*Por Lic. Rubén Ciani
La aplicación de la nueva fórmula de movilidad jubilatoria, basada en la actualización según el Índice Precios al Consumidor, es un avance conceptual hacia el empobrecimiento de los jubilados. Actualizar los ingresos al ritmo de la inflación implica congelarlos en relación a su poder adquisitivo. Congelarlos en los bajos niveles que observamos, implica empobrecer a los jubilados.
La nueva formula de movilidad jubilatoria implementada por el gobierno con la promulgación del DNU 274/24, implica congelar los haberes de la clase pasiva y consolidar una abrupta caída de su poder adquisitivo. Pero también se orienta a destruir el modelo jubilaciones y pensiones que rige en Argentina basado en la contribución solidaria y la existencia conceptual del “Trabajador Pasivo” como sujeto del mismo; para transformarse definitivamente en un sistema asistencialista que atiende “Adultos Mayores”.
El deterioro de los ingresos de los jubilados retomó una senda preocupante con el proceso inflacionario de tres dígitos iniciado a mediados de 2023 y se acentuó a niveles críticos con la devaluación del mes de diciembre. En marzo de 2024 las jubilaciones presentaron un 40% de deterioro en su poder adquisitivo, comparándolas con igual mes de año pasado. Es decir, en un año las jubilaciones medidas sin bonificaciones, perdieron cerca de la mitad de su poder adquisitivo (Ver Gráfico N.º 1).
La devaluación en diciembre acelero el proceso, ubicando a los jubilados en el centro del ajuste fiscal y la “licuación” de ingresos fijos. Este sector de la población, parece haber pasado implícitamente a ser una parte altamente relevante del núcleo central de la caracterizada “casta”, que se planteaba como sujeto del recorte “motosierra” anunciado en campaña. Nada nuevo para aquellos que conocen la historia de país y la actuación de los personeros del ajuste.
Con la actualización trimestral aplicada en marzo, aún tenemos 5.5 millones de jubilados con ingresos por debajo de la línea de pobreza. El INDEC mide la canasta básica (CBT) para un adulto equivalente en $ 223.594 y la jubilación mínima con las bonificaciones otorgadas por el gobierno alcanza a solo $204.445. Cabe destacar con respecto a este análisis comparativo, que la CBT no se ajusta a las necesidades de los jubilados, donde tienen más peso los medicamentos y gastos sanitarios, que solo ponderan el 8% en la medición de INDEC; en tanto que los bonos adicionales para las jubilaciones mínimas, son acotados y excepcionales, aunque la dadiva política los considere normales.
La perspectiva que presenta la aplicación de la nueva fórmula de movilidad jubilatoria, basada en la actualización según el Índice Precios al Consumidor, es un avance conceptual hacia el empobrecimiento de los jubilados. Actualizar los ingresos al ritmo de la inflación, implica congelarlos en relación a su poder adquisitivo. Congelarlos en los bajos niveles que observamos, implica empobrecer a los jubilados.
Los anuncios del gobierno además de implementar una nueva formula de movilidad, plantean una recomposición parcial e incompleta del 12.5% para recuperar la pérdida del trimestre diciembre/febrero, que se ubica en 30%. Si bien se determina un periodo de transición con actualizaciones hasta el mes de julio, cuando entraría en vigencia plena la nueva movilidad, a partir de abril todos los ajustes jubilatorios serian mensuales idénticos a la tasa de inflación de dos meses atrás (m-2).
El gobierno evalúa una reducción de la tasa de inflación para los próximos meses, situación por la cual la nueva fórmula favorecería su objeto de reducir el componente jubilatorio en el gasto público, que en 2023 alcanzaba al 45% del total.
En este orden y a modo de simulación, si proyectamos una reducción gradual de inflación de dos puntos porcentuales por mes, partiendo de un estimativo de 12% en marzo, tendríamos estabilidad de precios a partir de septiembre. En esta simulación, la movilidad seria cero a partir del mes de noviembre y el haber jubilatorio asumiría con carácter definitivo una caída del 20% en su poder adquisitivo (base 2023 Ver Gráfico Nº 1).
Las justificaciones del gobierno para cambiar la fórmula que se basada en la actualización por salario son de naturaleza operativa. El verdadero objetivo, que es apoyado por la oposición amigable (proyecto de la Coalición Cívica) y también algunos sectores denominados “progresistas”, es eliminar los conceptos originales del sistema jubilatorio de “salario futuro” para los aportantes y “trabajador pasivo” para los beneficiarios del sistema.
Se puede discutir la sostenibilidad del sistema, pero a partir de evaluar sus conceptos básicos y amoldarlos a una nueva realidad. El cambio de la vinculación del haber pasivo con el haber activo, por un sistema de actualización asociada a cualquier indicador de precios, es crear un orden asistencial para un sector de la población.
Este debate no es secundario para la población económica, especialmente los trabajadores. El siglo XXI se caracteriza por un nuevo avance tecnológico, que se desarrolla en el marco de una concentración de ingresos y eliminación de puestos de trabajo. En este marco, la contradicción es entre la propuesta asistencialista de los modelos liberales o la aplicación instrumentos de distribución del ingreso e inclusión social, vg: impuestos a grandes fortunas, ingreso universal básico, reducción horaria, etc.
Por último, la fórmula de movilidad basada en la variación de los salarios que se está reemplazando, tiene algunos puntos defectuosos que deberían modificarse, como: a) el rezago de tres meses en la actualización, b) el alto porcentaje de actualización en base a los ingresos del ANSES, c) el tope anual.
Sin embargo, es importante destacar que la fórmula de movilidad aplicada a mediados de la década del 2000, luego que un fallo de la Corte Suprema de Justicia que obligaba al gobierno a actualizar los haberes jubilatorios, se basaba en una actualización acorde con la variación de salarios y en el marco de su aplicación, las jubilaciones recorrieron un camino de ascenso hasta el 2015.
*Rubén Ciani es Licenciado en Cs. Económicas y coordinador del área económica del ISEPCi.
Contacto: Rubén Ciani 11-56167088/ Prensa: 11-36483667
