La actual situación de emergencia económica, social y sanitaria nos obliga a pensar y repensar el rol del Estado, la Administración Pública, el Derecho y cómo se vinculan con los sectores más vulnerables de la sociedad, que ven todos los días incumplidos sus derechos, hasta el más mínimo, como el de poder acceder al agua potable.
Escribe: Noelia Acosta*
Algunas aclaraciones previas
Antes de comenzar, es importante aclarar que la relación entre la Estado, Administración Pública, Movimientos Sociales y Derecho, en general, es un tema relativamente poco explorado. Puede ser porque la teoría jurídica dominante cree que son temas de poca importancia para “EL DERECHO” y que es algo coyuntural y político, como si lo político debiera escindirse de lo jurídico.
En ese lado de la biblioteca están quienes piensan que algunos derechos de la Constitución son programáticos (o sea que aún falta un paso más para que sean efectivos y se tengan que cumplir) como por ejemplo el derecho a la vivienda digna, a la protección laboral en sus diversas formas, a los beneficios de seguridad social de forma integral e irrenunciables garantizados por el Estado, y al progreso económico con justicia social.
Del otro lado , nos encontramos quienes pensamos que todos los derechos constitucionales son operativos; por lo tanto exigibles, y su omisión es inconstitucional y que las leyes y “EL DERECHO”, son parte de la política, porque “EL DERECHO” es una herramienta de transformación social y para eso está.
La actual situación de emergencia económica, social y sanitaria nos obliga a pensar y repensar el rol del Estado, la Administración Pública, el Derecho y cómo se vinculan con los sectores más vulnerables de la sociedad, que ven todos los días incumplidos sus derechos, hasta el más mínimo, como el de poder acceder al agua potable.
Se dice por ahí, que este Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) nos enseña mucho sobre las relaciones humanas, pero a la vez también nos está demostrando que necesitamos otro modelo de Estado y de administración de lo público.
El rol de los nuevos Movimientos Sociales
En el actual escenario mundial coexisten formas organizativas empresariales, sindicales, formas de representación partidaria y también un conjunto heterogéneo, pero al mismo tiempo plural y de un enorme dinamismo y activación, que reconfigura viejas y nuevas identidades de todo tipo, que da lugar a nuevas formas de participación social, política y de relación con el Estado y sus administraciones públicas, algunas veces colaborativa, y otras muchas de desconfianza, tensión y conflicto.
Si bien, el concepto de «Nuevos Movimientos Sociales» aparece hace bastante, es un debate que no pretendo desarrollar acá. Sí cabe resaltar algunas de sus características, porque son quienes irrumpen en lo público para transformarlo y llegaron para quedarse.
Los Nuevos Movimientos Sociales representan una simbiosis de identidades, conocimiento y métodos, son actores sociales complejos en constante transformación y adaptación estratégica, dotados de unas prácticas de sustentabilidad que no sólo los hace perdurables en el tiempo, sino que los coloca –en el contexto socio político- como actores de relevancia.[1]
Nuestros Movimientos Sociales se ven influenciados globalmente, y de cierta forma, por las movilizaciones y hechos políticos de estas primeras dos décadas del siglo: en Argentina la crisis del 2001, en Bolivia las movilizaciones por el agua, en Chile las movilizaciones de los movimientos secundarios por educación pública, los levantamientos políticos en Medio Oriente, el movimiento de los indignados en España, el movimiento #YoSoy132 en México en 2012, la movilización de mujeres en EE.UU del 2017 al asumir Trump bajo la consigna #NotMyPresident, las repercusiones del grito global por los derechos de las mujeres de los últimos 4/5 años y las movilizaciones juveniles por el calentamiento global, reclamo que encabeza la sueca Greta Thunberg, solo para ejemplificar.
Digo que se ven influenciados, porque si bien las movilizaciones en cada caso tienen un motivo y origen distinto, están conectadas por un concepto superior y que es un común denominador, la opresión causada por sectores de poder.
En América Latina, los Movimientos Sociales se nutren también de las luchas de los pueblos originarios, de las movilizaciones contra el ALCA, de los movimientos agrarios, de docentes y de desocupados durante los 90 y de las tensiones con el modelo de sindicalismo tradicional.
