Por Rubén Ciani y Ricardo Climent*
A la luz de lo sucedido en la Argentina en las últimas décadas, no hay ninguna evidencia empírica que demuestre que una mayor flexibilización de las leyes laborales pueda impulsar crecimiento del empleo registrado y/o impactar positivamente en el salario, sino más bien todo lo contrario.
En el marco del estancamiento en el crecimiento del empleo formal, observado desde hace unos 10 años, analizamos el impacto que tuvo la flexibilización de las leyes laborales, durante la década de 1990, en la remuneración de los trabajadores en relación de dependencia.
En los últimos años se ha instalado en la agenda política y mediática el debate sobre la necesidad de llevar adelante reformas estructurales en el sistema laboral o el estatuto del empleo. A propósito de esto, lo que se suele afirmar es que el empleo formal no crece desde hace más de una década, debido a que en Argentina el sistema laboral, con sus leyes y regulaciones “rígidas”, desalientan a invertir: cada vez habría menos empleadores con ánimos de contratar empleados, debido a los costos y riesgos que eso implica en un contexto de incertidumbre.
A grandes rasgos, lo que se ve es un amesetamiento en el total de trabajadores registrados, sin distinción de la modalidad ocupacional (es decir, allí se incluyen todas las categorías de registrados tanto del sector privado y público, como las modalidades monotributistas). Detalle no menor, ya que el problema del estancamiento se observa aún más para la categoría correspondiente a los trabajadores tradicionales del sector privado.
Se observa que hay barreras al crecimiento del empleo privado registrado (o formal) y eso se revela claramente en los gráficos anteriores. Sin embargo, nos preguntamos si acaso esto es un problema de “rigidez”. Pues, si es así, entonces la solución natural al dilema del estancamiento en el empleo formal debería ser algún tipo de flexibilización en las leyes laborales o, lo que es lo mismo, la desregulación del mercado laboral. Lo que algunos suelen llamar eufemísticamente como “modernización” del sistema laboral.
En relación con la demanda del trabajo industrial, que en Argentina se manifiesta como trabajo formal, la misma depende tanto del aumento de la producción como de la productividad del trabajo, asociada esta última al avance tecnológico. En ese orden, es relevante señalar que los índices de producción industrial marcan entre 2003 y 2014 un incremento del 64% (Base EMI mensual); porcentaje que, en sintonía con la mayor productividad, supera la ocupación laboral y para nada presupone rigidez en los convenios laborales.
A modo de una conclusión anticipada al análisis, creemos que el camino a la flexibilidad por una vía como la que se propone (la eliminación de la indemnización por despido, el replanteamiento del sistema jubilatorio, con el aumento de la edad jubilatoria, entre otras medidas) no va a promover el empleo formal, menos aún va a redundar en una mejora del salario para todos. Más bien todo lo contrario. Pues, efectivamente, esta clase de programas de flexibilización ya fueron puestos en marcha durante la década de 1990. Sin embargo, dicho proceso quedó truncado. Lo que las fuerzas “modernizadoras” pretenden y han pretendido, en última instancia, es convertir el vínculo entre trabajadores en relación de dependencia y patrones (empleados y empleadores) en meras relaciones contractuales, como si se tratara de un contrato entre individuos supuestamente libres e iguales. En otras palabras, eliminar toda forma de regulación colectiva que proteja al trabajador frente a eventuales riesgos, como las pandemias, las crisis cíclicas o los estallidos bélicos.
Lo que las fuerzas “modernizadoras” pretenden y han pretendido siempre, es convertir el vínculo entre trabajadores en relación de dependencia y patrones (entre empleados y empleadores) en meras relaciones contractuales, como si se tratara de un contrato entre individuos supuestamente libres e iguales
A continuación, lo que veremos es cómo impactaron (y continúan impactando) las reformas de flexibilización del periodo de la convertibilidad en la cuestión social del trabajo. Concretamente, analizamos cómo la flexibilidad repercutió en una variable singular -pero central- para el trabajador, como es su salario.
Cómo ya señalamos, consideramos que la promoción e implementación de tales reformas no ha llevado ni a un aumento en la cantidad de empleo (el mismo se mantiene relativamente estable), ni tampoco a mejores salarios. Por el contrario, supuso la consolidación de una sociedad cada vez más desigual, entre trabajadores aún protegidos (la categoría de los formales registrados ya mencionada) y trabajadores cada vez más desprotegidos (los no formales, categoría que ha ido aumentado sostenidamente), siendo éstos últimos los que viven el rostro nocivo de la flexibilidad que se busca extender y profundizar aún en el presente 2023. Vemos como algo llamativo que estos trabajadores precarizados, la mano de obra flexibilizada, han ido percibiendo una merma en el poder adquisitivo en todo el periodo analizado. Su salario ha caído abruptamente, sobre todo en los últimos años marcados por la crisis de 2018, luego la pandemia, el estallido del conflicto en Ucrania y actualmente la sequía. Lo que es dable observar también es una tendencia consolidada a lo largo de las décadas marcada por mayores niveles de precarización o flexibilización combinada con aumentos en la desigualdad entre los salarios del sector formal y el informal.
