Nicolás Schteimberg*
México no podrá romper el vínculo con un vecino con quien comparte más de 3000 km de frontera y es su principal socio comercial. Pero tampoco le sería positivo tener una política de “relaciones carnales” sometida a los intereses estadounidenses. ¿Tomará un rol de liderazgo y participación activa en la integración regional?
3,152 km de tensiones
Hay una crisis de frontera en Estados Unidos. Al menos así lo perciben ambas campañas electorales: la republicana y la demócrata.
La retórica de ambas es sustancialmente diferente, una agresiva y directamente discriminatoria, y otra bastante más amable. Pero ambas parten de ese fundamento. El periodista Greg Grandin define esta campaña como una en la que el Partido Demócrata disputa con los republicanos para ver quién construye el muro más grande
Durante sus 4 años de mandato, el gobierno Biden – Harris suavizó el discurso anti inmigrante, pero continuaron con las políticas de seguridad que habían comenzado ya con el gobierno de Obama.
A pesar de esto, la relación entre el gobierno del presidente mexicano Andres Manuel López Obrador [AMLO] nunca tuvo demasiadas tensiones con EE.UU. Incluso cuando el candidato (y luego presidente) Trump prometía construir un muro en la frontera y hacer que el gobierno de México lo financie.
De hecho, durante su sexenio, a través de la creación de la Guardia Nacional, AMLO ayudó a detener el paso de migrantes en la frontera con Estados Unidos. Teniendo en cuenta estas idas y venidas en los últimos años, ¿Qué se puede esperar del vínculo entre México y EE.UU durante el período de la flamante presidenta Claudia Sheinbaum?
Reforma Judicial
Lo cierto es que el comienzo no fue muy auspicioso para la colaboración entre ambos países. Como última propuesta de AMLO envió al Congreso una reforma que apunta directamente contra el aparato del Estado que más problemas le presentó durante su mandato: el Poder Judicial.[1]
Esta reforma plantea que los jueces de todo el Poder Judicial Federal sean electos directamente por la población, incluyendo los miembros de la Corte Suprema. [2]
Inmediatamente, sectores del empresariado y del gobierno de EE.UU pusieron el grito en el cielo. La principal crítica consiste en que en un contexto de un gobierno que controla ambas cámaras del Congreso pasará a tener control de los tres poderes. Algo similar a lo que sucedió durante la mayor parte del siglo XX a través de la “dictadura perfecta” del PRI. Además, los críticos consideran que la reforma debilitaría la independencia judicial al favorecer jueces que fundamente su decisión en base al potencial apoyo popular para las siguientes elecciones, en lugar de sostener la ley de manera imparcial. En algunos Estados de Estados Unidos (donde los jueces locales son electos por la ciudadanía), hay tendencias a dar sentencias más largas y duras en años electorales, para poder presentarse frente al electorado como un juez “duro frente al crimen”. No sería descabellado que en un país tan asediado por la violencia y el crimen organizado como México pueda darse una situación similar.
Se trata de la clásica tensión que describe Guillermo O’donnell entre las tradiciones democráticas y republicanas. Mientras la tradición democrática se centra en la decisión del pueblo como soberana, la tradición republicana se centra en los sistemas de pesos y contrapesos que intentan frenar decisiones de las mayorías que manifiestamente perjudiquen los derechos de las minorías.
¿Qué debe pesar más en el Poder Judicial? ¿Qué el pueblo pueda elegir a sus jueces, para evitar la formación de una casta judicial que deje de mirar los intereses del pueblo? ¿O la estabilidad de un sistema judicial previsible y limitado?
Más allá del debate teórico, lo cierto es que la reforma judicial derivó en que México pausó las relaciones diplomáticas con EE.UU y Canadá debido a las críticas recibidas. AMLO consideró que EE.UU no tiene ningún derecho a entrometerse en una reforma judicial en México que es perfectamente legal.
Tres frentes de tensión
Comenzando su sexenio, a Sheinbaum se le presentan tres frentes de tensión en su relación con el gigante del norte:
- En primer lugar, la frontera y la migración. ¿Continuará con la política de AMLO de contención y represión? ¿Se enfrentará a las consecuencias de EE.UU en caso de no hacerlo?
- En segundo lugar, la reforma judicial y otros proyectos de ley que puedan ser percibidos como antidemocráticos. Estados Unidos ha mantenido una política de presión sobre regímenes que considera contrarios a sus intereses a los que acusa de no-democráticos en su “patio trasero” (Venezuela, Cuba, Nicaragua). ¿Qué tipo de presión va a ejercer sobre México si decide introducir el argumento de que hay una deriva autoritaria?
- Por último, y no menos importante, la seguridad y la violencia. Si bien AMLO logró reducir marginalmente el número de homicidios, sigue siendo un problema acuciante y preocupante, que termina teniendo consecuencias en la frontera y en EE.UU
Evidentemente, México jamás podrá romper el vínculo con un vecino con quien comparte más de 3000 km de frontera y es su principal socio comercial. Al mismo tiempo, EE.UU también necesita tener una relación aceitada con México debido a estas mismas razones. Pero tampoco sería positivo para el pueblo mexicano tener una política de “relaciones carnales” sometida a los intereses estadounidenses. El desafío será tener un grado de autonomía relativa que permita sacarle el mejor provecho a esa relación.
Para ello, seguramente sea clave mirar al sur e intentar fortalecer alguno de los grupos regionales existentes o generar otros, que puedan “subir el precio” en cualquier negociación o presión con Estados Unidos. Por supuesto que esto no es fácil. La deriva autoritaria de los clásicos aliados en este proyecto (Venezuela, Nicaragua) se suma al triunfo de derechas cada vez más extremas (Argentina, El Salvador).
¿Tomará México un rol de participación activa y liderazgo en la integración regional?
*Nicolás Schteimberg es Lic. en Ciencia Política, integrante del espacio «El Patio Trasero» y del área económica del ISEPCI.
[1] También incluye otras medidas como la exigencia de paridad de género
[2]El rechazo a la Ley de Energía Eléctrica como ejemplo más significativo