ACUERDO UE-MERCOSUR. ALGUNOS ANTECEDENTES HISTÓRICOS
Por Carolina Zamboni*
Tras 25 años de negociaciones, el pasado 17 de enero se firmó en Asunción el Acuerdo MERCOSUR-UE, cuya entrada en vigencia provisional fue el pasado 1ro de Mayo. Mientras que en 2005 se rechazó la integración con Estados Unidos por temor a las asimetrías, el acuerdo con la Unión Europea de 2026 se presenta como una apuesta a la «inserción inteligente», aunque reabre debates intensos sobre el impacto en los sectores productivos regionales. ¿Cómo analizaremos esta etapa? ¿Representa este nuevo acuerdo una contracara del ALCA o es, en realidad, una nueva pieza del mismo blindaje brindado al capital?
En esta primera nota, nos proponemos incorporar algunos de los hechos históricos que condujeron a que en este año 2026 llegáramos a la firma de este tratado. En la siguiente, vamos desmenuzar los distintos aspectos que lo componen, más allá de cómo se lo presenta.
Acumulación por despojo y Tratados de Libre Comercio
La transición hacia la fase contemporánea del capitalismo —identificada con el modelo neoliberal consolidado entre las décadas del ochenta y noventa— tiene su origen en la crisis de sobreacumulación de los años setenta. Este escenario actuó como catalizador para una nueva estrategia de expansión del capital, conceptualizada como «acumulación por despojo».
Dicho paradigma no se limita a la producción de mercancías, sino que se fundamenta en la mercantilización de bienes comunes y la absorción de activos públicos bajo la lógica del mercado, reactualizando mecanismos de apropiación de recursos que antes permanecían ajenos a la órbita privada.
Este proceso de expansión geográfica y financiera ha sido traccionado por la revolución en las tecnologías de la información. El desarrollo de la infraestructura digital e Internet permitió la libre movilidad de los flujos financieros, facilitando lo que la teoría denomina la fragmentación y descentralización productiva. Bajo esta lógica, el capital logra deslocalizar segmentos industriales hacia zonas con ventajas comparativas, integrándolos funcionalmente en extensas cadenas globales de valor que conectan centros de alta tecnología con periferias proveedoras de recursos naturales.
Consecuentemente, esta dinámica ha configurado una nueva arquitectura legal internacional. En este marco de gobernanza global conformado a través de los regímenes internacionales como la OMC, el FMI y el Banco Mundial, las decisiones políticas de los Estados se encuentran subordinadas a normativas bilaterales y regionales de comercio e inversión. Los Tratados de Libre Comercio (TLC) y los Tratados Bilaterales de Inversión (TBI) se configuran como instrumentos jurídicos que garantizan la inmunidad del capital multinacional en cada país, condicionando la soberanía normativa de las naciones frente a las demandas de los mercados globales.
El objetivo central de estos tratados es proporcionar lo que el mercado denomina “seguridad jurídica”, un concepto que, en la práctica, busca garantizar la estabilidad de las reglas de juego para los inversores, independientemente de los cambios políticos o sociales en los países receptores. Esta situación se tradujo en la creación de un régimen de solución de controversias inversor-Estado impulsado por los Tratados Bilaterales de Inversión (TBI) y el Convenio de Washington firmado en 1965 (CW). Lo que conllevó al surgimiento del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) que permite la resolución de conflictos mediante el arbitraje internacional. Este mecanismo establece una jurisdicción paralela que permite a las empresas transnacionales demandar a los Estados nacionales fuera de sus tribunales locales que reconocen “personalidad jurídica” a las empresas y corporaciones transnacionales, de manera tal que son asumidas como sujetos jurídicos y su aplicación es igualmente vinculante para con los Estados partes.
De esta manera, se produce una asimetría jurídica significativa: mientras que los Estados quedan obligados a proteger la rentabilidad de las inversiones bajo amenaza de sanciones millonarias, los tratados rara vez imponen obligaciones vinculantes a las empresas en materia de derechos humanos, protección ambiental o desarrollo local.
En definitiva, este sistema de arbitraje internacional actúa como el garante final del modelo de acumulación por despojo. Al elevar los intereses privados al rango de compromisos internacionales inalterables, se limita la capacidad de los gobiernos para regular sus propios recursos naturales o implementar políticas públicas que puedan afectar las expectativas de ganancia de las corporaciones. Así, la «arquitectura legal» se completa, subordinando la soberanía estatal a las garantías jurídicas del capital globalizado.
Tratados de Libre Comercio y América Latina
En el contexto específico de América Latina, esta inserción económica se ha consolidado bajo el denominado «Consenso de los Commodities». Dicho modelo se caracteriza por una especialización en la exportación de bienes primarios a gran escala carentes de valor agregado, incentivada por políticas estatales de exploración y explotación de recursos naturales.
La evidencia empírica permite señalar un desfase estructural entre las promesas de desarrollo y los resultados efectivos. Frente a los discursos institucionales que auguran una diversificación de las exportaciones y una modernización tecnológica, la implementación de estos tratados ha servido, en la práctica, para cristalizar la matriz extractivista. En lugar de fomentar un desarrollo integral, estos acuerdos han profundizado la dependencia de la región respecto a la exportación de recursos naturales, consolidando una inserción periférica y asimétrica en la economía mundial.
Del Rechazo al ALCA al Acuerdo Mercosur-UE
Hacia mediados de la década de los noventa, la consolidación del modelo neoliberal alcanzó su punto máximo con la propuesta del ALCA (Área de Libre Comercio de las Américas) en la Cumbre de Miami de 1994. Este proyecto buscaba profundizar la liberalización comercial y blindar la arquitectura legal del capital a escala continental, en un intento por acrecentar el área geográfica iniciada ese mismo año con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN más conocido como NAFTA por sus siglas en inglés), firmado entre Canadá, EE.UU. y México.
