Universidad. nota 23.6.20

A CIENTO DOS AÑOS DE LA REFORMA: DESAFÍOS DE LA UNIVERSIDAD QUE VIENE.

Se cumplen 102 años de la Reforma Universitaria que, impulsada por el movimiento estudiantil desde Córdoba, transformó las estructuras de la Educación Superior y favoreció movimientos de ruptura y cambios en todo el continente en el marco de los procesos políticos que se daban en el país y en la región en la época. Por primera vez en contexto democrático, nos toca rememorarla lejos de las aulas.

Escriben: Tomás Battaglino* y Juan García*

Los y las reformistas del ‘18 pusieron en jaque a un orden conservador, en el que primaban los acomodos, la reproducción de privilegios, la eternización en el poder y el oscurantismo. Frente a esa vieja estructura, plantearon a la autonomía académica, el cogobierno por parte de la propia comunidad universitaria, los concursos docentes, la apertura y libertad de cátedras y a la libre asistencia de estudiantes a clases como bases de una Universidad democrática.

Los dolores que nos quedan son las libertades que nos faltanManifiesto Liminar 1918.

Las Universidades, en Argentina y América Latina, tienen como principal desafío generar conocimientos y acciones pertinentes a las realidades sociales de la región más desigual del planeta. Momentos de crisis globales como la que estamos atravesando, señalan la urgencia de poner a las Universidades, instituciones públicas en las que la sociedad argentina más confía, al servicio de las necesidades del pueblo. Reinterpretar el espíritu reformista significa hoy formular modelos alternativos que contengan e incluyan problemáticas emergentes.

La reforma propuso sentar las bases para una educación que alcanzara a sectores excluidos. Hoy más que nunca, debemos proponernos retomar su espíritu popular transversalizando el compromiso social en todas las funciones de la universidad jerarquizando la función de la extensión. Lo que nos permitirá la cooperación interactiva entre universitarios y otros actores para contribuir a la construcción y uso socialmente productivo del conocimiento, priorizando la atención de los problemas de los sectores más postergados.

Presenciamos un mundo universitario que mejora su calidad académica, pero no se amplía. Urgen aumentar universos de sistemas de becas y acompañarlas de tutorías, en las que participen masivamente estudiantes y egresados de las Universidades Públicas.

Realizamos un relevamiento de 12 Universidades Nacionales, a partir del cual pudimos exponer que actualmente conviven sistemas representativos disímiles. Mientras hay países con democracias fuertes que están discutiendo o implementaron sistemas electorales más representativos que el Sistema D’Hont, existe actualmente en las Universidades argentinas un gran porcentaje que aún mantiene sistemas menos representativos como el Proporcional Directo. Aún existen universidades en la Argentina en que en el cogobierno no participan los trabajadores no docentes, como es el caso de la Universidad de Buenos Aires. La garantía de democratización es la pluralidad de voces de todos los claustros.

Pensar en la inclusión hoy es pensar políticas para los ausentes, aquellos que no llegan o se van de la Educación Superior. En la Argentina hay casi 10 millones de jóvenes, de los cuales 2 millones están en sistema universitario, que presenta hoy una deserción de casi el 50%. Otro 50% hoy no está terminando el colegio secundario en tiempo y forma.

Estos datos nos hablan de miles de pibes, que quisieron, volcaron sus expectativas y terminaron fuera, o de jóvenes que crecen pensando que la Universidad no es para ellos. Si la Educación Superior es un Derecho Humano, también lo es el acceso a educación. En ese sentido, urge pensar políticas públicas que garanticen el acceso a medios que permiten educación, como lo son hoy en día los datos móviles y computadoras para acceder a la cursada virtual.

En este sentido, es el movimiento estudiantil quien históricamente ha retomado y resignificado las luchas por la verdadera inclusión en el sistema universitario, proponiendo sistemas de becas, regímenes especiales para estudiantes trabajadores y/o con familiares a cargo, entre otras reivindicaciones y conquistas. El Boleto Educativo debe constituirse como un derecho y aplicarse a nivel nacional.

El status quo que enfrentaron los y las reformistas puede identificarse en la generalidad de los planes de estudio. La mayor parte de ellos enuncian trayectorias académicas de 4 a 6 años totalmente irreales, que se transforman en carreras en las cuales estudiantes deben invertir al menos 7 y hasta más de 10 años de cursada.

Hoy en día, por ejemplo, el promedio para recibirse de ingeniero es de 12 años. Pero no solo eso, también podemos encontrar otras falencias estructurales: la falta de articulación teórica-práctica al no favorecer elaboraciones críticas, reflexivas y situadas; el sostenimiento de la apariencia de que existen perspectivas únicas o al menos más aptas al no contemplar en las currículas la pluralidad teórica y metodológica, y la falta de pertinencia de los contenidos desarrollados con respecto a los debates de la sociedad actual.

Debemos formar profesionales que estén preparados para los problemas del futuro y no solo sobre los que se escribieron más de 10 años atrás. No es extraño que un plan de estudio tenga más de 30 años. Su actualización es un debate pendiente que nos urge. Debemos repensarlos, revisarlos y confeccionarlos centrándonos en la resolución de los problemas de nuestra sociedad y en las trayectorias académicas actuales de las personas que se insertan en dichas carreras.

Tuvimos muchos avances en estos años, pero siempre está latente la tentación de volver sobre nuestros pasos. Existe una universidad que da gestos de dignidad, como cuando en 2009 la Facultad de Psicología rechazó los fondos que provenían de la las multinacionales mineras promoviendo un amplio debate sobre la soberanía nacional y educativa.

Otro ejemplo fue el reconocimiento de la identidad de género adoptada y autopercibida de cualquier persona a su solo requerimiento a partir de 2011, antes de que se promulgara la Ley Nacional 26.743. Hoy, en pleno 2020, la UNC avanza en un convenio con Scholas, dependiente del Vaticano, lo que despierta preocupación para quienes nos preocupa la autonomía de las grandes empresas y los dogmas de todo tipo y para quienes buscamos defender los postulados seculares de la Reforma. La Universidad puede enseñar o retrasar en un simple gesto y esas tensiones conviven todos los días.

Reflexionar sobre el legado de la Reforma del ‘18 nos pone en frente al enorme desafío de tomar políticas concretas para mantener vivo su espíritu latinoamericanista, promocionando espacios de encuentro para abordar las problemáticas presentes. A su vez, el sistema universitario tiene una gran deuda en materia de igualdad de género. En ese sentido, resta un camino de paridad en órganos de cogobierno, aplicación de la Ley Micaela en todas las Universidades Públicas y generar las condiciones institucionales para la igualdad.

La intervención por parte del gobierno de Bolsonaro a las Universidades brasileñas generó altos niveles de rechazo y la inmediata solidaridad de la inmensa mayoría de la comunidad universitaria argentina, que le otorga valor a sus órganos de co-gobernados. Uno de dichos espacios, el Honorable Consejo Superior de la Universidad Nacional de Córdoba, sin embargo, hace 90 días que no sesiona. Quedan restarse varias “vergüenzas” para construir un horizonte democratizador: el de una Universidad más inclusiva, comprometida y democrática.

Vivimos una época mundial difícil, de transición en muchos aspectos, pero es también una oportunidad para contribuir con todo es bagaje a un nuevo salto de calidad, a la dinámica del pensamiento enfrentando grandes problemas.

*Tomás Battaglino. Estudiante de Historia y Consiliario estudiantil por el Movimiento Sur - AVANZAR. Universidad de Córdoba
*Juan García. Libres del Sur, Córdoba
Vicentín. nota 16.6.20

Vicentín: De la Intervención a la Expropiación. Contra el desguace y la transnacionalización de la empresa

La decisión anunciada hace unos días por el Presidente debería confirmarse rápidamente con el envío del anteproyecto de ley al Congreso Nacional que defina el destino de la empresa y que sea base para un debate amplio e inteligente, acorde con intereses nacionales estratégicos y con potenciales cambios que se perfilan.

