La decisión anunciada hace unos días por el Presidente debería confirmarse rápidamente con el envío del anteproyecto de ley al Congreso Nacional que defina el destino de la empresa y que sea base para un debate amplio e inteligente, acorde con intereses nacionales estratégicos y con potenciales cambios que se perfilan.
Escriben: Isaac Rudnik y Rubén Ciani*
La intervención de la firma agroexportadora Vicentín SAIC decretada por el Gobierno Nacional según DNU 522/20 del 09/06/20, así como el anuncio del envío de un proyecto de Ley al Congreso que propicia declararla de utilidad pública y sujeta a expropiación, abrió un debate que, abarcando múltiples aristas, viene generando discusiones con argumentaciones más o menos fundamentadas que toman posición a favor y en contra de la decisión del Gobierno Nacional.
Los antecedentes inmediatos
Lo concreto es que esta firma agroindustrial había entrado en cesación de pagos a principios de diciembre del año pasado y en concurso preventivo el 10 de febrero del 2020. La deuda estimada es de 1.350 millones de dólares, de los cuales unos 1.000 millones corresponde a créditos bancarios y 350 millones a deudas con empresas del sector agrícola, léase productores agrícolas.
En principio, esta situación concursal y posible quiebra está afectando a más de 2000 productores, alrededor de 6.000 puestos de trabajo y varios bancos oficiales, destacándose el Banco Nación como uno de los principales acreedores.
Esta configuración de la deuda de la empresa, tanto en monto como en sectores afectados, ciertamente debe ser atendida por el Estado, ya que, como expresa en sus considerandos el DNU, “podría conllevar efectos negativos en materia laboral, comercial, económica y social”. Se puede debatir las formas, pero el fondo de la cuestión, por acción u omisión, atraviesa a temas que tienen que ver con las políticas públicas.
Sin embargo, no es este el objetivo del documento, sino el de aportar conceptos al debate de los temas relacionados con los potenciales objetivos de mediano plazo para definir la expropiación de la firma, como: a) Revertir la transnacionalización del comercio agropecuario; b) Fundar una nueva Junta Nacional de Granos y c) Promover a partir del accionar de una empresa pública la Soberanía Alimentaria.
La transnacionalización del comercio agropecuario
Desde sus orígenes, en la década de 1920, esta empresa de capital nacional, se desarrolló en el negocio algodonero y de granos, afianzando su actividad en la industria aceitera a mediados del siglo pasado, con la producción para el mercado interno de derivados de girasol y lino, en principio; para luego expandirse fuertemente a partir de la década de 1980, con el ingreso del cultivo de soja como alternativa agrícola en el país y el desarrollo de su industrialización interna.
Es importante consignar, que el ingreso del cultivo de soja transformó significativamente la estructura local de la industria aceitera. En una primera instancia paso de estructurarse en base a pequeñas plantas que abastecían especialmente el consumo interno con aceite de girasol, algodón o maní; a expandirse hacia la exportación con el aumento de la escala productiva de las unidades que conformaban el sector y en consecuencia en una mayor concentración industrial, soportada en plantas de nueva tecnología, en su mayoría de capital nacional.
En 1988, las empresas nacionales vendían al exterior, directamente o por intermedio de exportadoras multinacionales, el 80% del total exportado por la industria aceitera (medido en base a subproductos). En ese año la firma Vicentín participaba en el 12% del total de la capacidad de elaboración del país, y era la empresa líder en el rubro.
Con el desarrollo de la globalización, post acuerdo de la Ronda GATT en 1994, las multinacionales exportadoras se integran horizontalmente en la cadena de la soja, participando en la compra a productores, acopio de grano, industrialización y exportación. En consecuencia de este nuevo proceso, las firmas multinacionales aumentan su participación en la exportación de productos derivados de la soja al 43% a fines de los 90 y alcanzan a superar levemente 50% en década iniciada en 2010.
