Como resultado de enfrentar la pandemia del coronavirus, la emisión monetaria se incrementó un 25% en Argentina durante los primeros cuatro meses del año 2020, en términos de expansión de la Base Monetaria. El total emitido en cuatro meses representa el 40% del total emitido en los cuatro años del gobierno de Cambiemos.
Escribe: Rubén Ciani*
Emisión monetaria e inflación
Resulta interesante destacar que este sensible aumento de la oferta monetaria no representó una aceleración de la inflación en el cuatrimestre, ya que la tasa acumulada de incremento de precios al consumidor medido por el INDEC en dicho fue del 9.4%, solo la mitad de lo sucedido en el cuatrimestre previo, septiembre – diciembre del 2019, con promedio mensual calculado en el 2.2%.
Claramente, este porcentaje acumulado cuatrimestral incluye parte de marzo y todo abril, meses con cuarentena muy estricta y con nula actividad comercial en subsectores donde no hubo movimiento de precios porque no se registro comercio. La inflación en los alimentos fue mucho mayor en los barrios populares, donde el Índice Barrial de Precios (IBP) del ISEPCI, para la Canasta Básica de Alimentos, en dicho periodo superó el 20%.
Sin embargo, esta tasa de inflación medida en estos últimos meses, con todos los limites que brinda la coyuntura comercial, se asemeja a los niveles de inflación observados en los periodos de fuerte control de la emisión monetaria durante el gobierno de Cambiemos (Ver Gráfico Nº 1). Este es el caso del período de 12 meses que va desde septiembre de 2018 a agosto de 2019, cuando la tasa de inflación acumulada medida por el INDEC fue del 50% (promedio del 3.7% mensual), la medición del IBP ascendió al 63% y la expansión de la base monetaria fue solo del 3.6%.
En este marco, con la economía real dominada por la inactividad sanitaria y la recesión económica, no hay críticas con respecto al nivel de emisión. Los sectores económicos ortodoxos, cultores de la contención monetaria, solamente previenen sobre una aceleración inflacionaria futura.
Financiar la pandemia
Sin oposición ideológica e incluida en las medidas propuestas por el FMI para enfrentar la crisis económica subyacente a nivel mundial, esta política monetaria expansiva se muestra hasta el presente en el país, como el único recurso financiero para enfrentar la crisis. La financiación debe abarcar a los gastos sanitarios necesarios para atender la enfermedad, y las subvenciones derivadas de la caída de la actividad económica que genera la obligada cuarentena con aislamiento obligatorio de buena parte de la población.
Sin embargo, no debería ser la emisión monetaria el único instrumento para financiar la crisis. El mismo FMI en sus primeras declaraciones al respecto, ya instaba a los Bancos Centrales a asegurar la liquidez en los mercados. Pero también les señalaba a los gobiernos, que debían llevar una política fiscal intensificada para proporcionaron apoyo considerable a las personas y empresas más afectadas. Esta propuesta fiscal se entiende que incluye tanto al gasto público, destinado a subsidiar la actividad de los más afectados, como a los impuestos, que permitan financiarlo.
En este sentido, en Europa se debate el tema desde los primeros días del mes de abril, con propuestas de impuesto a las grandes rentas como una alternativa para enfrentar los costos de la pandemia. Una de las propuestas más divulgadas es la presentada por los economistas Zucman, Saez y Landaism, en el portal Voxeu (03/04/20), donde se plantea que: “Los gobiernos europeos han reaccionado rápidamente a la crisis de COVID y ahora están discutiendo formas de mutualizar el costo de la epidemia. Esta columna propone la creación de un impuesto progresivo a la riqueza, limitado en el tiempo y en toda Europa, evaluado sobre el patrimonio neto de las personas con mayor riqueza del 1%”.
En Argentina, que tiene como inconveniente adicional no poder acceder al endeudamiento en los mercados financieros internacionales, se están debatiendo en el Congreso varias propuestas de impuestos a las grandes rentas, en línea con el debate europeo. La presentada por el oficialismo del Frente de Todos, calcula en la mejor de las evaluaciones una recaudación del orden de los 3000 millones de dólares, que representa solo el 50% de lo emitido en el primer cuatrimestre.
Ciertamente, es altamente probable que se necesiten recursos crecientes y de fácil disponibilidad, en la medida que la pandemia se extienda en el tiempo. Esto quizás impone la revisión de otras estrategias impositivas, también en debate, mas atadas a la distribución de la actividad económica en la pandemia y basadas en un concepto solidario en el marco de la misma.
