Por Rubén Ciani
Durante la campaña electoral, en orden al “plan motosierra”, el ajuste era para la “casta política”. Pero en una rápida lectura de lo propuesto por el gobierno, vemos que la mitad del ajuste recae directamente sobre las clases medias y bajas
El gobierno se propone realizar drástico ajuste fiscal, que alcanza al 5.2% del Producto Bruto Interno (PBI). De esta forma, se espera llegar a cerrar el déficit financiero, que incluye los gastos corrientes del estado y el pago de los intereses de la deuda, y poner fin a la emisión, concentrándose en disminuir el pasivo del BCRA.
El PBI es el indicador de dimensión de la economía de un país. En Argentina, el gasto público nacional alcanza a alrededor del 25% del PBI, por lo cual cinco puntos del PBI se elevan a veinte puntos del gasto. Implica que se gastaría un peso menos de cada cuatro ingresados.
El Ajuste, la Casta y la Gente de Bien
Durante la campaña electoral, en orden al “plan motosierra”, el ajuste era para la “casta política”.
El funcionamiento de un estado republicano tiene gastos asociados a sus actividades y en ese marco, la propaganda política se centraba en que los funcionarios gastaban descontroladamente, generando el déficit fiscal que impulsa la inflación.
La realidad demostró rápidamente, que reducir esos gastos no tenían ningún impacto sobre la dimensión del gasto público. A modo de referencia, los números del presupuesto nos muestran que solo el 10% del gasto se destina a salarios, es decir solo uno de cada diez pesos gastados. Cabe destacar que se incluyen todos los salarios: Jueces, Diputados, Militares, Policías Federales, Médicos y Enfermeras de los hospitales nacionales, administrativos, etc.
Por el contrario, cerca del 67% del gasto tiene como destino los servicios sociales ( Salud, Asistencia Social, Seguridad Social, Educación , etc), donde el rubro dominante son las jubilaciones con el 45. Luego le siguen en importancia los subsidios a la energía y el transporte con un total del 11% y los pagos de intereses de la deuda con el 10%, partida que no sería objeto de recorte en el actual contexto político.
El 67% del gasto público tiene como destino los servicios sociales (Salud, Asistencia Social, Seguridad Social, Educación, etc) donde el rubro dominante son las jubilaciones con el 45.
Frente a esta realidad, a partir de la asunción cambio el mensaje general y desde una visión positiva se proclamó que el ajuste no alcanzaría a la denominada “Gente de Bien”, definición tan subjetiva como imprecisa, ya que “a priori” ninguna persona puede asegurar que será calificada para ese grupo elegible.
Este dilema se profundiza frente a un ajuste que necesita minimizar la “Gente de Bien”, para ser completado. Su magnitud supera experiencias históricas en el país y no se vincula con ninguna de las exigencias de los foros económicos y financieros internacionales. Esto se debe, entre otros aspectos, a que el déficit financiero que tiene Argentina no se aleja de los registros observados a nivel mundial.
Los datos acerca del programa de ajuste fiscal, para llegar este año a un equilibrio en las cuentas publica, difundidos en la cuenta X del Ministerio de Economía y considerados por todos los análisis económicos, son los que se presentan en el cuadro N° 1:
A partir del análisis de los impuestos que se incrementan, así como los gastos que se reducen (ver cuadro), es fácil concluir que no es la casta política la que lo soportará, sino que dicho ajuste recaerá en mayor medida sobre los trabajadores, jubilados, indigentes, etc.
En una rápida lectura de lo propuesto, vemos que la mitad del ajuste recae directamente sobre las clases medias y bajas. Las partidas que sustentan esta afirmación son:
a) Reducciones de gastos en jubilaciones y programas sociales, es decir los sectores más postergados de la sociedad;
b) Gastos de Capital, asociado a la desaparición de la inversión pública en cloacas, red de gas, viviendas, etc., con un doble efecto sobre las clases populares que no reciben los servicios y los trabajadores de la construcción que enfrentaran una merma en la demanda de su trabajo,
c) Subsidios económicos, implicados con los precios de los servicios y el transporte,
d) Reversión Reforma de Ganancia, léase baja del mínimo imponible del impuesto para los trabajadores de la cuarta categoría, que volverán a trabajar más y cobrar menos.