Sin embargo, la aplicación de estas políticas durante más de una década generó contradicciones estructurales que eclosionaron al inicio del nuevo milenio.
El agotamiento de este ciclo se manifestó en una serie de crisis sistémicas de gran magnitud, destacándose los colapsos económicos y sociales en Venezuela (1998/2002), Brasil (1999) y la crisis orgánica de Argentina en 2001. Estos escenarios no solo evidenciaron la vulnerabilidad financiera de la región, sino que dispararon indicadores críticos de pobreza, desocupación y una profunda crisis de representatividad política, marcando el fin de la hegemonía neoliberal irrestricta.
Como respuesta a este agotamiento, surgió en América Latina una nueva configuración de poder caracterizada por el ascenso de gobiernos que cuestionaron la alineación automática con los intereses de Estados Unidos y las recetas del mercado. El acceso al poder de figuras como Hugo Chávez Frías (1999), Luiz Inácio Lula da Silva (2003) y Néstor Kirchner (2003) representó un giro hacia políticas con un fuerte contenido social, buscando dar representación a los sectores excluidos de la década precedente.
Esta sintonía política no se limitó al ámbito interno, sino que se tradujo en una redefinición de la integración regional. Para el año 2005, se consolidó un eje estratégico que priorizó el fortalecimiento de bloques propios, como se evidenció con la incorporación de Venezuela al MERCOSUR. Este impulso, liderado por Argentina y Brasil pese a las asimetrías y reparos de los socios menores, simbolizó el intento de construir un espacio de cooperación regional capaz de mediar las presiones de la gobernanza global y proponer una alternativa al modelo de libre comercio tradicional.
Es importante remarcar, en este punto, los procesos internos que atravesaron estos tres países, sus crisis, y los sujetos que emergieron como centrales luego de ellas, para comprender que tanto Chávez, como Lula y Kirchner, llevaban adelante un “mandato” a la IV Cumbre de las Américas que expresaba la negativa de los pueblos latinoamericanos a caer nuevamente en las “redes” del neoliberalismo. Las luchas sociales a lo largo de la región durante años contra el neoliberalismo fueron protagonizadas por múltiples movimientos que confluyeron a nivel regional. Por ejemplo, en la conformación de la Alianza Social Continental, compuesta por centrales sindicales, movimientos sociales, ONG, desocupados, campesinos, movimientos estudiantiles, comerciantes y cámaras de pequeños y medianos empresarios. También fueron parte de estas luchas las organizaciones sindicales del movimiento obrero nucleadas, a través de las principales centrales sindicales de la región, en la Coordinadora de Centrales de Sindicales del Cono Sur (CCSCS) que se opuso abiertamente a la iniciativa norteamericana. Por otra parte, el Foro Social Mundial (FSM), que reunió desde intelectuales, partidos políticos y movimientos sociales hasta funcionarios de algunos gobiernos, y cuyo objetivo central era constituir un punto de encuentro de las luchas contra el neoliberalismo y todas formas de opresión.
Este proceso de convergencia política y social entre los nuevos liderazgos de la región alcanzó su punto de mayor gravitación geopolítica en noviembre de 2005, durante la IV Cumbre de las Américas en Mar del Plata. El acumulado de las crisis sociales previas, sumado a la reciente sintonía estratégica entre los gobiernos de Argentina, Brasil y Venezuela, propició el rechazo definitivo a la firma del ALCA.
Cabe aclarar que aunque el liderazgo lo llevaron los mandatarios de los tres países mencionados, también hubo sintonía con las posturas de Tabaré Vázquez (Uruguay) y Nicanor Duarte Frutos (Paraguay) como miembros del Mercosur, lo que permitió que el bloque se mantuviera firme frente a la presión de George W. Bush (quien también estaba presente en la cumbre) y otros mandatarios que sí apoyaban el acuerdo, como Vicente Fox (México). Además en dicha cumbre estuvo presente Evo Morales, quien ganaría las elecciones poco después, en diciembre de 2005, asumiendo la presidencia de Bolivia en enero de 2006.
La caída del proyecto del ALCA simbolizó, por tanto, una ruptura con el consenso neoliberal de los años noventa. Marcó el inicio de un período donde la integración regional comenzó a pensarse desde la autonomía política y el fortalecimiento de los mercados internos, intentando disputar el sentido de la gobernanza global y priorizando la agenda social y productiva por sobre las garantías absolutas para el capital transnacional.
No obstante, asistimos actualmente a un nuevo punto de inflexión: tras 25 años de negociaciones, el pasado 17 de enero se firmó en Asunción el Acuerdo MERCOSUR-UE, cuya entrada en vigencia provisional fue el pasado 1ro de Mayo. Mientras que en 2005 se rechazó la integración con Estados Unidos por temor a las asimetrías, el acuerdo con la Unión Europea de 2026 se presenta como una apuesta a la «inserción inteligente», aunque reabre debates intensos sobre el impacto en los sectores productivos regionales. ¿Cómo analizaremos esta etapa? ¿Representa este nuevo acuerdo una contracara del ALCA o es, en realidad, una nueva pieza del mismo blindaje brindado al capital? Para ello, habrá que esperar a la próxima entrega de “El Patio Trasero”.
*Carolina Zamboni, es estudiante de la Licenciatura en Relaciones Internacionales e integra el espacio del «Patio Trasero» del ISEPCI.
** Prensa: 11-36483667
