*Por Raúl Pont
La tercera presidencia de Lula da Silva
El espacio en el que opera la tercera administración de Lula es mucho peor que el de 2003 con grandes empresas públicas privatizadas. Eletrobrás sigue bajo la influencia del Estado, pero está bajo el control de una minoría privada de accionistas. Petrobrás perdió su distribuidora, los oleoductos y gasoductos, parte de las refinerías y los depósitos de Pre Sal, pero aún tiene la mayoría del estado en propiedad de lo que quedaba y permite su recuperación. Los principales bancos de desarrollo: Banco do Brasil, Caixa Econônica y BNDES, siguen siendo públicos y pueden desempeñar un papel importante, que ya están cumpliendo.
El Brasil 2023 con el que se encontró Lula y sus primeras medidas
En un régimen político presidencial donde el Ejecutivo elabora y ejecuta el Presupuesto, el Bloque llamado «Centrão» aprobó la figura de la «enmienda tributaria parlamentaria» y el relator de la ley de presupuesto y las presidencias del Senado y la Cámara el control de un «presupuesto secreto» con el que manipulan y controlan los votos en el Congreso. Los dos presidentes, del Senado y de la Cámara, son actualmente los mismos que dirigieron el Congreso con Bolsonaro y buscan mantener a Lula también como rehén de este juego de semifinales presidencialismo.
Este es el país que encontró Lula tras la durísima victoria electoral. El gobierno, sometido a la «ley de techo de gasto», el Banco Central autónomo, con mandato hasta 2024, aplica una tasa de interés básica del 13,75% a los bonos del gobierno, mientras que la inflación es inferior al 5% y el país mantiene reservas de divisas que se acumularon bajo los gobiernos de Lula/Dilma por encima de los 300 000 millones de dólares y sin deuda externa.
Con esta tasa de interés del 13,75%, no hay forma de volver a crecer, distribuir los ingresos y recuperar puestos de trabajo. Sin que el Estado reinvierta y atraiga al sector privado, el sector privado seguirá viviendo de la especulación financiera.
Las primeras medidas del gobierno de Lula, ante esta situación en la que nos encaminábamos hacia una recesión a finales de este año, agravada por la pandemia de covid-19 que causó más de 700 mil muertes en Brasil y consecuencias brutales para la población más pobre y explotada, tienen como objetivo reanudar los programas de inclusión social. Como por ejemplo Bolsa Familia (para combatir el hambre y la pobreza extrema), los programas de vivienda, agua y electricidad para todos. La reanudación de una política de recuperación del salario mínimo que se ajusta cada año por encima de la inflación, la expansión de la exención del impuesto sobre la renta, las medidas ya en vigor y una aún tímida reforma tributaria en el ámbito de la circulación de bienes y servicios, que aumenta la participación y la recaudación de los estados y municipios mediante un impuesto al valor agregado que favorece la recaudación en destino y pone fin a la guerra fiscal que existe hoy entre los Estados, con exenciones y beneficios para las empresas como política de atracción de inversiones.
Si bien Lula prometió durante la campaña electoral que reemplazaría el «Presupuesto secreto por un presupuesto participativo», así como que se enfrentaría a la tasa de interés del Banco Central, la realidad de la relación de fuerzas es diferente.
No lo es, y todavía está lejos de ser una reforma tributaria efectiva que grava los ingresos, las ganancias y la propiedad. Seguimos siendo un paraíso fiscal para los ricos.
Lula mantiene, en cada oportunidad, las críticas al Banco Central y a su presidente. Ahora, el movimiento sindical y otros sectores se suman a esto. Sin embargo, el gobierno no ha emprendido ninguna acción legal en ese sentido.
En cuanto al presupuesto, por ley, el gobierno está obligado a presentar un plan plurianual, una especie de plan de objetivos para los próximos 4 años. El gobierno tomó la iniciativa de hacerlo mediante debates públicos y presentaciones en las 27 capitales y mediante la participación a través de Internet, alentando a los partidos y movimientos sociales que apoyaban al gobierno a organizarse y ampliar la participación con el objetivo de convertirse en un embrión, una experiencia destinada a lograr una participación más amplia y específica en obras y servicios en los presupuestos anuales.
