ante una red vinculada a un sector político de la localidad que extorsiona a jóvenes.

Iara Sabrina Rueda (16 años) de la ciudad de Palpalá, estuvo desaparecida y fue arduamente buscada durante cuatro días por familiares y vecines que organizaron rastrillajes ante la demora del accionar de la policía. Frente a la desidia y abandono por parte del Estado provincial, se anunció el corte de la ruta 66 para demandar acciones concretas para localizarla. Esa mañana la policía la encontró semienterrada en un descampado que el día anterior había sido rastrillado por los vecinos. La indignación y el dolor impulsaron una masiva movilización, que terminó con represión policial. Les vecines habían identificado a la Brigada de Investigaciones de Palpalá como uno de los responsables de subestimar el caso y la búsqueda.

Roxana Mazala (31 años), pequeña productora de Perico e integrante del Movimiento de los Trabajadores Excluidos (MTE) había participado de la marcha en pedido de justicia por Iara y aparición con vida de Gabriela Cruz. Al día siguiente, nos encontramos con la noticia que había sido asesinada por su pareja. Conocimos también que Roxana había realizado denuncias por violencia doméstica y ante la falta de acceso y contención a su situación no tuvo más alternativas que reestablecer lazos con su agresor.

Gabriela Cruz (24 años) también de la localidad de Palpalá, luego de siete días desaparecida fue encontrada asesinada semienterrada en las Serranías de Zapla. El responsable de su muerte, ex pareja y padre de une de sus hijes había participado de los rastrillajes organizados por los vecinos.

Berta Jaramillo, de 69 años, de la localidad de Fraile Pintado muere el 3 de octubre, en circunstancias que siguen en investigación.

Contabilizamos así 4 femicidios en un mes y 1 muerte de mujer en contexto dudoso.

Los femicidios registrados se presentan en una provincia donde la violencia e impunidad se expresan de múltiples formas.

Desde hace tiempo las colectivas feministas denuncian a funcionarios del Gobierno y del Poder Judicial no solo por abusos, sino también de violaciones y violencia de género hacia trabajadoras de diferentes dependencias. También han sido denunciados funcionarios por abusos a menores. Lejos de ser separados de sus cargos, siguen manteniendo espacios de poder y en muchos casos han sido relocalizados en otros organismos.

La violencia no solo se expresa en estas situaciones sino también en la persecución a dirigentes políticos: sanciones contravencionales, juicios y cárcel. En Jujuy denunciar el hambre y la miseria es razón para la persecución por parte del Estado y de un poder judicial totalmente enviciados.

La desigualdad se vive en el campo y en la ciudad. Según el registro del IBP del mes de septiembre una familia jujeña necesitó $ 43.475,90 para no caer bajo la línea de pobreza y $ 17.673,13 para no llegar a la condición de indigentes (ISEPCi Jujuy; septiembre 2020).Pocas familias alcanzan este nivel de ingreso.

En el campo, las explotaciones de carácter extractivista ponen en riesgo la sustentabilidad de los sistemas ecológicos y agroecológicos y avanzaron en el desarrollo de sus proyectos en el contexto de la pandemia. Las empresas mineras de la puna así como Ledesma en el ramal, amparándose en su carácter de “actividad esencial” han registrado altos casos de contagios y mortandad entre trabajadores por COVID 19.

Los desmontes avanzaron en la zona chaqueña y en los valles. En Perico, el proyecto de producción de cannabis avanza a pasos agigantados, a riesgo de la expulsión de cientos de familias productoras de alimentos y con potencialidad de convertir a finca El Pongo en un territorio militarizado.

La respuesta del Gobierno ante los reclamos de trabajadores afectados por COVID, víctimas de violencia y organizaciones sociales fue la quita de responsabilidades transfiriendo a las personas individuales lo que le cabe al Estado. En vez de escuchar los reclamos, el Gobierno elige estigmatizar la protesta social.

Sin embargo los funcionarios no pueden responder por qué el helicóptero fue utilizado para identificar y perseguir a jóvenes de los barrios populares que no cumplían con el ASPO y no para la búsqueda de personas desaparecidas. Tampoco por qué quieren crear un comité para la búsqueda de personas desaparecidas, cuando ya hay organismos que tienen esa injerencia, en el marco de la atención, recepción de denuncias y búsqueda de personas. Estas cuestiones son, entre otras, de las que no da cuenta el Gobierno provincial.

Con la confirmación de que el cuerpo encontrado era el de Iara, la marcha por el pedido de justicia fue multitudinaria y movilizó no solo a las colectivas feministas, sino que unió en el reclamo a organizaciones políticas, sociales y gremiales y el pueblo en general. La ciudad siderúrgica, que ni en plena privatización de Altos Hornos Zapla, ni cuando aumentaron los accidentes de trabajo por el vaciamiento de la planta, se vio tan movilizada.