Escriben: Isaac Rudnik y Rubén Ciani*

La intervención de la firma agroexportadora Vicentín SAIC decretada por el Gobierno Nacional según DNU 522/20 del 09/06/20, así como el anuncio del envío de un proyecto de Ley al Congreso que propicia declararla de utilidad pública y sujeta a expropiación, abrió un debate que, abarcando múltiples aristas, viene generando discusiones con argumentaciones más o menos fundamentadas que toman posición a favor y en contra de la decisión del Gobierno Nacional.

Los antecedentes inmediatos

Lo concreto es que esta firma agroindustrial había entrado en cesación de pagos a principios de diciembre del año pasado y en concurso preventivo el 10 de febrero del 2020. La deuda estimada es de 1.350 millones de dólares, de los cuales unos 1.000 millones corresponde a créditos bancarios y 350 millones a deudas con empresas del sector agrícola, léase productores agrícolas.

En principio, esta situación concursal y posible quiebra está afectando a más de 2000 productores, alrededor de 6.000 puestos de trabajo y varios bancos oficiales, destacándose el Banco Nación como uno de los principales acreedores.

Esta configuración de la deuda de la empresa, tanto en monto como en sectores afectados, ciertamente debe ser atendida por el Estado, ya que, como expresa en sus considerandos el DNU,  “podría conllevar efectos negativos en materia laboral, comercial, económica y social”. Se puede debatir las formas, pero el fondo de la cuestión, por acción u omisión, atraviesa a temas que tienen que ver con las políticas públicas.

Sin embargo, no es este el objetivo del documento, sino el de aportar conceptos al debate de los temas relacionados con los potenciales objetivos de mediano plazo para definir la expropiación de la firma, como: a) Revertir la transnacionalización del comercio agropecuario; b) Fundar una nueva Junta Nacional de Granos y c) Promover a partir del accionar de una empresa pública la Soberanía Alimentaria.

La transnacionalización del comercio agropecuario

Desde sus orígenes, en la década de 1920, esta empresa de capital nacional, se desarrolló en el negocio algodonero y de granos, afianzando su actividad en la industria aceitera a mediados del siglo pasado, con la producción para el mercado interno de derivados de girasol y lino, en principio; para luego expandirse fuertemente a partir de la década de 1980, con el ingreso del cultivo de soja como alternativa agrícola en el país y el desarrollo de su industrialización interna.

Es importante consignar, que el ingreso del cultivo de soja transformó significativamente la estructura local de la industria aceitera. En una primera instancia paso de estructurarse en base a pequeñas plantas que abastecían especialmente el consumo interno con aceite de girasol, algodón o maní; a expandirse hacia la exportación con el aumento de la escala productiva de las unidades que conformaban el sector y en consecuencia en una mayor concentración industrial, soportada en plantas de nueva tecnología, en su mayoría de capital nacional.

En 1988, las empresas nacionales vendían al exterior, directamente o por intermedio de exportadoras multinacionales, el 80% del total exportado por la industria aceitera (medido en base a subproductos). En ese año la firma Vicentín participaba en el 12% del total de la capacidad de elaboración del país, y era la empresa líder en el rubro.

Con el desarrollo de la globalización, post acuerdo de la Ronda GATT en 1994, las multinacionales exportadoras se integran horizontalmente en la cadena de la soja, participando en la compra a productores, acopio de grano, industrialización y exportación. En consecuencia de este nuevo proceso, las firmas multinacionales aumentan su  participación en la exportación de productos derivados de la soja al 43% a fines de los 90 y alcanzan a superar levemente 50% en década iniciada en 2010.

La cuestión es si debemos continuar en esta línea de transnacionalización de grandes empresas nacionales o más precisamente, si el momento histórico de desarrollo de la globalización, caracterizada por una política de cierre y proteccionismo económico-comercial de las grandes potencias, no nos debe llevar a repensar la estrategia.

La firma Vicentín ocupó, en el ranking de exportadores de subproducto de soja, el cuarto puesto en 1999, el quinto en 2009 y el primero en 2019. Además, no solo avanza en el sector aceitero y se afianza en el algodonero-textil,  sino que se expande hacia nuevas actividades.

En la última década pasó de ser una gran empresa nacional a transformarse en uno de los más importantes holdings empresarios del país, alcanzó su punto máximo en el año 2013, cuando en copropiedad con otras empresas (Glencore y Molinos Rio) puso en funcionamiento la más grande planta de industrialización de soja local y una de las mayores del mundo, RENOVA S.A, con una capacidad de molienda diaria de 20 mil toneladas de soja.

Su participación en RENOVA, que se adicionaba a la capacidad de sus plantas históricas (en las localidades de Ricardone y San Lorenzo) con un volumen conjunto de  de 20.000 toneladas por día y puerto de embarque propio, también le aporta la disponibilidad de una planta productora de biocombustible, producto energético que es componente en un 20% de las naftas en el mercado local. Con toda la capacidad de RENOVA, el conjunto de plantas en las que interviene Vicentín participan en el 20% de industrialización de soja y el 10% de la producción de biocombustible.

Es decir, Vicentín puede participar en toda las líneas de producción y comercialización del complejo soja, como embarques de granos, exportación de aceites vegetales y subproductos oleaginosos, venta al consumo interno de aceite envasado y producción biodiesel  para mezcla de nafta en el mercado interno e internacional. Pero además, el holding mantiene otro de sus negocios tradicionales e históricos: la producción y desmote de algodón, vinculándose de ese modo con la rama textil, e incursiona también en la exportación de cereales.

Asimismo, su actividad se expandió a a la producción de carne vacuna. A partir de la propiedad de un feed-lot y su participación en el frigorífico FRIAR; la producción de jugos concentrados de uva, de vinos; acopio y producción de miel; producción de lácteos mediante la compra de la cadena de yogures a Sancor.

En suma, considerando solamente el rubro agrícola (cereales, soja y sus derivados), la importancia de Vicentín y el contexto de transnacionalización de mercado se puede observar en el cuadro N.º 1.

Se observa que la transnacionalización varía entre el 50% y 70%, según el tipo de producto y que, en este contexto, la venta de Vicentín, cuya participación es relevante, profundizaría la dependencia hacia capitales extranjeros.

La trayectoria histórica de la firma Vicentín y su situación actual, caracterizada por  un significativo crecimiento y participación en el negocio agropecuario, reitera otras experiencias similares de varias firmas agrícolas en el pasado (Ej. Productos Sudamericanos, Oleaginosa Moreno), que afectadas por problemas de financiamiento fueron absorbidas por empresas multinacionales. Esto también sucedió en otros sectores agroindustriales, como la molienda de trigo y producción de harina, o la industria frigorífica, en las cuales se registró una concentración asociada a la transnacionalización de empresas.

Ciertamente, la cuestión es si debemos continuar en esta línea de transnacionalización de grandes empresas nacionales o más precisamente, si el momento histórico de desarrollo de la globalización, caracterizada por una política de cierre y proteccionismo económico-comercial de las grandes potencias, no nos debe llevar a repensar la estrategia.

De la Junta Nacional de Granos a la Empresa Testigo

La generación de una empresa pública testigo en el mercado de granos, suele interpretarse como la refundación de la Junta Nacional de Granos (JNG).

