EL FIN DEL RÉGIMEN DE PROMOCIÓN DE TIERRA DEL FUEGO.

Los que piensan una Patria Chica

Lic Ruben A Ciani *

El fin del régimen de promoción industrial en Tierra del fuego y el avance de posibilidad de instalación de una base militar extranjera en esa provincia, son propias de una patria “chiquita” que se remonta a la historia previa a la consolidación nacional, cuando el contexto mundial estaba dominado por el libre comercio ricardiano, regía el patrón oro, y éramos un país de solo dos millones de habitantes

La apertura de la importación de celulares alentada mediante la baja de aranceles, vuelve a poner en debate la pertinencia de mantener el programa de protección industrial en Tierra del Fuego. Frente a esa decisión, cabe reflexionar si el objetivo de una apertura comercial extrema, es compatible con una política de desarrollo regional o industrial que, hasta el momento, basaba su implementación en exenciones impositivas, consignadas presupuestariamente en los denominados Gastos Tributarios.

Debido a que el Gobierno Nacional centra su argumentación en un dogma económico que asocia equilibrio con el balance empresarial, sin considerar los efectos y condicionamientos secundarios que cualquier emprendimiento tiene en todo el ámbito de la sociedad humana; este artículo, propone introducir en el debate, el concepto de externalidades, como un rasgo que distingue la ciencia económica de la contabilidad, para explicar la pertinencia de dicho régimen. Para profundizar el análisis se presentarán también datos y aspectos vinculados al mundo y al régimen fueguino.

El planteo de externalidades en el mundo

Definimos a una “externalidad” como una situación en la cual los costos (o los beneficios) de producir un bien o servicio no se reflejan en su precio de mercado y, en consecuencia, afectan a otros sin que sean compensados.

Un ejemplo típico de externalidad es el del servicio de ferrocarril. Los costos directos del servicio implican altos precios, si queremos equilibrar su balance contable. Pero al mismo tiempo su utilización reduce el uso de combustible, la necesidad de repavimentación de las rutas, la congestión urbana, etc. Si a esa consideración económica le sumamos el impacto social, debemos tener en cuenta que los tramos largos del tendido ferroviario, permitieron generar polos urbanos a su alrededor que favorecieron la migración poblacional. Eso explica también por qué la economía es una ciencia social.

Todos estos elementos, en un análisis integral compensan sus costos de funcionamiento. Por esta razón, los gobiernos tienden a evaluar su nacionalización como esquema que ordene y maximice beneficios netos para la sociedad. El ejemplo europeo presenta empresas públicas de ferrocarril: RENFE en España, SNCF en Francia (opera los trenes de alta velocidad TGV) o la RZhD en Rusia, que comunica toda la estepa siberiana, sosteniendo grandes ciudades y comunicando el oriente con Europa.

El análisis de externalidades puede exceder al conjunto de bienes y servicios, e incluir objetivos geopolíticos y de desarrollo que se financian con enormes recursos públicos, sin obtener una contraprestación tangible en forma inmediata.

En esta concepción de las externalidades podemos incluir, en forma azarosa, la compra de la península de Alaska en 1867 por parte del gobierno de los Estados Unidos, o la construcción de la ciudad de Brasilia en 1960 en el medio de la desconocida selva amazónica. Ambas experiencias fueron llevadas adelante con inversión pública.

Los resultados de esas estrategias políticas fueron tangibles con el tiempo. En el caso de Estados Unidos para frenar el expansionismo de Rusia, durante la guerra fría que signó la mitad del siglo XX. Mientras que en el ejemplo de Brasil, el avance sobre la selva amazónica permitió el desarrollo agropecuario en la sabana amazónica, denominada “cerrado amazónico”, que hoy le permite ocupar posiciones de liderazgo en el mercado mundial de carnes y granos.

Un último ejemplo es la PAC 2000 (Política Agrícola Común) implementada por la Unión Europea, cuyos objetivos eran el aumento de la productividad, la seguridad alimentaria y el ambientalismo, entre otros; además del equilibrio distributivo de la población europea, tratando de limitar la migración hacia grandes urbes. Otra clara muestra de como la economía es una ciencia social.