Tampoco se había visto en la provincia, como ocurrió días después, una movilización tan grande con carteles y pañuelos violetas y verdes, que al grito de que el Estado es responsable convirtió el dolor y la bronca en demandas justas:

¡Ley de Emergencia en Violencia de Género ya!   ¡Morales, Meyer* y Martínez ** responsables!

#Femicidios #Jujuy #Violencia

*Ekel Meyer: Ministro de Seguridad de la provincia.

** Alejandra Martínez: presidenta del Consejo Provincial de la Mujer y la Igualdad de Género de Jujuy.

6.10.20 IBP

EN SETIEMBRE LOS PRECIOS DE LA CANASTA DE ALIMENTOS SUBIERON 6,48%

En el conurbano bonaerense -donde se concentra el 56% de la población por debajo de la línea de pobreza en todo el país- en setiembre los precios de la Canasta Básica subieron 6,48% 

Escriben: Isaac Rudnik y Juan Fresno

Según el relevamiento del Índice Barrial de Precios (IBP) en 450 negocios de 20 distritos del conurbano bonaerense, el valor de la Canasta Básica de Alimentos (CBA) subió en el último mes 6,48%. Una familia de dos adultos/as y dos hijos/as pequeños/as en septiembre necesitó $19.178,07 para cubrir sus gastos de alimentación ($1.167 más que en agosto). El rubro de frutas y verduras encabezó los aumentos con 10,49%, seguido por la carnicería (5,99%) y almacén (5,43%).

En lo que va de este año la CBA se incrementó 31,89%, mientras que en los últimos doce meses -desde septiembre de 2019- el aumento fue del 45,37%. La misma familia necesitó durante el último mes para cubrir sus alimentos básicos $5.985,35 más que un año atrás, y $4.636,96 más que en diciembre pasado.

Según los datos del INDEC, en el conurbano bonaerense la pobreza creció en el primer semestre de este año, de 40,5% en el último semestre de 2019, a 47,5% al primero del presente 2020, mientras que la indigencia se incrementó de 11% a 13,6% en el mismo período, siendo el aglomerado urbano que concentra la mayor cantidad de indigentes del país: 56,30% del total, y de pobres: el 50,31%.

Esto se explica porque el aumento constante de los precios por encima de los incrementos de las remuneraciones mínimas envía cada mes nuevos contingentes de personas bajo las líneas de indigencia y pobreza.

Desde septiembre de 2019 la jubilación mínima aumentó un 40%, la Asignación Universal por Hijo subió 33,48%, y el salario mínimo se encuentra congelado desde diciembre del año anterior, mientras el aumento de la Canasta de Alimentos fue del 45,37%.

Las transferencias directas como el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), los bonos que se otorgaron en los primeros meses de la pandemia, la entrega de alimentos en los barrios populares, y el importante refuerzo que significa la Tarjeta Alimentar, claramente no son suficientes para equilibrar el aumento de los precios de los alimentos y detener el avance de la indigencia.

Continuar -por lo menos hasta el fin de la pandemia- con el IFE con periodicidad mensual, multiplicar la entrega de alimentos, poner en marcha de inmediato los programas destinados a las y cooperativas y PyMES textiles,  de producción de alimentos y de reciclado, el congelamiento de precios de los productos que componen la Canasta Básica de Alimentos, son algunas de las medidas inmediatas para evitar que nuevos contingentes de argentinos y argentinas sean empujados bajo la línea de indigencia, al ritmo del aumento permanente de los precios de los alimentos.

#IBP #Aumentos #Alimentos #Canasta Básica

Contacto: 1141882603

indec-pobreza-destacada

Según datos del INDEC, la pobreza y la indigencia avanzan de manera implacable

Las condiciones en que se desarrollan la economía y la política del país son muy desfavorables: CRISIS GLOBAL + CRISIS LOCAL HEREDADA + PANDEMIA, constituyen un contexto muy complicado. Pero no deben ser excusa para que el Gobierno no tome nota de que no solo hay mas pobres en el país, sino que el hambre no dejó de avanzar en los últimos meses.

Escribe: Isaac Rudnik

Los resultados sobre el crecimiento de la pobreza y la indigencia en nuestro país, no por esperados, dejan de ser desalentadores. En el primer semestre de este año el porcentaje de hogares que están por debajo de la línea de pobreza (no tienen ingresos suficientes para cubrir sus gastos indispensables de alimentación, servicios del hogar, transporte, educación, salud, y otras necesidades) alcanzó al 30,4%.

