Emisión Monetaria. 28.5.20

El financiamiento de la pandemia. ¿Emisión monetaria=inflación?

 

Como resultado de enfrentar la pandemia del coronavirus, la emisión monetaria se incrementó un 25% en Argentina durante los primeros cuatro meses del año 2020, en términos de expansión de la Base Monetaria. El total emitido en cuatro meses representa el 40% del total emitido en los cuatro años del gobierno de Cambiemos.

 

Escribe: Rubén Ciani*

Emisión monetaria e inflación

Resulta interesante destacar que este sensible aumento de la oferta monetaria no representó una aceleración de la inflación en el cuatrimestre, ya que la tasa acumulada de incremento de precios al consumidor medido por el INDEC en dicho fue del 9.4%, solo la mitad de lo sucedido en el cuatrimestre previo, septiembre – diciembre del 2019, con promedio mensual calculado en el 2.2%.

Claramente, este porcentaje acumulado cuatrimestral incluye parte de marzo y todo abril,  meses con cuarentena muy estricta y con nula actividad comercial en subsectores donde no hubo movimiento de precios porque no se registro comercio. La inflación en los alimentos fue mucho mayor en los barrios populares, donde el Índice Barrial de Precios (IBP) del ISEPCI, para la Canasta Básica de Alimentos, en dicho periodo superó el 20%.

Sin embargo, esta tasa de inflación medida en estos últimos meses, con todos los limites que brinda la coyuntura comercial, se asemeja a los niveles de inflación observados en los periodos de fuerte control de la emisión monetaria durante el gobierno de Cambiemos (Ver Gráfico Nº 1). Este es el caso del período de 12 meses que va desde septiembre de 2018 a agosto de 2019, cuando la tasa de inflación acumulada medida por el INDEC fue del 50% (promedio del 3.7% mensual), la medición del IBP ascendió al 63% y  la expansión de la base monetaria fue solo del 3.6%.

En este marco, con la economía real  dominada por la inactividad sanitaria y la recesión económica, no hay críticas con respecto al nivel de emisión. Los sectores económicos ortodoxos, cultores de la contención monetaria, solamente previenen sobre una aceleración inflacionaria futura.

Financiar la pandemia

Sin oposición ideológica e incluida en las medidas propuestas por el FMI para enfrentar la crisis económica subyacente a nivel mundial, esta política monetaria expansiva se muestra hasta el presente en el país, como el único recurso financiero para enfrentar la crisis. La financiación debe abarcar a los gastos sanitarios necesarios para atender la enfermedad, y las subvenciones derivadas de la caída de la actividad económica que genera la obligada cuarentena con aislamiento obligatorio de buena parte de la población.

Sin embargo, no debería ser la emisión monetaria el único instrumento para financiar la crisis. El mismo FMI en sus primeras declaraciones al respecto, ya instaba a los Bancos Centrales a asegurar la liquidez en los mercados. Pero también les señalaba a los gobiernos, que debían llevar una política fiscal intensificada para proporcionaron apoyo considerable a las personas y empresas más afectadas. Esta propuesta fiscal se entiende que incluye tanto al gasto público, destinado a subsidiar la actividad de los más afectados, como a los impuestos, que permitan financiarlo.

En este sentido, en Europa se debate el tema desde los primeros días del mes de abril, con propuestas de impuesto a las grandes rentas como una alternativa para enfrentar los costos de la pandemia. Una de las propuestas más divulgadas es la presentada por los economistas Zucman, Saez y Landaism, en el portal Voxeu (03/04/20), donde se plantea que: “Los gobiernos europeos han reaccionado rápidamente a la crisis de COVID y ahora están discutiendo formas de mutualizar el costo de la epidemia. Esta columna propone la creación de un impuesto progresivo a la riqueza, limitado en el tiempo y en toda Europa, evaluado sobre el patrimonio neto de las personas con mayor riqueza del 1%”.

En Argentina, que tiene como inconveniente adicional no poder acceder al  endeudamiento en los mercados financieros internacionales, se están debatiendo en el Congreso varias propuestas de impuestos a las grandes rentas, en línea con el debate europeo. La presentada por el oficialismo  del Frente de Todos, calcula en la mejor de las evaluaciones una recaudación del orden de los 3000 millones de dólares, que representa solo el 50% de lo emitido en el primer cuatrimestre.

Ciertamente, es altamente probable que se necesiten recursos crecientes y de fácil disponibilidad, en la medida que la pandemia se extienda en el tiempo. Esto quizás impone la revisión de otras estrategias impositivas, también en debate, mas atadas a la distribución de la actividad económica en la pandemia y basadas en un concepto solidario en el marco de la misma.

Cuando se concretó la reunificación de Alemania, en los años noventa, se diseño el Impuesto Solidario, como un instrumento para subvencionar la recapitalización del sector oriental del país, que había sido gobernado por un régimen comunista durante casi cincuenta años. Este instrumento tributario era sostenido básicamente por la economía del occidente capitalista, y lo recaudado se destinaba a subsidiar la recuperación de la parte oriental de país, que estaba saliendo del régimen centralizado con bajos recursos económicos.

Este tipo de impuestos, pueden evaluarse también como una alternativa transitoria en el presente de Argentina. En este caso, los sectores económicos en funcionamiento, aportarían a un fondo solidario para distribuir a aquellos que están inactivos total o parcialmente. El destino de los recursos deberían ser los salarios de los trabajadores formales hasta cierto nivel de ingresos, y para los trabajadores informales de la economía popular.