Para todos estos casos fue indispensable la inversión pública como eje del desarrollo económico o estratégico. Las erogaciones fueron y son altas. Alaska fue adquirido en 7.2 millones de dólares, cifra que se debe medir en miles de millones en la actualidad. La PAC en Europa tiene un presupuesto anual de 189 miles de millones.

El caso de Tierra del Fuego

¿Es compatible un régimen de promoción patagónico con estas muestras empíricas de externalidades? La respuesta parece ser afirmativa, porque:

La geopolítica nos lleva a avanzar en forma independiente hacia el sur de nuestro país, que comienza a ser visualizado como estratégico en el concierto mundial. ¿O acaso es casual que la jefa del Comando Sur de la Fuerzas Armadas de Estados Unidos visite asiduamente Tierra del Fuego, con intenciones de establecer una base militar? A ello debemos sumarle la fuerte actividad pesquera de China en esa región; la vía de entrada en la Antártida que ofrece nuestro sur más austral; y las pretensiones de Chile de avanzar hacia el Atlántico, entre tantas otras.
Es imprescindible un nuevo “asentamiento territorial” en Argentina. El 33% de la población vive en el AMBA, que es solo el 1.3 por mil del territorio del país. Con la misma lógica de análisis de las externalidades del servicio de ferrocarril; cuanto más gasto es financiar la salida de familias desde el AMBA hacia otras regiones del país, con una mejor calidad de vida, que solucionar el problema de la superpoblación en zonas que eran “bañados” y en la actualidad con el cambio climático son barrios inundables donde viven miles de habitantes.

¿Es la experiencia de Tierra del Fuego un desarrollo similar a aquellos ejemplos?

El Régimen de Promoción Económica y Fiscal de Tierra del Fuego data del año 1972, cuando se sanciona la Ley 19.640. Dicho régimen sustituye a un Área Franca, implementada como instrumento para el abastecimiento de bienes y servicios a la Isla, por un conjunto de exenciones impositivas que fomentaba la radicación de industria y servicios, así como la ampliación poblacional de la región, esto último presumiblemente asociados a objetivos de seguridad nacional. Nótese, que en 1972 gobernaba un regimen militar, en un momento en el cual las Fuerzas Armadas Argentinas tenían como hipótesis de conflicto el avance de Chile sobre la Patagonia, además de considerar como estratégico el fortalecimiento de la posición del país en el Tratado Antártico.

Esos objetivos de coyuntura se asociaban en el largo plazo a la meta de “Poblar la Patagonia”, en forma consistente con una mayor integración nacional.

Podemos medir entonces, el resultado de su aplicabilidad desde tres perspectivas: a) resultados (beneficios), b) costos, c) alternativas.

Los resultados (beneficios) buscados se materializaron en un sensible incremento poblacional, como puede observarse en el siguiente Cuadro, en un marco ascendente de empleo y bajo condiciones de vida (vivienda, educación, sanidad, etc.) por encima del promedio de otras regiones del país.

Los datos del cuadro precedente muestran que la población en Tierra del Fuego sigue siendo baja en términos absolutos. La provincia continúa teniendo la menor población del país. Sin embargo, en términos relativos, es la que mayor crecimiento reviste entre 1970 y 2022, contemplando en este último año una cantidad de habitantes que es 14 veces más que la registrada en 1970.

Es Tierra del Fuego la mayor jurisdicción nacional en cuanto a crecimiento poblacional. Tanto el total de Argentina como la conjunta de Córdoba y Santa Fe, Estados localizados en una región altamente competitiva como la pampeana, no alcanzan a duplicar los registros de 1970. Y eso que en dichas provincias también se implementaron regímenes de promoción industrial, especialmente en el rubro automotriz.

La evolución poblacional de Tierra del Fuego es un emergente de un proceso migratorio interno, con desplazamiento de habitantes desde todo el país, paradójicamente también desde las provincias más competitivas. Según la medición del Censo 2022, el 54.5% de la población de la Isla, nació en otra provincia. La sigue Santa Cruz con el 46%, porque hasta allí llegan también los efectos del régimen de protección industrial fueguino.