En este tipo de hogares vive el 40,9% de la población relevada en los 31 aglomerados urbanos a los que llega la encuesta del INDEC. Pero quizás lo más grave es que dentro de esa cantidad, el 8,1% de los hogares y el 10,5% de personas no tienen recursos para cubrir sus gastos básicos de alimentación durante los 30 días del mes, y entonces se encuentran en condición de indigencia.

Esto significa un aumento de 5,5 puntos en pobreza -de 35,5% a 40,9%- y 2,5 puntos en indigencia -de 8% a 10,5%- respecto al último semestre del año anterior.

La información que provee el INDEC, además, muestra el avance implacable de la pobreza y la indigencia en los últimos dos años. Desde el primer semestre de 2018 a igual período del 2020, el porcentaje de argentinos pobres aumentó 13,6 puntos -de 27,3 a 40,9- y el de indigentes subió 5,6 puntos (de 4,9 a 10,5).

De esos 5,6 puntos que la indigencia subió en dos años, casi la mitad (2,5) se incrementó durante el último semestre. Obviamente en este aumento, la necesidad de decretar el aislamiento total para enfrentar la pandemia fue, y continúa siendo, determinante.

El Gobierno puso en marcha políticas que apuntaron a paliar la situación de los sectores de menores ingresos. Desde el lanzamiento de la lucha contra el hambre en los primeros días de asumido, hasta las medidas que vinieron de la mano de la implementación del Aislamiento Social Obligatorio en todo el país, tales como la Tarjeta Alimentar, los bonos extraordinarios a los/as destinatarios/as de la AUH, a los jubilados/as y asalariados/as con remuneración mínima y la prohibición de despidos en los primeros meses.

Otras ayudas fueron el Ingreso Familiar de Emergencia, la Asignación para el Trabajo y la Producción, los créditos blandos para las PYMES, el incremento de la provisión de alimentos para los barrios populares, y otros similares durante el desarrollo de la pandemia. Fueron ingresos trasladados desde un fisco exhausto que no tiene posibilidades de recurrir al financiamiento externo o interno, producto del endeudamiento heredado que aun está en proceso de reestructuración.

EL 56,8% DE LOS NIÑOS/AS Y ADOLESCENTES DE 0 A 14 AÑOS ESTÁN POR DEBAJO DE LA LÍNEA DE POBREZA

Pero los resultados muestran que toda esta batería de medidas fueron y son insuficientes. La pandemia es una realidad insoslayable a la hora de evaluar la situación, y claramente tiene una influencia negativa, que instala variables muy difíciles de manejar.

Esto es válido no solo para nuestro país, sino que viene sucediendo en el mundo. Los informes de los organismos internacionales explicitan un crecimiento de la pobreza en todos los países, independientemente de sus niveles de desarrollo. La profundización de los niveles  de inequidad será una de los resultados más relevantes de esta pandemia.

Pero estas condiciones que hablan de un contexto muy desfavorable, no deben ser excusa para que el gobierno no tome nota de que no sólo hay mas pobres en el país, sino que el hambre no dejó de avanzar en los últimos meses.

Los mensajes del oficialismo en este aspecto no van en dirección adecuada. No sólo no se anuncian nuevas medidas que aumenten el traslado de recursos hacia los hogares que están en la indigencia, sino que se estudian recortes a las que están en curso. Al IFE, que tuvo una periodicidad bimensual, no solo que no se planea incrementarlo, sino que ahora se estudia suspenderlo definitivamente.

Lo mismo ocurre con las Asignaciones para el Trabajo y la Producción, se las reducirían al mínimo o a lo sumo se convertirían en créditos para las empresas; se impulsa que los aumentos salariales sean en todos los casos muy por debajo de la inflación; el Estado abre discusiones paritarias en forma muy acotada.

A esto se agrega que se implementan nuevos y más continuos aumentos de los combustibles, se autorizan nuevas subas en los precios máximos de todos los productos esenciales, en especial de los alimentos, y se hace la vista gorda a los brutales aumentos de los medicamentos.

El congelamiento de los precios de los alimentos de la Canasta Básica, el pago del IFE con periodicidad mensual hasta la salida del Aislamiento Social Obligatorio, la continuidad de los ATP, el pago de nuevos bonos extraordinarios a las remuneraciones mínimas de jubilados/as y asalariados/as, son solo algunas de las medidas básicas urgentes que deberán tomarse si hace una lectura adecuada de lo que revelan esta publicación del INDEC.

#Pobreza #Indigencia #Pandemia

Contacto: 1141882603