Es  importante tener en cuenta que si bien enfrentamos una fuerte recesión, la actividad económica permitida desde 20 de marzo, cuando se inicia la cuarentena sanitaria, se podría estimar que alcanzaba al 40%/45% de la desarrollada en el trienio 2017/2019.

Un registro similar observaría la actividad en la industria manufacturera, motor del empleo formal,  en donde mantienen alta actividad aquellos subsectores calificados en la crisis como esenciales, a saber: producción y distribución de de alimentos, fabricación de papel, imprenta, instrumentos médicos y químicos. Seguramente, los porcentajes de actividad fueron creciendo con las posteriores flexibilizaciones de la cuarentena.

 

Por otra parte, la actividad de los sectores agro-exportadores, en un marco de recesión industrial durante los últimos dos años, continúan asegurando un superávit en el balance comercial (Ver Gráfico Nº2). En enero-marzo de 2020, el balance exportaciones-importaciones fue positivo en 3300 millones de dólares, comparado a 2000 millones en enero –marzo de 2019.  Esto nos permite perfilar para el año 2020 un superávit comercial relevante, en niveles similares a los 16000 millones de dólares del año 2019.

Con relación a la estabilidad de precios, es importante ver la evolución del Índice de Precios de Granos y Oleaginosos del CIG, que marca los niveles de precios de los granos en el mercado mundial. Durante el período febrero-mayo del presente año, dicho índice varió entre un máximo de 193 en febrero y un mínimo de 181 a mediados de marzo, ubicándose en mayo en 187 y presentado una alta estabilidad relativa en comparación a otros comoditties, como el petróleo, y ciertos bienes industriales.

Preservar el Mercado Interno

En orden al destino del impuesto solidario, resulta económicamente relevante abonar el 100% de los salarios del sector formal del trabajo, considerando que los mismos componen lo que podemos denominar la clase media laboriosa, con necesidades alimentarias satisfechas. Esta restitución permitirá reconstituir transitoriamente el ahorro de las familias, especialmente en aquellos asalariados con baja actividad en la coyuntura, situación que permite reducir sus gastos de movilidad.

Es altamente probable, que estos sectores laborales orienten esos ahorros hacia el mercado de bienes y servicios durables. En esa producción intervienen empresas PyMEs, actualmente inactivas o con alta capacidad de producción ociosa, condiciones que derivarían en una reactivación productiva más que en un aumento de precios.

Los sectores populares, incluidas estas clases medias laboriosas, fueron sensiblemente afectados por el ajuste fiscal promovido en el  acuerdo con el FMI en 2018.  Este ajuste, que determinó un déficit primario históricamente bajo del 0.4% del PBI al finalizar el año 2019, se basó en buena medida en el recorte de subsidios a la energía y el transporte, los que se transformaron en igual cuantía, vía mayores tarifas, en incremento del gasto de las familias y disminución de sus ahorros.

Los subsidios económicos del presupuesto nacional, que incluyen a energía y transporte, se redujeron durante el gobierno de Cambiemos en 10.000 millones de dólares, cifra que se tradujo en buena medida en mayores gastos de los trabajadores.

En palabras de economista Arriazu (entrevista Diario Perfil del 25 de abril de 2020): “Casi 80% del PBI mundial en este momento está ligado a la especialización y al intercambio. Cuando se impide el intercambio, se produce una destrucción instantánea del PBI”. Si bien, reconstituir el intercambio implicará la elaboración de nuevos protocolos de relación individual y social; ciertamente, obtener un financiamiento sostenido y reforzar el poder adquisitivo de la demanda de los sectores populares, ayudará sensiblemente a salir de la pandemia económica.

 

*Rubén Ciani. Economista. Investigador del ISEPCi.

Contacto: 1156167088

Educación en tiempos de COVID. nota 23.5.2020

LA EDUCACIÓN EN BARRIOS POPULARES ¿EXCLUSIÓN DIGITAL O INCLUSIÓN EDUACTIVA?

Escribe: Manuel Vilchez*

«¿Dónde iremos a buscar modelos?

La América Española es original

—originales han de ser sus Instituciones y su Gobierno—

y originales los medios de fundar uno y otro.

O inventamos o erramos.»

(Simón Rodríguez. Sociedades Americanas, 1842)

“La educación no cambia al mundo:

cambia a las personas

 que van a cambiar el mundo”

Paulo Freire

Quisiera plantear algunos aportes al diálogo social que se viene desarrollando en torno a la educación en tiempos de pandemia. Me centraré en el contexto de los barrios populares, ya que es allí donde considero se han profundizado las desigualdades previas al aislamiento.

Por lo tanto, se vuelve urgente rediseñar los proyectos educativos para que sean constructores de sentidos nuevos de transformación. De otro modo, se corre el riesgo de que sean reproductores e intensificadores de exclusión.

Quisiera también proponer una praxis que involucre reflexiones, preguntas y repreguntas sin intenciones de cerrar todas las respuestas.

Podemos comenzar dudando. ¿En qué situación se encuentran la sociedad y la educación hoy? ¿Qué cambios ha generado el aislamiento social obligatorio dictado por el gobierno para proteger a la población de la pandemia? ¿Cambios espaciales? ¿Temporales? ¿Familiares? ¿Laborales? ¿De conductas, de experiencias, de modo de relacionarnos? ¿Cambios en las maneras de sentir y de percibir? Y esos cambios, ¿afectan a todes por igual? ¿Qué es nuevo y qué continuidad? ¿Qué elementos pre-existentes en nuestra sociedad salen a la luz?