El fortalecimiento del Sistema Único de Salud, la expansión de las universidades públicas y los Institutos Federales de Educación, que tienen tasas de gasto constitucionales obligatorias en el Presupuesto, requieren superar los límites impuestos al gasto público para lograrlo, lo que estimulará las movilizaciones de los sectores sociales que luchan por derrotar esta política. En otras palabras, la tensión será permanente.
En el proyecto enviado por el gobierno para un nuevo límite de gastos que no figura en la Constitución, la propuesta era tímida, muy por debajo de lo necesario y sin movilización social. Aún no ha salido del Congreso, pero será un punto de conflicto permanente en los términos en que fue remitido.
Por todo esto, el espacio en el que opera la tercera administración de Lula es mucho peor que el de 2003. Grandes empresas públicas privatizadas. Eletrobrás sigue bajo la influencia del Estado, pero por decisión del gobierno de Bolsonaro está bajo el control de una minoría privada de accionistas. Petrobrás perdió su distribuidora, los oleoductos y gasoductos, parte de las refinerías y los depósitos de Pre Sal, pero aún tiene la mayoría del estado en propiedad de lo que quedaba y permite su recuperación. Los principales bancos de desarrollo: Banco do Brasil, Caixa Econônica y BNDES, siguen siendo públicos y pueden desempeñar un papel importante y ya están cumpliendo esta función en la financiación de la producción y la vivienda.
La correlación de fuerzas
Otro cambio significativo entre 2003 y 2023 es la relación de fuerza política y partidaria en el Congreso y en los estados (gobiernos y legislaturas). Durante nuestros primeros gobiernos, la principal disputa ideológico-programática fue con el PSDB, que desde FHC se había convertido en la vanguardia del neoliberalismo en el país. Apoyado por una gran parte del MDB y otras fuerzas que provenían de ARENA (dictadura militar) y sus consecuencias (Partido Progresista, Partido del Frente Liberal).
En estas elecciones de 2022, la representación del bolsonarismo como proyecto aparece a través del Partido Liberal, que sostuvo a Bolsonaro y fue individualmente el Partido más votado con 90 diputados y los republicanos (40), el brazo de la Iglesia Universal del Reino de Dios, constituyeron la novedad en comparación con 2003. Un bloque bolsonarista que amplía este número porque, además de otros partidos pequeños, tiene miembros en el campo de Centrão. Esto, a su vez, se presenta como la mayor fuerza, ya que reúne a União Brasil (59), PSD (42), PP (47) y otros pequeños partidos en peligro de extinción o votos de los partidos del Bolsonarismo.
El núcleo básico que eligió a Lula fue la coalición de dos federaciones, la primera (PT, PCdoB y Partido Verde) y la segunda (PSOL y Rede). La primera obtuvo 81 escaños y la segunda 14. En la primera ronda se sumaron el PSB (14) y otros pequeños, y en la segunda se ampliaron sectores del MDB, principalmente en el Nordeste, parte de la Federación (PSDB y Ciudadanía) y el PDT.
Por lo tanto, además del «Centrão» mayoritario en la Cámara, las bancadas bolsonaristas tienen el mismo tamaño que la coalición de las dos federaciones de izquierda lideradas por el PT y el PSOL. ¿Las bancadas bolsonaristas serán efímeras y oportunistas como las del PSL en 2018? ¿Podrán formatear un programa y un proyecto a largo plazo? En mi opinión, será difícil por la heterogeneidad de su composición sin la figura del «mito» Bolsonaro. Esto también se aplica a otras partes, como União Brasil (fusión del PSL y el DEM) y PSD (42). El PSDB y el MDB también parecen ser grandes perdedores. Este tema partidario, clave para algún cambio en la relación de fuerzas parlamentarias, sufrió una reforma menor en los años 2017/2018.
Asustado por la pérdida de control sobre la expansión de los partidos (más de 30 con representación en la Cámara) y por las demandas por corrupción electoral presentadas por los tribunales electorales. El Congreso aprobó una mini reforma que creaba una cláusula de desempeño progresivo en cada elección posterior, la financiación pública de las campañas con una distribución de los recursos en proporción a los partidos y la posibilidad de establecer federaciones permanentes, además de las coaliciones electorales tradicionales sin compromisos importantes.
