Claves para entender un nuevo triunfo “en alerta” del No a la Mina en la provincia de la Patagonia.
Silvia Ferreyra *
El proceso de movilización y debate en defensa del agua y la vida tiene una trayectoria de más de 30 años en Chubut, con más triunfos que retrocesos. En particular su experiencia de lucha contra la megaminería ha sido un faro, fronteras dentro y fuera del país. La permanente tarea educativa y de difusión en amplios sectores de la sociedad y la presencia permanente en la calle ha sido siempre su principal sostén, doblegando en varias oportunidades a los gobiernos de turno y a las mineras.
El movimiento antinuclear en el Gastre
En 1986, la Comisión Nacional de Energía Atómica- CNEA reconoció en una actividad en Trelew que evaluaban construir en Sierra del Medio, a setenta kilómetros del poblado de Gastre, en la meseta central de Chubut, el primer “Repositorio de Desechos Radiactivos de Alta Actividad” en el mundo. Un basurero nuclear apoyado por la dirigencia de los principales partidos, con más interrogantes que certezas respecto al sistema de transporte y almacenamiento, el resguardo del agua subterránea, si los residuos provendrían de las centrales de Argentina o de otros países, entre otras.
Inició allí un proceso que dio origen al Movimiento Antinuclear de Chubut, motorizado por su impulsor, Javier Rodriguez Pardo. Rápidamente se juntaron miles de firmas que se entregaron al presidente Raúl Alfonsín de visita en la provincia, logrando así frenar la prefactibilidad del proyecto. Fue el inicio de dos décadas de charlas, reuniones y movilizaciones en la Patagonia y en distintas partes del mundo.
El “Manifiesto Antinuclear” y las “40 razones” para oponerse al basurero circularon entre estudiantes y docentes de todos los niveles educativos de la provincia y en los medios de comunicación. Sirvieron de punto de partida para discutir el Plan Nuclear de la CNEA, sesenta ordenanzas declarando “municipio no nuclear” en todo el país y la inclusión en el año 1994 de la prohibición al ingreso de desechos radioactivos tanto en la Constitución Provincial (Art. 110) como en la Nacional (Art. 41).
Con Menem en la presidencia, a mediados de 1996, un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados de la Nación aprobó el marco regulatorio de la actividad nuclear facultando a la CNEA a determinar la localización de los repositorios de residuos. El rechazo en las principales ciudades de Chubut no se hizo esperar: se convocó a la Patagonia a marchar hacia el lugar donde se ubicaría el basurero, en el Gastre.
La movilización fue el domingo 16 de junio, día del padre, bajo la nieve. Más de 5.000 personas viajaron en caravana en micros, camionetas y autos particulares desde Rawson, Trelew, Puerto Madryn, Comodoro Rivadavia, Esquel, Ingeniero Jacobacci, El Bolsón y Bariloche, por rutas de ripio hasta la Sierra del Medio. El gobernador vió la conveniencia de acompañar la marcha, junto a canales de tv nacionales. La mayoría eran adolescentes, los centros de estudiantes del secundario fueron protagonistas claves del proceso en toda la provincia.
La marcha fue un éxito, logró la modificación del proyecto de la actual Ley N° 24.804: la instalación de este tipo de repositorio hoy sólo es posible mediante aprobación por ley provincial allí donde se proponga la localización.
El No a la Mina en Esquel
Corría el año 2002 y la Argentina todavía temblaba por los cimbronazos de una profunda crisis económica y política. En Esquel, la minera Meridian Gold, había comprado el yacimiento de oro El Desquite, ubicado a sólo siete kilómetros de la ciudad, con el respaldo del gobernador radical y el intendente peronista.
Entre la población se sembró la alerta, se organizaron reuniones informativas casi todas las semanas en una escuela. Hija de la experiencia asamblearia del 19 y 20 de diciembre del 2001, nació la “Asamblea de Vecinos Autoconvocados por el No a la Mina”, se presentó un amparo para frenar el proyecto en la Justicia y se convocó a una movilización el 4 de diciembre, día en que se realizaría una audiencia pública sobre el proyecto, convocada por el gobierno. La audiencia se levantó pero la marcha fue grande. A partir de ese momento hasta estos días, todos los 4 de cada mes la asamblea sale a las calles.