La JNG fue creada en 1933, época de vigencia de la ideología liberal,  con el nombre de Junta Reguladora de Granos. Continuó su vigencia, con diferentes denominaciones, coexistiendo con regímenes militares o democráticos; así como con tendencias económicas que iban desde aquellas denominadas de “intervencionismo populista”, hasta las que proponían “achicar el Estado para agrandar la nación”.

Los productores son siempre el eslabón más débil en la cadena comercial agrícola, en la actualidad participan en buena parte de la producción agrícola empresas agropecuarias muy diferentes en tamaño y solvencia al típico “chacarero” del pasado con intervención estatal

Precisamente, durante el gobierno de la denominada “Revolución Libertadora”, asume el nombre de Junta Nacional de Granos (JNG), el que mantiene hasta 1992, cuando se concreta su disolución definitiva en el proceso de desregulación económica del gobierno de Menen.

Era un organismo que intervenía en el comercio de granos a partir de múltiples funciones entre las que se destacan: a) Regular los contratos de compraventa; b) Garantizar la entrega de mercadería; c) Fijar estándar de calidad; d) Operar los elevadores portuarios de carga de granos, d) Efectuar ventas al exterior para sostener el precio a los productores, e) Cumplir los convenios bilaterales, etc.

Una de sus funciones de mayor intervención en el mercado era la de fijar precios sostén para el productor, actividad que se basaba en parte en sus ventas al exterior y especialmente en su programa de trigo, a partir del cual aseguraba también el abastecimiento interno del producto farináceos.

En el siglo XXI, los principales productos de exportación en Argentina son el complejo soja (grano, aceite y subproducto) y el maíz, que aportaron en 2019 el 80% del valor de exportado de cereales y oleaginosos. Las ventas de esos productos se efectúan en general a compradores privados, a diferencia de lo que sucedía durante el periodo de acción de la JNG, en el cual participaban organismos de compra oficiales, en un mercado altamente intervenido por los estados; y donde además el trigo era el principal producto de intercambio.

Por otra parte, si bien los productores son siempre el eslabón más débil en la cadena comercial agrícola, en la actualidad participan en buena parte de la producción agrícola empresas agropecuarias muy diferentes en tamaño y solvencia al típico “chacarero” del pasado con intervención estatal.

Estos aspectos marcan cambios de contexto en una visión retrospectiva de la JNG.  Si bien no invalidarían el objetivo de tener una empresa testigo en el mercado agrícola, que aporta el 50% de valor de nuestras exportaciones y se constituye en uno de los factores críticos de disponibilidad de divisas para el país, implican repensar el formato que debería tener este organismo público

Quizás, la relevancia de esa intervención oficial no se acote a la obtención de divisas, la que también depende de la oferta de los productores locales. Su objetivo podría extenderse a dar mayor transparencia y minimizar la evasión de divisas en un comercio externo muy complejo, en donde el comprador que aparece en un contrato de exportación, no es necesariamente su destinatario final.

La complejidad del comercio implica la necesidad de disponer de un gerenciamiento también complejo y extendido, que le  permita a una empresa estatal acercarse al destino final de la exportación, minimizando la participación de intermediarios comerciales  (léase exportadoras multinacionales). En este sentido puede entenderse la incorporación de YPF Agro, aunque es importante que su participación en las exportaciones, si bien ha crecido sustancialmente, aún es relativamente baja. En 2019, las exportaciones de YPF Agro de los principales cereales y oleaginosos, alcanzaron a solo el 1% del total, con 1.2 millones de toneladas.

Asimismo, una nueva empresa testigo necesita estructura una logística de almacenaje, acondicionamiento y embarque. La estatización de Vicentín puede aportar esta logística, pero debe evaluarse su alcance, ya que la amplitud de la  misma determina los límites operativos de la empresa.

Soberanía alimentaria

Si bien la disolución de la JNG en los años noventa, estuvo en sintonía con la desregulación del comercio mundial de granos, que aconteció luego de la caída del bloque soviético y anticipando el proceso de globalización; en Argentina, a diferencia de lo registrado en otros países, se dejo librado al mercado el movimiento del precio de los alimentos.

En este nuevo orden de mercado, se disolvió la emblemática AWB de Australia y parte de su operatoria paso a una exportadora internacional, en tanto que la CWB de Canadá dejo de tener el monopolio del comercio. Sin embargo, muchos países mantuvieron programas con diferente grado de institucionalización, orientados a estabilizar el precio o participar en el mercado de alimentos para sus poblaciones.

En Brasil dejó de existir la Junta Brasileña de Trigo, pero continuó la Comisión Nacional de Abastecimiento; en India, sin ser monopólica, continúa operando la Corporación Estatal de Comercio (STC), en China la Agencia Nacional de Granos, etc. Asimismo, el Farm Bill en Estados Unidos y la PAC en la Unión Europea, mantuvieron, en diferente grado, mecanismos asociados al movimiento de los precios y también de provisión alimentaria, que aún hoy implica el traslado directo de enormes volúmenes de subsidios estatales hacia productores y consumidores, como base de asegurar los alimentos a sus poblaciones.

La soberanía alimentaria, además de procurar una producción respetuosa de la salud y el ambiente para abastecer el consumo local, debería ser parte de un desarrollo que permita generar cadenas de valor desde los pequeños productores y agricultores familiares, aumentar su escala productiva y comercial, generando un circuito con distribución e inclusión social

En este orden, un manejo virtuoso de la estatización debería insertar al holding como instrumento de una política de producción de alimentos no solo para el mundo, sino también, y fundamentalmente, para los hogares argentinos.

Cabe destacar que tener una alimentación soberana no implica “comer lo que se puede” sino “comer lo necesario” para una vida plena y saludable. Es conocida la frase que Argentina produce alimentos para 300 millones de habitantes. Sin embargo, también son conocidos los datos en el país elaborados por el ISEPCI-Barrios de Pie que muestran que en los últimos años la malnutrición entre niños, niñas y jóvenes de 0 a 19 años de los sectores de menores ingresos, siempre estuvieron en porcentajes por encima del 40% de esa población.

Pero este objetivo de soberanía alimentaria, concepto muy amplio y con interpretaciones diversas, no se agota en tener una estructura comercial como la disponible en la firma Vicentín.

Ciertamente podrá ser el eje a partir del cual se articule dicha política, con pequeños productores, agricultores familiares, consumidores, etc., alcanzando la condición necesaria para desarrollar la soberanía alimentaria e insertar a la economía popular en la economía nacional e internacional.

Es importante esta estrategia, ya que la soberanía alimentaria, además de procurar una producción respetuosa de la salud y el ambiente para abastecer el consumo local, debería ser parte de un desarrollo que permita generar cadenas de valor desde los pequeños productores y agricultores familiares, aumentar su escala productiva y comercial, generando un circuito con distribución e inclusión social.

La disposición del Gobierno Nacional de intervenir esta empresa rumbo a su expropiación implica entrar por un camino lleno de obstáculos, e incertidumbres respecto a las posibilidades ciertas de sortearlos con éxito. Las dudas que plantean muchos sectores bien intencionados respecto a si no debieran considerarse otras opciones que, principalmente, implicarán menos conflictos y menos inversiones iniciales de parte de un estado que tiene sus arcas muy comprometidas, son absolutamente válidas.

Pero también es cierto que todas las posibilidades que circulan como alternativas, aun algunas de las que se proponen con las mejores intenciones, se asemejan más a un paso intermedio hacia el desguace de la empresa o a su transnacionalización, que a propuestas que garanticen su continuidad como empresa nacional con participación protagónica en los negocios de exportación más relevantes para el país.

No vamos a avanzar en la reconstrucción de un sólido proyecto nacional si el Gobierno no está dispuesto a tomar riesgos y asumir los correspondientes desafíos.