La cuestión es si debemos continuar en esta línea de transnacionalización de grandes empresas nacionales o más precisamente, si el momento histórico de desarrollo de la globalización, caracterizada por una política de cierre y proteccionismo económico-comercial de las grandes potencias, no nos debe llevar a repensar la estrategia.
La firma Vicentín ocupó, en el ranking de exportadores de subproducto de soja, el cuarto puesto en 1999, el quinto en 2009 y el primero en 2019. Además, no solo avanza en el sector aceitero y se afianza en el algodonero-textil, sino que se expande hacia nuevas actividades.
En la última década pasó de ser una gran empresa nacional a transformarse en uno de los más importantes holdings empresarios del país, alcanzó su punto máximo en el año 2013, cuando en copropiedad con otras empresas (Glencore y Molinos Rio) puso en funcionamiento la más grande planta de industrialización de soja local y una de las mayores del mundo, RENOVA S.A, con una capacidad de molienda diaria de 20 mil toneladas de soja.
Su participación en RENOVA, que se adicionaba a la capacidad de sus plantas históricas (en las localidades de Ricardone y San Lorenzo) con un volumen conjunto de de 20.000 toneladas por día y puerto de embarque propio, también le aporta la disponibilidad de una planta productora de biocombustible, producto energético que es componente en un 20% de las naftas en el mercado local. Con toda la capacidad de RENOVA, el conjunto de plantas en las que interviene Vicentín participan en el 20% de industrialización de soja y el 10% de la producción de biocombustible.
Es decir, Vicentín puede participar en toda las líneas de producción y comercialización del complejo soja, como embarques de granos, exportación de aceites vegetales y subproductos oleaginosos, venta al consumo interno de aceite envasado y producción biodiesel para mezcla de nafta en el mercado interno e internacional. Pero además, el holding mantiene otro de sus negocios tradicionales e históricos: la producción y desmote de algodón, vinculándose de ese modo con la rama textil, e incursiona también en la exportación de cereales.
Asimismo, su actividad se expandió a a la producción de carne vacuna. A partir de la propiedad de un feed-lot y su participación en el frigorífico FRIAR; la producción de jugos concentrados de uva, de vinos; acopio y producción de miel; producción de lácteos mediante la compra de la cadena de yogures a Sancor.
En suma, considerando solamente el rubro agrícola (cereales, soja y sus derivados), la importancia de Vicentín y el contexto de transnacionalización de mercado se puede observar en el cuadro N.º 1.
Se observa que la transnacionalización varía entre el 50% y 70%, según el tipo de producto y que, en este contexto, la venta de Vicentín, cuya participación es relevante, profundizaría la dependencia hacia capitales extranjeros.
La trayectoria histórica de la firma Vicentín y su situación actual, caracterizada por un significativo crecimiento y participación en el negocio agropecuario, reitera otras experiencias similares de varias firmas agrícolas en el pasado (Ej. Productos Sudamericanos, Oleaginosa Moreno), que afectadas por problemas de financiamiento fueron absorbidas por empresas multinacionales. Esto también sucedió en otros sectores agroindustriales, como la molienda de trigo y producción de harina, o la industria frigorífica, en las cuales se registró una concentración asociada a la transnacionalización de empresas.
Ciertamente, la cuestión es si debemos continuar en esta línea de transnacionalización de grandes empresas nacionales o más precisamente, si el momento histórico de desarrollo de la globalización, caracterizada por una política de cierre y proteccionismo económico-comercial de las grandes potencias, no nos debe llevar a repensar la estrategia.
De la Junta Nacional de Granos a la Empresa Testigo
La generación de una empresa pública testigo en el mercado de granos, suele interpretarse como la refundación de la Junta Nacional de Granos (JNG).
La JNG fue creada en 1933, época de vigencia de la ideología liberal, con el nombre de Junta Reguladora de Granos. Continuó su vigencia, con diferentes denominaciones, coexistiendo con regímenes militares o democráticos; así como con tendencias económicas que iban desde aquellas denominadas de “intervencionismo populista”, hasta las que proponían “achicar el Estado para agrandar la nación”.