Marchas y contramarchas mediante, lograron a principios del 2003 que el municipio aprobara una consulta popular no vinculante pero obligatoria, por el sí o no al proyecto. En aquél momento, de 30 mil habitantes de la ciudad, 8 mil estaban desocupades y 7.500 bajo la línea de pobreza. El gobierno provincial y municipal, junto con la empresa y la UOCRA hicieron campaña por el “Sí”, prometiendo fuentes de trabajo y progreso para toda la zona. Activaron todos los dispositivos utilizados por las dos fuerzas políticas en procesos electorales: repartieron recursos en los barrios más humildes, hubo remises el día de votación para trasladar a votantes y “ayuda económica” a punteros, etc.
La Asamblea extendió y profundizó la información a través de charlas, actividades culturales y materiales de difusión señalando los riesgos de la actividad y el uso del cianuro, la defensa del agua, la experiencia de la megaminería en nuestro país y en el mundo, la continuidad de la pobreza a pesar de sus promesas.
La votación se hizo el 23 de marzo de 2003, participó el 75% del padrón y triunfó el No a la Mina con el 81% del total (11.046 votos contra 2.561). El nuevo triunfo se transformó en un hito y ejemplo para la lucha contra la megaminería y en defensa del agua a lo largo de la cordillera.
La Ley N° 5.001
Un mes después de la consulta, para descomprimir la movilización, por iniciativa del gobierno se aprobó en la legislatura la Ley 5.001, hoy ley XVII-Nº 68, que prohíbe la minería metalífera en la provincia, en la modalidad a cielo abierto y con uso de cianuro. La primera que restringe la actividad, a la que se sumaron luego Río Negro (2005, derogada en 2011), Tucumán, Mendoza y La Pampa (2007), Córdoba y San Luis (2008), La Rioja (2007, derogada en 2008) y Tierra del Fuego (2011).
Pero la Ley 5.001 prohíbe la explotación minera sólo bajo esa modalidad, permitiendo el uso de otras sustancias distintas al cianuro y las tareas de exploración. Además, faculta al gobierno a realizar una zonificación indicando la modalidad de producción minera autorizada para cada caso, y la posibilidad de exceptuar algunas áreas de la prohibición mediante una ley. Por cuanto las empresas y los gobiernos de turno siempre tuvieron margen para insistir con la actividad.
El reclamo por el “No a la Mina” fue creciendo y consolidándose sobre todo en las principales ciudades, aún más con la conformación de la Unión de Asambleas de Comunidades de Chubut – UACCh, instancia de coordinación provincial.
La persistencia de las mineras
En Chubut hay varios yacimientos mineros de mucho interés para las empresas, los más importantes: el proyecto de uranio Cerro Solo, en el centro de la provincia; el proyecto Suyai en cercanías a Esquel para extraer oro, hoy en manos de la minera Yamana Gold en sociedad con el grupo local Elsztain (IRSA). Y el proyecto Navidad, en la meseta central de Chubut, entre Gan Gan y Gastre, uno de los yacimientos más grandes de plata y plomo del mundo sin explotar, hoy en manos de la Panamerican Silver.
El proyecto Navidad inicialmente (2002) estuvo en manos de IMA Exploration. La empresa no tuvo reparos en trasladar un cementerio indígena (chenque) de siglos de antigüedad, hallado en pleno yacimiento durante los trabajos de exploración. Conscientes que significaba una traba para avanzar, acordaron con dos de las siete comunidades que allí habitan, concretando en el año 2005 la operación. Esta y demás acciones impulsadas por las distintas empresas a cargo del proyecto en todos estos años han incumplido acuerdos internacionales obligatorios, como el convenio 169 de la OIT, para la consulta previa, libre e informada de los pueblos originarios de la zona.