En primer término, es importante detenernos en el hecho de que nos encontramos ante un escenario inédito. El carácter de novedoso, de nunca antes vivido que tiene la experiencia vital actual es fundamental para evitar expectativas que generen rápidas frustraciones. No tenemos todas las respuestas y es bueno que eso suceda.

Lo inédito da lugar al error. Y errar, además de ser humano, es parte fundamental del proceso de aprendizaje. No es un simple desvío del camino “correcto”. Por el contrario, es a partir del error (propio y/o ajeno, individual y colectivo) que podemos crear. Y como decía, Simón Rodriguez, maestro popular de Simón Bolívar: “O inventamos o erramos”. Y podríamos agregar: errando inventamos. Es momento de explorar territorios desconocidos, a partir de lo conocido.

¿Qué conocemos acerca de la realidad social de nuestra ciudad? ¿Son las casas de los barrios populares espacios que pueden transformarse en “aulas virtuales”? ¿Cuentan las familias con el acceso a internet y la tecnología imprescindibles para la llamada “Continuidad Pedagógica”? ¿Hay “continuidad” entonces o hay un quiebre?

Por su parte, la pedagoga Inés Dussel desarrolla un concepto interesante: nos invita a pensar críticamente la noción de “inclusión digital” como una nueva dimensión de la inclusión educativa. Pero cabe preguntar ¿Qué pasa con la “exclusión digital”? ¿Es total? ¿Es una frontera porosa como dice Dussel?

Vamos unos pasos hacia atrás: ¿Qué función cumplía la escuela en los barrios? En tanto instituciones públicas, la presencia del Estado en los barrios populares de Mar del Plata y Batán se reduce generalmente a la escuela y la comisaría. La realidad es que la escuela funcionaba como espacio de encuentro de la comunidad de familias, de les niñes y jóvenes.

Era/es el lugar común en que hoy las familias reciben las viandas para la alimentación de sus hijes, gracias al esfuerzo de les trabajadores de la educación, así como lo son los comedores de las organizaciones sociales, gracias al esfuerzo de les vecines organizades.

Entonces, lo primero que tenemos es la pérdida de un espacio común, de un lugar de encuentro. Pero además, por supuesto, surge la pregunta ¿es posible la educación sin un aula común, sin docentes enseñando?  La primera respuesta puede ser “es necesario”. Pero entonces, ¿de qué manera?

Aparentemente existe una “Continuidad Pedagógica” en todas las escuelas del país. Sin embargo, entre la apariencia y la realidad crece la desigualdad. Esta especie de pensamiento mágico generado por el término “Continuidad” se sustenta en 6 “ilusiones”:

La ilusión de la universalidad tecnológica. La primera barrera es la falta de acceso a internet, redes y tecnología. El debate sobre la educación virtual parece dar por sentado que la tecnología digital (en tanto al menos presencia de un celular en una casa), es accesible para todas las personas por igual. Pero no hay accesibilidad real cuando se tienen uno o dos celulares, que funcionan con datos cuando alcanza la plata para cargarlos. En una casa de promedio seis personas en edad escolar no alcanzan los dispositivos. Además están sin acceso a WiFi, ni computadora, y sin formación sobre el uso específico de la tecnología para el aprendizaje.

La ilusión del Tele-trabajador docente. Muches docentes están padeciendo el nuevo tele-trabajo para el que no han sido formades, con estrés, conviviendo las 24 horas con el cuidando de sus hijes en el encierro y realizando las tareas domésticas. Sobre todo las mujeres (mayoría docente) por el refuerzo de la desigualdad patriarcal. En el mejor de los casos, se trabaja en soledad frente a una o varias pantallas simultáneamente.

La ilusión del contenidismo. Lamentablemente algunes docentes, al no estar formades para este escenario inédito, han asumido una postura pedagógica que no se ajusta a la situación actual. Pretenden que les estudiantes realicen una gran cantidad de actividades en sus casas, sin el acompañamiento docente, para “cumplir con los contenidos” del año escolar.

La ilusión del autodidactismo. Ante esta sobre-demanda de tareas escolares domésticas, parece que se espera que les estudiantes, sin acompañamiento docente y con la poca ayuda que puedan brindarle sus madres (otro refuerzo del rol tradicional de la mujer en la casa), sus padres y sus familiares, puedan completar todas las actividades y aprender por sí mismes con una pantalla de celular.

La ilusión del trabajo docente como una atención de 24hs. La gran demanda por parte de les docentes a les estudiantes genera en elles y sus familias padecimiento y ansiedad, que se traduce en frustración y, en muchas personas, en abandono escolar. Pero también produce una contra-demanda: les estudiantes y sus familias, al tener la conexión directa con cada docente, realizan constantes consultas, a cualquier hora del día y esperan respuestas inmediatas.

La ilusión de la escuela como continuidad total. La llamada “Continuidad Pedagógica” ha producido la ilusión de que la escuela está continuando permanentemente, que se ha expandido a las casas, que la cocina o la pieza son las nuevas aulas. Y entonces se producen múltiples tensiones entre los tiempos y las expectativas de directives, profesores, estudiantes y familias.

Si problematizamos la nueva realidad y ponemos en duda estas “ilusiones” podemos reflexionar sobre las falencias y las tensiones que se están produciendo. Las respuestas ante estas ilusiones pueden ser obvias, pero no por eso menos importantes.

