Días atrás Duhalde anunció la posibilidad cierta de un golpe de Estado en la Argentina para los próximos meses. Pareció un exabrupto fuera de contexto, tanto, que él mismo se desmintió diciendo que había tenido “un brote psicótico” cuando hizo esa declaración en un programa televisivo. A menos de un mes de ese hecho, que en aquel momento se veía como muy extraño, hoy pareciera que fue el punto de partida de una escalada en la confrontación entre modelos económicos que nos atraviesa desde hace más de una década, sin encontrar una definición que conduzca al predominio de uno u otro.
Escribe: Isaac Rudnik
Crisis estructural y empate catastrófico. Antecedentes y actualidades
Juan Carlos Portantiero analizaba la etapa posterior a la Revolución Libertadora desde mediados de los 50 hasta 1973 durante el siglo pasado, signada por una inestabilidad institucional recurrente, durante la que se produjeron golpes de Estado con la consecuente instalación de gobiernos dictatoriales, intercalados con breves períodos de gobiernos surgidos de procesos electorales.
En ese lapso hubo 12 (doce) diferentes gobiernos[1], cuando en realidad debieron pasar 4 (cuatro), si se hubieran respetado los mecanismos constitucionales. Lo llamativo es que en ese período, el PBI no dejó de crecer: solo entre 1963 y 1974 creció un 54%, a una tasa anual acumulativa de 5,8%, mientras que el PBI per cápita aumentó un 82% o sea a un promedio anual del 6%. Fue la década de crecimiento económico e industrial más acentuada de la historia argentina (Basualdo).
Junto a este importante crecimiento económico transitó una constante inestabilidad institucional originada en las permanentes confrontaciones entre los principales actores sociales, que no llegaban a coronar en el triunfo definitivo de unos sobre otros. Confrontaciones entre los propios grupos dominantes, así como entre éstos, los trabajadores y los sectores populares, que no aceptaban las condiciones de explotación que querían imponerles.
Las contradicciones al interior del bloque de poder motivaron que el sector de las multinacionales industriales, que tenían el predominio casi absoluto del crecimiento económico, no lograra instalar una propuesta que tradujera ese predominio en hegemonía, a través de una referencia política que ganara consenso. Por lo que una y otra vez echaron mano de alianzas, no exentas de contradicciones internas con los otros sectores de poder, para imponer gobiernos dictatoriales, que culminaron en sucesivos fracasos ante procesos de movilizaciones populares que lejos de amenguar, se fueron radicalizando.
En definitiva, durante dos décadas se configuró un escenario “con la lógica de un ‘empate’ entre fuerzas, alternativamente capaces de vetar los proyectos de las otras, pero sin recursos suficientes para imponer, de manera perdurable, los propios” (Portantiero). Otros autores, como Guillermo O’Donell, analizan el mismo período con conclusiones parecidas.
Este largo proceso de empate hegemónico que abarcó dos décadas, durante las que la economía del país creció, pero en las que los grupos económicos más poderosos no pudieron instalar una representación capaz de sintetizar el liderazgo económico con la hegemonía política, finalmente terminó en la catástrofe genocida del 76.[2]
En un trabajo de junio de 2008, Álvaro García Linera, analizando la situación de Bolivia de la que va sacando conclusiones más generales, dice: “El empate catastrófico es una etapa de la crisis de Estado, si ustedes quieren, un segundo momento estructural que se caracteriza por tres cosas: confrontación de dos proyectos políticos nacionales de país, dos horizontes de país con capacidad de movilización, de atracción y de seducción de fuerzas sociales; confrontación en el ámbito institucional –puede ser en el ámbito parlamentario y también en el social– de dos bloques sociales conformados con voluntad y ambición de poder, el bloque dominante y el social ascendente; y, en tercer lugar, una parálisis del mando estatal y la irresolución de la parálisis».
«Este empate puede durar semanas, meses, años; pero llega un momento en que tiene que producirse un desempate, una salida… Esta crisis, obligatoriamente, tiene que acabar en algún momento, ninguna sociedad vive permanentemente ni en movilizaciones (la creencia del anarquismo) ni permanentemente en estabilidad (la creencia del cristianismo). Puede haber inestabilidades, luchas, pero en algún momento tiene que consolidarse una estructura de orden que va a seguir teniendo conflictividades internas, por supuesto, pero luego se va a poder decir: ‘a partir de este momento, tenemos un neoliberalismo reconstituido o tenemos un Estado nacional, indígena, popular, revolucionario’”.
