Por Simón Cluigt*
El pasado 27 de febrero se aprobó en el Congreso Nacional bajar la edad de pubilidad con el argumento de que era un «acto de justicia hacia la sociedad» para frenar la delincuencia. Quienes nos oponemos a que se baje la edad de punibilidad, sabemos y tenemos bien claro, que no es una cuestión de si la punibilidad es a los 13 o a los 14 años, que no es, ni tampoco debería serlo, el Derecho Penal quien sea capaz de dar respuestas a cuestiones que lejos tienen que ver con la simpleza de un pensamiento lineal como el que continuamente repiten desde el Gobierno Nacional “delito de adulto, pena de adulto”.
Lo que vivimos en el mes de febrero en el Congreso Nacional (en las dos Cámaras) ha sido bochornoso; discursos demagógicos, fascistas y punitivistas para hacernos creer como sociedad que uno de los principales problemas emergentes que enfrentamos los y las argentinas, son los delitos cometidos con participación de niñes y adolescente.
Al día de la publicación de esta nota, si bien las dos Cámaras del Congreso de la Nación aprobaron la reforma que baja la edad de punibilidad a 14 años, aún se encuentra pendiente su publicación en el Boletín Oficial.
Durante el periodo de sesiones extraordinarias del Congreso, vimos argumentaciones falsas tanto del Gobierno como de los medios de comunicación cómplices, que buscaban mostrar índices justificantes que nada tienen que ver con la realidad, pues durante 2024, sólo el 0,01% de la población de niñes y adolescentes en Argentina tuvo una intervención judicial por causas penales. La cuestión de las niñeces/adolescencias en conflicto con la ley penal, es un fenómeno multicausal donde la mayoría de sus causas residen en los barrios olvidados por las políticas públicas.
Cuando una familia se ve envuelta en fragmentaciones y debilitamiento de sus vínculos producto de situaciones de precarización de la vida cotidiana (falta de trabajo, violencia intra/extra familiar, consumos problemáticos/adicciones, ruptura de trayectorias educativas, entre otras problemáticas sociales emergentes), las niñeces y adolescencias de esas familias quedan a merced de redes delictivas comandadas por adultos como ocurre con las redes de narcotráfico.
El Gobierno Nacional sabe muy bien que la mayoría de las causas que llevan a niñes y adolescentes a estar comprendides en situaciones de violencia y comisión de delitos, están relacionadas con el debilitamiento de los vínculos educativos, de carencias económicas, de la pobreza estructural y sobreviniente. Lo sabe, por eso habiendo tantas otras cosas que tratar, por eso vimos en las sesiones legislativas extraordinarias como se tergiversó las recomendaciones del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo al hablar de seguridad ciudadana “Debe ser el resultado de una política que se oriente hacia una estrategia integral, que incluya la mejora de la calidad de vida de la población, la acción comunitaria para la prevención del delito y la violencia (…) una educación que se base en valores de convivencia pacífica (…) y en la construcción de cohesión social”.
¿Cómo el Gobierno Nacional pretende construir cohesión social cuando tenemos más del 60% de niñes bajo niveles de pobreza, tenemos un aumento considerable de la precarización laboral/ desocupación (que será aún más con la reforma laboral que pretende sancionar), ajusta la salud y la educación pública?.
La modificación de la Ley Penal Juvenil bajando la edad de punibilidad, lejos de abordar la cuestión desde una mirada integral y con perspectiva de derechos, va a llevar al límite situaciones que tendrían que abordarse con la prevención y acompañamiento territorial por parte de organismos estatales.
Existen diversas alternativas que posibilitan la reparación del daño y la garantía de los derechos de las víctimas, sin que eso conlleve a tener que bajar demagógicamente la edad de punibilidad, como la mediación, la justicia restaurativa, o la suspensión de juicio a prueba, tal como el propio Gobierno las enmarca para los casos de niñes no punibles. Quienes nos oponemos a bajar la edad de punibilidad también sabemos que es necesaria la reforma de la Ley Penal Juvenil de 1980, sancionada por un gobierno dictatorial de facto, que es regresiva sin perspectiva de derechos ni protecciones integrales para les niñes y adolescentes.
Pero esta reforma no fue la solución, porque se basa en el castigo, en la intervención tardía y en el encierro como mecanismo de segregación social. Necesitamos una nueva Ley que contemple y esté acorde realmente a los estándares internacionales de Derechos Humanos, poniendo el énfasis en la reparación del daño pero también en la prevención del delito fortaleciendo las áreas gubernamentales encargadas de la promoción y protección de derechos para un desarrollo integral de las niñeces con perspectiva de futuro digno y sostenible en el tiempo.
Este accionar del Gobierno Nacional, junto a los demás retrocesos de la dignidad argentina propulsados desde su asunción, lo seguirán colocando y enterrando en el basurero de la historia como el peor Gobierno democrático de nuestra Nación.
Simón Cluigt, es Lic en trabajo social, abogado, docente universitario de la UNLP y director del ISEPCi en la ciudad de La Plata.
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