ALGO MÁS QUE UN SELLO
Por Silvia Ferreyra*
El debate por la aprobación de la Ley de Etiquetado Frontal de Alimentos en el Congreso Nacional puso en boca de representantes del oficialismo y la oposición el compromiso por una alimentación saludable. Resulta oportuno hacer presente el conjunto de políticas necesarias para avanzar en esa deuda pendiente del Estado.
El derecho a saber qué comemos
Según la Segunda Encuesta Nacional de Salud (2019) en Argentina el 41,1% de niñas, niños y adolescentes de entre 5 y 17 años presenta exceso de peso, entre las personas mayores de 18 años la cifra asciende al 67%.
De aprobarse la Ley de Etiquetado Frontal de Alimentos se permitirá conocer de manera clara y sencilla, mediante sellos en los envases, qué productos tienen un alto contenido de azúcar, calorías, grasas totales/saturadas y sodio. Nutrientes críticos relacionados con el sobrepeso y la obesidad, base de enfermedades como la hipertensión y la diabetes. También obligará a las empresas a declarar la cantidad de azúcar presente en los productos. En aquellos que contengan edulcorantes o cafeína, además de los sellos deberán incluir la advertencia “no recomendable” o “evitar” en niños/as.
A partir de la experiencia en la aplicación de distintas formas de etiquetados, se ha comprobado que la modalidad a partir de sellos negros es la más eficaz al momento de advertir el contenido de los productos. Según la encuesta mencionada anteriormente, en nuestro país sólo un tercio de la población lee el contenido nutricional de las etiquetas de los alimentos, y de ese tercio solo la mitad las entiende. Es decir, menos del 15% de la población comprende la información del envase.
A nadie extrañaría encontrar algunos de estos sellos en golosinas, gaseosas o un paquete de papas fritas. La sorpresa anida en una cantidad de productos identificados comúnmente como “sanos” o promocionados como tal y que en realidad no lo son. Como es el caso de la mayoría de los yogures y cereales ofrecidos en supermercados, por mencionar ejemplos más frecuentes.
El proyecto de ley además de echar luz sobre esta situación prohíbe la publicidad infantil que promocione o incentive productos con más de un sello y el uso de dibujos animados o personajes infantiles en los envases. También su venta en los establecimientos educativos.
Establece que el Consejo Federal de Educación deberá garantizar la inclusión de contenidos mínimos de educación nutricional para todos los niveles, promoviendo la alimentación saludable y advirtiendo sobre los efectos nocivos de una alimentación inadecuada.
Faculta a los gobiernos a promover el consumo de alimentos naturales y saludables producidos por las economías regionales y la agricultura familiar. Ordena al Estado la prioridad de compra y contratación para productos que no lleven sellos de advertencia.
Las estrategias de quienes se oponen al proyecto
Representantes de la Cámara de Comercio de Estados Unidos – AMCHAM; la COPAL Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios a través de su titular, Daniel Funes La Rioja -a la vez presidente de la UIA-; la Federación Económica de Tucumán y la Federación Obrera Tucumana de la Industria del Azúcar –FOTIA, mantuvieron una fuerte presión contra el proyecto desde el inicio del proceso legislativo, en las comisiones y en los despachos de representantes del oficialismo y de la oposición.
El etiquetado frontal mediante sellos ya está vigente en varios países de Latinoamérica, como Chile, México, Uruguay, Perú, y se encuentra en debate en otros tantos. En todos los casos, los mismos sectores de la industria alimenticia hicieron lo todo posible para impedir su aprobación, argumentando daños por la baja en las ventas y pérdidas de puestos de trabajo.
Los daños para el sector no fueron tales. En Chile, por ejemplo, desde la vigencia de la ley en 2016 el consumo de bebidas azucaradas bajó del 15 al 9 por ciento, orientándose a la oferta sin sellos. En otros productos se reformuló el contenido reduciendo componentes críticos, la industria en general trasladó todos estos costos a los precios [i].. Difícil imaginar que en Argentina actúen de otra manera.