«A ese momento histórico, preciso, fechable, le hemos puesto el nombre de punto de bifurcación. El punto de bifurcación hace que, o haya una contrarrevolución exitosa y se regrese al viejo Estado en nuevas condiciones, o que se consolide el nuevo Estado, con conflictos todavía, pero en el contexto de su estabilización…”
Hace unos días en un debate organizado por Le Monde Diplomatique Cono Sur, bajo el título “América Latina después de la pandemia” García Linera vuelve a recurrir al concepto gramsciano de empate para caracterizar la situación actual de América Latina: “Estamos viviendo un momento de oleadas y contra oleadas, un empate catastrófico entre proyectos progresistas y neoliberales”
La Argentina de hoy
En diciembre del año anterior asumió el Gobierno actual, después de ganar unas elecciones presidenciales que dejaron en el camino algunos antecedentes significativos que deberíamos tener presentes.
La alianza de derecha que llegó al Gobierno Nacional en 2015, y que dos años después pudo ganar ampliamente las elecciones de medio término, no logró repetir en 2019 porque perdió una porción significativa de adherentes que había obtenido en los dos eventos electorales anteriores, y que estaban ahora muy afectados por el deterioro económico.
Pero también se quedó sin el sostén de una parte importante de los grupos económicos que la apoyaron fuertemente, primero para ganar las presidenciales en 2015, y después para sostener entre 2015 y 2017 un camino “gradualista”, que transitoriamente le permitiera dejar de lado las estrategias de shock, buscando aplicar escalonadamente las transformaciones estructurales regresivas con las que se habían comprometido.
Es que en definitiva, esta derecha “moderna” llegó al Gobierno Nacional por la vía electoral, y si bien en 2015 el consenso obtenido tuvo fuertes raíces en los errores del kirchnerismo, una vez en la Casa Rosada había que mantener y ampliar los apoyos de la población que los había votado. La aplicación de un ajuste sostenido pero gradual, acompañado de una estrategia comunicacional que hábilmente aprovechaba las fortalezas propias y explotaba las debilidades de la oposición, parecía inaugurar con el triunfo de las legislativas de octubre de 2017, un círculo virtuoso que se encaminaba a la conformación de un nuevo bloque hegemónico, apto para imponer por la vía del consenso mayoritario los cambios estructurales necesarios para consolidar una nueva versión del neoliberalismo argentino.
Solo dos meses después, cuando esta “marcha victoriosa” intentó apresurar el paso para sancionar rápidamente las leyes de reforma previsional y laboral, tropezó con masivas movilizaciones opositoras, que llevaron al macrismo a desacelerar el ritmo, postergando el envío al Congreso del proyecto de ley para la reforma laboral. Este regreso al gradualismo para sostener su consenso mayoritario, no fue del agrado de una parte sustancial del poder económico -principalmente los sectores financieros- que requerían precipitar los cambios estructurales prometidos, por lo que manifestó su disconformidad quitando las fuentes de renovación automática para el endeudamiento del Estado.
Desde el camino alfombrado de flores del 2017 al abismo del 2018 hubo unos pocos pasos. Ya en febrero/marzo llegaron las primeras tensiones financieras y cambiarias, seguidas del desbarajuste generalizado de las variables macroeconómicas, la debacle de la economía real, la imposibilidad de seguir renovando el endeudamiento, y la obligada corrida al FMI en condiciones de default, que mostraban el quiebre de un modelo económico que tenía su suerte totalmente atada a la voluntad del poder financiero. Esta nueva derecha, que había sido capaz de ganar las elecciones presidenciales sin necesidad de disfrazar sus intenciones y esencia neoliberal dentro de la identidad de alguno de los movimientos políticos tradicionales, sufrió un duro golpe político del que ya no pudo recuperarse -aunque recibiera una inestimable ayuda del FMI- con vistas a las presidenciales de 2019.
El proyecto de un nuevo bloque histórico hegemónico que reponga por consenso, un mayoritario sentido común con la insignia de los valores neoliberales, chocó con la pared de una fuerte resistencia social. El sueño de imponer por esa vía una nueva reforma intelectual e ideológica radical que acompañe las transformaciones regresivas quedó, sino clausurado, por lo menos postergado por unos años.
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Ya en 2019 el Frente de Todos constituyó un acuerdo electoral que pudo aglutinar a la mayoría del PJ, del progresismo peronista y no peronista, de los sindicatos y de los movimientos sociales, bajo la candidatura de Alberto Fernández. El objetivo fue mantener los votantes habituales del peronismo, ampliando hacia todos los sectores seriamente afectados por la crisis económica macrista.