Volvamos nuevamente hacia atrás: ¿Qué es lo necesario? ¿Qué no puede faltar? Sabemos que el Estado, por ley y por su sentido social, tiene la obligación de garantizar el derecho a la educación para todas las personas menores de edad por igual. Y que la escuela pública es la institución creada para dicho fin. Entonces, es necesario repensar la escuela y su comunicación, su vínculo, con les estudiantes y sus familias, a partir de la realidad situada en que viven.

Por un lado, falta acceso a las redes y la tecnología y falta formación digital, tanto a estudiantes como a docentes. Estas son responsabilidades ineludibles del Estado para que la inclusión sea realmente universal. Les trabajadores de la educación tienen derechos y se deben respetar condiciones dignas de trabajo (horarios y descanso, por ejemplo). El Estado debe garantizar, además, los medios y las herramientas necesarias para realizar el tele-trabajo: acceso a internet y tecnología. Así como la formación imprescindible para encarar este nuevo proceso didáctico.

Por otro lado, las casas no son escuelas, en el sentido de institución pública. Y la cocina o la pieza no son aulas. No se puede pretender reproducir las condiciones de aprendizaje en un entorno totalmente diferente, con otras lógicas particulares, heterogéneas y diversas.

El Estado, por ley y por su sentido social, tiene la obligación de garantizar el derecho a la educación para todas las personas menores de edad por igual. Y que la escuela pública es la institución creada para dicho fin.

¿Y qué puede la escuela en este contexto? Creo que puede mucho y poco a la vez. Si deja en segundo plano el objetivo contenidista, les docentes pueden ser un actor, en el marco de una red estatal y popular de contención y acompañamiento a les estudiantes y sus familias en el aislamiento.

Asimismo, se ha terminado en la práctica la imagen homogeneizadora de docentes y estudiantes. Estamos ante la irrupción de la heterogeneidad que ya no puede negarse ni ocultarse. Es una oportunidad para conocernos y pensar en la inclusión verdadera: la adaptación del proceso didáctico a cada situación particular. Y esta perspectiva va más allá del trabajo docente, abarca de manera integral a todos los actores institucionales (psicólogues, trabajadores sociales, etc.) y populares articulando en redes comunitarias. Es en el intercambio colectivo y diverso en que podemos aprender y afrontar nuevos desafíos.

La escuela debe dejar de pensarse como una isla separada del contexto y  animarse a dialogar con la realidad cotidiana, familiar, cultural, de docentes y estudiantes. En este sentido, el aislamiento genera una oportunidad para romper la burbuja que distanciaba el adentro y el afuera de la escuela con la frontera física de la puerta.

Entonces, si la escuela deja de generar presiones y tensiones, puede tener un rol de escucha y de generación de propuestas realizables en las casas. A través del juego, del desarrollo de la imaginación creativa mediante las cosas cotidianas que están al alcance de les estudiantes, según las condiciones de cada familia. Promover la lectura, como se viene haciendo, pero de libros. Libros seleccionados por les docentes y por les estudiantes, de las bibliotecas escolares, públicas y populares, que podrían entregarse con las viandas del comedor. Es decir: alejar de las pantallas como única vía de acceso al conocimiento y comunicación.

Entonces, ¿Qué podemos hacer en el medio de este proceso? Intentar acortar la brecha de la desigualdad, intentar reunir los lazos que se han quebrado y empezar a recuperar el “espacio común” perdido.

¿Cómo generar vínculos con conexiones que no son presenciales, que no unen los cuerpos y los afectos en un espacio común? Ese es el desafío. Y no caer en las “ilusiones” del contenido y los plazos, de solo realizar tareas para cumplir. Para eso, es fundamental escuchar y contener. La escuela era también un momento de escucha, para compartir la palabra con sus compañeres,  jugar y expresarse libremente.

Tenemos que desarrollar la empatía por el dolor ajeno y compartir el disfrute con la alegría. Podemos empezar a generar vínculos humanos preguntando simplemente “¿Cómo estás? ¿Qué haces en estos días? ¿Cómo te divertís?”. Y que sea el diálogo lo que vaya llevando al aprendizaje.

En el cuento “Cuánto se divertían”, publicado en 1951, el autor de ciencia ficción Isaac Asimov nos presenta un mundo futuro en que la educación se realiza en las casas, a través de un robot llamado “Maestro”. La protagonista, una niña curiosa por el descubrimiento de un libro sobre la escuela del pasado, se imagina allí, compartiendo un espacio de intercambio de experiencias y saberes, con un tiempo de recreación y concluye: “¡Cuánto se divertían!”.

En este sentido, lo lúdico es el gran motor del aprendizaje. Y existen muchos juegos o actividades lúdicas que pueden realizarse en las casas, con las cosas que se tienen a mano.

Otro aspecto fundamental es recuperar la confianza en sí mismes, ya que la “ilusión del autodidactismo” ha provocado grandes dosis de desconfianza en sus propias capacidades, de pérdida de autoestima, y conduce hacia el abandono escolar, el punto final de la exclusión educativa. Para eso, las propuestas didácticas deben estar adaptadas a la situación de cada estudiante y deben ser posibles de realizar por cada estudiante. Empezar por lo más sencillo para lograr evidenciar el propio conocimiento y la capacidad de resolución con la mayor autonomía posible. Luego se irá complejizando.

Para terminar, podemos resaltar y valorizar el trabajo de les docentes que están encarando de una manera transformadora este momento especial. Sabemos que lo hacen con un esfuerzo y una pasión por enseñar que supera todas las barreras. Y que necesitan de un Estado que desarrolle políticas públicas acordes, reconociendo plenamente los derechos y garantizando para todes por igual el derecho a la educación.

