SIN SALUD, SIN DINERO Y MUCHO ODIO
Por Javier García Ruiz*
Este 10 de diciembre se cumplirá un año de la asunción de Javier Milei a la presidencia de la Nación, un plazo en el cual se ha modificado la vida ciudadana de forma peligrosa. Por ello mismo, nos propusimos repasar las restricciones de derechos que fueron ocurriendo durante este año, y más importante, entender cómo afectan al común de las personas en su vida cotidiana.
Un plan de gobierno que apunte a un modelo económico neocolonialista y de producción de materias primas, que se sostenga en la deuda y la especulación financiera como pilar, claramente lleva indefectiblemente a la pérdida de derechos para aquellos sujetos destinados a la explotación y la producción de servicios necesarios. Nuestro preámbulo constitucional, se encuentra afectado cuando podemos identificar que no se cumple con la constitución de la unión nacional (desfinanciamiento de provincias), afianzamiento de la justicia (un poder judicial sin independencia ni credibilidad), consolidación de la paz interior (descontento de múltiples sectores sociales), promoción del bienestar general (perjuicio a jubilados, discapacitados, enfermos oncológicos, en fin, a todos los sectores más vulnerables de la sociedad), o garantizar los beneficios de la libertad (censura y detenciones arbitrarias).
Así, el gobierno de Milei fue tomando diferentes medidas para desacreditar las movilizaciones populares, gremiales, sectoriales, y en definitiva cualquier tipo de manifestación pública contra su gestión. Así, el primer ataque se dio con el «Protocolo Antipiquete», mediante la Resolución N° 943/2023 «PROTOCOLO PARA EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN PÚBLICO ANTE EL CORTE DE VÍAS DE CIRCULACIÓN».
EL TOPO QUE TODO LO DESTRUYE
La Ley de Bases (Ley N° 27.742) se presentó como el inicio de un proceso de cambio drástico en el ordenamiento jurídico general, con diversos capítulos y temas.
El primer lugar, debemos destacar que el Congreso Nacional decidió delegarle al Poder Ejecutivo facultades extraordinarias, con motivo de declarar emergencia pública en materias dministrativa, económica, financiera y energética. Si bien se ha abusado de la posibilidad de otorgar facultades delegadas en el pasado, tanto en aquel momento como ahora, debemos considerar el peligro para un sistema republicano de división de poderes, que sea acumulable en una persona la suma del poder público. Desde la Revolución Francesa en 1789, la división de poderes surge como una idea de repartir el poder que antes se concentraba en un monarca, y minimizar su impacto en la vida social.
Desde el ámbito administrativo, la ley prevé que no sea posible la modificación o disolución de universidades nacionales, por ejemplo. Pero tal como hemos visto, el desfinanciamiento de éstas se ha ido agravando, llevando a multitudinarias marchas en todo el país el 23 de abril y el 2 de octubre. Esto claramente genera un perjuicio en el derecho a la educación, y ha ido escalando desde el deterioro de los salarios docentes y no docentes, pérdida de personal de enseñanza, menos cátedras disponibles, hasta un posible cierre de facto.
El mismo artículo 3° de la ley, dispone la prohibición de disolución de diversos organismos estatales de vital importancia, entre los que podemos destacar el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN), la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) e Industrial (INTI), la Administración de Parques Nacionales (APN), el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el Instituto Nacional del Agua (INA) y el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CENARD), entre otros.
Aun así, todos estos organismos se han visto en medio del debate público respecto de su financiamiento y su importancia. Está claro que todos estos organismos tienen una importancia concreta en la realidad de nuestras vidas, sea para anticipar situaciones, como para controles de sanidad y calidad.
A través del Decreto N° 888/2024, y amparado por el artículo 5° de la ley, Milei decidió disolver fondos fiduciarios creados para solventar diferentes realidades como son el Fondo Nacional de Emergencias, el Fondo Fiduciario Progresar, y el Fondo de Protección Ambiental de los Bosques Nativos. La afectación de esta decisión radica en que se libera la protección de esos fondos frente a emergencias (alertas, desastres, emergencias, etc., conforme Ley 27.287); la posibilidad de generación de nuevas oportunidades de inclusión social y laboral (decreto 57/2022); o el cuidado y conservación de los bosques nativos, pilares del derecho a un ambiente sano.
SIN SALUD, SIN DINERO Y SIN AMOR
Durante el transcurso del corriente año, se ha ido dando circunstancias que iban modificando y restringiendo derechos, siempre basados en justificaciones inexactas, incomprobables o insuficientes.
Desde hace unos días que explotó públicamente la cuestión del recorte a la cobertura del 100% de medicaciones de PAMI para jubilados, a partir de la Resolución RESOL-2024-2537-INSSJP-DE#INSSJP, que resuelve que la cobertura se dará al completar un formulario, con requisitos previos entre los que se encuentran recibir un haber mínimo y medio ($400.000 aprox.), entre otros. Es importante destacar, que los jubilados que reciben el haber mínimo, tienen congelado desde marzo 2024 el bono de $70.000, ante una escalada de precios constantes, lo cual agrava la situación de vida de todos ellos.