Mientras tanto se reintrodujo al interior del poder económico el debate sobre si es posible producir cambios estructurales tan agresivos para con los intereses populares sin la anuencia de, por lo menos, un sector importante del peronismo. Por cierto, las transformaciones regresivas más profundas desde los años 70 a la fecha se produjeron en dos períodos: la dictadura del 76 y el menemismo de los 90. La primera se impuso por la vía del terror liso y llano; la segunda instaló un consenso hegemónico mayoritario que duró casi una década, y en el que la coerción represiva jugó un papel secundario.
Con la expectativa que al interior del Frente de Todos predominaran los sectores “razonables, democráticos, alejados del populismo, etc.”, una parte importante de los grupos económicos más fuertes, vieron con buenos ojos el triunfo electoral del Frente en agosto y noviembre del año pasado, entre otras cosas porque el gobierno de Macri había quedado absolutamente subordinado al predominio excluyente de los sectores financieros.
La instalación del gobierno frentista sobre el escandaloso fracaso del Macrismo del PRO/UCR, se dio junto al desprestigio de sus principales consignas: estado chico, “apertura al mundo”, rebaja generalizada de los impuestos a los grupos económicos más fuertes (eliminación de las retenciones), apertura indiscriminada de la economía (eliminación de barreras arancelarias y para arancelarias, etc.), rebaja de los costos de la mano de obra mediante la flexibilización laboral para construir un modelo productivo mas eficiente, y otras falacias. Esta situación abrió la posibilidad de retomar rápidamente un camino de reconstrucción de la economía nacional, remontando por la escalera de la redistribución del ingreso.
Los primeros pasos estuvieron concentrados en el tratamiento de la problemática de la deuda externa, y la atención de la apremiante situación de los más vulnerables atravesados por el hambre y la pobreza. Hacia estos sectores se canalizaron rápidamente recursos destinados a fortalecer un amplio y extendido asistencialismo, mientras que para aumentar los ingresos del Estado se restablecieron porcentajes razonables de retenciones a las exportaciones, para reanimar la alicaída producción nacional se repusieron las barreras arancelarias y paraarancelarias en los niveles indispensables, etc.
Con las arcas del Estado exhaustas y la amenaza de la profundización del default rondando la Casa Rosada, se impuso la cautela que contuvo todo impulso hacia eventuales audacias encaminadas a aprovechar los iniciales tiempos políticos favorables para instalar cambios de fondo en algún sector de la estructura económica del país.
En esos primeros meses la consigna predominante fue, antes que nada, evitar una ampliación “excesiva” del estrechísimo déficit fiscal primario heredado del macrismo, por lo que los gastos principales se concentraron en fortalecer y extender la red de asistencialismo. A tres meses de asumido el nuevo Gobierno, llegaron las obligadas restricciones para enfrentar la pandemia, y el gasto del Estado y el déficit fiscal se ampliaron para reconstruir la red sanitaria y volcar recursos en un mercado interno cuasi paralizado.
La economía tuvo -como en todo el mundo- una caída brutal, que afectó a los que más venían sufriendo en los años de anteriores. Los paliativos volcados entre estos sectores no alcanzaron ni para sostener los niveles de ingreso anteriores a diciembre de 2019. La perspectiva de poner en marcha cambios estructurales progresivos quedó para más adelante.
Un párrafo aparte merece el intento de intervención estatal en la vaciada Vicentín -que hubiera significado un paso progresivo importante- pero chocó con una feroz oposición del gran empresariado y de sus medios afines, que lograron instalar la idea que se venían las expropiaciones en masa. Una porción del Frente de Todos acompañó este rechazo y el Gobierno retrocedió abandonando el experimento.
La oposición fue radicalizando sus posturas girando a discursos cada vez más agresivos, respondiendo a medidas como el congelamiento de las tarifas de los medios de comunicación como si se tratara de una expropiación, mientras el debate sobre la imposición del “impuesto a la riqueza” por única vez como una contribución de las grandes fortunas en la emergencia económica y sanitaria, junto a la perspectiva de una modificación al regresivo sistema impositivo que nos gobierna, adquieren proporciones inusitadas.