Los productores son siempre el eslabón más débil en la cadena comercial agrícola, en la actualidad participan en buena parte de la producción agrícola empresas agropecuarias muy diferentes en tamaño y solvencia al típico “chacarero” del pasado con intervención estatal
Precisamente, durante el gobierno de la denominada “Revolución Libertadora”, asume el nombre de Junta Nacional de Granos (JNG), el que mantiene hasta 1992, cuando se concreta su disolución definitiva en el proceso de desregulación económica del gobierno de Menen.
Era un organismo que intervenía en el comercio de granos a partir de múltiples funciones entre las que se destacan: a) Regular los contratos de compraventa; b) Garantizar la entrega de mercadería; c) Fijar estándar de calidad; d) Operar los elevadores portuarios de carga de granos, d) Efectuar ventas al exterior para sostener el precio a los productores, e) Cumplir los convenios bilaterales, etc.
Una de sus funciones de mayor intervención en el mercado era la de fijar precios sostén para el productor, actividad que se basaba en parte en sus ventas al exterior y especialmente en su programa de trigo, a partir del cual aseguraba también el abastecimiento interno del producto farináceos.
En el siglo XXI, los principales productos de exportación en Argentina son el complejo soja (grano, aceite y subproducto) y el maíz, que aportaron en 2019 el 80% del valor de exportado de cereales y oleaginosos. Las ventas de esos productos se efectúan en general a compradores privados, a diferencia de lo que sucedía durante el periodo de acción de la JNG, en el cual participaban organismos de compra oficiales, en un mercado altamente intervenido por los estados; y donde además el trigo era el principal producto de intercambio.
Por otra parte, si bien los productores son siempre el eslabón más débil en la cadena comercial agrícola, en la actualidad participan en buena parte de la producción agrícola empresas agropecuarias muy diferentes en tamaño y solvencia al típico “chacarero” del pasado con intervención estatal.
Estos aspectos marcan cambios de contexto en una visión retrospectiva de la JNG. Si bien no invalidarían el objetivo de tener una empresa testigo en el mercado agrícola, que aporta el 50% de valor de nuestras exportaciones y se constituye en uno de los factores críticos de disponibilidad de divisas para el país, implican repensar el formato que debería tener este organismo público
Quizás, la relevancia de esa intervención oficial no se acote a la obtención de divisas, la que también depende de la oferta de los productores locales. Su objetivo podría extenderse a dar mayor transparencia y minimizar la evasión de divisas en un comercio externo muy complejo, en donde el comprador que aparece en un contrato de exportación, no es necesariamente su destinatario final.
La complejidad del comercio implica la necesidad de disponer de un gerenciamiento también complejo y extendido, que le permita a una empresa estatal acercarse al destino final de la exportación, minimizando la participación de intermediarios comerciales (léase exportadoras multinacionales). En este sentido puede entenderse la incorporación de YPF Agro, aunque es importante que su participación en las exportaciones, si bien ha crecido sustancialmente, aún es relativamente baja. En 2019, las exportaciones de YPF Agro de los principales cereales y oleaginosos, alcanzaron a solo el 1% del total, con 1.2 millones de toneladas.
Asimismo, una nueva empresa testigo necesita estructura una logística de almacenaje, acondicionamiento y embarque. La estatización de Vicentín puede aportar esta logística, pero debe evaluarse su alcance, ya que la amplitud de la misma determina los límites operativos de la empresa.
Soberanía alimentaria
Si bien la disolución de la JNG en los años noventa, estuvo en sintonía con la desregulación del comercio mundial de granos, que aconteció luego de la caída del bloque soviético y anticipando el proceso de globalización; en Argentina, a diferencia de lo registrado en otros países, se dejo librado al mercado el movimiento del precio de los alimentos.
En este nuevo orden de mercado, se disolvió la emblemática AWB de Australia y parte de su operatoria paso a una exportadora internacional, en tanto que la CWB de Canadá dejo de tener el monopolio del comercio. Sin embargo, muchos países mantuvieron programas con diferente grado de institucionalización, orientados a estabilizar el precio o participar en el mercado de alimentos para sus poblaciones.