*Manuel Vilchez es Investigador del ISEPCi y Director del ISEPCi Mar del Plata

Contacto: 2236813818

Estado y Administración Pública. Nota 17.5.2020

ESTADO Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA POST COVID-19. SU RELACIÓN CON LOS MOVIMIENTOS SOCIALES.

La actual situación de emergencia económica, social y sanitaria nos obliga a pensar y repensar el rol del Estado, la Administración Pública, el Derecho y cómo se vinculan con los sectores más vulnerables de la sociedad, que ven todos los días incumplidos sus derechos, hasta el más mínimo, como el de poder acceder al agua potable.

Escribe: Noelia Acosta*


Algunas aclaraciones previas

Antes de comenzar, es importante aclarar que la relación entre la Estado, Administración Pública, Movimientos Sociales y Derecho, en general, es un tema relativamente poco explorado. Puede ser porque la teoría jurídica dominante cree que son temas de poca importancia para “EL DERECHO” y que es algo coyuntural y político, como si lo político debiera escindirse de lo jurídico.

En ese lado de la biblioteca están quienes piensan que algunos derechos de la Constitución son programáticos (o sea que aún falta un paso más para que sean efectivos y se tengan que cumplir) como por ejemplo el derecho a la vivienda digna, a la protección laboral en sus diversas formas, a los beneficios de seguridad social de forma integral e irrenunciables garantizados por el Estado, y al progreso económico con justicia social.

Del otro lado , nos encontramos quienes pensamos que todos los derechos constitucionales son operativos; por lo tanto exigibles, y su omisión es inconstitucional y que las leyes y “EL DERECHO”, son parte de la política, porque “EL DERECHO” es una herramienta de transformación social y para eso está.

La actual situación de emergencia económica, social y sanitaria nos obliga a pensar y repensar el rol del Estado, la Administración Pública, el Derecho y cómo se vinculan con los sectores más vulnerables de la sociedad, que ven todos los días incumplidos sus derechos, hasta el más mínimo, como el de poder acceder al agua potable.

Se dice por ahí, que este Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) nos enseña mucho sobre las relaciones humanas, pero a la vez también nos está demostrando que necesitamos otro modelo de Estado y de administración de lo público.

 El rol de los nuevos Movimientos Sociales

En el actual escenario mundial coexisten formas organizativas empresariales, sindicales, formas de representación partidaria y también un conjunto heterogéneo, pero al mismo tiempo plural y de un enorme dinamismo y activación, que reconfigura viejas y nuevas identidades de todo tipo, que da lugar a nuevas formas de participación social, política y de relación con el Estado y sus administraciones públicas, algunas veces colaborativa, y otras muchas de desconfianza, tensión y conflicto.

Si bien, el concepto de “Nuevos Movimientos Sociales” aparece hace bastante, es un debate que no pretendo desarrollar acá. Sí cabe resaltar algunas de sus características, porque son quienes irrumpen en lo público para transformarlo y llegaron para quedarse.

Los Nuevos Movimientos Sociales representan una simbiosis de identidades, conocimiento y métodos, son actores sociales complejos en constante transformación y adaptación estratégica, dotados de unas prácticas de sustentabilidad que no sólo los hace perdurables en el tiempo, sino que los coloca –en el contexto socio político- como actores de relevancia.[1]

Nuestros Movimientos Sociales se ven influenciados globalmente, y de cierta forma, por las movilizaciones y hechos políticos de estas primeras dos décadas del siglo: en Argentina la crisis del 2001, en Bolivia las movilizaciones por el agua, en Chile las movilizaciones de los movimientos secundarios por educación pública,  los levantamientos políticos en Medio Oriente, el movimiento de los indignados en España, el movimiento #YoSoy132 en México en 2012, la movilización de mujeres en EE.UU del 2017 al asumir Trump bajo la consigna #NotMyPresident, las repercusiones del grito global por los derechos de las mujeres de los últimos 4/5 años y las movilizaciones juveniles por el calentamiento global, reclamo que encabeza la sueca Greta Thunberg, solo para ejemplificar.

Digo que se ven influenciados, porque si bien las movilizaciones en cada caso tienen un motivo y origen distinto, están conectadas por un concepto superior y que es un común denominador, la opresión causada por sectores de poder.

En América Latina, los Movimientos Sociales se nutren también de las luchas de los pueblos originarios, de las movilizaciones contra el ALCA, de los movimientos agrarios, de docentes y de desocupados durante los 90 y de las tensiones con el modelo de sindicalismo tradicional.

Es más, en Europa los Movimientos Sociales han configurado estrategias de disputa con el Estado, a través de políticas de protesta y de movilización (como los chalecos amarrillos en Francia).  Sin embargo, en Latinoamérica los Movimientos Sociales además de una estrategia de fuerte presencia en las calles y movilización en el territorio, actúan en ámbitos políticos de otro corte, con cierta capacidad (a partir de la visibilización de sus problemáticas) de incidir en la esfera pública.

En este contexto, “los movimientos sociales se localizan territorialmente en las  iniciativas  ciudadanas que  han sustituido la historia del Estado nacional por las subjetividades políticas y por la acción pública, basada en la incidencia, en el Gobierno, configurando juegos sociales de  iniciativa política: a su vez, la acción  colectiva se enfoca a mostrar opciones de poder, sustentadas en la capacidad local de incidencia en lo público con efectos territoriales de la política.[2]

Es por ello que podemos ver hoy como los Movimientos Sociales conforman una agenda de temas que se basan en los lazos comunitarios, resuelven muchas necesidades en aquellos lugares donde los Estados (el nacional y los locales) no llegan o llegan de forma deficitaria, en consecuencia, son los movimientos sociales quienes reclaman y se vinculan al Estado para llevar adelante esas demandas sociales.

