La violencia y la corrupción atacan la vida de mujeres y jóvenes
Escribe: Giovana Martínez (MUMALÁ Jujuy)
Que tiemble el Estado, los cielos, las calles
Que tiemblen los jueces y los judiciales
Hoy a las mujeres nos quitan la calma
Nos sembraron miedo, nos crecieron alas.
A cada minuto de cada semana
nos roban amigas, nos matan hermanas
destrozan sus cuerpos, los desaparecen
No olvide sus nombres, por favor, el ESTADO AUSENTE.
Soy Cesia, soy Roxana y soy Teresa
Soy Iara, soy Nahir y soy Valeria
Soy la niña que subiste por la fuerza
Soy la madre que ahora llora por sus muertas
Y soy ésta que te hará pagar las cuentas.
En las últimas semanas, en toda la provincia de Jujuy, se realizaron una serie de manifestaciones y marchas en distintas localidades, desde la puna y quebrada hasta los valles y yungas. Esta serie de acontecimientos surgieron a raíz de cuatro femicidios que sucedieron en el mes de septiembre, tres de ellos salieron a la luz en tan solo una semana.
En lo que va del año se registraron nueve femicidios y dos más están en proceso de investigación. De esta manera Jujuy alcanza la tasa más alta del país, con dos casos cada 100.000 mujeres. (Observatorio MuMaLa; datos relevados entre el 1 enero al 30 de septiembre del 2020).
Cesia Reinaga (20 años), en la localidad de Abra Pampa, fue el primer femicidio que se conoció el 8 de septiembre. Luego de estar 10 días desaparecida, su cuerpo fue hallado por un vecino en un pozo de aguas servidas del matadero municipal, atada a un pedazo de cemento. Hasta el momento hay tres detenidos y se sospecha que estamos ante una red vinculada a un sector político de la localidad que extorsiona a jóvenes.
Iara Sabrina Rueda (16 años) de la ciudad de Palpalá, estuvo desaparecida y fue arduamente buscada durante cuatro días por familiares y vecines que organizaron rastrillajes ante la demora del accionar de la policía. Frente a la desidia y abandono por parte del Estado provincial, se anunció el corte de la ruta 66 para demandar acciones concretas para localizarla. Esa mañana la policía la encontró semienterrada en un descampado que el día anterior había sido rastrillado por los vecinos. La indignación y el dolor impulsaron una masiva movilización, que terminó con represión policial. Les vecines habían identificado a la Brigada de Investigaciones de Palpalá como uno de los responsables de subestimar el caso y la búsqueda.
Roxana Mazala (31 años), pequeña productora de Perico e integrante del Movimiento de los Trabajadores Excluidos (MTE) había participado de la marcha en pedido de justicia por Iara y aparición con vida de Gabriela Cruz. Al día siguiente, nos encontramos con la noticia que había sido asesinada por su pareja. Conocimos también que Roxana había realizado denuncias por violencia doméstica y ante la falta de acceso y contención a su situación no tuvo más alternativas que reestablecer lazos con su agresor.
Gabriela Cruz (24 años) también de la localidad de Palpalá, luego de siete días desaparecida fue encontrada asesinada semienterrada en las Serranías de Zapla. El responsable de su muerte, ex pareja y padre de une de sus hijes había participado de los rastrillajes organizados por los vecinos.
Berta Jaramillo, de 69 años, de la localidad de Fraile Pintado muere el 3 de octubre, en circunstancias que siguen en investigación.
Contabilizamos así 4 femicidios en un mes y 1 muerte de mujer en contexto dudoso.
Los femicidios registrados se presentan en una provincia donde la violencia e impunidad se expresan de múltiples formas.
Desde hace tiempo las colectivas feministas denuncian a funcionarios del Gobierno y del Poder Judicial no solo por abusos, sino también de violaciones y violencia de género hacia trabajadoras de diferentes dependencias. También han sido denunciados funcionarios por abusos a menores. Lejos de ser separados de sus cargos, siguen manteniendo espacios de poder y en muchos casos han sido relocalizados en otros organismos.
La violencia no solo se expresa en estas situaciones sino también en la persecución a dirigentes políticos: sanciones contravencionales, juicios y cárcel. En Jujuy denunciar el hambre y la miseria es razón para la persecución por parte del Estado y de un poder judicial totalmente enviciados.
La desigualdad se vive en el campo y en la ciudad. Según el registro del IBP del mes de septiembre una familia jujeña necesitó $ 43.475,90 para no caer bajo la línea de pobreza y $ 17.673,13 para no llegar a la condición de indigentes (ISEPCi Jujuy; septiembre 2020).Pocas familias alcanzan este nivel de ingreso.
En el campo, las explotaciones de carácter extractivista ponen en riesgo la sustentabilidad de los sistemas ecológicos y agroecológicos y avanzaron en el desarrollo de sus proyectos en el contexto de la pandemia. Las empresas mineras de la puna así como Ledesma en el ramal, amparándose en su carácter de “actividad esencial” han registrado altos casos de contagios y mortandad entre trabajadores por COVID 19.
Los desmontes avanzaron en la zona chaqueña y en los valles. En Perico, el proyecto de producción de cannabis avanza a pasos agigantados, a riesgo de la expulsión de cientos de familias productoras de alimentos y con potencialidad de convertir a finca El Pongo en un territorio militarizado.
La respuesta del Gobierno ante los reclamos de trabajadores afectados por COVID, víctimas de violencia y organizaciones sociales fue la quita de responsabilidades transfiriendo a las personas individuales lo que le cabe al Estado. En vez de escuchar los reclamos, el Gobierno elige estigmatizar la protesta social.
Sin embargo los funcionarios no pueden responder por qué el helicóptero fue utilizado para identificar y perseguir a jóvenes de los barrios populares que no cumplían con el ASPO y no para la búsqueda de personas desaparecidas. Tampoco por qué quieren crear un comité para la búsqueda de personas desaparecidas, cuando ya hay organismos que tienen esa injerencia, en el marco de la atención, recepción de denuncias y búsqueda de personas. Estas cuestiones son, entre otras, de las que no da cuenta el Gobierno provincial.
Con la confirmación de que el cuerpo encontrado era el de Iara, la marcha por el pedido de justicia fue multitudinaria y movilizó no solo a las colectivas feministas, sino que unió en el reclamo a organizaciones políticas, sociales y gremiales y el pueblo en general. La ciudad siderúrgica, que ni en plena privatización de Altos Hornos Zapla, ni cuando aumentaron los accidentes de trabajo por el vaciamiento de la planta, se vio tan movilizada.
Tampoco se había visto en la provincia, como ocurrió días después, una movilización tan grande con carteles y pañuelos violetas y verdes, que al grito de que el Estado es responsable convirtió el dolor y la bronca en demandas justas:
¡Ley de Emergencia en Violencia de Género ya! ¡Morales, Meyer* y Martínez ** responsables!
#Femicidios #Jujuy #Violencia
*Ekel Meyer: Ministro de Seguridad de la provincia.
** Alejandra Martínez: presidenta del Consejo Provincial de la Mujer y la Igualdad de Género de Jujuy.