Esta decisión anunciada hace unos días por el Presidente debería confirmarse rápidamente con el envío del anteproyecto de ley al Congreso Nacional que defina el destino de la empresa y que sea base para un debate amplio e inteligente, acorde con intereses nacionales estratégicos y con potenciales cambios que se perfilan en el mundo.

*Isaac Rudnik y Rubén Ciani son investigadores del ISEPCi

Contactos: 1141882603/1156167088

Estructura Tributaria. Nota 12.6.20

LA ESTRUCTURA TRIBUTARIA QUE TENEMOS: UNA APROXIMACIÓN AL SISTEMA IMPOSITIVO ARGENTINO.

Ante la posibilidad más o menos cierta que en el futuro inmediato el Gobierno impulse una reforma impositiva, empezamos una serie de aproximaciones al tema. En esta nota tomamos dos ejes que están en debate: la cantidad de impuestos, el nivel de presión tributaria realmente existente y una comparación con lo que sucede en otros países.

Escribe: Rubén Ciani*

El tema de la cantidad de impuestos

En los medios de comunicación los economistas neoliberales describen la “pesada carga tributaria que  limita el crecimiento de la economía nacional”, señalando la existencia de una exagerada lista de impuesto, como eje principal de la crítica

Entendemos que esos comentarios se basan en conclusiones parciales de un estudio denominado “Vademécum tributario Argentino”, elaborado por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) y editado en los años 2019 y 2020, en donde presenta un listado de 165 tributos nacionales, provinciales y municipales.

Un primer análisis desagregado del listado, muestra la fragilidad conceptual para definir una pesada carga tributaria. Del total de tributos 85 (más del 50%) corresponden a impuestos y tasas municipales, los que en conjunto tienen una incidencia de solo el 4% sobre el ingreso total tributario del país (ver cuadro N.º 1).

En un segundo análisis se puede observar que fuera de los tributos nacionales,  la mayor parte de los demás no tienen alcance en todas las provincias o municipios.

Si bien la cantidad de tributos en diferentes jurisdicciones no ayuda a una simplicidad del sistema, esto no se vincula a la carga tributaria. A modo de referencia, de los 39 tributos provinciales solo 5 se aplican en todas las provincias y alrededor de 26 (incluyendo CABA) se aplican en solo una provincia. En los correspondientes a los municipales, con un total de 85 tributos, solo 4 se aplican en todos y 34 en un sólo municipio.

La carga tributaria argentina no se explica por la existencia de 165 impuestos. El estudio  del IARAF señala además que solo 11 tributos explican el 90% del ingreso tributario en Argentina, donde 9 de ellos son de jurisdicción nacional y 2 de provincial.

El tema equidad del sistema tributario

En el cuadro N.º 2, podemos observar la recaudación de impuestos nacionales (recordar que la nación recauda el 80% de los ingresos tributarios).

Cabe destacar que el concepto de tributo incluye a impuestos y contribuciones:

Los impuestos son cargas públicas sin contraprestación directa. Por ejemplo, el Impuesto a las Ganancias, su recaudación se deriva a las rentas generales que el Estado utiliza para proveer bienes públicos, como el Sistema Judicial, que es consumido por toda la sociedad en conjunto.

Las contribuciones se derivan a beneficios especiales individualizados, como es el caso de la jubilación. En este, las empresas aportan un porcentaje que está en relación al costo laboral de cada uno de sus trabajadores. El destino de esa contribución es una Caja Previsional (actualmente administrada por el ANSES), que asignará a cada trabajador, en su pasividad laboral, una remuneración acorde con los ingresos salariales en su periodo de actividad laboral.

En este caso, como ya se señaló, el análisis se realiza sobre los impuestos solamente, que el instrumento de carga pública (en el análisis de cantidad de impuesto no se realiza esta distinción). Se considera que las cargas sociales patronales o los aportes jubilatorios que realizan los trabajadores son: a) Parte del costo laboral imputado en la actividad económica; por el contrario  no es pérdida de beneficio empresario como  si lo es el impuesto; b) Salario diferido para el trabajador; se puede categorizar como un ahorro presente para su consumo futuro.

El impuesto con mayor recaudación es el IVA, en buena parte vinculado a los consumos populares de alimentos, con el 38.8%. Es decir, uno de cada tres pesos de recaudación impositiva proviene del consumo. Pero si tenemos en cuenta todos los impuestos que afectan en la economía interna directamente a la producción y el consumo (léase IVA, Combustibles e Internos) el porcentaje se supera al 45/ y puede acercarse al 50% con otros impuestos.

El Impuesto a las Ganancias participa en el 28.3%, cerca de la mitad de la participación de los impuestos a la producción y el consumo. Pero además incluye un muy significativo aporte de los trabajadores en relación de dependencia, incluidos en la cuarta categoría del mismo. La riqueza, representada por el impuesto a los bienes personales (riqueza), no alcanza al 1%.

Los restantes impuestos se refieren al comercio externo y los movimientos bancarios, afectan transversalmente a la economía. El esquema de derechos de exportación con bajos niveles de segmentación para las PyMEs agropecuarias, afecta a la producción y el asentamiento poblacional.

Argentina tienen un sistema impositivo altamente regresivo, que los sostienen los consumidores, productores y trabajadores registrados. Esta regresividad es más intensa en los sectores populares, que aplican todos sus ingresos al consumo de alimentos en donde la incidencia impositiva es mayor.

El tema tributario comparado al resto del mundo

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) es una estructura multilateral que agrupo a los países desarrollados occidentales. Esta hegemonizada por los países de la Unión Europea, pero además participan Estados Unidos, Canadá, Japón, Israel, Turquía, México y de Sudamérica Chile y Colombia. No intervienen Rusia, China y los países asiáticos o africanos. En suma, representa el pensamiento mundial de occidente. Su misión es promover políticas que mejoren el bienestar económico y social de las personas alrededor del mundo.

La OCDE, que fue creada en 1961, tiene una importante base de datos con información de la mayoría de los países del mundo, no solo los socios. Entre los datos que elabora, se encuentran los indicadores tributarios por país, medidos en términos de sus ingresos fiscales en base a la participación porcentual en el Producto Bruto Interno (PIB).

Esta base de datos tributarios nos permite analizar la situación argentina en relación a lo que sucede en el resto del mundo.

Según la base de datos de la OCDE en 2018, último año de la serie disponible, los ingresos tributarios en Argentina (carga o presión tributaria) ascendió al 28.8%, de PIB, ocupando el puesto 34, sobre un total de 59 países, considerando a 1 como el que mayor carga tributaria presenta y al 59 el de menor carga.

Si se consideran los países sudamericanos, Argentina se ubica en el tercer puesto, por debajo de Brasil y Uruguay, y por encima del promedio de la región que es del 23.1%

Sin embargo, si consideramos el promedio de los países miembros de la OCDE, que es 34.3%, Argentina se encuentra por debajo en más de cinco puntos; es decir que mantiene una carga tributaria inferior a la registrada en los países desarrollados occidentales.

La OCDE desagrega la carga impositiva de los países considerando los criterios de equidad vertical impositiva y diferenciando  las contribuciones laborales de los impuestos. Esta sirve para demostrar que el mundo no considera como impuestos a los aportes para las pensiones de los trabajadores, concepto opuesto al que se quiere imponer el establishment y sus voceros en Argentina.

Con el objeto de una  presentación referencial de estos datos, en el cuadro N.º 3 podemos observar la carga tributaria como porcentaje del PBI total y desagregada para los cinco primeros países, con mayor carga tributaria, y los cinco últimos países con menor carga tributaria.  También se presentan los datos para Argentina.

