Por Victoria Di Cosmo*
A dos meses de un hecho que marca un punto de inflexión en la relación entre EEUU y América Latina, conviene hacer un repaso de lo sucedido hasta ahora, abarcando un breve recorrido histórico.
El pasado 3 de enero el mundo entero amaneció con la noticia de la detención del ahora ex presidente venezolano Nicolás Maduro por parte de las fuerzas militares estadounidenses, tras bombardear Caracas en la madrugada de forma sorpresiva. Si bien la tensión entre el gobierno venezolano y el liderado por Donald Trump venía recrudeciendo desde el inicio del segundo mandato del presidente estadounidense, el operativo y posterior detención de Maduro desató millones de reacciones a lo largo y ancho del mundo: desde felicidad de millones de venezolanos hasta preocupación por el precedente que sienta la intervención directa de Estados Unidos en un país latinoamericano, pasando por encima de lo estipulado por el derecho internacional y la propia constitución estadounidense.
A menos de dos meses de un hecho que marca un punto de inflexión en la relación entre EEUU y América Latina, conviene hacer un repaso de lo sucedido hasta ahora, abarcando un breve recorrido histórico.
Antecedentes recientes
Para comprender mejor la situación actual, es útil repasar los últimos puntos de conflicto entre ambos países.
Estados Unidos ha mantenido una abierta oposición al gobierno de Nicolás Maduro y de su antecesor desde el comienzo, por lo que las elecciones de julio de 2024 que le dieron la victoria al ex presidente venezolano fueron denunciadas como ilegítimas por parte del Departamento de Estado estadounidense.
Además de no reconocer al resultado como válido como lo hicieron otros países del continente, como Chile y Argentina, decidieron reconocer al principal candidato opositor, Edmundo González, como el presidente electo de Venezuela. En años anteriores hicieron algo similar con Juan Guaidó, por entonces proclamado “presidente interino”. Pese a las múltiples denuncias, Maduro comenzó su nuevo periodo como presidente de su país.
Trump por su lado comenzó su nuevo mandato en enero de 2025, y la cuestión de la inmigración volvió a ser uno de los pilares de su gobierno. Si bien en Estados Unidos viven millones de inmigrantes, los latinoamericanos constituyen uno de los mayores grupos, y dentro de ellos, los venezolanos conforman también un porcentaje considerable.
Trump, sin embargo, llegó a la presidencia con un discurso sumamente anti-inmigración, prometiendo la deportación de los extranjeros que no tuvieran su situación legal regularizada.
Como parte de su política hacia la inmigración, la administración de Trump decidió eliminar el programa de protección para extranjeros (Temporary Protection Status, TPS, o Estatus de Protección Temporal en español). Este programa tenía el objetivo de proteger a aquellas personas que provienen de países donde sería peligroso deportarlos, ya sea por cuestiones políticas, conflicto armados, etc. Los venezolanos que vivían en Estados Unidos al momento de la eliminación fueron de los principales afectados, ya que significaba que enfrentarían deportaciones y volverían al país del cual habían escapado.
A pesar de esto, hacia el final de enero de 2025 pareció haber un leve acercamiento entre Estados Unidos y Venezuela tras la visita del diplomático norteamericano Richard Grenell. El objetivo de su visita fue pactar los términos de las deportaciones y devolver algunos detenidos, pero conforme avanzó el año, sobre todo hacia la segunda mitad del 2025, la relación entre ambos países empeoró notablemente.
Las principales acusaciones de Trump hacia el expresidente se fundamentan en el supuesto liderazgo de Maduro de redes de narcotráfico como el llamado Cartel de los Soles, encargado de ingresar drogas como el fentanilo y la cocaína a Estados Unidos. Además, también lo acusan de haber confiscado petróleo estadounidense y de ser la principal razón por la cual cientos de miles de venezolanos emigran hacia el país norteamericano.
La acusación sobre el narcotráfico es sin duda una de las que más críticas ha recibido, debido a varios factores: Venezuela no es principalmente un país productor de drogas, es lo que se denomina país de tránsito, por donde algunas organizaciones narcotraficantes transportan las sustancias hacia los lugares de destino, siendo Estados Unidos uno de los principales consumidores.
Los principales países productores son Colombia, Perú y Bolivia. Sumado a esto, la mayor cantidad de drogas se transporta por el océano Pacifico, llegando a más del 70%, no por el mar Caribe al cual tiene salida Venezuela. Además, no se han presentado pruebas que sustenten el supuesto liderazgo del cartel por parte de Maduro.