En Brasil dejó de existir la Junta Brasileña de Trigo, pero continuó la Comisión Nacional de Abastecimiento; en India, sin ser monopólica, continúa operando la Corporación Estatal de Comercio (STC), en China la Agencia Nacional de Granos, etc. Asimismo, el Farm Bill en Estados Unidos y la PAC en la Unión Europea, mantuvieron, en diferente grado, mecanismos asociados al movimiento de los precios y también de provisión alimentaria, que aún hoy implica el traslado directo de enormes volúmenes de subsidios estatales hacia productores y consumidores, como base de asegurar los alimentos a sus poblaciones.
La soberanía alimentaria, además de procurar una producción respetuosa de la salud y el ambiente para abastecer el consumo local, debería ser parte de un desarrollo que permita generar cadenas de valor desde los pequeños productores y agricultores familiares, aumentar su escala productiva y comercial, generando un circuito con distribución e inclusión social
En este orden, un manejo virtuoso de la estatización debería insertar al holding como instrumento de una política de producción de alimentos no solo para el mundo, sino también, y fundamentalmente, para los hogares argentinos.
Cabe destacar que tener una alimentación soberana no implica “comer lo que se puede” sino “comer lo necesario” para una vida plena y saludable. Es conocida la frase que Argentina produce alimentos para 300 millones de habitantes. Sin embargo, también son conocidos los datos en el país elaborados por el ISEPCI-Barrios de Pie que muestran que en los últimos años la malnutrición entre niños, niñas y jóvenes de 0 a 19 años de los sectores de menores ingresos, siempre estuvieron en porcentajes por encima del 40% de esa población.
Pero este objetivo de soberanía alimentaria, concepto muy amplio y con interpretaciones diversas, no se agota en tener una estructura comercial como la disponible en la firma Vicentín.
Ciertamente podrá ser el eje a partir del cual se articule dicha política, con pequeños productores, agricultores familiares, consumidores, etc., alcanzando la condición necesaria para desarrollar la soberanía alimentaria e insertar a la economía popular en la economía nacional e internacional.
Es importante esta estrategia, ya que la soberanía alimentaria, además de procurar una producción respetuosa de la salud y el ambiente para abastecer el consumo local, debería ser parte de un desarrollo que permita generar cadenas de valor desde los pequeños productores y agricultores familiares, aumentar su escala productiva y comercial, generando un circuito con distribución e inclusión social.
La disposición del Gobierno Nacional de intervenir esta empresa rumbo a su expropiación implica entrar por un camino lleno de obstáculos, e incertidumbres respecto a las posibilidades ciertas de sortearlos con éxito. Las dudas que plantean muchos sectores bien intencionados respecto a si no debieran considerarse otras opciones que, principalmente, implicarán menos conflictos y menos inversiones iniciales de parte de un estado que tiene sus arcas muy comprometidas, son absolutamente válidas.
Pero también es cierto que todas las posibilidades que circulan como alternativas, aun algunas de las que se proponen con las mejores intenciones, se asemejan más a un paso intermedio hacia el desguace de la empresa o a su transnacionalización, que a propuestas que garanticen su continuidad como empresa nacional con participación protagónica en los negocios de exportación más relevantes para el país.
No vamos a avanzar en la reconstrucción de un sólido proyecto nacional si el Gobierno no está dispuesto a tomar riesgos y asumir los correspondientes desafíos.
Esta decisión anunciada hace unos días por el Presidente debería confirmarse rápidamente con el envío del anteproyecto de ley al Congreso Nacional que defina el destino de la empresa y que sea base para un debate amplio e inteligente, acorde con intereses nacionales estratégicos y con potenciales cambios que se perfilan en el mundo.
*Isaac Rudnik y Rubén Ciani son investigadores del ISEPCi
Contactos: 1141882603/1156167088