Tras el plebiscito en Esquel, la empresa encargó un estudio a una consultora para analizar no tanto el impacto del proyecto en la población, como es costumbre, sino al revés: hasta dónde la población podría perjudicar o impulsar la actividad. Un informe minucioso sobre el perfil de la población, ingresos, modos de vida, actores políticos y referentes, nivel de influencia y organización, conflictos anteriores y su resolución, identificando grupos de interés para influir. El estudio sirvió de base tanto para el traslado del chenque como para el asiento posterior de la minera en el territorio.
En 2006 la empresa Aquiline Resources le ganó un juicio a IMA y quedó al frente del proyecto hasta el 2009, momento en que Panamerican Silver le compró todas sus acciones. A partir de entonces fue consolidando su incidencia en la provincia, primero durante la gestión de Mario Das Neves y luego con Martin Buzzi.
En 2012, con Buzzi en el gobierno, la UACCh decidió aprovechar la Iniciativa Popular contemplada en la Constitución Provincial, para extender la experiencia del plebiscito en Esquel a todo Chubut. El gobernador impulsaba en aquel momento un marco regulatorio para la actividad minera en la legislatura en desmedro de la Ley N° 5.001, pero la movilización logró echar por tierra el proyecto en el 2013.
La Iniciativa Popular requería avalar la medida con la firma de al menos el 3 % del padrón electoral, para obligar el tratamiento del proyecto máximo en seis meses. Se elaboró un texto mejorando la Ley 5.001, que fue presentado en 2014 junto a más de 10 mil firmas, tras una extensa campaña de difusión.
A fines de ese año tuvo tratamiento en la legislatura. En una sesión bochornosa, legisladores lo aprobaron cambiando el texto original, desvirtuando su contenido. Se viralizó la foto del legislador justicialista Gustavo Muñiz, recibiendo durante la sesión instrucciones en su celular por parte del gerente de Yamana Gold sobre cómo modificar el proyecto. El rechazo fue tal que en 2015, a poco tiempo de asumir Das Neves su segunda gestión, se vio obligado a derogar la norma.
La decisión del gobierno actual
En 2017, tras el deceso de Das Neves durante su segundo mandato, Mariano Arcioni asumió el gobierno en el marco de una profunda crisis económica provincial, conflictos gremiales y fuertes disputas internas en el seno del oficialismo. Arcioni había manifestado su oposición a la megaminería en las últimas campañas, incluso al momento de ser electo en 2019. Pero a principios del 2020, con el respaldo del presidente Alberto Fernández, empezó a dar señales claras a favor de la actividad, como salida económica para la provincia.
De allí que, pandemia mediante, las asambleas redoblaron la apuesta e impulsaron una segunda Iniciativa Popular. A pesar de las medidas de restricción por COVID juntaron 30.000 firmas, más del doble de las requeridas y en octubre del 2020 presentaron el proyecto de ley. El gobierno aceleró el tranco y presentó en la legislatura su proyecto de zonificación, que habilita la megaminería en la meseta central, en los departamentos Gastre y Telsen. Cerró filas con los sindicatos de camioneros, petroleros y la UOCRA, buscando el apoyo de sus legisladores para garantizar los votos.
A fines del 2020 inició el tratamiento en comisiones de ambos proyectos. Generó mucha indignación el video filtrado a los medios del diputado del PRO, Sebastián López, pidiendo “cien lucas” a cambio de hacer lobby para el sector minero, y el audio vía whats-app de la diputada oficialista, Leila Lloyd Jones, mencionando que había diputados que estaban recibiendo “10 millones de pesos” para votar a favor del proyecto del Ejecutivo.
Indignación porque además en esos días se difundió un informe de MiningWatch, el cual señalaba que a pesar de la prohibición de la actividad, los “reportes de transparencia” presentados por Pan American Silver en Canadá, su país de origen, dan cuenta de $30 millones de gastos en Chubut entre 2013 y 2019, $6 millones sólo en 2019. Estos últimos destinados según la minera a “actividades comunitarias” y al «cuidado y mantenimiento» sin más detalle al respecto.
