*Por Raúl Pont
El Brasil 2002 y la victoria de Lula
La victoria de Lula en 2022 se produce en un contexto cíclico mucho más difícil y adverso que a principios de siglo. En 2002, a pesar de la década (1995/2002) de predominio de Fernando Henrique Cardoso, el PSDB y sus aliados asumieron plenamente la visión global dominante del neoliberalismo y llevaron a cabo varias de sus políticas. Las victorias electorales del PT en las grandes ciudades y estados, así como su crecimiento en las legislaturas estatales y nacionales, crearon la impresión de un aumento de las luchas sociales y del carácter innovador de las políticas públicas en los municipios, que alcanzaron su punto máximo en Porto Alegre con las primeras ediciones del Foro Social Mundial (2001/2003).
En contexto
Lula ganó las elecciones con un Frente Popular (PT, PCdoB, PSB y sectores de otros partidos) y sin mayoría en el Congreso, pero en un ambiente de optimismo que generó grandes expectativas. Esto significó que el PT y la izquierda no percibieron en todas sus dimensiones el dominio global del neoliberalismo, sus efectos en Brasil y el significado estratégico de la derrota del campo socialista, especialmente en Europa.
El gobierno de Lula (2003), con el apoyo mayoritario del PT, optó por la construcción de su gobernabilidad del Congreso con partidos de centro. En esa elección, el PT eligió a 91 diputados federales, lo que no representaba ni siquiera el 20% de la Cámara Federal. Con los aliados, llegamos a 130/140 diputados, y con el PSOL(partido de izquierda) en la oposición. La Cámara Federal está compuesta por 513 diputados.
Esta política de alianzas se dio con un centro que siempre estuvo presionando lentamente al gobierno para que adopte una práctica conciliadora. Mientras, las políticas de inclusión social, distribución, expansión del consumo, garantía de los derechos constitucionales, políticas que afirman las cuotas sociales y raciales en las universidades y los servicios públicos, de vivienda asequible, de acceso al crédito bancario, etc., se iban convirtiendo en la política dominante del gobierno. Todas medidas importantes, necesarias, pero que no indicaban rupturas ni avances significativos anticapitalistas.
La primera gran ola de privatizaciones por parte de los gobiernos anteriores de Collor de Mello y Fernando Henrique Cardoso se detuvo, y las empresas públicas y las políticas de inversión pública en áreas sociales impulsaron el crecimiento económico. En los dos primeros años, hubo incluso un fuerte debate interno en el gobierno y en el Partido, debido a la visión predominante de una política de austeridad fiscal que provenía de la FHC.
Basándose en los cambios en la economía, con el nuevo equipo (el ministro Guido Mantega) y con la Política de Aceleración del Crecimiento (PAC), el país superó la nueva fase positiva gracias al aumento de los productos agrícolas, minerales y petróleo en el mercado internacional, especialmente con China. Los descubrimientos de depósitos de petróleo del PRESAL en el Océano Atlántico transformaron a PETROBRÁS en una palanca de crecimiento económico.
Las Alianzas con los partidos de centro y la oposición mediática
El PT comienza a sufrir una campaña de criminalización a través de los medios de comunicación con la complicidad del Poder Judicial y las grandes federaciones empresariales.
A pesar de la dura oposición de los medios de comunicación (las principales cadenas de radio y televisión), de los bancos y de la burguesía empresarial, el gobierno pudo ser reelegido tres veces más, con Lula y, a partir de 2010 con Dilma. Pero sin presentar una alternativa al sistema electoral antidemocrático (financiación privada, votación nominal, desigualdad en la representación proporcional entre los Estados); sin cambios ni en el sistema de Seguridad Pública (policía militar estatal subordinada a las Fuerzas Armadas); tampoco en el poder judicial, ni en los monopolios de los medios de comunicación, y sin ninguna innovación en el método del gobierno que permitiera avanzar hacia la democracia participativa; cada vez más dependiente de los acuerdos y alianzas en el Congreso, que incluyó la llegada al gobierno de partidos de centroderecha, como el Partido Progresista (antiguo ARENA).