Después del covid-19… ¿Qué modelo de Estado y de Administración Pública necesitamos?

Sin dudas, luego del ASPO, saldremos distintos, la sociedad será diferente y también la situación, económica, política y cultural no será la misma que la de los primeros días de marzo. Luego de la cuarentena, entraremos en una nueva etapa para nuestro país, a pocos meses de gestión de un nuevo gobierno y en medio de una emergencia económica, social y sanitaria.

Emergencia sanitaria provocada por la pandemia mundial del COVID-19, que fuerza a tomar decisiones que influyen en la constitución de un nuevo modelo de Estado, no sólo en Argentina, sino también en muchos países, sobre el que habrá que teorizar y empezar armar.

Durante esta pandemia, quedó evidenciado que la planificación y la coordinación multinivel (intergubernamental) de las políticas públicas son dos componentes claves que parecieran explicar también la diferencia en la performance y la efectividad de los esfuerzos provenientes de las administraciones gubernamentales en América Latina”[3]. Esto explicaría de alguna forma las diferencias en el avance del virus en países de nuestra región como Ecuador y Brasil, Argentina, Chile o Colombia.

En estos tiempos, además,  quedó demostrado que es necesario empezar a trabajar primero sobre los problemas específicos, buscando resultados a corto plazo (aunque pensando en el mediano y largo plazo), para eso, se debe medir inmediatamente el impacto, esto supone soluciones innovadoras, que surgen no solo dentro de las burocracias estatales sino afuera, con los aportes de otras organizaciones y grupos de la comunidad, por lo que se necesita un enfoque más abierto y flexible. Por ejemplo, hay clases virtuales, pero muchas personas en sus casas no tienen acceso a la conectividad, o a una tablet/computadora y eso dificulta la escolaridad de niños/as, adolescentes y los estudios de universitarios/as.

Otro ejemplo: se plantearon precios máximos de la Canasta Básica de Alimentos, pero el Estado nacional y los Estados locales (en su mayoría aunque hay excepciones) no tienen capacidad/voluntad para controlar efectivamente su cumplimiento.

Este escenario de pandemia, si algo deja en claro, es la importancia de la presencia del Estado nacional y los Estados locales en todas las áreas del desarrollo de un país, en la economía, en la educación, en la salud, en la cultura, en el acceso a la información y uso de las nuevas tecnologías y claro, en el acceso a la justicia.

Cierto es, que este rol está muy bien definido en nuestra Constitución. El Estado es el garante de nuestros derechos y garantías, y quien debe “promover el bienestar nacional y la prosperidad del país”, pero a pesar de que esta premisa, se encuentra en el preámbulo de la Constitución, no siempre tuvo las mismas interpretaciones (y acá es cuando vuelvo a lo que dije al principio, según el lado de la biblioteca que uno se ponga).

Durante esta pandemia, incluso los sectores empresarios y defensores de un modelo de Estado mínimo, han reclamado la presencia del Estado, para “salvar” a las empresas, pagar sueldos, e intervenir ante los bancos para que se otorguen facilidades de crédito para todos los sectores de la economía, no solo para las PYMES y los sectores más vulnerables.

Incluso el propio Fondo Monetario Internacional (organismo bien neoliberal que de popular tiene poco o nada) ha dicho que: “Al día de hoy, la crisis de la COVID-19 es considerada por muchos la peor calamidad económica desde la Gran Depresión. En enero, el FMI preveía que el crecimiento del ingreso mundial fuese del 3%; según los pronósticos actuales, este se reducirá en un 3%, una caída mucho peor a la registrada durante la Gran Recesión de 2008–09. Estas cifras nefastas ocultan una posibilidad todavía peor: si nos dejamos guiar por las pandemias anteriores, el precio que pagarán los segmentos más pobres y vulnerables de la sociedad será mucho mayor[4].

Es más, en otro artículo reconoció el importante rol que juega el Estado en todas las esferas del desarrollo de un país y expresó que: “La pandemia ha puesto de relieve el papel que juega el sector público a la hora de salvar vidas y medios de vida. Las empresas estatales colaboran con esa tarea. Pueden ser empresas de servicios públicos que proporcionan servicios esenciales. O bancos públicos que otorgan préstamos a la pequeña empresa. (…) La mayor parte de la gente trata con empresas públicas todos los días. Es probable que sean la fuente de suministro del agua y la electricidad que consumen, así como el autobús o el subterráneo que usan para ir a trabajar o estudiar…” [5].

Estas expresiones, son de alguna forma, atinadas y válidas, en este contexto, sin embargo, el Estado nacional y los Estados locales deben bregar por proteger con mayor ímpetu a aquellos sectores más vulnerables y que siempre fueron desprotegidos.

En ese sentido, el acceso a la justicia es fundamental para resguardar los derechos económicos, sociales, culturales y políticos de este sector.

Sector que, además compone el núcleo de los Movimientos Sociales, ya que son estos, los que expresan y canalizan sus necesidades a través de sus acciones y movilizaciones.

Ejemplos de estos tiempos sobran, solo por nombrar algunos:

-Por el derecho a la salud y a la alimentación (que obligó al Estado nacional y los Estados locales a diseñar políticas públicas de refuerzo del reparto de alimentos, a la asistencia de comedores, merenderos y paradores de personas en situación de calle, y que conmueven a la comunidad toda cada vez que resaltan las pésimas condiciones en las que están y que en muchas ocasiones las diferentes Administraciones no cumplen con sus obligaciones).