La unidad de la izquierda y la recuperación del PT
Más tarde, la cláusula de desempeño y las Federaciones pasaron a ser positivas y moralizantes. Las federaciones requieren un carácter nacional, un programa común, bancos unificados y un plazo mínimo de 4 años. El carácter nacional y el programa común disminuyen y limitan la regionalización oportunista y carente de principios común en la vida partidaria brasileña.
La coalición de federaciones del bando de la izquierda contribuyó a una unidad sin precedentes en el país. Casi todos los estados estuvimos juntos, lo que permitió vivir la experiencia de construir un verdadero Frente de Izquierda en el país con mayor fuerza y capacidad para atraer a otros grupos pequeños del campo popular.
En la segunda vuelta, se sumaron otros partidos o sectores de partidos, lo que permitió reunir a 10 partidos en torno a Lula y al frente «Vamos juntos», que ganó con 60 millones de votos. Había sectores del MDB, PDT, Avante y Podemos del noreste.
En el noreste, están los estados que gobierna el PT: Bahía, Piauí, Ceará y Rio Grande do Norte y participa en otros con el PSB y el MDB. Fue la región que garantizó proporcionalmente la mayor cantidad de votos para Calamar.
Sin embargo, al igual que en 2003, el gobierno optó por una coalición más amplia que lo eligió, con la participación de otros sectores del MDB, la União Brasil y el PP, además del PDT y el PSB, que habían nombrado al vicepresidente Geraldo Alckmin, quien gobernó São Paulo cuando aún estaba en el PSDB.
Esta estrategia cuenta con el apoyo mayoritario del Partido, pero no es consensuada, como lo es la reciente medida para establecer otro techo o límite de gasto para reemplazar la restricción constitucional impuesta por Temer y Bolsonaro. Un tercio de la bancada del PT votó a favor del gobierno, pero publicó una evaluación crítica del proyecto, por considerarlo insuficiente para recuperar el crecimiento económico.
El Partido y la Federación (PT/PCdoB y Verde) están unidos en la defensa del gobierno y no hay perspectivas de crisis o rupturas internas, pero dentro del PT se critica la postura de ampliar el gobierno con sectores de centroderecha porque no son confiables y llegan a los ministerios sin garantizar los votos de sus bases parlamentarias. Esto también se aplica al PDT y al PSB, que no pueden centralizar a todos sus diputados. Es la fragilidad de la historia política de los partidos brasileños y del sistema electoral basado en el voto nominal. Sin embargo, esto ha sido demandado y criticado constantemente por algunas de las corrientes internas del PT. También exigen una acción más autónoma, con una mayor iniciativa en relación con el gobierno. La lógica de simplemente defenderlo, no criticar, no fomentar la autonomía de los sindicatos y los movimientos sociales sigue siendo un problema.
El Partido ha ido recuperando su imagen positiva entre la población en las encuestas de opinión, pero en un grado diferente al de épocas anteriores. Y con un antipetismo airado e intolerante creado por los medios tradicionales, las redes sociales y las bases de las iglesias evangélicas.
En las redes sociales y en su uso criminal y masivo, apoyado por ricos y empresarios a escala industrial por robots, reside la intolerancia y el prejuicio contra el Partido. Esta última es incapaz de romper esa barrera y en las elecciones está muy por debajo del porcentaje de simpatía o adhesión a las urnas en las elecciones. Lula obtuvo 58 millones de votos en la primera vuelta, y la Federación (PT, PCdoB y PV) del país no alcanzó los 15 millones para la Cámara Federal. Esta dicotomía, este abismo es uno de los grandes desafíos inmediatos. Sostenemos que la votación nominal tiene una gran responsabilidad en este sentido, al igual que los prejuicios y las mentiras de las noticias falsas.