Esta política se extendió a los estados y municipios, descaracterizando erróneamente al PT, de sus experiencias de democracia participativa, subordinándose cada vez más a la lógica de las alianzas del gobierno federal. La pérdida de identidad del PT se va haciendo evidente y, al mismo tiempo, comienza a sufrir una campaña de criminalización a través de los medios de comunicación con la complicidad del Poder Judicial y las grandes federaciones empresariales.
Los procesos típicos de «cumplimiento de la ley» criminalizan al gobierno, pero especialmente al Partido. Operaciones como la llamada «cuota mensual» (2005) (acusaciones de que el PT pagaba cuotas mensuales a otros partidos a cambio de votos en el Congreso), fueron impulsadas por los medios de comunicación en una campaña que derrocó a los ministros y a la dirección del partido, y que años después se comprobó la falta de pruebas y la farsa de las acusaciones, pero se logró el objetivo: ya no se recupera la imagen del Partido, sus cuadros y líderes.
Más tarde, durante el gobierno de Dilma, tuvimos otra operación similar a la «Lava Jato», en la que las acusaciones de corrupción entre los directores de PETROBRÁS y los grandes contratistas que trabajaban o prestaban servicios y/o obras a la empresa estatal, se transformaron en acusaciones contra el gobierno de Dilma y contra Lula. Fue una operación organizada entre el Ministerio Público y el Tribunal Federal de Curitiba, dirigida por el juez Sérgio Moro, para impedir la candidatura de Lula y detenerlo, en una de las mayores falsificaciones de los tribunales brasileños. Pero eso cumplió su función. Arrestaron a Lula, se le impidió ser candidato y Moro se convirtió en ministro de Bolsonaro.
La política de gobernabilidad a través de alianzas en el Congreso también tuvo un alto precio al impedir cualquier reforma del antidemocrático sistema electoral del país. La votación nominal es el mayor obstáculo para el progreso democrático en Brasil. Debilita a los partidos y dificulta su identidad programática. Fomenta la corrupción y la búsqueda desenfrenada de recursos para sostener campañas individualizadas y favorece la visión clienteliata de las elecciones y la política.
Incluso con la reelección de Lula en 2006 y la elección de Dilma en 2010, por lo tanto, con la aceptación de sus gobiernos, el PT redujo sus diputados electos en la Cámara Federal: 2002 (91), 2006 (83), 2010 (88), 2014 (69) y 2018 (56). Esto aumentó la dependencia de los aliados.
Hasta la reelección de Dilma (2014), los principales partidos seguían viniendo de la conquista democrática contra el régimen militar. El MDB y su mayor escisión, el PSDB, que a pesar de su nombre, «Partido de la Social Democracia Brasileña», se convirtieron en defensores del neoliberalismo. El antiguo ARENA, partidario de la dictadura, se transformó en el PDS, «partido socialdemócrata», y luego en el Partido Progresista (PP), sufrió una importante división en los años 80 y su mayoría pasó a ser el PFL, «partido del frente liberal».
En otras palabras, los partidos grandes y tradicionales de la clase dominante se convirtieron en partidos neoliberales, con algunos matices y regionalidades. Incluso después de la victoria de Bolsonaro en 2018, el PFL se fusionaría con el partido que lo eligió, el PSL, dando lugar al actual DEM, los «demócratas». Los partidos obreros (PDT y PTB), con sus orígenes en el getulismo, y el PSB (socialista) tienen poca identidad política, con fuertes variaciones regionales y siempre secundarios a los procesos nacionales.
El golpe contra Dilma
El golpe que sacó a Dilma del gobierno al impedirle entrar en el Congreso contó con el apoyo de la mayoría de los diputados de esos partidos tradicionales. El PSDB no aceptó la derrota de 2014 y lideró el frente golpista que se estaba organizando en el Congreso. Las concesiones del gobierno y el nombramiento de alguien de los grandes bancos en el Ministerio de Hacienda, terminaron debilitando aún más su apoyo.
El vicepresidente electo con Dilma, Michel Temer (MDB) fue uno de los principales articuladores del golpe y recorrió el país promoviendo el programa ultra neoliberal a través del proyecto «Puente al futuro», que fue el programa del gobierno que encabezó después del golpe.