Cuando se concretó la reunificación de Alemania, en los años noventa, se diseño el Impuesto Solidario, como un instrumento para subvencionar la recapitalización del sector oriental del país, que había sido gobernado por un régimen comunista durante casi cincuenta años. Este instrumento tributario era sostenido básicamente por la economía del occidente capitalista, y lo recaudado se destinaba a subsidiar la recuperación de la parte oriental de país, que estaba saliendo del régimen centralizado con bajos recursos económicos.
Este tipo de impuestos, pueden evaluarse también como una alternativa transitoria en el presente de Argentina. En este caso, los sectores económicos en funcionamiento, aportarían a un fondo solidario para distribuir a aquellos que están inactivos total o parcialmente. El destino de los recursos deberían ser los salarios de los trabajadores formales hasta cierto nivel de ingresos, y para los trabajadores informales de la economía popular.
Es importante tener en cuenta que si bien enfrentamos una fuerte recesión, la actividad económica permitida desde 20 de marzo, cuando se inicia la cuarentena sanitaria, se podría estimar que alcanzaba al 40%/45% de la desarrollada en el trienio 2017/2019.
Un registro similar observaría la actividad en la industria manufacturera, motor del empleo formal, en donde mantienen alta actividad aquellos subsectores calificados en la crisis como esenciales, a saber: producción y distribución de de alimentos, fabricación de papel, imprenta, instrumentos médicos y químicos. Seguramente, los porcentajes de actividad fueron creciendo con las posteriores flexibilizaciones de la cuarentena.
Por otra parte, la actividad de los sectores agro-exportadores, en un marco de recesión industrial durante los últimos dos años, continúan asegurando un superávit en el balance comercial (Ver Gráfico Nº2). En enero-marzo de 2020, el balance exportaciones-importaciones fue positivo en 3300 millones de dólares, comparado a 2000 millones en enero –marzo de 2019. Esto nos permite perfilar para el año 2020 un superávit comercial relevante, en niveles similares a los 16000 millones de dólares del año 2019.
Con relación a la estabilidad de precios, es importante ver la evolución del Índice de Precios de Granos y Oleaginosos del CIG, que marca los niveles de precios de los granos en el mercado mundial. Durante el período febrero-mayo del presente año, dicho índice varió entre un máximo de 193 en febrero y un mínimo de 181 a mediados de marzo, ubicándose en mayo en 187 y presentado una alta estabilidad relativa en comparación a otros comoditties, como el petróleo, y ciertos bienes industriales.
Preservar el Mercado Interno
En orden al destino del impuesto solidario, resulta económicamente relevante abonar el 100% de los salarios del sector formal del trabajo, considerando que los mismos componen lo que podemos denominar la clase media laboriosa, con necesidades alimentarias satisfechas. Esta restitución permitirá reconstituir transitoriamente el ahorro de las familias, especialmente en aquellos asalariados con baja actividad en la coyuntura, situación que permite reducir sus gastos de movilidad.
Es altamente probable, que estos sectores laborales orienten esos ahorros hacia el mercado de bienes y servicios durables. En esa producción intervienen empresas PyMEs, actualmente inactivas o con alta capacidad de producción ociosa, condiciones que derivarían en una reactivación productiva más que en un aumento de precios.
Los sectores populares, incluidas estas clases medias laboriosas, fueron sensiblemente afectados por el ajuste fiscal promovido en el acuerdo con el FMI en 2018. Este ajuste, que determinó un déficit primario históricamente bajo del 0.4% del PBI al finalizar el año 2019, se basó en buena medida en el recorte de subsidios a la energía y el transporte, los que se transformaron en igual cuantía, vía mayores tarifas, en incremento del gasto de las familias y disminución de sus ahorros.
Los subsidios económicos del presupuesto nacional, que incluyen a energía y transporte, se redujeron durante el gobierno de Cambiemos en 10.000 millones de dólares, cifra que se tradujo en buena medida en mayores gastos de los trabajadores.
En palabras de economista Arriazu (entrevista Diario Perfil del 25 de abril de 2020): “Casi 80% del PBI mundial en este momento está ligado a la especialización y al intercambio. Cuando se impide el intercambio, se produce una destrucción instantánea del PBI”. Si bien, reconstituir el intercambio implicará la elaboración de nuevos protocolos de relación individual y social; ciertamente, obtener un financiamiento sostenido y reforzar el poder adquisitivo de la demanda de los sectores populares, ayudará sensiblemente a salir de la pandemia económica.
*Rubén Ciani. Economista. Investigador del ISEPCi.
Contacto: 1156167088