Sin embargo, era importante volver en 2022 al nivel de más de 70 diputados federales y un centenar de diputados estatales. Las elecciones municipales de 2024 serán una prueba importante para evaluar o no esta tendencia de recuperación. Hoy gobernamos alrededor de 180 municipios y tenemos más de 2650 concejales en el país. En 2012, gestionamos más de 630 ciudades, muchas capitales y grandes ciudades, y superamos los 5000 concejales electos. Son referencias para evaluar el grado de aceptación o no después de la tormenta que vivimos.
Desafíos en la tercera presidencia de Lula
Nuestra lucha hoy, dentro del PT, apunta a recuperar una identidad política, de un partido anticapitalista, profundamente democrático, con igualdad de género en su liderazgo y que también sea un partido antirracista, feminista y ambientalista. Para ello, nuestra contribución apunta a una actualización programática, a reanudar la ofensiva en la reforma política, en la democracia participativa, en una reforma tributaria que afecte al capital y la propiedad, y a combatir la privatización.
El gobierno ha marcado con fuerza una política internacional que no está alineada con los Estados Unidos y en contra de la cosmovisión unipolar impuesta por el neoliberalismo. En las reuniones con Biden, Lula mantuvo una postura de autonomía y defensa de una política de paz sobre el tema ucraniano. También lo hizo durante su visita a la Unión Europea y busca formar un campo que se centre en un mundo multilateral. Reunió a los gobiernos sudamericanos en Brasilia, reabrió las relaciones diplomáticas con Venezuela, invirtió en la reconstrucción de la UNASUR y quiere fortalecer la integración latinoamericana, expandir el Mercosur, etc. Esto no es sencillo. La reacción de los presidentes de Uruguay y Chile en relación con Venezuela en la reunión de Brasilia lo demostró. Pero Lula reafirmó su posición y la mantendrá.
Este mes (junio 2023), el PT patrocina otra reunión del Foro de São Paulo en Brasilia, retomando la amplia experiencia del conocimiento mutuo, el acercamiento entre los partidos de izquierda del continente y la búsqueda de acciones comunes en nuestros países. En estos primeros seis meses, Lula viajó y actuó más ante los gobiernos y los problemas globales que los cuatro años de Bolsonaro, lo que demuestra la importancia de las relaciones internacionales y del liderazgo que defendemos para el país.
Los BRICS se han reanudado, China es el mayor socio comercial del país y, en el área de la infraestructura de transporte, la energía y la movilidad, es un socio importante que hay que mantener. Dilma Rousseff asumió la presidencia del Nuevo Banco de Desarrollo, el Banco BRICS, por una alternativa de financiación para el desarrollo de los pueblos sin las interferencias y las políticas impuestas por el FMI y el Banco Mundial.
Esto no crea ninguna ilusión con respecto al peso y la fuerza del imperialismo norteamericano en el país y su relación privilegiada y cómplice entre las Fuerzas Armadas de Brasil y los Estados Unidos. La visión predominante en las fuerzas armadas sigue siendo la de la Guerra Fría, ahora endulzada como una disputa entre Occidente y Oriente debido a la evidente falta de apoyo al «peligro rojo». Internamente, las fuerzas armadas aquí siguen defendiendo su papel de poder moderador, de supervisión del Estado, y esto es grave y peligroso. Nunca fueron juzgados y quedaron impunes por encima de la ley por su tarea de defender los «valores occidentales y civilizadores» de la sociedad brasileña.
El resultado de los juicios a los protagonistas o cómplices del intento de golpe de Estado del 8 de enero y el acertijo llevado a cabo en la Praça dos Três Powers de Brasilia podrían marcar un hito en las relaciones con los militares. Las investigaciones más recientes de la Política Federal sobre la recuperación de los archivos de teléfonos móviles de soldados de la oficina presidencial de Bolsonaro demuestran la preparación y las responsabilidades del expresidente y sus asistentes directos en la preparación y organización de las medidas que se tomarían para evitar que el golpe de estado llegara al poder. Pero, sin lugar a dudas, la relación con las fuerzas armadas es uno de los mayores problemas de la democracia brasileña.
*Raúl Pont es un importante dirigente político brasilero, exintendente de Porto Alegre y uno de los fundadores del PT.
Isaac Rudnik es Director Nacional del Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana (ISEPCI). Contacto: 11-41882603/ Prensa: 11-36483667