Otro sector de la sociedad que se ha encontrado atacado en estos meses, han sido las mujeres. El 6 de junio fue disuelto el entonces Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades, siendo sus funciones reducidas a una mera subsecretaría, lo cual desde lo simbólico demuestra la quita de prioridad en esas políticas. No hay que dejar de recordar que Javier Milei (y muchos funcionarios y acólitos), han usado lenguaje violento contra distintas personalidades, entre ellas por ejemplo Cristina Fernández de Kirchner o Lali Espósito entre otras. al igual que contra el movimiento LGTBQ+. Esta postura absurda en contra de una supuesta “ideología de género”, llevó a que la Argentina sea el único país del mundo en votar negativamente en la asamblea de Naciones Unidas, respecto de la resolución para la prevención de formas de violencia hacia la mujer, de fecha 14 de noviembre del 2024. Asimismo, al desmantelamiento general de políticas de protección de violencia de género, ya que fue derogado hace pocos días, mediante el decreto 1048/2024, el Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata.
El ataque a los pueblos originarios ha sido otra constante cotidiana en el lenguaje violento de los funcionarios oficiales, ya sea a través de declaraciones propias o de las legiones de trols que inundan las redes sociales con mensajes de odio contra todos/as los que no están de acuerdo con sus posturas.
En términos de salud, al igual que la educación pública, han sido víctima de constantes ataques mediáticos y administrativos, forzando su decaimiento de calidad y un desfinanciamiento generalizado. En febrero de este año tuvimos la denuncia de que se había paralizado la entrega de medicación oncológica por parte de la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (DADSE). A la vez, en los últimos meses se eliminaron por decreto más de 180 mil pensiones por discapacidad, y se redujo a un 39% el presupuesto asignado para el próximo año. Desde la infraestructura, tampoco se ha gozado de ayuda gubernamental, ya que hubo y hay movilizaciones constantes ante el anuncio de cierre realizado en su momento del Hospital Laura Bonaparte (único en el país de salud mental), las denuncias reiteradas sobre la situación salarial y presupuestaria del Hospital infantil Garraham, o los despidos masivos ocurridos en el Hospital Posadas.
Otro derecho vulnerado, con la finalidad de beneficiar ciertos sectores respecto de las mayorías, es el del derecho a un ambiente sano. Es indudable la crisis climática que estamos viviendo, con cambios y fenómenos constantes y dañosos. En un tema que debería ser prioritario, tanto por su valor económico como por la supervivencia propia de una sociedad, la negación del gobierno es peligrosa. Al retiro de la delegación nacional de la cumbre climática COP 29 en Baku, parecería que se ha decidido entregar nuestros recursos naturales a sectores concentrados de la economía en perjuicio de la población civil. A la derogación mediante el DNU N° 70/2023 de la Ley N° 26.737 de Protección de Tierras Rurales, que evitaba la compra indiscriminada de tierras por parte de extranjeros, encontramos el peligro que supuso el proyecto inicial de la Ley Omnibus que buscaba derogar la Ley de Manejo de Fuego y la Ley de Glaciares.
La actual gestión de gobierno, con su lógica negacionista de los crímenes de lesa humanidad ocurridos en la última dictadura civico-militar decidió eliminar la Unidad Especial de Investigación de la Desaparición de Niños durante la última dictadura militar, que formaba parte de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI), por considerar sus objetivos ponían en riesgo la división de poderes que establece la Constitución Nacional, cuestión que se hizo oficial a través de la publicación del Decreto N° 727/2024, con esa lógita también diputados de LLA visitaron en el penal de Ezaiza a represores de la última dictadura.
Se cumplen doce meses de un gobierno que produjo múltiples cambios que conducen a una sociedad más injusta, con más pobres, más indigentes, más jóvenes en condición de inseguridad alimentaria, con las mujeres y las diversidades más desprotegidas. Cambios que buscan conformar una estructura económica, política y social de dos pisos, el de abajo en el que habitaría la inmensa mayoría de la población, el de arriba reservado para una minoría privilegiada gozando de plenos derechos y sin muchas obligaciones ciudadanas.
Compartimos la visión de organizaciones de Derechos Humanos en cuanto cominan a que el gobierno revierta su accionar contra las políticas públicas que garantizan los derechos humanos de todas las personas.
Nuevamente avisamos, que no es la primera vez en nuestra historia –pasada y reciente- que se intentaron implantar estos modelos, y siempre fracasaron, no pudieron afianzarse y consolidarse, porque la resistencia popular les fue instalando obstáculos, que primero parecían sólo pequeños tropiezos, pero que finalmente produjeron su caída.
Esta vez no será la excepción…
*Javier García Ruiz, es abogado e integra el área de Justicia Comunitaria del ISEPCI.
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