Pero quizás, el dato más relevante en este salto de población es la comparación con la Región Magallanes de la República de Chile, localizada en similar latitud que la isla de Tierra del Fuego y con similar topografía. En dicha comparación (ver datos del cuadro precedente), se puede observar que la población de la isla era en 1970 apenas algo más de la décima parte del registro de Magallanes. En cambio, desde los últimos censos en ambos países (2022 en Argentina y 2024 en Chile), la población del lado argentino supera a la censada del lado chileno.

Algunos indicadores adicionales del Censo Nacional 2022 y la Encuesta Permanente de Hogares, nos permiten perfilar las condiciones de vida (Último dato publicado para Tierra del Fuego – Dato nacional entre paréntesis)

Condiciones habitacionales de los hogares: El 97% tiene agua de red, 87% gas de red, 90% cloacas.

Salud: 73% con obra social o Prepaga, incluido PAMI (60.9%).

Educación: 95.5% población con asistencia escolar (95.7%)

Empleo: Indicador de desocupación abierta conglomerado Ushuaia- Rio Grande 6.9% (6.4%)

Pobreza e Indigencia: Conglomerado Ushuaia- Rio Grande (base personas) 31.8% (38.1%) y 5.1% (8.2%), respectivamente.

El análisis de costos debe abordar los directos, como gastos tributario y subsidios, así como los indirectos (externalidades negativas) entre los que consideran a los mayores precios que pagan los consumidores.

En el primer análisis, debemos descartar la simplificación de repartir gastos tributarios por cantidad de empleos en la industria electrónica subsidiada. Es decir, no se está subsidiando solo a 8000 trabajadores metalúrgicos, como manifiestan ciertas crónicas.

Como resultado de la aplicación del régimen en términos de evolución poblacional en Tierra del Fuego, observamos durante su vigencia un derrame en 175 mil nuevos habitantes, de los cuales el 55% son migrantes de otras provincias. Esta migración tenía claramente el objetivo de acceder a una nueva perspectiva de vida, la que en vista a los indicadores presentados es superadora a la que tenían habitantes de origen.

Ciertamente, el costo del régimen es alto en términos absolutos y supera los 1000 millones de dólares anuales, según las estimaciones disponibles. Sin embargo, esta cifra, que implica un porcentaje sensiblemente menor al 1% del gasto público presupuestado para 2025, es en términos de la estructura del gasto y del desequilibrio económico menos relevante, si lo comparamos con el 11% que se destina al pago de servicios de la deuda.

Para cualquier gasto público, independientemente de sus externalidades positivas, debemos incorporar indicadores de eficiencia en el uso de los recursos, que sean compatibles con los balances contables. Nadie puede negar que es función del Estado manejar eficientemente los recursos públicos. En ese orden, se hace imprescindible controlar la relación beneficios – costos de las empresas que se benefician con el régimen. Este tipo de controles no se aplican usualmente en Argentina, y además la ley que promulga el régimen de promoción en Tierra del Fuego, no estipula ningún esquema de evaluación.

Al respecto, cabe destacar que el Estado Nacional disponía hasta diciembre de 2023 de la ley 26992, derogada por el Decreto 70/23, a partir de la cual se había creado un Observatorio de seguimiento de precios y disponibilidad de insumos, el que permitía medir la tasa de ganancias de las empresas con un sistema similar al aplicado en algunos países europeos.

Las externalidades negativas del régimen estuvieron en el centro del debate con relación al precio de los celulares. Es altamente probable que una política de protección para el desarrollo del lugar del mundo más cercano al polo sur afecte la competitividad, especialmente en un país como Argentina con alta extensión territorial y baja densidad poblacional, rasgo que no suele considerarse en la habitual comparación que se hace con Chile.

Sin embargo, el consumo de celulares en el país creció con el régimen en Tierra del Fuego. Argentina se encontraba entre los cinco primeros países en uso de celular cada 100 habitantes, a mediados del decenio pasado.