Como porcentaje del PBI estas partidas suman el 2.6%, es decir el 50% de los 5.2% de reducción del déficit.
Pero lo más relevante es que detrás de estos números, sin considerar los subsidios a los servicios y el transporte, se encuentran alrededor de 10.0 millones de personas, computando solo a los individuos que verán reducidos sus ingresos, sin adicionar a toda su familia (Ver Cuadro 2). Obviamente, los usuarios de transporte y servicios tienden a la totalidad de la población.
El 50% restante incluye un aumento de los impuestos al comercio internacional. Esta corrección es muy alta para las importaciones, ya que elevan el impuesto PAIS en 10 puntos porcentuales, con el consiguiente efecto en los precios de los bienes de consumo. En cambio, fue moderado el incremento de retenciones para las exportaciones agro-pampeanos, sector que claramente fue uno de los principales beneficiarios de la devaluación.
Se apuesta a obtener un ingreso de medio punto del PBI con la apertura de una Moratoria y Blanqueo, la que lleva como consigna no aplicar penalidades a los evasores y se complementa con la anunciada reducción impuesto al patrimonio neto, alentando la acumulación mercantilista y la regresividad de nuestro sistema impositivo.
Las Transferencias a las Provincias y los Gastos de Funcionamiento, que en una calificación muy primaria y de escaso análisis podríamos asociar a la “casta política”, solo alcanzan la quinta parte del recorte (el 20%). Claramente dicho número es exagerado, ya que buena parte corresponde a empleados públicos, que son víctimas del ajuste y nada tienen que ver con la llamada casta.
El destino final del ajuste: la dolarización
Como análisis adicional, cabe el interrogante sobre si la magnitud del ajuste es explicable. En base a la experiencia histórica y las referencias internacionales, es difícil sostener una respuesta afirmativa. Solo se puede consentir, si los objetivos exceden el equilibrio macroeconómico y la estabilización de precios, teniendo como destino final la dolarización de un país de las dimensiones de Argentina, que es un hecho inédito a nivel mundial y elimina todo posibilidad de desarrollo.
El Déficit Financiero que encontró el nuevo gobierno no es el más alto de la historia argentina. Para tomar como referencia, se ubica por debajo del porcentaje promedio del 5.8% que registró el gobierno de Macri (2016-2019) y muy por debajo del 18% que recibió la democracia en 1983. Otra referencia son las metas originales de déficit fiscal fijadas en el acuerdo con el FMI de 2021. para refinanciar la deuda externa. Estos proponían un déficit primario para 2024 del 0.9%, valor que llevaría el déficit financiero a 3.1%%.
En el plano internacional, la mitad de los países del mundo funcionan con déficit financiero. Si analizamos el decenio 2010/2019, podemos observar que 89 países de un total de 190 registraron déficit financiero todos los años de dicho período (déficit permanente). Entre ellos se incluyen los denominados “países del primer mundo”.
Si analizamos los promedios de déficit fiscal observado por grupos de países en 2023 y 2024, vemos que los registros no se ubican muy lejanos al déficit financiero del 5,2 que observa Argentina. Esto se puede visualizar en el Cuadro Nº 3, con registros del orden del 4.5% en las naciones latinoamericanas y del 5.5% en las siete economías mayores del mundo. Como se explican estos niveles de déficit para países con alto desarrollo económico: Es que aquellos países no funcionan con “la patria financiera” que los endeuda periódicamente; tienen un modelo productivo diversificado que no complica el equilibrio externo por una eventual sequía; y lo más importante; las clases dominantes tienen empatía con su mercado interno y su población. En estos casos gente de bien y pueblo son una identidad.
Como se explican estos niveles de déficit para países con alto desarrollo económico: Es que aquellos países no funcionan con “la patria financiera” que los endeuda periódicamente; tienen un modelo productivo diversificado que no complica el equilibrio externo por una eventual sequía; y lo más importante; las clases dominantes tienen empatía con su mercado interno y su población. En estos casos gente de bien y pueblo son una identidad.
*Rubén Ciani, es Licenciado en Economía y coordinador del área económica del ISEPCI.
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