Es más, en Europa los Movimientos Sociales han configurado estrategias de disputa con el Estado, a través de políticas de protesta y de movilización (como los chalecos amarrillos en Francia). Sin embargo, en Latinoamérica los Movimientos Sociales además de una estrategia de fuerte presencia en las calles y movilización en el territorio, actúan en ámbitos políticos de otro corte, con cierta capacidad (a partir de la visibilización de sus problemáticas) de incidir en la esfera pública.
En este contexto, “los movimientos sociales se localizan territorialmente en las iniciativas ciudadanas que han sustituido la historia del Estado nacional por las subjetividades políticas y por la acción pública, basada en la incidencia, en el Gobierno, configurando juegos sociales de iniciativa política: a su vez, la acción colectiva se enfoca a mostrar opciones de poder, sustentadas en la capacidad local de incidencia en lo público con efectos territoriales de la política”.[2]
Es por ello que podemos ver hoy como los Movimientos Sociales conforman una agenda de temas que se basan en los lazos comunitarios, resuelven muchas necesidades en aquellos lugares donde los Estados (el nacional y los locales) no llegan o llegan de forma deficitaria, en consecuencia, son los movimientos sociales quienes reclaman y se vinculan al Estado para llevar adelante esas demandas sociales.
Después del covid-19… ¿Qué modelo de Estado y de Administración Pública necesitamos?
Sin dudas, luego del ASPO, saldremos distintos, la sociedad será diferente y también la situación, económica, política y cultural no será la misma que la de los primeros días de marzo. Luego de la cuarentena, entraremos en una nueva etapa para nuestro país, a pocos meses de gestión de un nuevo gobierno y en medio de una emergencia económica, social y sanitaria.
Emergencia sanitaria provocada por la pandemia mundial del COVID-19, que fuerza a tomar decisiones que influyen en la constitución de un nuevo modelo de Estado, no sólo en Argentina, sino también en muchos países, sobre el que habrá que teorizar y empezar armar.
Durante esta pandemia, quedó evidenciado que “la planificación y la coordinación multinivel (intergubernamental) de las políticas públicas son dos componentes claves que parecieran explicar también la diferencia en la performance y la efectividad de los esfuerzos provenientes de las administraciones gubernamentales en América Latina”[3]. Esto explicaría de alguna forma las diferencias en el avance del virus en países de nuestra región como Ecuador y Brasil, Argentina, Chile o Colombia.
En estos tiempos, además, quedó demostrado que es necesario empezar a trabajar primero sobre los problemas específicos, buscando resultados a corto plazo (aunque pensando en el mediano y largo plazo), para eso, se debe medir inmediatamente el impacto, esto supone soluciones innovadoras, que surgen no solo dentro de las burocracias estatales sino afuera, con los aportes de otras organizaciones y grupos de la comunidad, por lo que se necesita un enfoque más abierto y flexible. Por ejemplo, hay clases virtuales, pero muchas personas en sus casas no tienen acceso a la conectividad, o a una tablet/computadora y eso dificulta la escolaridad de niños/as, adolescentes y los estudios de universitarios/as.
Otro ejemplo: se plantearon precios máximos de la Canasta Básica de Alimentos, pero el Estado nacional y los Estados locales (en su mayoría aunque hay excepciones) no tienen capacidad/voluntad para controlar efectivamente su cumplimiento.
Este escenario de pandemia, si algo deja en claro, es la importancia de la presencia del Estado nacional y los Estados locales en todas las áreas del desarrollo de un país, en la economía, en la educación, en la salud, en la cultura, en el acceso a la información y uso de las nuevas tecnologías y claro, en el acceso a la justicia.
Cierto es, que este rol está muy bien definido en nuestra Constitución. El Estado es el garante de nuestros derechos y garantías, y quien debe “promover el bienestar nacional y la prosperidad del país”, pero a pesar de que esta premisa, se encuentra en el preámbulo de la Constitución, no siempre tuvo las mismas interpretaciones (y acá es cuando vuelvo a lo que dije al principio, según el lado de la biblioteca que uno se ponga).