El narcotráfico también ha estado en el centro del debate en ocasión de los ataques de Estados Unidos a lanchas y botes en el mar Caribe muy cerca de la costa venezolana, que supuestamente trasladaban drogas. Junto a los sucedidos también en el Pacifico llegaron a sumar 28 ataques, siendo 34 los botes destruidos y cerca de 110 personas asesinadas desde septiembre de 2025. El gobierno estadounidense tampoco ha brindado pruebas que apoyen dichas acusaciones.
Al notar la presencia de buques de guerra cerca de la costa, las autoridades venezolanas señalaron que Estados Unidos estaba planeando un ataque cuyo objetivo sería el cambio de régimen en el país sudamericano.
El Alto Comisionado de la Organización de Naciones Unidas para los Derechos Humanos se ha expresado en contra de dichos ataques y los ha catalogado de injustificables, debiendo ser investigados bajo lo que ordena el derecho internacional, pero como es habitual, incluso sin haber presentado pruebas que sustenten el objetivo delictivo de quienes conducían las lanchas, difícilmente Estados Unidos enfrente alguna consecuencia por sus acciones.
Pese a que la acusación de narcotráfico ha sido una de las principales razones para la persecución a Maduro, la actitud diametralmente opuesta sostenida por Trump hacia al condenado por narcotráfico y expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, a quien concedió un indulto y salvó de cumplir una condena de 45 años a finales de 2025, refuerza la idea de que la lucha contra las drogas de Trump es una cuestión política y no de freno al tráfico ilegal o de protección de la salud de sus propios ciudadanos.
Volviendo a los hechos del 3 de enero, si bien poco tiempo ha pasado desde entonces, las repercusiones han sido muy variadas. Millones de venezolanos han festejado la captura de Maduro, ya que ciertamente han padecido grandes carencias bajo su gobierno, que desde 2013 soporta un bloqueo económico asfixiante de parte de EEUU, que limitó seriamente las posibilidades de sostener la continuidad de un desarrollo que permita atender las necesidades básicas de su población.
La legitimidad de Maduro era apenas sostenida por países como Rusia, China, Irán y Cuba, pero rechazada por gran parte de los países del mundo. La diáspora venezolana ha sido la más grande del siglo XXI y ha llevado a los venezolanos a establecerse en muchos países, siendo mayoritariamente los sudamericanos y Estados Unidos quienes los han recibido.
Mientras millones de ellos festejan en distintos puntos geográficos, la preocupación entre los demás países de la región crece ante la intervención estadounidense en suelo latinoamericano, sobre todo cuando uno de los objetivos es el control de un recurso estratégico como el petróleo venezolano.
El petróleo como eje de la relación entre Estados Unidos y Venezuela
Pese a que una de las reglas básicas del derecho internacional es la no intervención en los asuntos internos de otro país, la región latinoamericana ha sido testigo de múltiples intromisiones por parte de Estados Unidos, tanto directa como indirectamente.
La Doctrina de Seguridad Nacional de la Guerra Fría es uno de los casos más evidentes de intervención en Latinoamérica: entrenamiento militar contrainsurgente a fuerzas armadas de nuestros países, instruidas para producir golpes de estado contra gobiernos elegidos democráticamente, que no garantizaban los intereses de las élites nativas siempre confluyentes con los negocios norteamericanos.
En la actualidad, el petróleo es el centro de la disputa entre Estados Unidos y Venezuela, ya que es el principal interés de la potencia del norte por su importancia estratégica.
La relación entre ambos países a raíz de las reservas venezolanas se remonta hasta más de 100 años atrás, ya que han sido socios estratégicos por mucho tiempo y el país norteamericano ha sido el principal inversor y comprador de crudo venezolano para ser enviado y refinado en algunos de sus estados del sur como Texas y Luisiana.
Incluso, antes de la llegada al poder de Chávez, el petróleo generaba grandes ganancias en el país de origen, pero no lograban realmente llegar a todos los estratos de su población. Si bien la clase media gozó de una buena situación económica, la redistribución de las ganancias provenientes del petróleo no fue equitativa y los sectores más bajos de la población fueron los más afectados por la desigualdad.
La llegada al poder de Chávez en 1999 y los posteriores cambios implementados en 2007 con la nacionalización del petróleo obtenido de la zona de la Faja del Orinoco, no tardaron en generar rispideces con el principal socio histórico de Venezuela: Estados Unidos. La Faja del Orinoco había ganado mayor relevancia por la suba de precios iniciada tras la invasión a Irak en 2003, por lo que se convirtió en un punto significativo en el conflicto incipiente.
