Uno de los debates que en las últimas semanas ocupó la agenda fue la cuestión relativa a las tomas de tierras en territorios bonaerenses, como La Plata, La Matanza, Tres de Febrero, Merlo, José C. Paz, Partido de La Costa, Mar del Plata, Villa Gesell, Moreno, Presidente Perón –Guernica-, Malvinas Argentinas, Quilmes, Avellaneda, Pilar, Tigre, Cañuelas, Florencio Varela, Bahía Blanca, San Martín, Almirante Brown, Lanús, Ezeiza, Hurlingham, Ituzaingó, Zárate, Junín, San Fernando, donde se han producido procesos de este tipo.
Escribe: Simón Cluigt*
Varias opiniones, interpretaciones y visiones se han vertido acerca de este hecho tanto desde referencias políticas, medios de comunicación masiva e incluso han sido parte de la opinión pública cotidiana de los y las bonaerenses.
Sin pretender agotar el debate, sino más bien, como aporte creo pertinente desarrollar aproximaciones reflexivas sobre el tema en cuestión. A continuación, desarrollaré algunos elementos que considero pertinentes como aportes para profundizar el debate.
Ocupación ilegal vs recuperación de tierras
Por un lado, nuestra Constitución Nacional incorpora como garantía la defensa de la propiedad privada en su artículo 17 que tiene como correlativo los artículos 10 y 31 de la Constitución de la provincia de Buenos Aires. Pero por otro lado, la mencionada carta magna nacional consagra el derecho de todos/as los/as ciudadanos/as a acceder a una vivienda digna en el artículo 14 bis, que tiene su correlato en el artículo 36 de la Constitución de la provincia de Buenos Aires.
A simple vista pareciera existir una colisión de normas constitucionales que en este punto tutelan bienes distintos. ¿Pero qué ocurre cuando se integra el concepto de tierra ociosa e improductiva? Aquí es donde entran en escena los conceptos de recuperación de tierras y de política pública deficitaria.
Hace unos días, el referente social de Barrios de Pie/Libres del Sur Isaac Quispe Rojas dijo al respecto: “Hablar de ocupantes ilegales o ilegalidad tiende a criminalizar y a estigmatizar a las personas que van a un lugar en busca de mejorar sus condiciones de vida en alguna tierra que recuperar (…) para no hablar de derechos vulnerados algunos sectores prefieren hablar de ilegalidad que es lo más simple y lo más fácil (…)ilegal es tener a las familias hace décadas en condiciones de vulnerabilidad (…) porque las familias que van a buscar una tierra es porque no están teniendo el derecho a la vivienda garantizada».
«Los sectores populares son los sectores históricamente más vulnerados en sus derechos, y los planes de vivienda que hay como el PRO.CRE.AR o algún plan de compra de terrenos nunca están contemplados para los sectores más humildes porque los requisitos que se piden siempre son muy altos entonces es difícil que alguien de un sector trabajador humilde pueda acceder a lo que es un plan de vivienda hoy en Argentina (…) Hablamos de recuperación de tierras y no de tomas porque las familias justamente recuperan un lugar ocioso para poder tener una vivienda digna”.
Es claro, cómo con la integración de estos conceptos al debate se puede realizar una interpretación más compleja de la situación conflictiva, alejándonos de una simple y mera colisión de derechos, pasando a la necesidad de una política de estado integral que contemple la realidad de miles de bonaerenses, que desde hace décadas no están pudiendo acceder a una vivienda digna.
Instrumentos legales para la resolución del conflictos
Existen en nuestra provincia diversos instrumentos a través de los cuales el Estado puede intervenir de forma resolutoria y armónica en el conflicto. Nuestra provincia al igual que a nuestra Nación, tiene una Ley General de Expropiación de la Tierra con fines de utilidad pública (Ley N° 5708), una ley orientada a la regularización urbano dominial de villas y asentamientos populares como es la Ley de Acceso Justo al Hábitat (Ley N° 14449) y disposiciones legales orientadas a destinar tierras para la producción agrícola familiar como el régimen de colonización contemplado en el Código Rural de la provincia de Buenos Aires.
Las tres normativas contemplan mecanismos de reparación económica para quien sea vulnerado en la titularidad del dominio de la propiedad, ya que lo que se realiza en una transferencia de titularidad de la tierra a manos del Estado (se transforma la propiedad privada de una persona en propiedad privada del Estado), a los fines de lotearla y adjudicarla a los vecinos a través de un financiamiento del pago de la misma.