Durante esta pandemia, incluso los sectores empresarios y defensores de un modelo de Estado mínimo, han reclamado la presencia del Estado, para “salvar” a las empresas, pagar sueldos, e intervenir ante los bancos para que se otorguen facilidades de crédito para todos los sectores de la economía, no solo para las PYMES y los sectores más vulnerables.
Incluso el propio Fondo Monetario Internacional (organismo bien neoliberal que de popular tiene poco o nada) ha dicho que: “Al día de hoy, la crisis de la COVID-19 es considerada por muchos la peor calamidad económica desde la Gran Depresión. En enero, el FMI preveía que el crecimiento del ingreso mundial fuese del 3%; según los pronósticos actuales, este se reducirá en un 3%, una caída mucho peor a la registrada durante la Gran Recesión de 2008–09. Estas cifras nefastas ocultan una posibilidad todavía peor: si nos dejamos guiar por las pandemias anteriores, el precio que pagarán los segmentos más pobres y vulnerables de la sociedad será mucho mayor”[4].
Es más, en otro artículo reconoció el importante rol que juega el Estado en todas las esferas del desarrollo de un país y expresó que: “La pandemia ha puesto de relieve el papel que juega el sector público a la hora de salvar vidas y medios de vida. Las empresas estatales colaboran con esa tarea. Pueden ser empresas de servicios públicos que proporcionan servicios esenciales. O bancos públicos que otorgan préstamos a la pequeña empresa. (…) La mayor parte de la gente trata con empresas públicas todos los días. Es probable que sean la fuente de suministro del agua y la electricidad que consumen, así como el autobús o el subterráneo que usan para ir a trabajar o estudiar…” [5].
Estas expresiones, son de alguna forma, atinadas y válidas, en este contexto, sin embargo, el Estado nacional y los Estados locales deben bregar por proteger con mayor ímpetu a aquellos sectores más vulnerables y que siempre fueron desprotegidos.
En ese sentido, el acceso a la justicia es fundamental para resguardar los derechos económicos, sociales, culturales y políticos de este sector.
Sector que, además compone el núcleo de los Movimientos Sociales, ya que son estos, los que expresan y canalizan sus necesidades a través de sus acciones y movilizaciones.
Ejemplos de estos tiempos sobran, solo por nombrar algunos:
-Por el derecho a la salud y a la alimentación (que obligó al Estado nacional y los Estados locales a diseñar políticas públicas de refuerzo del reparto de alimentos, a la asistencia de comedores, merenderos y paradores de personas en situación de calle, y que conmueven a la comunidad toda cada vez que resaltan las pésimas condiciones en las que están y que en muchas ocasiones las diferentes Administraciones no cumplen con sus obligaciones).
– Los reclamos por trabajo de los movimientos desocupados y de la economía popular (que obligan a los Estados a crear diferentes políticas públicas para resolver el incumplimiento a un derecho constitucional como el Trabajo).
–Por el acceso al agua potable (en la que por ejemplo en el barrio Padre Mujica de la ciudad de Buenos Aires, el GCBA debe cumplir con reparto del agua potable).
–Por seguridad y plena vigencia de los derechos de las mujeres (que obligó, entre otras cuestiones, a tipificar el delito de femicidio, a constituir las comisarías de la mujer, la Oficinas de Violencia Domestica, a sancionar la Ley Micaela, a reforzar las políticas públicas contra la violencia de género y la cantidad de femicidios registrados durante la cuarentena).
Todos estos reclamos, no podrían ser encausados sin las representaciones y las diversas acciones de los Movimientos Sociales, que no pueden ser encasilladas en simples ONG, son algo muy distinto y más grande.
Ante estas nuevas realidades, en la que los Movimientos Sociales ya tienen un espacio reconocido en la sociedad, el campo del derecho resulta anacrónico; porque hay un vacío legal y un silencio por parte de los Estados en relación a su reconocimiento institucional, fundamentado sobre la base o la idea que son un fenómeno coyuntural, cuando la realidad nos muestra que hace más de veinte años que son actores reales en la comunidad.
En algunas oportunidades, es posible encontrar diversas formas de articulación entre los movimientos sociales, y la Administración Pública de los Estados, que lejos de opacar a funcionarios y gobernantes, activa procesos de toma de decisión sobre políticas de Estado, abriendo canales de diálogo entre los poderes, garantizando nuevas vías de participación comunitaria y vigorizando la esfera pública.