Los reclamos por trabajo de los movimientos desocupados y de la economía popular (que obligan a los Estados a crear diferentes políticas públicas para resolver el incumplimiento a un derecho constitucional como el Trabajo).

Por el acceso al agua potable (en la que por ejemplo en el barrio Padre Mujica de la ciudad de Buenos Aires, el GCBA debe cumplir con reparto del agua potable).

Por seguridad y plena vigencia de los derechos de las mujeres (que obligó, entre otras cuestiones, a tipificar el delito de femicidio, a constituir las comisarías de la mujer, la Oficinas de Violencia Domestica, a sancionar la Ley Micaela, a reforzar las políticas públicas contra la violencia de género y la cantidad de femicidios registrados durante la cuarentena).

Todos estos reclamos, no podrían ser encausados sin las representaciones y las diversas acciones de los Movimientos Sociales, que no pueden ser encasilladas en simples ONG, son algo muy distinto y más grande.

Ante estas nuevas realidades, en la que los Movimientos Sociales ya tienen un espacio reconocido en la sociedad, el campo del derecho resulta anacrónico; porque hay un vacío legal y un silencio por parte de los Estados en relación a su reconocimiento institucional, fundamentado sobre la base o la idea que son un fenómeno coyuntural, cuando la realidad nos muestra que hace más de veinte años que son actores reales en la comunidad.

En algunas oportunidades, es posible encontrar diversas formas de articulación entre los movimientos sociales, y la Administración Pública de los Estados, que lejos de opacar a funcionarios y gobernantes, activa procesos de toma de decisión sobre políticas de Estado, abriendo canales de diálogo entre los poderes, garantizando nuevas vías de participación comunitaria y vigorizando la esfera pública.

Así, cada proyecto de consulta, cada relación de participación, debe implicar también una ampliación de la democracia, de resolución de los conflictos, de trabajo de las diferencias, de construcción de un interés común.

Dice García Linera, que si uno tiene un Estado que se imagina liberal (en el mejor sentido de la palabra), moderno, industrioso frente a una sociedad donde solamente un pedazo es liberal, moderno, industrioso pero otro pedazo es comunitario, sindical, asambleístico; si el Estado no reconoce esa diversidad es un Estado aparente…

Hoy en Argentina tenemos otras formas organizativas que no son liberales, ni pre-modernas, sino que son simplemente otras, de fuerte impronta colectiva y comunitaria.

Por eso, un nuevo modelo de Estado debe reconocer y conocer estas diferentes formas organizativas, con lógicas de funcionamiento diversas a las organizaciones tradicionales.

Conclusión

Luego de todo lo dicho, cabe preguntarnos:

¿Existe hoy una nueva lógica de relación entre los estados y las administraciones públicas y los nuevos grupos, movimientos o identidades sociales o existen continuidades desde principios del 2000?

¿Es necesario una reforma del Estado para un nuevo modelo de desarrollo con inclusión?

¿Se puede tomar algunas experiencias de las etapas del neoliberalismo y de los procesos de “modernización” del Estado que aplicó el gobierno de Mauricio Macri?

¿Sirvieron los incipientes modelos neodesarrollistas y neocomunitaristas de décadas pasadas?

La respuesta a estas a todas estas peguntas es sí.

Hoy tenemos una Administración Pública central atomizada, en organismos desconcentrados, descentralizados, agencias, programas, proyectos, presupuestos según indicadores de resultados y varias materias que son de competencia de las provincias como educación, salud y seguridad.

Estamos a los albores de la posibilidad de constituir otro modelo de Estado. Un modelo, donde el Estado este presente, donde se tomen las experiencias de gestión que sirvieron para garantizar derechos y las otras sean desechadas. Un modelo, que no vaya a destiempo en la defensa de los intereses populares, para ello, tendrá que deconstruir los conceptos económicos de eficacia, eficiencia, para pensarlos dentro de un proyecto inclusivo. Un modelo, que no sea el de un “Estado bobo”, ritualista, formalista y excesivamente burocratizado que impida el acceso a derechos.

En definitiva, necesitamos pensar en la construcción de un modelo de Estado con estructuras para gestionar los nuevos problemas del desarrollo humano, la integración de los pueblos originarios y sectores de la economía popular, la promoción del desarrollo territorial, la promoción de la pequeña y mediana empresa, la ampliación de la cobertura de salud y de la seguridad social, la resolución de los problemas de la vivienda y el urbanismo, la producción de energía, la sustentabilidad ambiental, la promoción de los sistemas de innovación, la inversión en infraestructura, el sostenimiento de la responsabilidad fiscal, el control para evitar la especulación de precios, la defensa de los consumidores y usuarios, la trasparencia en la gestión pública y en el acceso a la información.

Para que eso suceda, se deberá rediseñar las estructuras ministeriales, las empresas del estado, los organismos descentralizados, los organismos de regulación y control, la banca pública, los fondos especiales, y también es imprescindible que en ese proceso, se vincule la participación de los movimientos sociales.

[1] POGGIESE, Héctor. “El papel de las redes en desarrollo local como prácticas asociadas entre estado y sociedad”. En D. Filmus (comp). Los Noventa. Ed. Eudeba/FLACSO. Buenos Aires. 1999.

[2] VELEZ RIVERA Ramiro Alberto. “Movimientos sociales y políticas públicas en el contexto de asambleas municipales constituyentes”. En Revista Administración y Desarrollo, vol. 43, núm. 59, junio/diciembre 2014.