Una breve aclaración antes de continuar. Si bien es cierto que partimos aludiendo al estancamiento del empleo formal registrado, etc. al encontrar dificultades a la hora de dar cuenta del salario que perciben las categorías más desprotegidas dentro del sector formal (monotributistas con baja facturación), hemos tomado la decisión de considerar únicamente los salarios de los trabajadores en relación de dependencia. Es decir, solo la categoría o la población asalariada, la cual representa alrededor del 70% de la fuerza de trabajo total (en la última medición correspondiente al cuarto trimestre de 2022 estuvo en el orden del 73,6%) dejando de lado los monotributistas. Partimos de separar los formales (o protegidos), que son los que perciben descuento jubilatorio, y los informales (desprotegidos o precarizados) que no aportan a una caja jubilatoria, por lo que no se encuentran inscriptos en ningún sistema previsional que los proteja.
Dicho esto, se presenta la evolución de la remuneración promedio del Sector privado registrado y el no registrado.
A primera vista lo que se registra es una lenta caída en el salario promedio para las categorías de trabajadores no registrados. Si, por ejemplo, durante el año 1993 la remuneración promedio de un trabajador no registrado era de $37.113, en 2021 ese promedio descendió a $21.290, en términos constantes. En otras palabras, desde 1993 hasta el año 2021, el salario de los no formales se depreció aproximadamente en un 42,6% en términos reales. Gráficamente, tal tendencia a la baja puede observarse como un comportamiento sostenido, teniendo lapsos de repunte en el salario no registrado, sobre todo durante 2008 hasta 2017. Tras el estallido de la crisis en 2001 con el agotamiento del plan de la convertibilidad, las remuneraciones caen abruptamente, sin volver a recuperarse en ningún momento a los niveles previos. En cuanto a la evolución del salario de los registrados, lo que se observa es una recuperación e incluso una mejora respecto a la década de 1990, al menos entre los años 2009 y 2019, llegando a un valor máximo en 2015 ($144.910 a valores de 2021).
Ciertamente, lo que marca esta evolución heterogénea es un aumento en la relación o la proporción entre los salarios registrados y los no registrados. La línea azul del grafico n°3 precisamente da cuenta de ello. Nótese que, si, por ejemplo, el salario del sector privado registrado fue aproximadamente 3,17 veces mayor que el salario del sector privado no registrado durante 1993, para el año 2021 esa brecha se elevó a 5,85.
Teniendo en cuenta esta tendencia al crecimiento de la brecha entre el empleo formal y el flexibilizado o precarizado, se presenta ahora la forma de la estructura salarial argentina.
Lo que podemos observar en el anterior gráfico es que la brecha crece a un ritmo constante, mientras que el porcentaje de empleos protegidos o registrados se recompone luego de la crisis de la convertibilidad, aunque algo por debajo de los niveles previos a 1994 (momento en el que rondaba en el orden del 70%). Cabe aclarar que el crecimiento en la proporción entre los registrados durante el primer y segundo trimestre de 2020 se debió a la cuarentena por el COVID 19, que provocó un corte abrupto en la posibilidad de circular (cuestión que afectó principalmente a quienes se encontraban haciendo changas y otros tipos de trabajos más informales).
CONCLUYENDO
Si volvemos nuevamente al gráfico n °1, lo que podemos deducir es que la brecha se explica por la combinación de dos factores o aspectos. Por un lado, el abrupto y sostenido descenso del salario real del empleo precario, mientras que el otro es el crecimiento y sostenimiento del poder adquisitivo del salario protegido, con algunos descensos reconocibles al menos en el periodo del gobierno de la alianza CAMBIEMOS que va del 2016 al 2019 (la caída fue del 14,5%, exactamente) y en el actual (1% entre 2020 y noviembre de 2022).
Asimismo, lo que se percibe es que la consolidación del empleo no protegido (alrededor del 35% del total de los asalariados) no parece haberse traducido en mejores remuneraciones en general, sino más bien en una pérdida del salario real en el sector más frágil de la sociedad salarial. Precisamente, al poseer herramientas que le permiten asegurarse frente a diversos factores de riesgos, como puede ser la inflación, la sequía o la pandemia, el empleo formal protegido pudo sostener cierta capacidad de compra. Sin embargo, en el caso del precario eso no ocurre. Con lo cual lo que se concluye a partir de los datos ya expuestos, es que no hay ninguna evidencia empírica que demuestre que una mayor flexibilización impacta positivamente en el salario, sino más bien todo lo contrario.
*Rubén Ciani (Coord. del área económica del ISEPCi) y Ricardo Climent (investigador integrante del área económica del ISEPCi).
**Contacto: Rubén Ciani 11-56167088/ Prensa: 11-36483667