Los grupos económicos nativos y extranjeros dominantes no quieren ceder ni un milímetro del terreno ganado en las últimas décadas, reafirmado y ampliado en los años de gobierno del PRO/UCR. La derecha va recuperando apoyos activos entre amplios sectores de la población que nunca dejaron de serle afines, que se moviliza por motivos que van desde el reclamo contra la cuarentena hasta el rechazo a la intervención a Vicentín y a la reforma judicial. De esta manera va levantando un muro de resistencia a cualquier cambio que ponga en cuestión la base de la estructura que alimenta la profunda desigualdad realmente existente. Muro que es cada vez más difícil de perforar por el Gobierno.
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Poco más de un año atrás, en junio de 2019 decíamos: “…Se configura así una situación de empate en la correlación de fuerzas, base de las crisis políticas y económicas recurrentes que atraviesan el país, desde el comienzo de la recesión global -2007/2008- a la fecha. Los resultados electorales fueron triunfos y derrotas efímeros que terminaron diluyéndose al calor de la incapacidad manifiesta de unos y otras para reiniciar un ciclo sustentable de crecimiento y desarrollo».
«En 2007 el kirchnerismo gana las presidenciales con Cristina a la cabeza; pocos meses después a mediados de 2008 pierde en el Congreso Nacional la votación por la crucial ley de retenciones móviles a las exportaciones del agro; en 2009 pierde en las legislativas de medio término con Néstor Kirchner encabezando la boleta de la Provincia de Buenos Aires, a manos de una coalición de centro derecha encabezada por Mauricio Macri, Felipe Solá, y Francisco de Narváez. En 2011 Cristina es reelegida con el 54% de los votos, y en 2013 sufre una nueva derrota en las legislativas y se clausuran sus aspiraciones de ir por un tercer mandato. En 2015 gana la derecha con Macri, que vuelve triunfar en 2017, y hoy está ante la posibilidad de perder las presidenciales».
«El estancamiento/retroceso de todas las variables económicas y sociales atraviesa este largo período de disputas sin vencedoras ni vencidas definitivos, y nos pone en el umbral de una crisis orgánica que comienza a tener consecuencias en el terreno institucional.”
https://lapiedraenelzapato.com/2019/06/05/argentina-2019-del-empate-hegemonico-a-la-crisis-organica/
En las últimas semanas, por la vía de la pérdida de reservas de divisas del Banco Central, se complica aún más el encaminamiento de las perspectivas económicas, mientras en el terreno político institucional se producen hechos que podrían alterar seriamente la estabilidad institucional del país.
El 25 de agosto Duhalde declara que “…entre 1930 y 1983 hubo 14 (catorce) dictaduras militares en la Argentina. En América Latina el que no ve es porque no sabe o no lo quiere ver, Brasil, Paraguay, Venezuela, Bolivia. En Chile los carabineros van al frente contra las movilizaciones de la sociedad. En Argentina no va haber elecciones el año próximo, para que haya elecciones tiene que haber un acuerdo que saque del medio todas estas cosas que no sirven. Esto es un desastre tan grande que no puede pasar nada bueno”.
Como es sabido ante las críticas generalizadas se desdijo, (“tuve un brote psicótico”) pero dejó plantado el huevo de la serpiente, que en pocos días empezó a dar sus frutos.
El fin de semana del 5 y 6 de setiembre en Misiones y el Chaco empezaron reclamos policiales por aumentos salariales, mientras se anunciaban por diferentes vías (redes, medios) que por el mismo motivo se estaban preparando movilizaciones policiales en la provincia de Buenos Aires. El lunes se producen los primeros conatos y ya el martes 7 al medio día la policía se acantona con los patrulleros en el centro de varios distritos del conurbano y de ciudades del interior de la provincia.
A última hora decenas de vehículos policiales salen de sus actividades habituales de patrullaje junto a cientos de policías y se instalan rodeando la sede presidencial de Olivos, quedándose instalados allí durante todo el día, negándose a hablar con el presidente que los invita a dialogar. La respuesta de la oposición es débil y contradictoria. Todos/as sus voceros/as enfatizan sobre la legitimidad del reclamo policial, pero solo algunos/as rechazan la instalación de los patrulleros frente a la sede presidencial.
El Secretario de Seguridad de la provincia desaparece de la escena mediática – a la que habitualmente es tan afín- dejando al desnudo la sorpresa que invade tanto al Gobierno provincial como al nacional, que recién dieron una respuesta en la que, si bien rechazan la presencia policial en Olivos, confirman una negociación en curso. O sea, la policía que debe responder verticalmente al poder civil negocia con sus mandos con las armas en la mano.