Los países con mayor carga tributaria son todos desarrollados europeos (el primer mundo). Cuatro de los cinco tienen contribuciones sobre la seguridad social y todos muestran una mayor incidencia en impuestos sobre los ingresos y ganancias  que sobre los bienes y servicios. A diferencia de Argentina, donde la mayor parte son tasas regresivas sobre los consumos, todos mantienen en mayor o menor medida un sistema de impuestos progresivo, que afecta a los ingresos y ganancias.replicas relojes rolex imitacion highline wigs diamond painting

Los países con menor carga tributaria, corresponden a grupo de países subdesarrollo o de bajos ingresos. Quizás Indonesia merece un tratamiento especial, ya que es un país con alto PIB y pero alta desigualdad social. Tres de los cinco países presentan como en Argentina, una mayor incidencia en impuestos a bienes y servicios (léase producción y consumo)  que impuestos a los ingresos y ganancias.

En suma, el esquema impositivo argentino tiene varios rasgos de los países subdesarrollados y se aleja de las condiciones del primer mundo, evidencia que se opone al discurso dominante en el país.  

Algunos de estos elementos que grafican muy claramente los niveles de inequidad del sistema en su conjunto, los porcentajes reales de la carga impositiva respecto a lo que produce el conjunto de la sociedad representado en la magnitud del llamado Producto Bruto Interno (PBI), y su comparación con lo que sucede en otros países del mundo, son elementos que indefectiblemente deben considerarse a la hora de definir que se quiere modificar y en que dirección avanzar, para encarar una reforma impositiva reclamada desde hace años por amplios sectores de la población.

En próximas notas iremos encarando otros ejes de la misma problemática.

05/06/20

*Rubén Ciani, es economista, investigador del ISEPCi

Contacto: 1156167088

Luchas en Pandemia. 7.6.20

Postpandemia: perspectivas inciertas, perspectivas de luchas

En un marco de incómodas incertidumbres, tenemos por delante dos elementos seguros: el primero, es que sin cambios estructurales no hay salida de la crisis actual. La segunda certeza, es que no habrá transformaciones sin luchas que sean capaces de unir y movilizar a los más amplios sectores de la sociedad tras objetivos comunes de cambio. No hay ningún ejemplo en la historia de la humanidad en el que se hayan producido evoluciones progresivas de la magnitud que hoy son indispensables, sin extendidos, generalizados, y abarcadores procesos de confrontaciones y disputas, que pueden abarcar períodos de corto y mediano plazo.

Escribe: Isaac Rudnik


Habiéndose cometido por algunos pueblos la imprudencia, á pesar de los dispuesto por este Gobierno civil en la circular inserta en el Boletín del 25 del mes último, de celebrar las fiestas de la localidad, dando origen con ello á a que se haya difundido rapidísimamente la epidemia entre el vecindario, creando con ello situaciones angustiosas para dichos pueblos, vuelvo a reiterar á los que todavía no están convencidos del grave peligro que esto encierra, que se abstengan terminantemente de celebrar dichas fiestas ó reuniones…Po tanto, estoy resuelto a castigar duramente, como ya se ha hecho en algún caso, a los incumplidores de esta disposición. Asimismo, recuerdo que la infección se propaga por las gotitas de saliva que despide el que habla, tose, et. Á nuestro lado, al ser respiradas por los que le rodean…Que se abstengan, en consecuencia, de permanecer en locales cerrados, mal ventilados, donde se reúne mucha gente, como tabernas, cafés, etc. Que se extreme limpieza de las casas. Que se tengan abiertas todo el día las ventanas de los dormitorios y se ventilen con frecuencia los locales durante permanezcan todo el día. Estar en el campo el mayor tiempo posible porque el aire libre, el agua, la luz son los mejores desinfectantes de ocasión. Tener mucha limpieza de la boca y en una palabra seguir los consejos del Médico y desoír a los ignorantes que se os invitan á beber alcohol ó consumir tabaco como remedios preventivos por ser sus efectos en esta ocasión más nocivos que nunca.

Burgos, 4 de octubre de 1918. El Gobernador, Andrés Alonso López

(Resolución dictada durante el auge en Europa de la gripe aviar de 1918/1920)[1]

 

Más de seis millones en menos de seis meses

Hace escasos seis meses se reportan los primeros casos de contagio del coronavirus. Durante los últimos días de 2019 China comunica a la OMS casos de neumonía detectados entre el 12 y el 29 de diciembre en la ciudad de Wuhan.

El 1 de enero cierran el mercado mayorista de mariscos de esa ciudad, porque evalúan que allí pueden haberse originado los primeros contagios. Entre el 5 y el 7 de enero anuncian primero que el virus que se logró aislar no corresponde a ninguno de los conocidos (como el SARS o el MERS), y después que se trata de un nuevo coronavirus al que la OMS llama provisoriamente como “2019-nCoV” (un mes después lo denominará COVID-19).

El 11 de enero las autoridades municipales anuncian que el día 9 falleció un hombre de 61 años -que trabajaba en el mercado clausurado- con insuficiencia respiratoria grave provocada por ese virus. Entre el 13 y el 16 de enero se reportan contagios en Tailandia y Japón, de personas que habían llegado de Wuhan.

El 17 se reporta una segunda muerte en Wuhan, en los días posteriores se detectan hasta 129 contagios en distintas ciudades de China, Wuhan cierra aeropuertos y estaciones de ferrocarril. El 21 de enero se descubre el primer caso en EEUU y el 24 el primero en Francia, siendo el inicial para Europa. Dos días después se informa que ya existen 2700 contagiados en China, 50 en otros países y 80 muertos, éstos todos en China.

El 31 de enero los casos ya son 9800 y los muertos 170, mientras los contagios se extendieron a 20 países de todos los continentes. El 5 de febrero la cifra oficial de muertos llega a 500, cinco días después el número se duplica. Entre el 18 y el 20 de febrero las personas fallecidas por esta causa se duplican nuevamente y ya son 2000.

El día 15 de febrero el virus se cobra la primera víctima en Europa, y en la semana siguiente Italia empieza a sufrir un fuerte incremento. El 29 de febrero se detectan 86.000 contagiados en el mundo; el 31 de marzo llegan a 755.000, suben a 3.096.000 el 30 de abril, el 31 de mayo a los 5.939.000, y una semana después, 6.750.521 (más de 100 mil por día en la última semana) el 7 de junio según el último reporte de la OMS, que además contabiliza 395.779 fallecimientos por la misma causa.

En nuestro continente los primeros casos se detectan sobre finales de enero en EEUU, y un mes después -26 de febrero- Brasil informa del primer contagiado en América Latina: un hombre de 61 años que había viajado a Italia. Hasta mediados de marzo los casos diarios reportados desde las Américas llegan a un máximo de 209 el día 16/03, y desde allí en adelante van subiendo en forma exponencial (con epicentro al principio en EEUU y después con la inestimable “ayuda” de Brasil).

Desde 2243 casos (1882 en EEUU) el 17 de marzo, a los 45.727 del 1 de mayo (31.379 en EEUU+6276 en Brasil), hasta llegar a fines de mayo al triste récord de 73.439 de personas contagiadas en un solo día, de las cuales 17.962 están en EEUU y 33.274 viven en Brasil. Al 7 de junio las Américas concentran el 47,45% de los casos de todo el mundo llegando a 3.203.295 de personas contagiadas de las cuales 1.886.794 son de EEUU, y 614.942 de Brasil. En estos dos países actualmente está el 78% de los casos del continente y 37% de los alcanzados por el virus en todo el mundo.[2]

Antecedentes y características

Según Ignacio Ramonet[3] esta “es la catástrofe más previsible de la historia”, y para fundamentar esta afirmación cita numerosos antecedentes. Desde un documento producido por una sección de la CIA en el año 2008, en el cual prevé “…la aparición de una enfermedad respiratoria humana nueva, altamente transmisible y virulenta para la cual no existen contramedidas adecuadas, y que se podría convertir en una pandemia global… probablemente ocurriría en un área marcada por una alta densidad de población y una estrecha asociación entre humanos y animales, como muchas áreas del sur de China y del sudeste de Asia, donde no están reguladas  las prácticas de cría de animales silvestres lo cual podría permitir que un virus mute y provoque una enfermedad zoonótica potencialmente pandémica…”.

