Las condiciones en que se desarrollan la economía y la política del país son muy desfavorables: CRISIS GLOBAL + CRISIS LOCAL HEREDADA + PANDEMIA, constituyen un contexto muy complicado. Pero no deben ser excusa para que el Gobierno no tome nota de que no solo hay mas pobres en el país, sino que el hambre no dejó de avanzar en los últimos meses.
Escribe: Isaac Rudnik
Los resultados sobre el crecimiento de la pobreza y la indigencia en nuestro país, no por esperados, dejan de ser desalentadores. En el primer semestre de este año el porcentaje de hogares que están por debajo de la línea de pobreza (no tienen ingresos suficientes para cubrir sus gastos indispensables de alimentación, servicios del hogar, transporte, educación, salud, y otras necesidades) alcanzó al 30,4%.
En este tipo de hogares vive el 40,9% de la población relevada en los 31 aglomerados urbanos a los que llega la encuesta del INDEC. Pero quizás lo más grave es que dentro de esa cantidad, el 8,1% de los hogares y el 10,5% de personas no tienen recursos para cubrir sus gastos básicos de alimentación durante los 30 días del mes, y entonces se encuentran en condición de indigencia.
Esto significa un aumento de 5,5 puntos en pobreza -de 35,5% a 40,9%- y 2,5 puntos en indigencia -de 8% a 10,5%- respecto al último semestre del año anterior.
La información que provee el INDEC, además, muestra el avance implacable de la pobreza y la indigencia en los últimos dos años. Desde el primer semestre de 2018 a igual período del 2020, el porcentaje de argentinos pobres aumentó 13,6 puntos -de 27,3 a 40,9- y el de indigentes subió 5,6 puntos (de 4,9 a 10,5).
De esos 5,6 puntos que la indigencia subió en dos años, casi la mitad (2,5) se incrementó durante el último semestre. Obviamente en este aumento, la necesidad de decretar el aislamiento total para enfrentar la pandemia fue, y continúa siendo, determinante.
El Gobierno puso en marcha políticas que apuntaron a paliar la situación de los sectores de menores ingresos. Desde el lanzamiento de la lucha contra el hambre en los primeros días de asumido, hasta las medidas que vinieron de la mano de la implementación del Aislamiento Social Obligatorio en todo el país, tales como la Tarjeta Alimentar, los bonos extraordinarios a los/as destinatarios/as de la AUH, a los jubilados/as y asalariados/as con remuneración mínima y la prohibición de despidos en los primeros meses.
Otras ayudas fueron el Ingreso Familiar de Emergencia, la Asignación para el Trabajo y la Producción, los créditos blandos para las PYMES, el incremento de la provisión de alimentos para los barrios populares, y otros similares durante el desarrollo de la pandemia. Fueron ingresos trasladados desde un fisco exhausto que no tiene posibilidades de recurrir al financiamiento externo o interno, producto del endeudamiento heredado que aun está en proceso de reestructuración.
EL 56,8% DE LOS NIÑOS/AS Y ADOLESCENTES DE 0 A 14 AÑOS ESTÁN POR DEBAJO DE LA LÍNEA DE POBREZA
Pero los resultados muestran que toda esta batería de medidas fueron y son insuficientes. La pandemia es una realidad insoslayable a la hora de evaluar la situación, y claramente tiene una influencia negativa, que instala variables muy difíciles de manejar.
Esto es válido no solo para nuestro país, sino que viene sucediendo en el mundo. Los informes de los organismos internacionales explicitan un crecimiento de la pobreza en todos los países, independientemente de sus niveles de desarrollo. La profundización de los niveles de inequidad será una de los resultados más relevantes de esta pandemia.
Pero estas condiciones que hablan de un contexto muy desfavorable, no deben ser excusa para que el gobierno no tome nota de que no sólo hay mas pobres en el país, sino que el hambre no dejó de avanzar en los últimos meses.
Los mensajes del oficialismo en este aspecto no van en dirección adecuada. No sólo no se anuncian nuevas medidas que aumenten el traslado de recursos hacia los hogares que están en la indigencia, sino que se estudian recortes a las que están en curso. Al IFE, que tuvo una periodicidad bimensual, no solo que no se planea incrementarlo, sino que ahora se estudia suspenderlo definitivamente.
Lo mismo ocurre con las Asignaciones para el Trabajo y la Producción, se las reducirían al mínimo o a lo sumo se convertirían en créditos para las empresas; se impulsa que los aumentos salariales sean en todos los casos muy por debajo de la inflación; el Estado abre discusiones paritarias en forma muy acotada.
A esto se agrega que se implementan nuevos y más continuos aumentos de los combustibles, se autorizan nuevas subas en los precios máximos de todos los productos esenciales, en especial de los alimentos, y se hace la vista gorda a los brutales aumentos de los medicamentos.
El congelamiento de los precios de los alimentos de la Canasta Básica, el pago del IFE con periodicidad mensual hasta la salida del Aislamiento Social Obligatorio, la continuidad de los ATP, el pago de nuevos bonos extraordinarios a las remuneraciones mínimas de jubilados/as y asalariados/as, son solo algunas de las medidas básicas urgentes que deberán tomarse si hace una lectura adecuada de lo que revelan esta publicación del INDEC.
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