El principal cambio era el referente al papel del Estado en la explotación del petróleo, ya que las empresas privadas ahora tendrían que operar como empresas mixtas donde el Estado venezolano pasaría a tener la mayoría accionaria, a través de su empresa estatal, Petróleos de Venezuela S.A (PDVSA).
Esto generó muchas molestias en Estados Unidos y en las compañías establecidas en Venezuela, que vieron disminuidas sus ganancias tras los cambios establecidos por el gobierno de Chávez. La mayoría, como ExxonMobil y ConocoPhillips, abandonaron territorio venezolano, y recurrieron a instancias de arbitrajes internacionales en contra del Estado venezolano.
Al día de la fecha, tras años de múltiples peleas legales que incluyeron llevar el caso al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial, las deudas del Estado venezolano por las demandas debido a confiscaciones tras las nacionalizaciones de Chávez acumulan un aproximado de $985 millones de dólares estadounidenses.
Las pérdidas, tanto de inversiones como de tierras, que registraron dichas empresas producto de los cambios en el manejo de los hidrocarburos han sido uno de los principales focos de la disputa entre Estados Unidos y Venezuela, y una de las razones de las recientes acciones tomadas por el país gobernado por Trump.
Las consecuencias de la pérdida de inversiones y las subsiguientes batallas legales, junto con la corrupción en la administración de PDVSA, el estancamiento de la modernización y el progresivo aislamiento económico de Venezuela fueron el caldo de cultivo para la peor crisis económica y social vivida por el país sudamericano ya bajo el gobierno de Maduro.
En este sentido, es importante mencionar las sanciones que Estados Unidos ha aplicado sobre Venezuela desde la aprobación de la ley 113-278 o Ley de Defensa de los Derechos Humanos y de la sociedad civil de Venezuela, en diciembre de 2014 bajo el gobierno de Barack Obama.
Esta ley da al presidente de EEUU la capacidad de aplicar sanciones sobre Venezuela por lo que evalúan como violaciones a derechos humanos, ya que considera que en el país sudamericano no se cumplen los estándares de seguridad pública, que han llevado a un incremento de la violencia y criminalidad en el país.
Desde la promulgación de la ley, las sanciones, principalmente económicas, han ido, desde la prohibición de transacciones hechas por personas o empresas de Estados Unidos hacia PDVSA, la compra de bonos o pago de dividendos al gobierno venezolano de forma directa o indirecta, hasta la prohibición al acceso de Venezuela a mercados financieros estadounidenses, de compra de cualquier tipo de deuda al gobierno venezolano, o de cualquier participación accionaria en la que dicho gobierno tenga el 50% o más.
Todas estas medidas han buscado activamente damnificar al sector petrolero venezolano, debido al lugar preponderante que ocupa en la economía del país. La imposibilidad para obtener crédito, derivada de las sanciones, tuvo un impacto directo en la disminución de la producción, a lo que se le sumó más tarde la disminución en las relaciones con otros países, a los cuales Estados Unidos instó a no comprar petróleo venezolano.
Las consecuencias de las sanciones han impactado en muchas áreas de la vida de los venezolanos, ya que a pesar de que en teoría buscan perjudicar al gobierno, quienes realmente pagan el precio son los ciudadanos comunes y corrientes. La situación económica antes de las sanciones no era buena, pero se agravó notablemente a partir de las mismas, ya que pasaron de exportar por un valor de 153 millones de dólares en 2012, a 27,8 millones en 2017.
A raíz de las limitaciones en el comercio, el desabastecimiento de comida, medicamentos y artículos para la vida diaria, se volvió moneda corriente. Como también las interrupciones en los servicios públicos como la luz, a falta de inversiones y de equipamientos que fueron quedando viejos. Las tan variadas consecuencias de las sanciones evidencian que el efecto negativo en la economía y sociedad venezolana fue profundo.
El intervencionismo no es cosa del pasado
Si bien una mayoría de venezolanos han celebrado la detención de Maduro, ya que suponen que pone un fin a más de una década de alta conflictividad interna, en otros países de la región crece la preocupación, por lo que se considera una invasión en territorio latinoamericano cuyo principal objetivo, como en ocasiones anteriores, es el control general de nuestros recursos naturales, y en este caso particular, sobre el mayor reservorio petrolero convencional del globo.
Respecto a la situación del ex presidente, detenido en Estados Unidos desde el momento de su captura, el Departamento de Justicia desestimó la acusación de liderazgo del Cártel de los Soles, ya que, en una versión corregida de los cargos, se indicó que, si bien Maduro está involucrado en un entramado de narcotráfico, ese cartel no existe.
