El Observatorio Social de Juventudes (OSJU) relevó los casos de abusos y violencia ejercidos por las fuerzas de seguridad en todo el país durante la pandemia de COVID-19.
El jueves 26/8 a las 19 hs se presentaron en vivo los datos del Primer Registro Nacional de Violencia Policial.
El informe fue elaborado a partir del relevamiento de medios gráficos y digitales y su presentación contó con la presencia de Paola Griggio, coordinadora del OSJU; Maru Sánchez Malo, coordinadora nacional de Jóvenes de Pie y Juan Soto, también referente de esta organización.
El informe reveló que el 28% de los 156 casos relevados ocurrieron en la Provincia de Buenos Aires, seguido del 9% en Jujuy.
Además, 113 de las víctimas fueron hombres; 27 mujeres; 12 personas del colectivo LGTBIQ+ y las 4 restantes, permanecen sin datos de género.
Durante la presentación del Mariana Sanchéz Malo señaló:
“Uno de los problemas que tenemos para planificar políticas públicas que tiendan a eliminar el flagelo del abuso policial tiene que ver con la falta de datos. Hay poco hecho por el Estado, en cambio sí hay experiencias de las organizaciones sociales. Claramente se necesita una voluntad política y social de cambio que tenga en cuenta la realidad de les jóvenes”
Entre los datos destacados, también se encuentran los distintos tipos de abuso perpetrados: el 25% de les denunciantes sufrió disparos con arma de fuego o impactos con balas de goma; el 23% denunció otras modalidades, como allanamiento ilegal o abuso sexual. También se destacaron las denuncias por golpes y lesiones, con un 19% y 11% respectivamente.
Estos hechos fueron perpetrados principalmente por fuerzas de seguridad provinciales (76%), mientras que las demás instituciones se mantuvieron en porcentajes inferiores al 10%.
Pero el dato más alarmante brindado por el informe es que el 66% de los casos de abusos y violencias ejercidas por las fuerzas de seguridad implicaron el fallecimiento de las víctimas.
Este hecho nos invita a reflexionar sobre el accionar de las fuerzas de seguridad en nuestro país y los constantes abusos de poder que ejercen sobre nuestra población.
Ante esta situación Paola Griggio destacó:
“La necesidad del relevamiento de datos de este tipo y la consecuente construcción de indicadores, más allá de su complejidad, se funda en la creencia de que no queremos más violencia institucional, sobre todo ejercida hacia sectores históricamente vulnerados que han sido y siguen siendo blanco de este abuso.”
INFORME COMPLETO