Los medios de comunicación, las federaciones empresariales (a pesar de las políticas de Dilma para favorecer la inversión privada), las Fuerzas Armadas (que afirman que no aceptan ninguna revisión de la «Amnistía para todos» y de la labor del Comité de Memoria y Verdad) y la complicidad del poder judicial (que legaliza y legitima la destitución de la Presidenta) conforman el marco en el que se lleva a cabo el golpe de 2016.
El fraude se completa con la farsa del juicio contra Lula y su arresto para sacarlo de las elecciones de 2018. Hoy salió a la luz todo este fraude y el propio Tribunal Supremo Federal, que fue cómplice, terminó exonerando a Lula y castigando a sus verdugos.
La crisis y la inestabilidad política que se derivaron de este proceso terminaron favoreciendo la elección de Bolsonaro fuera de los partidos tradicionales, en un discurso antisistema, basado en una agenda conservadora de costumbres y valores morales. Con una defensa hipócrita de los preceptos religiosos fundamentalistas e intolerantes que desvió la atención de sus compromisos con el neoliberalismo que Temer ya había iniciado. Y lo hizo a través de ataques a los sindicatos y las leyes laborales de casi un siglo de logros, políticas sociales en las áreas de salud y educación, en las privatizaciones y la entrega de los bienes públicos y el desmantelamiento del Estado con la constitucionalización de los límites al gasto público, la «autonomía» del Banco Central frente a los gobiernos electos y la alineación servil con las políticas imperialistas de los Estados Unidos.
El gobierno de Bolsonaro
Bolsonaro continuó con estas políticas de una manera más arrogante, grosera, corrupta y autoritaria, debilitando los organismos de control y supervisión del Estado (liquidación de los organismos de control ambiental en la Amazonía), favoreciendo la evasión fiscal a través de organismos como el Consejo Administrativo de Recursos Tributarios (CARF), donde se está anulando o reduciendo una reserva de más de 1,5 billones de reales en evaluaciones fiscales en favor de las empresas. El Banco Central se convierte en una agencia para los grandes bancos y la especulación financiera.
Esta orientación va seguida de intervenciones flagrantes de la Policía Federal, el Ministerio Público, las universidades y los institutos federales (falta de respeto a la autonomía y la democracia interna). Los cultos pentecostales disfrazados de partidos políticos son intermediarios y ejecutores de las políticas sociales, educativas y de asistencia social que deberían llevar a cabo las instituciones públicas. Fueron la base del apoyo popular al bolsonarismo mediante el amiguismo, la corrupción y la manipulación religiosa de las personas a través del «evangelio de la prosperidad». Son los partidos que más han crecido como aparatos electorales y sustituyen a los partidos tradicionales en la captación del voto manipulado, comprado, engañado, etc.
En 2018, el partido que promovió a Bolsonaro tenía un diputado y eligió a 52. En 2018, el PT llegó a 56 diputados. Los dos partidos más votados no superaron el 10% de la Cámara Federal, cada uno de ellos. El derrocamiento y la caída de los principales partidos y la crisis del sistema representativo, son el resultado de la barbarie bolsonarista. Entregó el gobierno al banquero y especulador Paulo Guedes, defensor de un ultra neoliberalismo que empuja al país hacia un neocolonialismo dominado por las exportaciones primarias (soja, maíz, mineral, materias primas), y liquida la industria, que queda por debajo del 10% en la formación del PIB.
Los empresarios que aceptaron la destrucción de la industria, y defendieron a Bolsonaro, se dedicaron al comercio de importaciones y a la especulación financiera, transformando al país con la pulverización y atomización de los trabajadores, en el reino de la uberización, la subcontratación, la precariedad de los contratos laborales intermitentes y el aumento de la jornada laboral.
Con la economía entregada a Paulo Guedes, es decir, la especulación financiera, en el Congreso los partidos alineados con Bolsonaro capturaron la agenda política y transformaron el gobierno en rehén de una mayoría conservadora, ideológicamente neoliberal, pero con sus propios intereses en la burocracia estatal, en los ministerios, en el control del presupuesto y los fondos públicos para el enriquecimiento empresarial y personal.
Sigue segunda parte: El tercer Gobierno de Lula
*Raúl Pont es un importante dirigente político brasilero, exintendente de Porto Alegre y uno de los fundadores del PT.
Isaac Rudnik es Director Nacional del Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana (ISEPCI). Contacto: 11-41882603/ Prensa: 11-36483667