[3] https://www.cippec.org/textual/la-pandemia-del-covid-19-cuatro-reflexiones-en-torno-al-rol-del-estado-y-las-capacidades-de-gestion-publica/

[4] “Las pandemias relegan aún más a los pobres”. https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=13378

[5] “Las empresas estatales en tiempos de la COVID-19”. https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=13356

*Noelia Acosta es abogada, investigadora del ISEPCi.

Contacto: 1136483667

Canasta Básica. Nota 5.5.20

LOS PRECIOS DE LOS ALIMENTOS SUBEN EN TODO EL PAÍS.

Durante el primer cuatrimestre de este año los precios de los alimentos subieron por encima del 20% en todo el país. Si los incrementos mantuvieran esta tendencia, para finales de este año llegaremos a una inflación de los alimentos básicos no menor al 60%.

Escriben: Isaac Rudnik y Juan Fresno

Según el relevamiento de precios de los productos de las Canasta Básica de Alimentos (CBA) que hicimos desde el Índice Barrial de Precios (IBP) en la última semana de abril en los negocios de cercanía de los barrios populares de seis provincias (Conurbano Bonaerense, Jujuy, Salta, Chaco, La Rioja, Santiago del Estero), en todos los casos los incrementos estuvieron por encima del 20%.

Los aumentos van desde el 20,30% en Jujuy, al 27,09% en Santiago del Estero y 28,75% en Salta, pasando por las subas de 23,53% en el Conurbano Bonaerense; La Rioja 20,55%; Chaco 20,86%.

Un caso significativo es Formosa donde tenemos registros desde febrero pasado. Allí en solo en tres meses (Febrero/Marzo/Abril), los precios de la CBA subieron 19,63%.

Independientemente de la diferencia del valor nominal de las Canastas en las diferentes provincias -hecho que se viene dando desde hace décadas- es llamativo el enorme porcentaje de aumento que tuvieron en los cuatro primeros meses del presente año.

Si observamos el comportamiento de los diferentes productos en esas provincias, el azúcar y el arroz encabezan las subas en el rubro de almacén;

zanahoria, acelga, lechuga y papas en verdulería,

espinazo y asado en carnes.

Aun cuando los aumentos de algunos precios -como los del rubro verdulería- pueden responder a cambios estacionales, es importante observar las tendencias generales. La tendencia actual proyectada, aun si se mantuvieran las mismas condiciones recesivas, nos lleva directo a una inflación anual de los alimentos básicos no menor al 60%.

Reiteramos que es cada vez mas urgente tomar algunas medidas, como el congelamiento de los precios de las Canastas Básica de Alimentos, que permita cortar la actual tendencia.

Contacto: 1141882603

Canasta Básica Precios. 5.5.20

FUERTE AUMENTO DE LA CANASTA BÁSICA EN EL PRIMER CUATRIMESTRE.

En lo que va del 2020 algunos precios aumentaron desmesuradamente y sin demasiada explicación en los negocios de los barrios del conurbano bonaerense: azúcar (62,50%); polenta(50%); yerba(44,50%); arroz(38,50%); naranjas (71,43%), acelga (66,67%), y huevos (50%).

Escriben: Isaac Rudnik y Juan Fresno

Según el relevamiento mensual de precios de las Canastas Básicas realizado por el Índice Barrial de Precios (IBP) en 440 negocios de 20 distritos del conurbano bonaerense, en abril una familia de dos adultos/as y dos niños/as, necesitaba $45.086,70 para cubrir sus necesidades básicas durante un mes y no encontrarse por debajo de la línea de pobreza, cuando en diciembre del año anterior requería $36.498,18 para los mismos gastos. Esto implica un aumento de 23,53% para el primer cuatrimestre del presente año.

Además, para cubrir sus alimentos esenciales la misma familia en diciembre precisó $14.541,11, mientras que cuatro meses después le hizo falta $17.962,83, o sea debió incrementar sus ingresos en $3.421,72 para no caer en la indigencia.

En estos primeros cuatro meses del año, entre los alimentos de almacén que más aumentaron se encuentran azúcar (62,50%), polenta (50%), yerba (44,50%), arroz (38,30%), arvejas (33,33%) y lentejas (32,50%). Las frutas y verduras: zanahorias (123,75%), naranjas (71,43%), acelga (66,67%), y huevos (50%). En carnes: espinazo (42,86%), carne picada (36,33%), hígado (33,33%) y pollo (30%).

Entre los productos de limpieza e higiene que mas aumentaron en esta primera parte del año: pañales para bebé (35,71%), lavandina (32,22%), crema dental (29,33%), jabón de tocador (28,57%), papel higiénico (27,27%), toallas femeninas (22,22%).

Sin embargo, los grandes formadores de precios -tanto en la cadena de producción como en la de comercialización- siguen haciendo caso omiso a los esfuerzos del gobierno por evitar los permanentes aumentos de los valores en las Canastas Básicas.

Los bancos resisten cumplir con las orientaciones oficiales para el otorgamiento de los créditos para cubrir las necesidades de las empresas que se encuentran en dificultades para pagar los salarios de mayo. Los acreedores de la deuda externa, que está en pleno proceso de negociación, no dan señales que estén dispuestos a posponer pagos y ceder una parte de los intereses usurarios acordados con el gobierno anterior.

Nos esperan días difíciles en los que será indispensable que el Gobierno sostenga posiciones firmes y tome las decisiones necesarias que impidan la escalada de aumentos de los precios continúe trasladándose a los negocios de los barrios populares.

Contacto 1141882603