Durante el mismo 2008 otro documento de la Universidad de Hong Kong afirmaba: “…La presencia de un gran reservorio de virus similares al SARS-CoV en los murciélagos de herradura, junto con la cultura de comer mamíferos exóticos en el sur de China, es una bomba de relojería… La posibilidad del surgimiento de otro SARS causado por nuevos coronavirus de animales, no debe ser descartada. Por lo tanto, es una necesidad estar preparados…”.

En la última década le siguieron numerosas alertas en el mismo sentido, en 2014 Barak Obama señaló que: “se debía invertir en infraestructuras sanitarias para poder enfrentar la posible llegada de una epidemia de nuevo tipo. Incluso recordó que siempre se puede presentar un azote similar a la «gripe de Kansas» (mal llamada «española») de 1918,- y dijo- que puede que llegue un momento en el que tengamos que enfrentar una enfermedad mortal, y para poder lidiar con ella, necesitamos infraestructuras, no solo aquí en Estados Unidos sino también en todo el mundo para conseguir detectarla y aislarla rápidamente…”.

Como si esto no fuera suficiente en 2015 Bill Gates también avisó: “… Puede que surja un virus con el que las personas se sientan lo suficientemente bien, mientras estén infectadas, para subirse a un avión o ir al supermercado… Y eso haría que el virus pudiera extenderse por todo el mundo de manera muy rápida… El Banco Mundial calcula que una epidemia planetaria de ese tipo costaría no menos de tres billones de dólares, con millones y millones de muertes…”.

Lo cierto que ante la llegada de la pandemia surgieron los debates recurrentes respecto a cómo abordar su tratamiento, para lo cual también es interesante tener en cuenta algún antecedente, como el de la pandemia de la gripe aviar de 1918/19 a la que hace alusión Obama, llamándola “gripe de Kansas”.

Numerosas investigaciones coinciden que los primeros casos se detectaron en los campamentos militares de Kansas, EEUU, a principios de 1918, aunque varios ubican su origen entre 1916 y 1917 en otros campamentos militares del mismo país. Según esta línea de investigación, en diciembre de 1917 catorce campamentos estaban seriamente afectados por la gripe que producía numerosos muertos entre los soldados.

En ese contexto, el entonces presidente Woodrow Wilson consultó con el Jefe de Estado Mayor sobre si deberían seguir mandando soldados a Europa. Resolvieron no interrumpir el envío de tropas calculando que una decisión en contrario podía perjudicar el curso de la guerra.[4]

De esta manera la pandemia habría desembarcado en Europa (otras investigaciones ubican su origen en un campamento militar inglés establecido en el norte de Francia), propagándose a todo el mundo, produciendo entre 25 y 100 millones de muertos según los diferentes estudios. La información sobre su desarrollo y expansión fue prohibida, salvo en España que no participaba en la guerra, por lo que la única información disponible venía de ese país, y entonces se la llamó “gripe española”.

En el tratamiento de una enfermedad para la que no había contención posible, que iba demostrando su capacidad de multiplicarse con un alto nivel de letalidad, predominaron los intereses que se estaban dirimiendo en el curso de la guerra, y como complemento necesario se prohibió divulgar toda información al respecto.

 

Hospital improvisado en Camp Funston, Kansas, en 1918.

 

Una metodología criminal, no ajena a varios gobernantes de esta época, que durante más una década la aplicaron por omisión, desoyendo u ocultando las advertencias y previsiones de diversas comunidades científicas, que alertaban sobre la ausencia de vacunas y antivirales indispensables para oponerle barreras eficaces, a lo que se agregaba la insuficiencia de las infraestructuras de salud existentes.

Lejos de eso, los sistemas de salud pública se debilitaron en todo el mundo, mientras que los sistemas privados tomaban la posta concentrándose en las inversiones más rentables, que lejos de la prevención se concentran en la atención de los pacientes de más alto poder adquisitivo, y en la producción de medicamentos no esenciales, pero altamente rentables.

Luego, ante el advenimiento masivo e inmanejable de la pandemia la presentaron como una “sorpresa total que nunca nadie previó que podía suceder” y, con el argumento de no dañar en demasía las estructuras económicas, reaparecieron en debates no públicos entre cierta dirigencia política e intelectual las ideas cercanas a la teoría de Malthus, favorables a no sostener los impedimentos a la circulación de personas y por ende de la propagación del virus, dejando correr la eliminación de ancianos y enfermos que, según esta concepción, solo “aportan” a bajar los niveles de productividad de la sociedad en su conjunto.

En algunos casos estos sectores rechazan las inversiones destinadas a recuperar las infraestructuras de los sistemas públicos de salud que fueron demolidas por décadas de depredación neoliberal, en otros, se oponen a las transferencias de rentas desde los estados para ayudar a los más vulnerables, intentando – y no pocas veces logrando- que esos recursos queden empantanados en las arcas de las grandes empresas.

 

Ciertas características del COVID-19 lo hacen particularmente peligroso. Primero, que en un período que llega a alcanzar hasta 14 días de ingresado al organismo de una persona, puede ser asintomático, pero con una alta capacidad de contagio. Segundo, desde que entra al organismo humano, una vez que penetra en cada célula es capaz de generar en solo 24 horas hasta cien mil copias de sí misma. Y tercero, que como consecuencia de los “olvidos” y negligencias que describimos más arriba, hoy no hay remedios ni vacunas, ni infraestructura indispensable para contener un virus, que tiene fuerte velocidad de circulación, y enorme capacidad de reproducción.

El confinamiento como “solución” de emergencia

En ese marco, el confinamiento y la meta de “aplanar la curva” de contagios se convirtieron en las principales estrategias para debilitar la velocidad de circulación del virus y contener el contagio masivo, adoptada por una importante cantidad de países, entre ellos la Argentina.

El objetivo fue “ganar tiempo” mientras se fortalecían los sistemas de salud (desde compras de insumos básicos como barbijos y respiradores artificiales, hasta el incremento de camas en terapia intensiva). En algunos países se concordaron con bloqueos directos a ciudades enteras (como en Wuhan), testeos masivos, y/o la incorporación de estrictos mecanismos de ciber vigilancia, que mostraron diferentes niveles de eficacia.

La mixtura entre los diferentes métodos se fue combinando en diversas proporciones, de acuerdo con los recursos disponibles y los resultados obtenidos, en la mayoría de los casos, evaluados sobre la marcha. En todos los países se aplicaron restricciones (en casi todos totales) a la circulación transfronteriza de personas, se suspendieron viajes por vías aéreas, terrestres y marítimas.

A medida que se fue profundizando la crisis económica mundial (seguramente los números del 31 de mayo son aún más negativos, tanto los que miden las variables actuales, como las proyecciones para el futuro inmediato), la decisión del confinamiento fue despertando fuertes polémicas: sobre si era inevitable y cuánto es necesario mantenerlo, o por el contrario, si era posible reemplazarlo por otras políticas, y si es posible ahora flexibilizarlo o eliminarlo para que produzcan menos daño a las actividades económicas.

La mayor parte de las llamadas economías avanzadas fueron imponiendo el aislamiento después que en sus inicios buscaron eludirlo, pero el rápido crecimiento de contagios y muertes los llevó a cambiar y marchar en dirección de imponer diferentes variables de confinamiento. 