Razón por la cual el Gobierno debería acompañar la aprobación del etiquetado frontal con políticas efectivas de control de precios. Caso contrario, es muy probable que aquellos productos “más sanos” sigan estando completamente por fuera del alcance de quienes tienen menores ingresos.
La alimentación saludable, una deuda pendiente del Estado
En nuestro país el aumento de precios en alimentos esenciales no se detuvo ni siquiera en los momentos de mayor restricción por la pandemia. Según el Índice Barrial de Precios-IBP, en el conurbano bonaerense el precio de la canasta básica de alimentos -productos de almacén, verdulería y carnicería- en abril de 2020 fue de $17.400; en agosto de 2021 ascendía a $28.200.
Según los datos del INDEC referidos al primer semestre del 2021, el 40,6% de la población de nuestro país es pobre; entre las personas menores de 14 años, la cifra asciende al 58%. A la vez, el 10,7% se encuentra en situación de indigencia, es decir que tres millones de personas no llegan a cubrir el costo de la canasta básica de alimentos.
El Indicador Barrial de Situación Nutricional, en base al relevamiento de 49.700 niñes y adolescentes de hasta 18 años de edad, de 1.066 comedores y merenderos de 20 provincias del país, señala en su informe del primer semestre de 2021 que sólo el 55% de esas familias completan las cuatro comidas diarias. El 19% de los casos presentan sobrepeso y 21%, obesidad. En les niñes de 2 a 6 años de edad, el sobrepeso afecta al 14% de les niñes y la obesidad al 15%. En lactantes de hasta 2 años de edad, el 11% presenta sobrepeso y el 13% obesidad.
Cuando debatimos la necesidad de avanzar hacia una alimentación saludable no podemos eludir estas cifras, que ayudan a entender hasta dónde les importa a las grandes empresas alimenticias y cadenas formadoras de precios, el presente y el futuro de nuestra población.
Necesitamos alimentos sanos a precios disponibles, el Gobierno debe intervenir firmemente para el logro de este objetivo cuanto menos en los productos esenciales. Los programas de control vigentes en la actualidad, a ojos vista no han logrado resultados concretos.
Para incorporar más verduras, frutas, cereales y legumbres a la mesa de nuestros hogares es indispensable democratizar el acceso a la tierra para las familias que producen el 60 por ciento de estos alimentos saludables y solo tienen el 13 por ciento de la tierra, apoyar las cooperativas y PyMEs agroalimentarias, garantizar los derechos campesinos y fortalecer las economías regionales.
Por otro lado, si de salud se trata, no olvidar el alto impacto de productos que se aplican en el cultivo de alimentos que van directo a nuestra mesa. Argentina pasó de utilizar 30 millones de kilos/litros de plaguicidas en 1993 a más de 500 millones en la actualidad, impactando en todo el universo que rodea a la producción agropecuaria. De los plaguicidas utilizados en el país, 123 pueden ser categorizados como altamente peligrosos para la salud socioambiental, mientras que 140 plaguicidas de amplia utilización se hallan prohibidos en otros lugares del mundo.
La salud y la alimentación son Derechos Humanos y Sociales inalienables que el Estado tiene la obligación de garantizar con políticas activas, integrales y universales; el etiquetado frontal de alimentos es una herramienta que sin duda apunta en ese sentido. En momentos que redundan los discursos a favor de una alimentación saludable es oportuno recordar a representantes del oficialismo y la oposición el conjunto de políticas que se reclaman para que se convierta en una realidad.-
*Silvia Ferreyra, es Lic en gestión ambiental y coordinadora del área de ambiente de nuestro instituto (Tel: 11-559365072)/ Prensa: 11-36483667.
[i] Ver también: «Efectos de equilibrio de las políticas de etiquetado de alimentos» (N. Barahoma, C. Otero, S. Otero, J. Kim, 2020)