La teoría de la demanda define el consumo de las personas en base a cuatro variables: las preferencias; el precio del bien, el precio del bien alternativo, y el ingreso de las personas.

En el caso del consumo de celulares en Argentina, no se visualiza un cambio en las preferencias de los individuos en demandar celulares. Si se observa una disminución del ingreso en amplias capas sociales, pero que no llega a afectar sensiblemente la demanda de celulares, manteniéndose un uso altamente extendido de estos artefactos.

¿Qué pasa con los precios? El bien alternativo en el mercado de celulares argentino es el celular importado. Los consumidores de celulares en Argentina, especialmente en las capas medias, no comparan el precio del celular con algún otro bien, sea alimentario, de transporte, electrónico, etc. La comparación es con el valor del celular importado.

Por esta condición de la demanda, que es asimilable a un bien transable, en los últimos años y en sintonía con la apreciación del peso, se maximizó la relación de precios entre el celular importado y el celular nacional, en favor del primero.

El tema es que no solo los celulares se encarecieron con respecto al mundo, sino que todos los bienes de producción local perdieron competitividad. La principal razón es la apreciación del peso que mantiene el programa económico del Gobierno Nacional, tal como se demuestra en el siguiente cuadro que da cuenta de la evolución anual disponible en mayo de 2025, de la tasa de cambio de sus monedas y de los precios al consumidor para Argentina y los países limítrofes:

Como una primera aproximación, la lectura del cuadro nos muestra un mejor posicionamiento de los valores en dólares en aquellos casos en que la diferencia TCO-IPC es positiva. La competitividad vía dólar de Argentina, la muestra la última columna con la apreciación de su moneda con respecto a cada uno de los países limítrofes, la que se puede medir en el orden del 20% (excluyendo Bolivia), siguiendo esta metodología primaria.

Adicionalmente, un indicador serio de encarecimiento de los países es la Paridad de Poder de Compra (PPP) elaborada por la OCDE, que permite comparar precisamente la relación de precios entre diferentes países. En términos del dólar, el PPP para Argentina se triplicó (300%) durante el año 2024. Esto nos da una referencia con respecto a los precios en Estados Unidos. La relación es similar con respecto a los países vecinos, los que en promedio registraron un incremento anual en 2024 de solo el 2%, muy por debajo del 300%.

Estos indicadores nos permiten inferir que Argentina registra en los últimos años un fuerte encarecimiento en todos los bienes, en relación al resto del mundo, asociado a una apreciación de su moneda.

Frente a este cambio de relación de precios, en forma errónea, la reacción del Gobierno Nacional es disminuir los aranceles de importación de los celulares, en un marco de presión mediática contra el régimen de promoción de Tierra del Fuego que produce los celulares locales.

Por último, una breve referencia a las alternativas, en forma sinóptica:

Es incorrecto proponer cambios en la estructura productiva de Tierra del Fuego en base a la exportación de sus recursos naturales (salmón, agua, energía eólica), porque la misma ya demostró ser ineficiente tanto en la historia de Tierra del Fuego, como en la región chilena de Magallanes.
La generación de un polo de desarrollo poblacional que se mantuvo a lo largo de todos estos años es lo que permite explicar el valor agregado bruto de la Isla, que se compone de un 52% (base 2020) de provisión de servicios (sector terciario), y que es consecuencia de las externalidades positivas del régimen de protección industrial.
La posibilidad de instalación de una base militar extranjera, que podría estar subyacente en las ideas de sectores dominantes, es propia de una patria “chiquita” que se remonta a la historia previa a la consolidación nacional, cuando el contexto mundial estaba dominado por el libre comercio ricardiano, regía el patrón oro, aun la oferta creaba su propia demanda (parte del fallo de mercado de la crisis del 30), y éramos un país de solo dos millones de habitantes.
Por estas razones es necesario mantener el régimen de asentamiento territorial en Tierra del Fuego, en el contexto de un programa nacional de migración interna y bienestar social, con un control estricto en el uso de los recursos fiscales. ¿Quizás la alternativa es pensar una Argentina en Grande?

Fuente Bibliográfica: