Para que no haya más Guernicas.
Escriben: Maximiliano Angélico; Daiana Casco; Adela Vismara.
El siguiente análisis es realizado por especialistas en la materia con especial foco en la problemática habitacional de la ciudad bonaerense de Mar del Plata.
En nuestro país, el déficit habitacional es una de las grandes deudas de los gobiernos. Si bien el acceso a un hábitat digno es un derecho, se estima que más de 3,8 millones de familias no tienen una vivienda adecuada, situación que se agrava año tras año. Las políticas de urbanización se hacen cada vez más necesarias frente al aumento de la desocupación y desigualdad.
Condiciones de hacinamiento; casillas; pasillos; chapas rotas y maderas; pozos de agua destapados; cables colgando; conexiones clandestinas; basurales; inundaciones; ausencia de asfalto, veredas, espacios verdes y equipamiento comunitario. Basta con alejarse unos minutos del centro para encontrarse con barrios desprotegidos, desventajados, donde muchos de los derechos básicos se encuentran vulnerados.
No es un caso aislado, es una problemática social que trasciende la agenda pública, que instala la necesidad de dejar de ser postergada, son las condiciones habitacionales de los barrios populares de nuestro país.
La consolidación del capitalismo moderno en América Latina profundizó la brecha entre ricos y pobres, fomentó la propiedad privada, el individualismo y se fortaleció la concentración y centralización del capital. Las ciudades se convirtieron en el uso exclusivo de ciertos sectores, el avance de las privatizaciones sobre los espacios urbanos, los barrios “cerrados”, zonas seguras para quienes viven en el centro de la ciudad, espacios públicos para poques. Frente a esto, urge analizar el crecimiento (desordenado) de las ciudades que habitamos. ¿Vivimos en una ciudad para todes?
El desarrollo local implica la integración con un enfoque de derechos capaz de darle batalla a una desigualdad social heredada. El “hábitat” alude a actores, lógicas y procesos que exceden al objetivo de la vivienda y colocan al problema del déficit en una discusión de más amplio alcance. En ese marco, se entiende que las formas de pensar y de intervenir deben dar cuenta de la complejidad de la noción.
De esta manera hablamos de “déficit habitacional”, a través de la falta de políticas públicas que aborden de manera integral la problemática, constituye entonces un conjunto de indicadores e índices, permitiendo identificar carencias y necesidades para determinar prioridades en la asignación de gasto público.
Tres conferencias1 sobre la temática “Hábitat” marcaron un significativo avance para comprender que este concepto no hace sólo referencia a la materialidad de la vivienda:
En 1976, se llevó adelante la primera conferencia “Hábitat I” en Vancouver. Algunas de su sus declaraciones proponen que se incluya el desarrollo de los asentamientos humanos en relación a la calidad de vida, la planificación, y la provisión de vivienda desde los Estados nacionales.
Luego, en 1996, en Estambul, se intentó planear un escenario más participativo y colaborativo de los gobiernos locales, los referentes académicos, y otros actores sociales claves. Asimismo se incorporó nociones como el “desarrollo urbano sostenible”.
La última conferencia “Hábitat III” realizada en Quito, implicó un cambio de paradigma urbano, y procuró crear un refuerzo entre la urbanización y el desarrollo. En este marco buscó reorientar la manera en que se planifican, diseñan, financian, desarrollan, administran y gestionan las ciudades y los asentamientos humanos. Dicha transformación parte de asumir como compromisos: garantizar el derecho a la ciudad (incluida en ella la noción más amplia de hábitat urbano), la inclusión, la equidad, y la cohesión social. Además se busca promover el desarrollo económico sostenible, centrado en las personas y que proteja al planeta, la cultura y el respeto a la diversidad, y desarrollar políticas integrales sostenibles e inclusivas.
Los avances en materia legislativa
En nuestro país, en los últimos años hubo avances legales que promovieron la urbanización y seguridad en la tenencia mediante la regularización dominial.
Un ejemplo de ello, es la Ley Provincial N°14.449, de Acceso Justo al Hábitat, promovida por la provincia de Buenos Aires en enero del 2013, con el objetivo de dar respuesta desde una mirada integral a los distintos aspectos vinculados a la problemática de la tierra y la vivienda, incorporando principios rectores, directrices generales e instrumentos de actuación que permiten fortalecer la intervención eficiente y justa del Estado para resolver el déficit urbano habitacional. De esta manera se atiende a lo establecido por la Constitución de la Provincia de Buenos Aires con respecto al derecho a la vivienda y a un hábitat digno y sustentable.