Así, cada proyecto de consulta, cada relación de participación, debe implicar también una ampliación de la democracia, de resolución de los conflictos, de trabajo de las diferencias, de construcción de un interés común.
Dice García Linera, que si uno tiene un Estado que se imagina liberal (en el mejor sentido de la palabra), moderno, industrioso frente a una sociedad donde solamente un pedazo es liberal, moderno, industrioso pero otro pedazo es comunitario, sindical, asambleístico; si el Estado no reconoce esa diversidad es un Estado aparente…
Hoy en Argentina tenemos otras formas organizativas que no son liberales, ni pre-modernas, sino que son simplemente otras, de fuerte impronta colectiva y comunitaria.
Por eso, un nuevo modelo de Estado debe reconocer y conocer estas diferentes formas organizativas, con lógicas de funcionamiento diversas a las organizaciones tradicionales.
Conclusión
Luego de todo lo dicho, cabe preguntarnos:
¿Existe hoy una nueva lógica de relación entre los estados y las administraciones públicas y los nuevos grupos, movimientos o identidades sociales o existen continuidades desde principios del 2000?
¿Es necesario una reforma del Estado para un nuevo modelo de desarrollo con inclusión?
¿Se puede tomar algunas experiencias de las etapas del neoliberalismo y de los procesos de “modernización” del Estado que aplicó el gobierno de Mauricio Macri?
¿Sirvieron los incipientes modelos neodesarrollistas y neocomunitaristas de décadas pasadas?
La respuesta a estas a todas estas peguntas es sí.
Hoy tenemos una Administración Pública central atomizada, en organismos desconcentrados, descentralizados, agencias, programas, proyectos, presupuestos según indicadores de resultados y varias materias que son de competencia de las provincias como educación, salud y seguridad.
Estamos a los albores de la posibilidad de constituir otro modelo de Estado. Un modelo, donde el Estado este presente, donde se tomen las experiencias de gestión que sirvieron para garantizar derechos y las otras sean desechadas. Un modelo, que no vaya a destiempo en la defensa de los intereses populares, para ello, tendrá que deconstruir los conceptos económicos de eficacia, eficiencia, para pensarlos dentro de un proyecto inclusivo. Un modelo, que no sea el de un “Estado bobo”, ritualista, formalista y excesivamente burocratizado que impida el acceso a derechos.
En definitiva, necesitamos pensar en la construcción de un modelo de Estado con estructuras para gestionar los nuevos problemas del desarrollo humano, la integración de los pueblos originarios y sectores de la economía popular, la promoción del desarrollo territorial, la promoción de la pequeña y mediana empresa, la ampliación de la cobertura de salud y de la seguridad social, la resolución de los problemas de la vivienda y el urbanismo, la producción de energía, la sustentabilidad ambiental, la promoción de los sistemas de innovación, la inversión en infraestructura, el sostenimiento de la responsabilidad fiscal, el control para evitar la especulación de precios, la defensa de los consumidores y usuarios, la trasparencia en la gestión pública y en el acceso a la información.
Para que eso suceda, se deberá rediseñar las estructuras ministeriales, las empresas del estado, los organismos descentralizados, los organismos de regulación y control, la banca pública, los fondos especiales, y también es imprescindible que en ese proceso, se vincule la participación de los movimientos sociales.
[1] POGGIESE, Héctor. “El papel de las redes en desarrollo local como prácticas asociadas entre estado y sociedad”. En D. Filmus (comp). Los Noventa. Ed. Eudeba/FLACSO. Buenos Aires. 1999.
[2] VELEZ RIVERA Ramiro Alberto. “Movimientos sociales y políticas públicas en el contexto de asambleas municipales constituyentes”. En Revista Administración y Desarrollo, vol. 43, núm. 59, junio/diciembre 2014.
[4] “Las pandemias relegan aún más a los pobres”. https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=13378
[5] “Las empresas estatales en tiempos de la COVID-19”. https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=13356
*Noelia Acosta es abogada, investigadora del ISEPCi.
Contacto: 1136483667