El liderazgo de la organización criminal denominada Tren de Aragua también fue una de las acusaciones sostenidas por Trump, aunque tampoco hay pruebas que lo sustenten.
Estados Unidos ha intervenido en la región en múltiples ocasiones, tanto de forma directa, como en Guatemala a mediados del siglo pasado, o en forma indirecta a través del fomento de golpes de Estado como los que vivió el cono sur.
Con tantos antecedentes en la historia moderna, es coherente observar los hechos desde la perspectiva del precedente que sienta en nuestra región una invasión que ni siquiera fue aprobada por el congreso del país invasor.
América Latina ha sido siempre campo de batalla para la influencia de potencias extra regionales. Estados Unidos ha dejado en claro incontables veces que la región mencionada es su “patrio trasero”, su esfera de dominio exclusivo, una región que debe alinearse con los intereses estadounidenses “para salvaguardar su seguridad”. Ante la creciente influencia de países como China principalmente (como en otros momentos lo fueron Inglaterra y Rusia), el dominio de Estados Unidos sobre Latinoamérica y sus recursos estratégicos ha ganado más importancia aún.
El caso venezolano muestra cómo las tácticas para imponer el alineamiento forzoso van desde falsas denuncias judiciales en tribunales del propio EEUU, hasta la incursión militar directa sobre nuestros territorios. Esto no es algo nuevo, puesto que es semejable, en principio, a otros casos que hemos visto en la región. Pero, lo sucedido recientemente sirve de ejemplo a otros países, sobre qué es lo que sucede, incluso en el siglo XXI cuando un país con recursos naturales importantes, decide no ser un satélite del país más poderoso del continente.
La presión política, la coerción económica y la fuerza militar no son cosa del pasado, son prácticas que no solo buscan hacerse del control de un recurso, sino también enviar un mensaje a los demás sobre los peligros de no ajustarse a los objetivos estadounidenses. En este sentido, países como Colombia, Cuba y México, son blanco de advertencias similares a lo sucedido en Venezuela, tres países con regímenes muy distintos y opuestos en muchos sentidos al del país intervenido.
Aún es muy pronto para saber las respuestas a estas preguntas, pero en el tiempo que ha pasado entre la detención de Maduro y la actualidad, mucho ha sucedido, a un ritmo rápido.
Tras la captura de Maduro, Delcy Rodríguez ha quedado al frente de una cúpula política que, en lugar de desmoronarse, parece estar reconfigurándose tras la ausencia del líder. La operación militar estadounidense avivó conflictos en varios frentes, por lo que Rodríguez ha tenido que lidiar, por un lado, con mantener la paz hacia el interior de Venezuela, combinado con fuertes concesiones a las pretensiones de Estados Unidos en el país, por otro.
Como un intento de cooperar para apagar el fuego desatado el 3 de enero, la ahora presidenta ha presentado una ley de amnistía nacional para quienes están encarcelados por cuestiones políticas, que incluye el cierre de la cárcel de Helicoide (el principal centro de detención denunciado por torturas) que fue requerido por el gobierno estadounidense, aludiendo a las violaciones a los derechos humanos llevadas a cabo en cárceles. Además, también se solicitó la excarcelación de los presos estadounidenses que estaban privados de su libertad en territorio venezolano, algo que ya se había hablado anteriormente entre los dos gobiernos, pero no se había llevado a cabo. Si bien ya se han liberado alrededor de 300 presos, aún persisten dudas acerca de las condiciones en las que se liberaran a los que aún están detenidos.
Por ahora el gobierno de Trump, aparece más preocupado por las condiciones que faciliten el retorno de las principales empresas petroleras estadounidenses a Venezuela, que por la evolución del escenario político general del país.
A más de un mes de la intervención estadounidense en suelo venezolano, se han alzado muchas preguntas respecto a la transición entre el gobierno que fue depuesto y que sucederá a continuación.
¿En Venezuela se volverá a convocar a nuevas elecciones presidenciales que impliquen un recambio político?
¿Los venezolanos verán algún beneficio de la administración estadounidense en el manejo del petróleo, habida cuenta de los acuerdos que se van tejiendo entre el gobierno de Trump y el de Delcy Rodríguez?
¿El país se sumergirá en una crisis aún más profunda?
*Victoria Di Cosmo – Licenciada en Relaciones Políticas Internacionales / Investigadora del ISEPCI
*cONTACTO PRENSA: 11-36483667