Antecedentes históricos en la provincia de Buenos Aires
En 1981 se produjeron tomas de tierras protagonizadas por 4.600 familias en la zona sur del Gran Buenos Aires (terreno de 5 km ubicado entre San Francisco Solano y Rafael Calzada) y en 1986 en La Matanza. A mediados de 1990 la toma de tierras más representativa fue en el barrio La Sarita de Quilmes, donde hoy nos encontramos con el barrio Agustín Ramírez que se encuentra a 700 mts de la estación de Claypole y cuenta con escuela secundaria, jardín y sociedad de fomento.
Según la revista Tierra para vivir en su primera edición, desde fines del 2006 hasta marzo del 2007 existieron más de 30 tomas de tierras y edificios que abarcaron a más de 10.000 familias. Más próximos a estas fechas y como ícono de estos procesos en 2015 se produjo la toma de Abasto (La Plata), un terreno de 56 hectáreas de propiedad privada, donde 1000 familias sin acceso a una vivienda digna llevaron adelante una recuperación de la tierra ociosa, resolviéndose el conflicto con la Ley Especial de Expropiación N° 14716.
Estos procesos, dan cuenta de una irrupción del Barrio como espacio de construcción de identidades, de resistencia al nuevo régimen de acumulación social y su proceso expropiatorio de relaciones sociales. Los asentamientos expresan la emergencia de una nueva configuración social que señala el proceso de inscripción territorial de las clases populares.
La clase trabajadora desocupada u ocupada informalmente y de forma precarizada, a través del proceso de segregación socio-espacial y acumulación (capitalista) por desposesión, es empujada a tomar posesión de terrenos privados de particulares o fiscales, para poder acceder al derecho de una vivienda y así poder reproducirse socialmente como fuerza de trabajo.
Especulación inmobiliaria y crecimiento urbano des-planificado
La especulación inmobiliaria que tiene raigambre en la existencia de tierras ociosas e improductivas es de larga data en nuestro país. Desde la huelga de inquilinos en 1907 (donde casi 2.000 inquilinatos aumentaron los precios de los alquileres por lo que sus inquilinos suspendieron los pagos) hasta las 138.328 viviendas ociosas en la Ciudad de Buenos Aires que registró el Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) en el 2019.
Esta situación de ociosidad e improductividad y la imposibilidad de acceso a una vivienda de una gran parte de la sociedad, genera procesos de crecimiento urbano des-planificado, mecanismo a través del cual fueron creciendo las grandes ciudades en los últimos tiempos. En cuanto a este aspecto Quispe Rojas comenta que: “…los sectores más humildes buscan mejorar su calidad de vida porque muchas veces viven en situaciones de hacinamiento como se puede ver en el gran Buenos Aires sobre todo en los cordones urbanos del conurbano bonaerense donde los asentamientos y los barrios tienen décadas y décadas de que nunca se hizo un plan de vivienda, mismo en el Gran La Plata, los barrios de esta ciudad en las últimas décadas han crecido de manera des-planificada con varios barrios que son producto de lo que se dice comúnmente ‘toma’”.
Aproximaciones finales
Habiendo transcurrido un desarrollo integral de la complejidad del debate, e intentando aportar al mismo, considero necesario recuperar las siguientes reflexiones.
Cuando desde el Estado en todas sus esferas –nacional, provincial y municipal- no se ejerce la planificación y configuración de políticas habitacionales integrales y progresivas que tiendan a intervenir en la vida de miles de familias sin acceso a una vivienda digna, que a su vez se ven envueltas en situaciones de desocupación o informalidad laboral, ¿no se están vulnerando garantías consagradas en la Constitución? ¿Qué vale más, el derecho al acceso de una vivienda digna o el absolutismo de la propiedad privada –ociosa- que puede ser reparada vía una indemnización? ¿Por qué el Estado siempre llega a la intervención a través de su poder de policía y no como garante habitacional de los sin tierra? ¿Cuál es la función del Estado: defender la propiedad privada absoluta o aportar a la integración socio-territorial de una gran parte de la sociedad?
Estas son todas preguntas que difícilmente encuentren un cauce único pero que sirven para replantearnos qué tipo de Estado queremos y qué tipo de futuro soñamos.
A días de que se produzcan desenlaces en las situaciones conflictivas que se están viviendo en nuestra provincia, es el Estado provincial quién tiene la decisión de lo que ocurrirá, los instrumentos legales existen, solo es decisión política ejecutarlos.
#Derecho a la vivienda #Toma de tierras
*Simón Cluigt es Director del ISEPCi de La Plata
Para realizar la presente nota, fue esclarecedor el testimonio realizado el 28/09/2020 al referente social –Isaac Quispe Rojas– quien es parte de una de las organizaciones sociales –Barrios de Pie/Libres del Sur– que están activas acompañando a los/as vecinos/as que son parte del conflicto.
Contactos: 1141882603/2214950771