Nuevo triunfo y estado de alerta
A principios del 2021, año electoral, Arcioni intentó aprobar su proyecto antes de la campaña, pero la resistencia en las calles se lo impidió. En mayo la legislatura rechazó la segunda Iniciativa Popular, con 13 votos a favor, 12 en contra y 2 abstenciones, allanando el camino para la zonificación. Pasadas las elecciones, burlando la vigilia de las asambleas, a mediados de diciembre dio tratamiento sobre tablas al proyecto, logrando su aprobación 14 votos contra 11 en contra.
A partir de esa misma tarde, finalizada la sesión, comenzó un proceso de movilización masivo y extendido en las principales localidades, que se extendió durante cinco días a pesar de una fuerte represión. Sumando la participación activa de los gremios estatales y docentes (CTA, ATECH y SADOP) y sindicatos de la pesca y el puerto, que llamaron a un paro.
El gobierno finalmente dio marcha atrás con la Zonificación y a pocos días de aprobada se vio obligado a derogar la norma, anunciando la voluntad de impulsar una Iniciativa Popular en toda la provincia, sin brindar más precisiones respecto a su contenido. Se logró una nueva victoria del No a La Mina en la provincia. Todo indica que las asambleas insistirán en el 2022 con el mismo texto de Iniciativa Popular que presentaron en el 2020, rechazado en mayo pasado.
El pueblo de Chubut ya eligió
«Somos un gabinete productivo y económico prominero, dicho con contundencia. No es una cuestión declarativa: la minería es parte de la solución en la Argentina”. Palabras del Secretario de Industria de la Nación en una actividad con proveedores de la minería, el mismo día en que se aprobó la zonificación en Chubut. En pleno proceso de negociación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional, el gobierno nacional sin titubear promueve la actividad en búsqueda de los dólares que permitan hacer frente a los compromisos.
Parte de la dirigencia política de un lado y otro de la grieta señala que es posible desarrollar una “minería sustentable, con encadenamiento productivo y cuidado del ambiente, generando progreso y bienestar”, sin mucha evidencia que pueda dar cuenta de ello en la historia reciente de nuestro país. Ni siquiera bajo su mirada exclusivamente economicista: en casi treinta años, cada vez que tuvieron oportunidad de gobernar no modificaron un milímetro el andamiaje normativo e institucional de usura que rige para la actividad desde Menem en adelante.
La experiencia de lucha en Chubut, como tantas otras a lo largo de la cordillera, nos animan a pensar y debatir en momentos de crisis como el actual, sobre las alternativas de desarrollo que nos debemos como Nación.
*Silvia Ferreyra es Lic. en Gestión Ambiental y coordinadora del área de Ambiente de nuestro instituto
Anexo
LEY XVII-Nº 68 (Antes Ley 5001)
Artículo 1°.- Prohíbese la actividad minera metalífera en el ámbito de la Provincia del Chubut, a partir de la sanción de la presente Ley, en la modalidad a cielo abierto y la utilización de cianuro en los procesos de producción minera.
Artículo 2°.- El Consejo Provincial del Ambiente (COPRAM) creado por la LEY XI Nº 35 (Antes Ley 5439), determinará en el plazo de CIENTO VEINTE (120) días corridos, a partir de la sanción de la presente Ley:
a) La zonificación del territorio de la provincia para la explotación de recursos mineros, con la modalidad de producción autorizada para cada caso.
b) La definición de las áreas en que se exceptuará la prohibición establecida en el artículo 1º de la presente Ley.
Artículo 3°.- La aprobación de la zonificación propuesta por el Consejo Provincial del Ambiente (COPRAM) en los términos del artículo 2º de la presente, se efectuará por Ley.
Artículo 4°.- LEY GENERAL. Comuníquese al Poder Ejecutivo.