Los objetivos específicos de dicha ley son los siguientes: promover la generación y facilitar la gestión de proyectos habitacionales, de urbanizaciones sociales y de procesos de regularización de barrios informales; abordar y atender integralmente la diversidad y complejidad de la demanda urbana habitacional; y generar nuevos recursos a través de instrumentos que permitan, al mismo tiempo, reducir las expectativas especulativas de valoración del suelo.
Otro instrumento normativo fundamental es el decreto del Estado Nacional Nº 358/2017 por el cual se crea el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP), con el objetivo de registrar los bienes inmuebles, ya sea de propiedad fiscal o de particulares, donde se asientan los barrios populares, las construcciones existentes en dichos barrios y los datos de las personas que habitan en ellas.
La Ley N° 27453, de Régimen de Regularización Dominial para la Integración Socio Urbana, declara de interés público al RENABAP y nos entrega una definición de integración socio urbana muy útil: “Conjunto de acciones orientadas a la mejora y aplicación del equipamiento social y de la infraestructura, el acceso a los servicios, el tratamiento de los espacios libres y públicos, la eliminación de las barreras urbanas, la mejora en la accesibilidad y conectividad, el saneamiento y mitigación ambiental, la seguridad en la tenencia y la regularización dominial.” Tales acciones deberán ser progresivas, integrales, participativas y con enfoque de género y diversidad. Lo interesante de esta ley es que se prevé que un 25% de las obras que se realicen en los barrios populares deberán ser construidas por cooperativas de trabajo del barrio a intervenir.
Por último, el Estado Nacional crea, mediante la Resolución N° 19/2020, el “Plan Nacional de Suelo Urbano” fundamentando que una política de hábitat virtuosa requiere de una adecuada gestión del suelo y que la generación de suelo urbano resulta fundamental para que el Estado cuente con suelo disponible para localizar viviendas y ampliar la accesibilidad de las familias.
Para poder poner en práctica estas leyes y programas, desde los distintos Ministerios se crearon políticas públicas de financiamiento, promoción, ejecución y administración de programas de fomento de viviendas y de urbanización destinadas a familias que históricamente fueron vulneradas en el derecho a vivir en un hábitat digno.
El programa Argentina Unida por la Integración de los Barrios Populares dependiente de Secretaría de Integración Socio Urbana del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación es un programa que propone urbanizar aquellos barrios inscriptos en el RENABAP.
Cabe destacar el rol preponderante que tuvieron las organizaciones sociales en dicha trayectoria, estas impulsaron y son parte de los procesos de urbanizaciones de los barrios populares. Si bien el respaldo legal es contundente, la realidad es que la mayoría no llegan a cumplirse debido a diferentes motivos: demoras en la implementación, trabas burocráticas, falta de presupuesto. Pasan los años y la deuda habitacional sigue sin resolverse, al contrario, se agrava cada vez más.
Registro Nacional de Barrios Populares.
Mar del Plata, capital de la desocupación y la desigualdad
La ciudad de Mar del Plata es el reflejo de la inequidad. Según los últimos datos publicados por el INDEC, el 38,9% de la población de la ciudad, es decir 249.997 personas, están por debajo de la línea de pobreza y un 12% –76.938 personas– se encuentra en la indigencia. Mientras que casi un 20% de la población vive en condiciones de hacinamiento. El relevamiento del RENABAP reconoció 57 barrios populares, la mayoría son asentamientos y villas.
En la ciudad cabecera del partido de General Pueyrredón, uno de los barrios donde se iniciará el proceso de urbanización es el asentamiento del barrio Malvinas Argentinas, ubicado en la zona oeste de la ciudad balnearia. Este asentamiento, también conocido como “Villa Beruti” o “Caracú”, se conformó en la década del 90 y tiene una extensión aproximada de 4,2 hectáreas. Está integrado por viviendas de material consolidadas, otras precarias y casillas. Tiene la particularidad de pasillos de circulación dentro de las manzanas, dado que hay viviendas que se encuentran allí sin salida propia a la vía pública.
Una gran parte no cuenta con conexión formal de electricidad, mucho menos gas natural. No hay asfalto y escasean las veredas. La inseguridad dominial es general. Las principales problemáticas son: la desocupación, la delincuencia (venta de estupefacientes, robos, etc.), inundaciones y presencia de microbasurales.