Los patrulleros se retiran de la sede presidencial, pero se mantienen acantonados en varios puntos del conurbano, de los que se retiran recién al día siguiente cuando el gobernador hace los anuncios concretos de importantes aumentos otorgados. La policía de la provincia de Buenos Aires compuesta por cien mil hombres y mujeres armados/as queda instalada en el escenario político nacional como un actor independiente de los mandos del Gobierno provincial.
En el terreno económico, la pérdida de reservas del Banco Central pone al Gobierno ante la posibilidad de tener que afrontar una fuerte devaluación, que inevitablemente empujaría un incremento de la inflación, con las consecuencias políticas negativas que ello le traería. Hasta ahora las medidas que viene tomando para contener no garantizan estabilidad duradera en el mercado de cambios.
El 12 de setiembre Macri vuelve al país luego de unas buenas vacaciones en Francia y publica una dura carta contra el Gobierno llamando a luchar “por la libertad”. El día 15 dice que “El futuro institucional se dirime en los próximos tres meses”. El mismo día, Duhalde repuesto de su “brote psicótico” volvió a la escena diciendo que “Alberto Fernández está ‘groggy’ como De la Rúa”.
Los hechos y las declaraciones producidas por la oposición en las últimas semanas muestran claramente que va predominando entre su dirigencia una conducta cada vez más agresiva, que abiertamente pone en duda la fortaleza del gobierno para terminar su mandato en 2023.
Las respuestas de este no son lo suficientemente firmes, quedando a la defensiva ante algunas situaciones muy complicadas como la rebelión policial de principios de este mes. Esta derecha que no es ni democrática ni republicana, busca generar un escenario de inestabilidad tal, que le permita como objetivo de máxima sacar al Gobierno actual en los próximos meses (“se dirime en los próximos tres meses”), y como mínimo debilitarlo al punto de obligarlo a tomar medidas que clausuren el camino de reconstrucción de un modelo económico inclusivo. Intenta romper mediante un golpe de fuerza el empate catastrófico que transitamos.
El único camino posible para defender lo que tenemos, y aspirar a mejorar las condiciones de millones de argentinos y argentinas que atraviesan situaciones cada vez más complicadas, es buscar construir un modelo económico y político opuesto por el vértice al que hoy tenemos.
Elegir continuar poniéndole parches sobre parches al que está vigente, es condenar a que se profundicen y extiendan las necesidades básicas insatisfechas de cada vez más habitantes de este país. A la vez que favorece la recuperación política de una derecha que se envalentona día a día.
Convocar a la movilización popular para defender el funcionamiento democrático y las reivindicaciones conquistadas que tenemos, es la única vía que nos queda. No sólo que siempre fue así, sino que se reafirmó en los últimos años a través de diversas experiencias, principalmente durante el gobierno de Macri.
Como cuando intentaron meternos por la ventana el perdón a los militares genocidas mediante la aplicación del 2 x 1 y centenares de miles de personas nos movilizamos en todo el país obligando a sancionar una ley que clausuró esa posibilidad para siempre; como cuando centenares de miles de mujeres se movilizan en todo el país para denunciar su situación de opresión consiguiendo que se sancionen diversas normas que les son favorables; como cuando centenares de miles de trabajadores desocupados se movilizan permanentemente visibilizando la grave realidad de esa Argentina que siempre tratan de ocultar; como cuando decenas de miles nos manifestamos en contra de las reformas regresivas y logramos que se postergara sin fecha la reforma laboral.
La pandemia obliga a restricciones y limitaciones muy estrictas, pero no puede ser un argumento para regalarle la calle a la derecha, ni para quedarnos inmovilizados ante sus ataques y maniobras claramente desestabilizantes. La foto de la policía rodeando la sede presidencial de Olivos fue un ataque directo a la democracia, cuya imagen quedó lesionada ante la falta de una respuesta movilizadora ejemplar.
Hay reservas en la memoria histórica a las que tenemos el deber de recurrir en momentos como los que estamos atravesando.
No hay que esperar que el agua nos cubra.
#Derecha #Sistema Democrático
Isaac Rudnik 1141882603
18/09/2020
[1] Doce gobiernos y once presidentes de la nación, porque Perón estuvo en el principio del ciclo: elegido en 1952 y derrocado en 1955, y en el final, reelegido por tercera vez en 1973 y fallecido en 1974.
[2] La dictadura del 76 ya tenía una configuración en la que predominaban los sectores financieros del poder económico.