Entre otros, lo sucedido en tres países que cuentan con economías avanzadas o emergentes se pueden tomar como ejemplos paradigmáticos. Tanto Trump en EEUU, Bolsonaro en Brasil, López Obrador en México y Boris Johnson en Reino Unido desde los inicios se convirtieron en cruzados cotidianos contra las políticas de confinamiento.

El primer ministro del Reino Unido, después de observar una multiplicación de contagios sin precedentes durante todo marzo, sobre final de ese mes decretó un cierre de todas las actividades, excepto las esenciales. Incluso él mismo fue internado por contagio del coronavirus el 5 de abril y trasladado a terapia intensiva el día 7. Allí permaneció varios días hasta volver a sala común y dado de alta el día 12 de abril. Recién sobre finales de ese mes pudo regresar a hacerse cargo del gobierno.

En estos primeros días de junio ante el descenso de contagios -como en varios países de Europa- empezó en el Reino Unido un lento proceso de apertura del confinamiento. Por su lado Trump y López Obrador aún hoy mantienen actitudes renuentes y polémicas respecto a la instalación del confinamiento. En México mientras recién el 30 de marzo se suspendían formalmente las actividades no esenciales (con numerosas excepciones), el presidente López Obrador instaba a la población a “salir a socializar”. En la actualidad en un contexto de crecimiento de contagios se está empezando a flexibilizar el confinamiento.

En EEUU los estados federales fueron implementando (con la oposición de Trump), las medidas de restricción necesarias que permitieron empezar a aplanar lentamente la curva de propagación del virus, aunque sigue siendo el país récord de contagiados y fallecidos, mientras el presidente toma extrañas acciones como la ruptura con la Organización Mundial de la Salud.

En todos los casos el argumento central para sostener la oposición a sostener el instrumento del confinamiento y acelerar la apertura generalizada de las actividades económicas y sociales, es la necesidad de recuperar el funcionamiento corriente de la economía, ya que su actual parálisis estaría provocando más muertos que una eventual aceleración de contagios.

Sin embargo, el confinamiento resultó el recurso de contención más eficaz para detener la multiplicación exponencial de los contagios, logrando en la mayoría de los casos “aplanar la curva”, y aun cuando se convirtió en un factor acelerador de la actual caída de la economía global, hay que reconocer que esta ya venía bastante debilitada, porque nunca se pudo recuperar totalmente de los efectos de la gran crisis de 2008/2009.

Caída de la economía y confinamiento sanitario

En su último informe de abril 2020, ya con la pandemia en pleno despliegue, los datos del FMI proyectan una caída generalizada de la economía mundial:

 

Salvo China e India, con saldos favorables mínimos que implican una fuerte desaceleración, las previsiones de importantes reducciones en los PBI nacionales es el rasgo común predominante. En el contexto de una contracción del 3% para el producto mundial, las caídas previstas para 2020 van desde 5,2% para los países de América Latina y el Caribe (Brasil 5,3%, México 6,5%), hasta el 7,5% en la zona euro (9,1% Italia, 8% en España, 7% en Alemania, 6,5% % en Reino Unido), mientras que EEUU descendería 5,9%, y Rusia 5,5%. O sea, entre los diferentes países considerados, las bajas oscilan entre un 5 y un 9%.

Teniendo en cuenta que excepto China e India, el decrecimiento del PBI llega con cierta homogeneidad a todos los países, incluidos los que no imponen restricciones al movimiento de las personas, es importante observar la evolución de los contagios y fallecimientos por coronavirus durante el último mes, comparando resultados entre unos y otros, en un contexto en que los gobiernos de EEUU, Brasil y México -en distinto grado- se mantienen renuentes a sostener el confinamiento como orientación fundamental para el control del virus.

La diferencia principal en este grupo de países radica en la evolución de la tendencia de contagiados y fallecidos, entre los que no impusieron (o lo implementaron limitadamente) el confinamiento como medida de contención (tendencia ascendente) y los que sí lo tomaron como herramienta fundamental (tendencia descendente), mientras que la reducción del PBI llega -si bien en magnitudes diferentes- a todos de manera similar.

La afirmación de que el confinamiento es causa principal de la crisis económica es falsa, como también la supuesta contradicción entre salud y economía.

La crisis global de la economía

En enero de 2019 el FMI explicaba en su “Actualización de Perspectivas de la Economía Mundial” que: “…La expansión mundial se ha debilitado. Se estima que en 2018 el crecimiento mundial fue de 3,7%, conforme a lo pronosticado en la edición de octubre de 2018 de Perspectivas de la economía mundial (informe WEO), a pesar del desempeño más flojo de algunas economías, particularmente en Europa y Asia… Los pronósticos de crecimiento mundial correspondientes a 2019 y 2020 ya se revisaron a la baja en el último informe WEO, en parte a raíz de los efectos negativos de los aumentos de aranceles introducidos en Estados Unidos y China previamente en el  año…”.

(https://www.imf.org/es/Publications/WEO/Issues/2019/01/11/weo-update-january-2019)

En octubre de 2019 el informe del FMI sobre Perspectivas de la Economía Mundial decía: “Durante el último año, el crecimiento mundial dis­minuyó drásticamente. Entre las economías avanzadas, el debilitamiento ha sido generalizado y ha afectado a las grandes economías (Estados Unidos y, especialmente, la zona del euro) y a las economías avanzadas más pequeñas de Asia. El enfriamiento de la actividad ha sido más pro­nunciado entre las economías de mercados emergentes y en desarrollo, como Brasil, China, India, México y Rusia, así como en algunas economías aquejadas por tensiones macroeconómicas y financieras… una característica común del debilitamiento del ímpetu de crecimiento durante los últimos 12 meses ha sido un notable enfriamiento geográficamente generali­zado de la producción industrial…”.

(https://www.imf.org/es/Publications/WEO/Issues/2019/10/01/world-economic-outlook-october-2019)

 

Ya en enero de este año 2020 el FMI revisa nuevamente  a la baja sus previsiones: “…Se proyecta que el crecimiento mundial, que según estimaciones fue de 2,9% en 2019, aumente a 3,3% en 2020 y a 3,4% en 2021; es decir, una revisión a la baja de 0,1 puntos porcentuales para 2019 y 2020 y de 0,2 para 2021, en comparación con las cifras presentadas en la edición de octubre de Perspectivas de le economía mundial (informe WEO). La revisión a la baja se debe principalmente a resultados inesperados negativos de la actividad económica en unas pocas economías de mercados emergentes, en particular India, que dieron lugar a una revaluación de las perspectivas de crecimiento correspondientes a los próximos dos años. En unos pocos casos, esta revaluación también tiene en cuenta el impacto del mayor malestar social…”

https://www.imf.org/es/Publications/WEO/Issues/2020/01/20/weo-update-january2020

Durante el 2019, a causa de la agudización de la guerra comercial entre China y EEUU, se fueron revelando numerosos síntomas de estancamiento en la economía global, con expresiones más agudas en los países de los llamados “mercados emergentes” (grupo heterogéneo conformado por países como China e India, pero también Brasil, Argentina y México).

En enero de este año las proyecciones de menor crecimiento confirman la situación de estancamiento general y la incertidumbre sobre la evolución futura. En este contexto la irrupción de la pandemia viene a producir efectos devastadores, que hasta ahora no encuentran piso, particularmente para los trabajadores y los sectores medios.

Sobre un total de la fuerza laboral mundial calculada en 3.300 millones de personas, unas 2.700 (81% del total) se encuentran afectadas por las medidas de confinamiento total o parcial;[5] la OIT a su vez calcula una pérdida del 6,5% de horas de trabajo en todo el mundo; EEUU pasó de tener del 4,6% de su fuerza laboral desocupada en marzo, a un 14,7% en abril, llegando a sumar 40 millones de desempleados en mayo, producto de una ola quiebras y cierres de numerosas empresas que multiplicaron la desocupación.