La mayoría de las familias subsisten gracias al cirujeo, las changas, el reciclado y el trabajo informal. La presencia de comedores y merenderos ayudan a paliar la situación que se agravó durante el aislamiento social preventivo y obligatorio debido a la pandemia COVID-19.
Una de las problemáticas del Barrio Malvinas Argentinas es la falta de espacios de uso público para la recreación y la fomentación de la integración barrial. Los espacios públicos y el equipamiento comunitario son esenciales para lograr la consolidación y transformación del asentamiento y su integración a la ciudad, y tienen un papel fundamental, ya que permiten a les ciudadanes ejercer su derecho a la ciudad, promueven el encuentro, el uso del tiempo libre y generan orgullo entre vecines del barrio a la vez que colaboran a achicar la brecha entre ciudad / periferia, logrando así una ciudad más equitativa.
La primera etapa del Programa de Integración Socio Urbana es el Programa de Obras Tempranas (POT), partiendo del relevamiento técnico y de las familias para poder comenzar a construir un diagnóstico participativo del barrio. Aquí juegan un rol fundamental les vecines y les referentes de instituciones, la participación de elles es indispensable para poder avanzar en las siguientes etapas.
Las primeras obras que se proyectan serán la construcción de un Salón de Usos Múltiples (SUM) y una cancha multipropósito descubierta. Estas obras buscarán fortalecer el sentido de pertenencia y la participación, promoviendo procesos de inclusión social, oportunidades de intercambio y el fortalecimiento de la vida colectiva para la apropiación de territorios históricamente marginados.
Los ejes transversales que acompañan durante todo el proceso son la perspectiva de género y la participación. Desde el equipo técnico y social se planifica y propone diferentes acciones para garantizar que se cumplan estos ejes.
¿El último Guernica?
El desalojo ocurrido a fines de cctubre del 2020 de la mano de la policía de Berni y la complicidad del Ministro de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires, fue el reflejo de la inexistencia real de políticas públicas en relación a la vivienda desde hace muchísimos años.
En el territorio bonaerense, las tomas de tierra se venían multiplicando desde finales de 2019 pero la llegada de la pandemia del COVID-19 intensificó aún más el fenómeno. Frente a esta situación, la búsqueda de una solución rápida frente al silencio de los gobiernos, fue la toma de tierras en la localidad de Guernica, quizás una de las más grandes que tuvo nuestro país. Luego de varios intentos de acuerdo y suspensión de fechas de desalojo, la justicia dispuso que no había más tiempo para el diálogo y ordenó su abandono.
Mientras que una parte no desdeñable del oficialismo celebró el desalojo por concretarse en forma supuestamente “pacífica”, miles de familias quedaron a la deriva y parte de la sociedad sostuvo que la represión no era la solución. La imagen de topadoras llevándose por delante las casillas de nylon, las pocas pertenencias de familias históricamente postergadas, llevará tiempo poder olvidarla.
¿Qué desafíos tenemos por delante? En primer lugar, que no haya más Guernicas.
La respuesta del Gobierno no puede ser la represión a miles de familias. Se debe destinar más presupuesto para resolver la deuda habitacional.
Esto significa un programa a largo plazo de construcción de viviendas, urbanización de barrios populares, créditos accesibles a familias que no cuentan con trabajo formal. Desde hace muchísimos años, quienes no tienen un empleo en relación de dependencia, no pueden acceder a pedir préstamos para comprar un terreno o una casa.
Una de las pocas políticas de los últimos gobiernos en materia habitacional fue el Procrear, donde gran parte de la sociedad quedó excluida. Al mismo tiempo, hacer cumplir las leyes, en especial la de generación de suelo. Sin tierra disponible destinada para la solución habitacional de los más de 3 millones de hogares que no poseen una vivienda digna es muy difícil. El reclamo de “Tierra para vivir, feminismos para habitar” sigue vigente y solo con el protagonismo de los sectores populares será posible construir políticas públicas de inclusión.
Para más información: 223 555-6167 (Maximiliano Angélico)
*Maximiliano Angélico es Maestro Mayor de Obras; Diana Casco, Lic. en Trabajo Social y Adela Vismara, es presidente de Cooperativa Mar del Plata.
1 Para más información sobre las Conferencias Hábitat, se puede visitar el sitio de la ONU: https://unhabitat.org/