En nuestro país, según el Observatorio de la Deuda Social de la UCA, desde el inicio de la cuarentena se perdieron 900 mil puestos de trabajo: 120 mil entre autónomos y empleadores formales, 150 mil asalariados formales, 180 mil asalariados informales, cuentapropistas no profesionales perdieron 160 mil puestos, a los que hay que sumar 250 mil entre los/as trabajadores/as informales eventuales (changas, etc.). Por su lado la OIT calcula para la Argentina una pérdida de 720 mil puestos de trabajo para todo el 2020, y FIEL informa que sólo en abril se perdieron 100 mil puestos registrados.

(https://www.lanacion.com.ar/economia/la-cuarentena-se-lleva-mas-720000-puestos-nid2373081 )

Perspectivas inciertas, perspectivas de lucha

Se conocen por estos días numerosos estudios, algunos más serios que otros, que vaticinan diferentes escenarios para los meses posteriores a la salida del aislamiento, que con diferentes matices de fue imponiendo en la mayoría de los países. Los más optimistas predicen una rápida recuperación de las pérdidas en plazos relativamente breves que van de uno a dos años, otros auguran períodos más prolongados con procesos más lentos.

A estas proyecciones en el terreno estrictamente económico hay que agregarle las que analizan la evolución de la capacidad de contagio del virus, signadas por evaluaciones que en muchos casos llegan a conclusiones diferentes, sobre las posibilidades de la “inmunización de rebaño”, las potencialidades para producir remedios efectivos y/o vacunas en el corto plazo, o sobre las condiciones inevitables para que durante los meses siguientes a la declinación de los contagios, se produzcan nuevas y más mortíferas oleadas del coronavirus, como vienen afirmando algunos de los epidemiólogos más importantes del mundo.

Volviendo a los debates en el terreno económico, también hay conclusiones diferentes respecto las condiciones para posibles cambios de los modelos que predominaron en las últimas décadas en todo el mundo, habida cuenta de que esta crisis desnudó una vez más las desigualdades que genera, y las enormes limitaciones para afrontar con “estados mínimos” crisis de la magnitud y extensión como la que estamos atravesando.

En el terreno de los argumentos y en el de las certezas de la realidad las evidencias son contundentes: si no hay transformaciones estructurales que signifiquen cambios definitivos de los modelos (no “dentro de los modelos”) actuales, la crisis lejos de resolverse positivamente va a continuar profundizándose. De hecho, la respuesta a la gran crisis de 2008, a pesar de todos los discursos en contrario, se buscó encaminarla con una vuelta de tuerca de las mismas orientaciones que profundizaron el predominio del capital financiero y facilitaron aún más la circulación de todas sus herramientas depredadoras.

Los resultados están a la vista: estancamiento global que abarca más de una década e incremento exponencial de las desigualdades, instrumentación sin límites de todo tipo de acciones que favorecen la acumulación de enormes ganancias de pequeñas minorías, a costa de exponer la salud de miles de millones de personas a los avatares de un cambio climático que día a día precipita sus consecuencias cada vez más negativas.

En este marco de incómodas incertidumbres, tenemos por delante dos elementos seguros: el primero, es que sin cambios estructurales no hay salida de la crisis actual. La segunda certeza, es que no habrá transformaciones sin luchas que sean capaces de unir y movilizar a los más amplios sectores de la sociedad tras objetivos comunes de cambio. No hay ningún ejemplo en la historia de la humanidad en los que se hayan producido evoluciones progresivas de la magnitud que hoy son indispensables, sin extendidos, generalizados, y abarcadores procesos de confrontaciones y disputas, que pueden abarcar períodos de corto y mediano plazo.

Para alcanzar un futuro diferente a esta espiral descendente que hasta ahora no encuentra piso, debemos poner todas nuestras energías en afrontar un presente de lucha.

07/06/2020

Contacto: 1141882603

[1] https://osbodigital.es/2020/03/10/el-aire-libre-el-agua-luz-son-los-mejores-desinfectantes/

[2] https://covid19.who.int/

[3] https://www.nodal.am/2020/04/la-pandemia-y-el-sistema-mundo-por-ignacio-ramonet/

[4] https://es.wikipedia.org/wiki/Pandemia_de_gripe_de_1918#Expansi%C3%B3n_de_la_epidemia

[5] https://translate.google.com/translate?hl=es-419&sl=en&u=https://thenextrecession.wordpress.com/&prev=search

 

 

 

 

Nota IBP 4.6.20

Tras once meses ininterrumpidos con aumentos, en mayo los precios de los alimentos nos dan una tregua

Los precios de mayo están mostrando una desaceleración, que hay que ver si se sostiene en los próximos meses, en los que seguramente no habrá aumentos importantes de costos ni incrementos en la demanda. Los ingresos de las familias se vienen deteriorando significativamente, pero puede hacerse sentir la presión alcista de las diversas variables del valor del dólar.

Escriben: Isaac Rudnik y Juan Fresno

De acuerdo con el relevamiento mensual de precios de los 57 productos de la Canasta Básica de Alimentos (CBA) en 420 comercios de cercanía en los barrios populares del conurbano bonaerense, en mayo el valor de estos alimentos tuvo una variación negativa de 0,45% respecto al mes anterior. En abril una familia de dos adultos/as y dos hijos/as pequeños/as, necesitaron $17.962,83 para cubrir sus necesidades de alimentos durante treinta días, y en el pasado mes de mayo $17.882,06.

En los primeros cinco meses de 2020 el valor de la CBA subió 23%, y un 60% respecto el mismo mes de 2019.

Durante los últimos treinta días el rubro de productos de almacén subió 0,27%, las frutas y verduras bajaron 0,56 %, el rubro carnes tuvo un descenso de 1,50%.

Los productos cuyos precios más variaron fueron: polenta(-6,67%) , harina de trigo(-4%), arroz(-1,57%), gaseosas (-9,09%), lentejas (-3,77%) en almacén. Acelga (-10%), lechuga (-5%), mandarinas (-10,53%), y tomate(+10%), en frutas y verduras. Hígado(-14,58%), carnaza(-3,23%) y espinazo(-13,33%) en carnes.

Durante las dos primeras semanas posteriores al inicio de la cuarentena, se produjo un incremento de la demanda de alimentos -principalmente en las cadenas de supermercados- de la mano de la masificación de la Tarjeta Alimentar y de la decisión de las familias de todos los sectores sociales de acumular stoks de productos básicos.

Esto contribuyó a que los precios de las Canastas Básicas (aun cuando no había incrementos de costos que lo justificaran) sufrieran un impulso alcista, que se manifestó con mucha fuerza en los primeros meses del presente año.

(ver: https://isepci.org.ar/2020/05/13/los-precios-de-los-alimentos-suben-en-todo-el-pais/ ).

Los precios de mayo están mostrando una fuerte desaceleración, que hay que ver si se sostiene en los próximos meses, en los que seguramente no habrá aumentos importantes de costos ni incrementos en la demanda. Los ingresos de las familias se vienen deteriorando significativamente, pero puede hacerse sentir la presión alcista de las diversas variables del valor del dólar.

Lo que seguramente no hay que esperar que esta tregua en los aumentos pueda ser aprovechada por las familias para recuperar consumos que fueron restringidos en los últimos meses, porque paralelamente los/as jefes y jedas de hogar vienen sufriendo despidos, suspensiones y rebajas salariales, de la mano de una fuerte recesión que se va extendiendo y profundizando día a día.

Contacto: 1141882603